China is cracking down on billionaires and corruption. Following the landmark sentencing of Evergrande founder Hui Ka Yan (Xu Jiayin) to life in prison and the seizure of his assets, independent journalist Ben Norton joins Amanda Yee to break down President Xi Jinping’s ongoing anti-corruption campaign and how a socialist government disciplines capital.

Norton explains how in China, capital may create wealth, but the Communist Party maintains control over the steering wheel of the economy. And while Western regulatory systems often protect private oligarchy and corporate impunity, Xi Jinping since 2012 has taken aggressive action against high-profile tycoons and corrupt Party officials alike.

Norton is a Beijing-based journalist and the founder and editor of Geopolitical Economy Report.

Ansar Allah’s Red Sea wins last week torched Saudi’s decade-long strategy in Yemen – and the tens of billions it poured into trying to hold one of the world’s most vital shipping chokepoints. Shireen Al-Adeimi, Yemeni-born anti-war activist and Michigan State University professor, joins Zoe Alexandra to unpack what the seizure of Mokha and control of the Bab al-Mandeb Strait means for a global economy already brought to its knees by record $6/gallon diesel prices.

With the Strait of Hormuz still slowed to a trickle by the US-Israeli war on Iran and Riyadh’s East-West pipeline offline, Al-Adeimi says it’s in the whole world’s interest to “push the Saudis to just end this war. Admit that you’ve lost, cut your losses, and move on.” She breaks down how Riyadh’s violation of the 2022 ceasefire capped a decade of failed Saudi and UAE intervention, and why it matters that Pakistan just refused, for the second time, to back the Saudis under the Mecca joint defense pact – leading Riyadh to claim Mecca is under attack in a desperate PR stunt to shore up support it’s been cut off from in the West.

“This is hugely significant for Yemen as part of its long fight to end foreign intervention in Yemen… A strong Yemen – an anti-imperialist Yemen, a Yemen that is not going to allow the Gulf countries to treat it any way they wish, or to have a puppet government there in Yemen as we had before — is an inconvenience to these oil-producing countries.”

Watch full episodes of BT Live, join breakthroughnews.org as a member today!

Read in English here

La semana pasada, el 4 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una propuesta africana para un nuevo mapa mundial, que muestra el tamaño real de los países en relación con los demás. Su objetivo es corregir la visión del mundo moldeada por el mapa mundial ampliamente utilizado basado en la proyección de Mercator, creada por Gerardus Mercator, un cartógrafo flamenco del siglo XVI. El problema con el mapa de Mercator es bien conocido; por ejemplo, muestra a la isla de Groenlandia con el mismo tamaño que el continente africano, ¡a pesar de que África es 14 veces más grande que Groenlandia! En pocas palabras, los mapas de Mercator exageran enormemente el norte del mundo —los Estados Unidos y Europa— mientras que reducen África y la mayor parte de Asia. Tampoco trata con benevolencia al resto del hemisferio sur. Sudamérica, que tiene casi tres veces el tamaño de Europa, parece comparable a esta en un mapa típico de Mercator.

Aunque no existe ninguna razón geográfica por la que el hemisferio sur deba ser más pequeño que el hemisferio norte, los cartógrafos lo hicieron significativamente más pequeño porque tenía muy poca masa continental más allá de los 40 grados y, por lo tanto, se recortó. Esto significó que, en la mayoría de los mapas de Mercator, debido a que los cartógrafos occidentales recortaron gran parte del hemisferio sur, el ecuador quedó significativamente desplazado hacia abajo. El doble efecto de comprimir las zonas ecuatoriales, donde se encuentra gran parte de África, y desplazar el ecuador hacia abajo hizo que el norte del mundo, particularmente Europa y América del Norte, parecieran mucho más grandes de lo que realmente son. Por lo general, en la mayoría de los mapas de Mercator, el hemisferio norte parece el doble del tamaño del hemisferio sur, aunque ambos hemisferios son idénticos en tamaño.

Cualquier mapa, ya sea de Mercator o de cualquier otra proyección, presenta el problema de que se puede ser fiel al tamaño o a la forma, pero no a ambos. Se trata de un problema fundamental que surge al proyectar una superficie tridimensional sobre una hoja de papel bidimensional. No hay forma de hacerlo sin distorsiones. Solo un globo terráqueo puede representar fielmente la Tierra tridimensional. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando queremos reproducir detalles geográficos para nuestros lectores en libros o artículos?

