Quien vivió en Buenos Aires los días 19 y 20 de diciembre de 2001 reconoce algo familiar en las imágenes que llegan de Francia. Las cacerolas sonaron junto a los vidrios rotos y una multitud heterogénea se encontró en las plazas sin un programa común. Hubo comercios saqueados, edificios públicos atacados y un gobierno que, en pocas horas, pasó de administrar la crisis a ser su blanco.
El sábado 17 de octubre, según el Ministerio del Interior francés, unas 550.000 personas se movilizaron en cerca de 500 puntos del país. Los organizadores hablaron de más de 800.000. Al cierre de la jornada, el primer ministro Sébastien Lecornu informó más de 1.800 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos. En Marsella, un grupo de manifestantes entró a la alcaldía y destrozó su interior. En Lyon ardió la oficina de turismo y en Limoges se incendió la sede municipal. Más de 3.000 comercios sufrieron daños o saqueos. Desde el lunes rigen toques de queda en sectores de París y Lyon, y para menores en Marsella, Burdeos, Lille y Niza. Es una medida excepcional para una democracia consolidada de Europa occidental, y la protesta ya cruzó los Alpes: Italia enviará 500 soldados a Milán tras los disturbios del fin de semana.
La comparación con la Argentina de 2001 tiene límites. Francia no atraviesa un default, no tiene corralito ni una moneda propia en caída libre. Pero la analogía sirve por otra razón. Aquel diciembre nos enseñó que un estallido no expresa un solo enojo, sino muchos que coinciden en el tiempo. La consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola” fue más una aspiración que una descripción. El ahorrista atrapado en el corralito y el desocupado del conurbano que cortaba rutas desde mediados de los noventa compartían la calle, pero no las causas ni las soluciones. El “que se vayan todos” unificaba el rechazo, no la demanda.
En Francia ocurre algo parecido. Marchan estudiantes secundarios y universitarios, sindicatos de trabajadores públicos, agricultores, jubilados, colectivos ecologistas y los chalecos amarillos, el movimiento que en 2018 puso en jaque a Emmanuel Macron por el precio del diésel. Todos comparten un malestar, pero nadie conduce el conjunto. Por eso, si se quiere entender la crisis y no solo describirla, el primer paso es desagregar el enojo.
Primer malestar: el costo de la vida
El reclamo que dio nombre a la jornada fue contra la vie chère, la vida cara.
Combustibles más caros, pérdida de poder adquisitivo y dificultad para cubrir los gastos corrientes son la base material del descontento. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, advirtió que los productos cotidianos se volvieron difíciles de pagar para una parte creciente de los trabajadores.
Este malestar choca con una restricción fiscal concreta. El gobierno debe aprobar un presupuesto de ajuste para contener el déficit y una deuda que inquieta a los mercados.
El martes, el diferencial entre los bonos franceses y alemanes a diez años superó el punto y medio, y Moody’s revisa el viernes la calificación del país. Los argentinos conocemos esa trampa. El ajuste que busca calmar a los acreedores profundiza el malestar social, y el malestar en la calle vuelve a asustar a los acreedores.
Segundo malestar: los jóvenes ante la puerta cerrada del empleo
Las protestas no empezaron con los chalecos amarillos, sino en los liceos. Faltan docentes, las aulas están saturadas y los edificios se deterioran. Detrás de ese reclamo hay algo más profundo.
Lo que está en juego no es solo un servicio público desfinanciado, sino la promesa republicana de que la escuela abre las puertas del trabajo. Según el instituto de estadística francés, en el segundo trimestre de 2026 el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años llegó al 21,6 %. Casi uno de cada cinco jóvenes activos no tiene trabajo, una tasa que más que duplica el 8,3 % general y que subió dos puntos y medio en un año. A eso se suma que el 13,3 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años no trabaja, no estudia ni se capacita.
La exministra de Educación Najat Vallaud-Belkacem habló de un “estado de desesperanza” en la juventud. Cuando la promesa de la escuela falla, deja de ser un camino y pasa a simbolizar una frustración.
En la Argentina de 2001, muchos jóvenes de los barrios más castigados llevaban casi una década sin conocer el empleo formal. Esa generación sin horizonte aportó buena parte de la energía de la protesta, y también de su violencia.
Tercer malestar: los migrantes en los márgenes del mercado de trabajo
Hay un tercer componente que el debate francés suele tratar mal, o solo como amenaza. Los hijos y nietos de la inmigración magrebí y subsahariana, concentrados en las banlieues, enfrentan barreras de entrada al empleo que los estudios sobre discriminación en la contratación documentan desde hace dos décadas. Las revueltas de 2005 y de 2023 tuvieron allí su epicentro.
