La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, llama a los inversores del país vecino a regresar a Caracas cuando el comercio bilateral repunta el 12,8% entre enero y julio
Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia el 7 de agosto con una premisa clara: cualquier acercamiento a Venezuela pasaría por Washington. El nuevo mandatario ultraconservador dejó en manos de su principal aliado el rumbo de la relación con el vecino, evitando así tratar con un régimen al que fustigó en campaña. Sin embargo, Donald Trump rompió sus previsiones al reunirse, antes de lo presupuestado, con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Hoy, mientras la Cancillería en Bogotá trata de redefinir su posición, algunos empresarios ya se anticipan a buscar oportunidades en la apertura gradual de Caracas.
Trump recibió a Rodríguez el pasado 22 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue su primer encuentro cara a cara, más de ocho meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una quirúrgica operación militar y dejara a la hasta entonces vicepresidenta al frente del país bajo su supervisión.
La Casa Blanca, de hecho, ya había enviado otra señal seis días antes. En su informe anual sobre drogas, Estados Unidos excluyó a Venezuela, por primera vez desde 2005, de la lista de países que, a juicio de Washington, han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, en cambio, permaneció en ella, aunque con algunas salvedades, junto a países como Afganistán y Birmania.
El nuevo gobierno del radical De la Espriella apenas ha explicado cómo encajan todas estas fichas en su relación con Venezuela. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, fijó en agosto una borrosa posición oficial: “Nuestra aproximación es a través de los Estados Unidos”. Para la politóloga Pilar Gaitán, la frase coincide con una la incertidumbre diplomática. “Estamos en un momento de transición en el poder, en una informalidad total, en una diplomacia que no sabemos hacia dónde va”, explica a elDiario.es.
Delcy Rodríguez y los multimillonarios Gilinski
Mientras Bogotá trata de definir su orientación diplomática, una parte del gran capital privado ya ha avanzado en sus negociaciones con Caracas y Washington. El banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, según Bloomberg, negoció con la petrolera estatal venezolana PDVSA un contrato a 25 años para explotar el campo Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
El camino hacia el contrato pasó sin falta por Washington. Su hijo, Gabriel Gilinski (de 39 años), viajó a la capital estadounidense para tramitar ante el Departamento del Tesoro la licencia que exigían las sanciones vigentes para cerrar un acuerdo petrolero. El terreno ya estaba abonado: el heredero del banquero había visitado Caracas más de diez veces desde su primer encuentro con Delcy Rodríguez, en marzo.
Las negociaciones culminaron el 4 de septiembre en un acto televisado en Venezuela y encabezado por la propia Rodríguez, que invitó a otros empresarios colombianos a seguir sus pasos.
Apenas unas horas después de la firma, y sin desembolsar un solo dólar, según el portal Bloomberg, la familia Gilinski convirtió sus derechos sobre el campo Bare en un paquete de acciones de la petrolera GeoPark valorado inicialmente en 515 millones de dólares.
El canje fue directo: el conglomerado colombiano aportó la estructura contractual que da acceso al proyecto venezolano a cambio de nuevos títulos que le otorgarán, una vez completada la operación, más del 56,3% del capital de la petrolera. GeoPark, con sede administrativa en Bogotá y domicilio legal en Bermudas, asumirá en solitario la inversión para financiar la recuperación del yacimiento.
La compañía tiene hasta diciembre para cumplir las condiciones pactadas con las autoridades venezolanas. La operación depende, por tanto, de las autorizaciones estadounidenses y de la ejecución del acuerdo con Caracas.
Por todo ello queda claro que el ímpetu del avance empresarial colombiano contrasta con la indefinición del Ejecutivo. La internacionalista Sandra Borda lo describe: “Es muy particular que los que estén incentivando la llegada comercial a Venezuela sean los gremios, el sector privado, pero que no le oigas ni una palabra al Gobierno”.
Otra de las escuetas señales oficiales llegó el 1 de octubre. Reunido en Bogotá con la ministra de Minas y Energía, el vicepresidente Restrepo anunció, de nuevo, una agenda para impulsar la inversión en Venezuela: “en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela”.
Por ahora, la agenda no incluye proyectos concretos. Solo se sabe que se celebrará una ronda de inversión que reunirá en noviembre a empresarios de los tres países en Nueva York, según la prensa colombiana.
El reinicio de las relaciones comerciales avanza, en todo caso, a dos velocidades. Mientras algunos inversores intentan desembarcar cuanto antes, otros sectores de la industria y los servicios exigen certezas jurídicas a largo plazo. Como recuerda Borda: “hacer negocios sin instituciones sólidas es hacer negocios de corto plazo”. El economista venezolano Luis Pacheco sintetiza el dilema con una imagen: “No te puedes dar el lujo de no ir a Caracas, de no tomarte una foto. Pero tampoco ganas nada con tirarte a la piscina si aún está medio vacía”.
Quienes mejor han capitalizado la apertura, quizás, son las petroleras que nunca se marcharon: Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom. E incluso estos gigantes han pisado con cautela: según el economista Pacheco, Chevron solo reinvierte hoy lo que gana en Venezuela sin “arriesgar capital fresco”. La desconfianza tiene raíces hondas que resume así: “Han pasado 27 años de un desastroso manejo corporativo y apenas ocho meses de un nuevo e incierto enfoque”.
