Los sindicatos hablan cada vez más de vivienda, dado el aumento de los precios en los últimos años y su impacto en el poder adquisitivo de muchos trabajadores. Hace tiempo que las centrales piden que el asunto se tome en cuenta en la negociación salarial y acaban de respaldar una huelga general con la vivienda como elemento vehicular. En ese contexto, el gabinete económico de CC OO ha distribuido este viernes un informe en el que intenta cuantificar la factura económica que implican estos precios tan elevados. Los especialistas del sindicato estiman que en los últimos 13 años el precio de la vivienda en propiedad ha aumentado 3,6 veces más que los salarios; que el encarecimiento de los locales comerciales está perjudicando la actividad empresarial; y que reducir en torno a un 30% el coste de las casas podría favorecer la creación de hasta 411.000 empleos.

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Alberto Núñez Feijóo ha entrado de lleno en el debate sobre el salario mínimo (SMI) durante su entrevista este viernes por la mañana en la Cadena SER. En un momento de la conversación, el conductor del programa Hoy por Hoy, Aimar Bretos, ha subrayado que la patronal solo ha apoyado un incremento del SMI del Gobierno de coalición (el de 2020, el primero de Yolanda Díaz), ante lo que Feijóo ha afirmado: “El Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo. Quien más dinero de los trabajadores se ha llevado ha sido el Gobierno. El Gobierno obligó a las empresas a subir el salario, las cotizaciones, cuando ese trabajador recibe más salario muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando y cotiza más”. Bretos le replica que el SMI sigue exento de IRPF, ante lo que Feijóo contesta: “No, eso estaba exento antes. En las últimas ya hubo una gran discusión en el Parlamento que nosotros votamos que estuviera exento, pero el Gobierno quería que estuviese incluido”.

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España registra un índice de 1,89 muertes en accidentes laborales por cada 100.000 ocupados, según datos recientemente distribuidos por Eurostat. Esa cifra, relativa a 2024, empeora la del ejercicio anterior (1,71). Esto aleja ligeramente a España del promedio de la Unión Europea (1,65) y también ensancha la brecha respecto a los países más seguros del continente, en los que la siniestralidad cae. En Alemania pasa de 0,71 decesos por cada 100.000 ocupados a 0,64 y en Países Bajos, de 0,38 a 0,32. Estos datos generan “preocupación” en los sindicatos españoles, que reclaman la prometida reforma de la ley de prevención de riesgos laborales con la que esperan atenuar este problema.

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