La casa de subastas Magna Art, que comparte la calle Núñez de Balboa con unas cuantas afamadas galerías de Madrid, es ahora la más concurrida. Público de todas las edades, incluso veinteañeros clásicamente vestidos, peregrina allí y se adentra hasta el fondo del local, donde se mantiene abierto, ante un tapiz antiguo, el despacho del director. De principio a fin, todo el espacio de Magna Art Auctions está invadido por el atrezzo de la dictadura franquista que se retiró del pazo de Meirás este verano, ante la impotencia de las asociaciones por la memoria. Ahora estos colectivos y estudiosos de la historia del palacete escudriñan el catálogo de la galería convencidos de que se han marchado de Galicia muebles y objetos que deberían haberse quedado y ya decoraban el pazo con su primera propietaria, Emilia Pardo Bazán.
© CONCHI PAZ
Habla César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED: “Cuando me avisaron, pensé que era broma. Pero, ¿cómo voy a decir yo algo así? ¡Si sostengo justo lo contrario!”. Toma la palabra Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada: “Han deformado mi trabajo”. Reputados investigadores sobre el franquismo, Rina y Del Arco, que esta semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España, tienen otras dos cosas en común. La primera, que son citados como fuentes de autoridad en la resolución de la Junta de Extremadura, gobernada por el PP y Vox, que inicia el proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) una afamada cruz franquista y evitar así su retirada. La segunda es el estupor y la indignación.
El expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres se ha convertido en un objeto de controversia política y debate social en Extremadura. A las alegaciones de los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco se han sumado las de asociaciones memorialistas como Armhex y Amececa, a favor de la retirada del monumento, y las de organizaciones católicas como Hazte Oír y Abogados Cristianos, partidarias de su mantenimiento. En total, la Junta ha recibido alrededor de un centenar de alegaciones, a las que debe dar respuesta antes de que concluya el expediente, que tiene una duración máxima de 16 meses, explica la Consejería de Cultura. Entre quienes han presentado objeciones está el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se opone a la protección de la Cruz de los Caídos con razones técnicas y también de fondo.
El texto presentado por el Gobierno recuerda que la Junta, que hasta este agosto no había adoptado medidas para proteger el monumento, inició el expediente de declaración como BIC después de que el Ejecutivo lo incluyera en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenara su retirada, lo cual puede suponer “desviación de poder”, es decir, un uso de una potestad administrativa para fines distintos a los fijados por la ley.
Las alegaciones gubernamentales aluden a la “ausencia de valores patrimoniales excepcionales” que justifiquen la protección, señalan que las modificaciones a la cruz en 1984 no desactivan su “función conmemorativa” y rechazan que pueda considerarse “un símbolo de reconciliación”. No es lo mismo —señala la Secretaría de Estado de Memoria Democrática— conservar, con ciertas modificaciones, un lugar que es testimonio de la represión, por ejemplo un antiguo campo de concentración, que preservar un monumento “construido expresamente para conmemorar y exaltar a los vencedores de la sublevación”.
No es la primera vez que administraciones del PP remolonean a la hora de retirar ese tipo de símbolos. El pasado 30 de junio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció la incorporación al catálogo de vestigios franquistas de dos monumentos y dos inscripciones que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, deberán ser retirados. Se trata del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido coloquialmente como “monumento a Franco”; el de los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid); y dos inscripciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, en las catedrales de Almería y de Murcia. Para su retirada, el Gobierno central dio plazos de entre tres y seis meses a los gobiernos del PP y los obispados.
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