El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una gran controversia política y social luego de que un medio de comunicación informó que la Administración de derecha ha dictado 56 rebajas de condenas a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores, una atribución que la legislación le permite al Ejecutivo para incentivar la buena conducta de los presos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión y explicó que solamente se aplicó la ley y se siguió una interpretación respaldada por la Corte Suprema, lo que ha abierto un amplio debate jurídico. La oposición de izquierda, que ha acusado a la Administración de exponer a las víctimas, ha solicitado una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el caso. Es un asunto de extrema gravedad no solo por la naturaleza de los delitos, sino porque la principal promesa de Kast en su campaña, su razón de ser, fue aumentar la seguridad pública en todos los planos, la prioridad de los chilenos.

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El sindicato CSIF alerta del “riesgo para la seguridad” de los funcionarios que supone la falta de médicos en las siete prisiones madrileñas, donde el 76% de las plazas de profesionales sanitarios y de atención psiquiátrica están sin cubrir. “Una situación que dificulta la prevención de situaciones de riesgo y puede favorecer un aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios”, según denuncia este miércoles en un comunicado el CSIF.

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