Las distorsiones evidentes de la proyección de Mercator y su enfoque eurocéntrico dieron lugar a varias alternativas, particularmente entre los cartógrafos de la izquierda amplia o progresista. Otros, especialmente en los Estados Unidos y Europa, se han opuesto a ella, argumentando que el tamaño no importa y que no les molesta que se les muestre mucho más grandes de lo que realmente son. Sin embargo, muchos discreparon e intentaron desarrollar proyecciones alternativas. La proyección de Gall-Peterson, que contó con el respaldo del gobierno socialdemócrata alemán de Willy Brandt, es una de esas proyecciones. La proyección de Hobo Dyer, que se encuentra en el dominio público global —lo que significa que cualquiera puede usarla sin pagar regalías—, es otra. Finalmente, las Naciones Unidas han puesto fin a las guerras de los mapas, con una victoria rotunda a favor de la moción presentada por las naciones africanas para utilizar mapas de área igual. La votación fue de 164 a favor de la moción, con los Estados Unidos como único voto en contra.

El objetivo del mapa de Mercator era facilitar la navegación de los barcos en mar abierto, donde ya no es posible orientarse reconociendo diversas características topológicas, como ríos, colinas, aldeas, pueblos, etc. En mar abierto, si identificamos nuestra ubicación en un mapa de Mercator y el destino al que deseamos llegar, podemos viajar en línea recta, tal como se muestra en el mapa. Conserva la dirección, lo que significa que, si trazamos un rumbo en un mapa de Mercator, podemos fijar nuestro rumbo según él. Es por eso que los países marítimos utilizaban proyecciones de Mercator para la navegación cuando contaban con pocos instrumentos, más allá de la brújula y el sextante, para determinar su ubicación con respecto a su destino.

Es importante señalar que la dirección que se muestra en el mapa no es la ruta más corta entre el punto de partida y el destino.

El camino más corto entre dos puntos en la superficie del globo terráqueo es el arco del gran círculo que va desde su ubicación hasta su destino. Una línea recta en un mapa bidimensional puede parecer la distancia más corta, pero no lo es, ya que no toma en cuenta la curvatura de la Tierra. En pocas palabras, el precio que pagamos por convertir una superficie curva en una plana y bidimensional es que distorsionamos la forma de la superficie. Estiramos ciertas áreas y encogemos otras. En una Tierra plana, la distancia más corta sería la que indica su brújula, pero no así en una esfera.

Anteriormente, los barcos utilizaban las estrellas y el sol del mediodía para estimar dónde se encontraban y hacia dónde debían dirigirse. Fijar un rumbo hacia su destino utilizando un mapa de Mercator y una brújula resultaba mucho más sencillo que tratar de adivinar dónde se encontraba en un océano desierto, sin puntos de referencia, y cambiar constantemente de rumbo en busca de una ruta más corta. La línea constante en el mapa se denominaba “línea de rumbo”, y seguirla ayudaba enormemente a los navegantes. Los mapas de Mercator eran populares en Europa, particularmente en Europa occidental, ya que, aparte de los árabes, eran las principales naciones marítimas.

Mientras que los árabes se enfocaban en el comercio, particularmente en el Océano Índico, los europeos occidentales se dedicaban no solo a la pesca, sino también, fuera de temporada, a la piratería, las incursiones y el saqueo de otras naciones. Los vikingos, importantes figuras románticas en Hollywood, eran particularmente brutales, ya que combinaban el saqueo con el comercio de esclavos. Por supuesto, como todos los piratas, una vez que se alcanza el poder, se puede convertir ese poder marítimo en conquista. Los hombres del norte, o nórdicos, conquistaron Francia y más tarde Inglaterra, y son conocidos por nosotros como normandos. No muy diferentes de las Compañías Holandesa y Británica de las Indias Orientales, que comenzaron con el comercio y la piratería y más tarde establecieron imperios coloniales.

No es de extrañar que los reinos marítimos de Europa occidental, para quienes la guerra, la pesca para alimentarse y la caza de focas, morsas, etc., con el fin de obtener grasa y pieles, constituían las principales fuentes de riqueza, se centraran mucho más en la navegación y la construcción naval. Esto significaba que los barcos construidos para el agitado Océano Atlántico contaban con ciertos avances de los que carecían los barcos árabes e indios, aunque la brújula, el astrolabio, los mapas astronómicos y otros instrumentos náuticos procedían todos de Asia.