Ese malestar no es el del agricultor que protesta por el gasoil ni el del docente que reclama presupuesto, aunque hoy compartan calendario. Mezclarlos produce dos distorsiones simétricas. Una es la de Donald Trump, quien presentó a Francia como un país saqueado por migrantes, yihadistas y comunistas, y convirtió así un problema de integración laboral en una amenaza civilizatoria. La otra es la de quienes niegan que exista un problema específico de inserción y lo disuelven en el reclamo general. Ninguna de las dos ayuda a diseñar políticas.
Cuarto malestar: las ideologías que impugnan el orden
Por último, hay grupos para los que la protesta no es un medio para obtener una política pública, sino un fin: impugnar el orden social. Los black blocs que enfrentaron a la policía en la Plaza de la República y el centenar de encapuchados que atacó la sede del canal CNews antes de que empezara la marcha responden a otra lógica. También el detenido por el incendio de la alcaldía de Limoges, vinculado a la ultraizquierda, cuyo caso investiga la subdirección antiterrorista. No reclaman: rechazan. Sería un error ignorarlos. Sería un error más grave convertirlos en la explicación de todo.
La trampa de la criminalización
Aquí ayuda la investigación académica. Oscar Berglund, de la Universidad de Bristol, estudia la protesta disruptiva desde la teoría política. En un artículo publicado en la revista Politics, muestra que la protesta disruptiva gana legitimidad cuando puede presentarse como último recurso, una vez agotados los canales institucionales, y cuando hay coherencia entre sus medios y la sociedad que dice querer construir.
Berglund llama a esto “legitimidad prefigurativa”. Las asambleas barriales argentinas de 2002, las fábricas recuperadas y los clubes de trueque fueron, en ese sentido, prefiguración: más allá de su suerte posterior, dieron a la protesta un contenido propositivo que el saqueo nunca tuvo.
La contracara también está documentada. En un estudio sobre catorce países, Berglund y Tie Franco Brotto muestran que los Estados responden cada vez más a la protesta de cuatro maneras. Sancionan leyes antiprotesta, aplican figuras penales pensadas para el crimen organizado o el terrorismo, endurecen el accionar policial y, en los casos extremos, toleran asesinatos y desapariciones. Su conclusión es incómoda: al criminalizar a los manifestantes, el Estado los despolitiza y oculta que muchos de sus reclamos son atendibles.
Francia está hoy en esa encrucijada. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, habilitó granadas aturdidoras que estaban vedadas frente a las protestas estudiantiles. Una adolescente de 17 años perdió un ojo en Mulhouse; un joven de la misma edad perdió una mano por una granada en Saint-Étienne. Macron terminó admitiendo “fallas” en el operativo, Nuñez ofreció su renuncia y la Asamblea Nacional creó una comisión investigadora. Mientras tanto, el presidente del Senado, Gérard Larcher, sugirió que podía discutirse la prohibición de La Francia Insumisa. A seis meses de una elección presidencial que encabeza Marine Le Pen en las encuestas, la tentación de reducir los cuatro malestares a un problema de orden público es enorme y electoralmente rentable.
Gobernar el malestar
La lección argentina de 2001 no es que los estallidos derriban gobiernos. Eso ocurrió, pero no fue lo decisivo. La represión del 20 de diciembre dejó más de treinta muertos y no resolvió nada. La salida llegó, con un contexto externo favorable que ayudó mucho, cuando el Estado empezó a responder a cada malestar con un instrumento propio. Para los desocupados hubo transferencias como el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Para los ahorristas, una salida del corralito, conflictiva e imperfecta. Para quienes nunca habían tenido trabajo, la reactivación del empleo. Fue una reconstrucción lenta de capacidades estatales.
Francia tiene un Estado mucho más robusto que el argentino de entonces. Su riesgo no es el colapso institucional, sino tratar con una sola herramienta, la policial, problemas que exigen al menos cuatro respuestas distintas. El costo de vida pide política de ingresos. Los jóvenes necesitan inversión educativa y puertas de entrada al empleo. Los migrantes, un combate efectivo contra la discriminación laboral. Y quienes impugnan el orden, la ley, aplicada con proporcionalidad y sin extender la sospecha a todos los demás.
El enojo social es una señal, no un diagnóstico. Leerlo como un todo indiferenciado es la forma más rápida de equivocarse. En diciembre de 2001 lo aprendimos a un precio muy alto. Ojalá París no tenga que pagar uno parecido.
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