La Ley General de Discapacidad, que entra en vigor este viernes, tiene preocupada a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Junto con una veintena de asociaciones autonómicas y especializadas, alerta de que uno de los artículos de la nueva norma podía dejar sin cobertura algunos ingresos involuntarios de pacientes graves. Para aclarar este procedimiento, el Ministerio de Sanidad ha abierto este miércoles una consulta pública previa que desarrollará reglamentariamente ese artículo.

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La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 206.000 euros a la mujer e hijas de un paciente fallecido con cáncer de próstata, según confirma un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ya ha gestionado el pago. Un dictamen de la comisión jurídica asesora regional, consultado por EL PAÍS, considera que el retraso en valorar la situación del afectado provocó que tuviera menos opciones de mitigar o evitar la progresión de la enfermedad, una conclusión a la que se llega tras dos informes. Uno, de la Inspección Sanitaria, que determina que haber omitido una “prueba [de sangre] básica, accesible y de bajo coste” fue una oportunidad perdida. Otro, categórico, de una técnico de apoyo del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Ámbito Sanitario, licenciada en Medicina y especialista en valoración del daño corporal, que el 4 de febrero de 2026 dejó por escrito una ristra demoledora de preguntas y respuestas sobre el caso.

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El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.

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