El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas el pasado mes de abril tras la denuncia interpuesta contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la retención y presunta detención ilegal de un militar español integrado en la misión de Naciones Unidas en Líbano. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera que no existen elementos en este momento que justifiquen la intervención de los tribunales españoles, al constar indagaciones en curso tanto en el organismo internacional como en el propio Estado israelí.
La decisión judicial se adopta después de que la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU confirmase al juzgado que los hechos acaecidos el 7 de abril habían sido comunicados formalmente a las autoridades de Tel Aviv y que la propia organización internacional había puesto en marcha una investigación interna. En su auto, el instructor señala que no se aprecia la inactividad de dichas instancias ni fundamento suficiente para proceder, si bien advierte de que la causa podría reabrirse si en el futuro aparecen nuevos elementos relevantes.
La querella, promovida por la formación extraparlamentaria Iustitia Europa, se dirigía concretamente contra Netanyahu y contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi. El escrito atribuía a los mandos israelíes presuntos delitos de coacciones, detención ilegal y crímenes de guerra, al considerar que el bloqueo del convoy supuso una vulneración directa del Derecho Internacional Humanitario y de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Los hechos se produjeron cuando tropas israelíes bloquearon el paso a un convoy logístico de la ONU en el sur del territorio libanés, reteniendo durante algo menos de una hora al suboficial español. La gravedad del suceso llevó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a revelar la nacionalidad del afectado, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la encargada de negocios de la embajada de Israel en Madrid, Dana Erlich, para protestar formalmente por la injustificable retención.
El caso generó un hondo malestar en el colectivo militar, donde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) reaccionó exigiendo una condena institucional inmediata por parte del Congreso de los Diputados ante lo que calificó como un ataque físico y moral contra el efectivo desplegado. La organización representativa reclamó una declaración firme y sin matices que respaldara las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas.
Desde la asociación castrense se denunció que el suboficial sufrió vejaciones y tratos inadecuados que constituían una afrenta directa a la soberanía española y a la protección que ampara a los cascos azules. AUME instó a las fuerzas políticas del arco parlamentario a no caer en la equidistancia ni convertir la seguridad de los efectivos en objeto de debate partidista, demandando actuar con la dignidad que merece el uniforme español.
Asimismo, el colectivo reclamó al Gobierno una acción diplomática reinforced que garantice la seguridad del contingente de cascos azules en la operación UNIFIL. En este sentido, hicieron hincapié en la necesidad de enviar mensajes explícitos de apoyo institucional que lleguen a las unidades en el terreno para mantener la moral de los militares en un escenario de elevada tensión.
Con el archivo provisional decretado por la Audiencia Nacional, la vía penal en España queda supeditada a los resultados que arrojen los procedimientos de investigación internacionales e institucionales. Entre tanto, la misión de paz en el sur de Líbano prosigue en un clima de incertidumbre, mientras las asociaciones militares mantienen su exigencia de garantías políticas para la protección del personal militar español desplegado en el exterior.
Login