Entre las 'trochas' y la apertura de Trump
Venezuela no es un mercado cualquiera para Colombia. Durante la primera década del siglo fue su segundo socio comercial, solo por detrás de Estados Unidos. En 2008, el mejor año de la relación, el intercambio superó los 7.000 millones de dólares.
Pero los roces políticos y los cierres fronterizos redujeron después el comercio. El choque entre Hugo Chávez y el derechista Álvaro Uribe, entonces presidente, terminó en una ruptura de relaciones. Más tarde llegaron el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro en 2015 y una nueva ruptura diplomática en 2019, esta vez con el conservador Iván Duque en el poder.
Desde entonces, buena parte de la actividad económica saltó a las trochas, como se conoce en la región a los pasos ilegales de la frontera, muchos de ellos controlados por grupos armados. En 2020, durante la pandemia, el intercambio legal tocó fondo: apenas 222 millones de dólares.
La reapertura fronteriza en 2022, tras la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder, cambió la tendencia, pero no devolvió el esplendor perdido. En 2025, el intercambio sumó 1.170 millones de dólares, casi todo en una sola dirección: Colombia exportó 1.071,9 millones. Pero Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, matiza la recuperación. Más que un crecimiento real, sostiene, hubo un proceso de formalización: “Ese comercio lo empezamos a sacar de las trochas y lo empezamos a pasar por los puentes formales”.
Entre enero y julio de este año, el intercambio creció un 12,8% respecto al mismo periodo de 2025, según la Cámara Colombo Venezolana. El repunte, sin embargo, no garantiza que las empresas colombianas conserven las ventajas que adquirieron durante el aislamiento venezolano.
Rodríguez cita el caso de las golosinas y las bebidas gaseosas colombianas, que ganaron espacio en los anaqueles venezolanos en los últimos años. A su juicio una mayor apertura a los productos estadounidenses podría desplazarlas. Por eso, subraya que las medidas de Trump ofrecen oportunidades, pero también suponen mayor competencia en un mercado que Bogotá aspira a recuperar.
Una realidad bajo la alfombra
La apertura económica tampoco despeja los problemas de seguridad. Para Pilar Gaitán, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela representan una realidad que se ha metido “debajo de la alfombra”. Los desplazamientos cotidianos de la población, el contrabando desbordado y los capitales ilícitos mantienen su propia dinámica. Según la politóloga, ninguno de los dos Gobiernos ha activado con eficacia los mecanismos binacionales de seguridad.
Organizaciones criminales y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) encuentran refugio en territorio venezolano, según ha documentado la inteligencia colombiana. La analista Sandra Borda afirma que la ausencia de presión militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas ha permitido que estos grupos se fortalezcan mediante la minería ilegal y el contrabando.
Esta permisividad, sostiene Borda, no responde a un simple descuido de las fuerzas de seguridad venezolanas. Si en un principio pudo estar vinculada a afinidades ideológicas de izquierda, con el tiempo habría evolucionado hacia una alianza de conveniencia económica: una tolerancia mutua que facilita el control de las economías ilegales en la frontera.
Se trata de un equilibrio que, ennopinión de la analista, le permite a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, preservar sus vínculos con los mandos militares, algunos de ellos señalados por su presunta participación en negocios ilícitos y sancionados por Estados Unidos. A Washington, por su parte, le permite mantener el flujo de crudo sin comprometer la estabilidad regional. “El único para el que este equilibrio no es un buen negocio es Colombia”, concluye Borda.
El ELN, además, hace años ya no es un huésped de paso en Venezuela. Ronal Rodríguez explica que la organización criminal ha echado raíces al otro lado de la frontera y hay expertos que explican que se trata de una “guerrilla binacional”: “No andan con fusil al hombro en campamentos, están metidos entre la sociedad civil”. En un reciente foro coordinado por el investigador, el diagnóstico de los expertos fue que “muy pocas cosas han cambiado a través de los años en la frontera”.
Ese es uno de los mayores retos que afronta el presidente De la Espriella, quien prometió arrollar a los grupos armados ilegales y no tardó en sumar a Colombia al Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticoas impulsada por Trump.
Mientras la emergencia humanitaria en la frontera colombo-venezolana sigue abierta, el nombramiento del nuevo embajador de Bogotá en Caracas trasluce las prioridades que el Gobierno de ultraderecha mantiene fuera de la agenda oficial. El designado es Jorge Jaller, un ejecutivo sin experiencia en la carrera diplomática cuya trayectoria proviene del Grupo Éxito —la mayor cadena de supermercados de Colombia, propiedad de la francesa Casino hasta 2024—, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de retail.
Además, desde septiembre cuenta con un asiento en la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande del país. Su perfil, netamente corporativo, traza un nuevo rumbo para una de las delegaciones más delicadas de la diplomacia colombiana.
La analista Pilar Gaitán resume la elección de De la Espriella: “El nombramiento es muy diciente. ¿Qué se busca en Venezuela? Negocios”.
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