Los barcos de Europa occidental contaban con cañones montados en cubierta, lo que les permitía disparar “andanadas”, es decir, disparar múltiples cañones simultáneamente, a diferencia de los cañones montados en la proa y la popa. Esa es una de las principales razones por las que un puñado de países de Europa occidental pudo aprovechar los océanos para, primero, hacerse con el comercio marítimo y, más tarde, construir sus imperios coloniales. A diferencia de los fuertes fijos, los barcos actuaban como fuertes flotantes, lo que proporcionaba a los europeos una movilidad en las guerras navales de la que carecían las fortificaciones terrestres estáticas.

Como muestra la monumental obra de Needham sobre la ciencia y la tecnología chinas, muchos avances náuticos en la construcción naval y la navegación procedían de China. Los siete viajes de los barcos de Zheng He en el siglo XV (1405-1443), que partieron de China, el sudeste asiático y la India, y recorrieron la costa árabe hasta África, demostraron que los chinos habían construido enormes barcos y una poderosa armada. En aquella época, se encontraban muy por delante de Europa y de los árabes, tanto en la construcción naval como en los buques de guerra. Las diferencias internas entre la aristocracia terrateniente y los comandantes navales condujeron a la destrucción de la armada y a la prohibición de construir cualquier buque de alta mar.

Aunque la India suministraba a los árabes la madera necesaria para la construcción naval y en algún momento contó con una poderosa armada, cedió el comercio de alta mar a los comerciantes árabes. Ni China, ni la India, ni los árabes consideraban que la armada tuviera importancia militar. Como dijo un emperador mogol: “Los océanos son para los comerciantes, no para nosotros, los guerreros”. Las divisiones de castas en la India también llevaron, en un momento dado, a prohibir a las castas superiores emprender viajes oceánicos. La travesía del Kala Pani, siempre prohibida por los brahmanes, no se respetó de manera estricta. La India experimentó una gran expansión marítima en el período budista, no a través de la guerra, sino mediante el comercio y la labor de proselitismo de los monjes budistas. Tras el resurgimiento del hinduismo en el sur, el tabú que prohibía a las castas superiores viajar a través de los océanos se aplicó de manera más estricta, dejando los océanos en manos de comerciantes y mercenarios. Por ejemplo, las principales flotas de los reyes indios – ya fuera el rey de Calicut, también conocido como Samundri o Zamorin, o Shivaji – dependían de comandantes navales y buques mercenarios, muchos de ellos al mando de árabes.

Como demuestra la historia, los mapas, el comercio marítimo y la guerra están íntimamente relacionados. Los viajes marítimos y las guerras navales confieren a los mapas una importancia estratégica. No es simplemente la ubicación de las fronteras de cada país lo que importa, sino también su visión estratégica del mundo. Podemos observar cómo esto se está manifestando actualmente en Bab el Mandeb y en el Golfo Pérsico. Un vistazo rápido a un mapa habría convencido a los líderes estadounidenses de que Irán cuenta con una clara ventaja estratégica en el Estrecho de Ormuz, al igual que los hutíes en el Mar Rojo y el paso hacia el Canal de Suez. Descuidar los océanos repite los errores que cometió Asia en una época diferente, errores de los que ha aprendido. Debemos tener esto presente también hoy en día.

Prabir Purkayastha es el editor fundador de Newsclick.in, una plataforma de medios digitales. Es activista en favor de la ciencia y del software libre.

Este artículo fue elaborado por Globetrotter.

Lee en español aquí

On September 4, the United Nations General Assembly adopted an African proposal for a new world map, which shows countries’ true size relative to one another. It aims to correct the view of the world shaped by the widely used world map based on the Mercator Projection, created by Gerardus Mercator, a 16th-century Flemish cartographer. The problem with the Mercator Map is well known; for example, it shows the island of Greenland as the same size as the African continent, even though Africa is 14 times the size of Greenland! Simply put, Mercator maps greatly exaggerate the global north – the US and Europe – while shrinking Africa and most of Asia. Nor does it treat the rest of the Southern Hemisphere kindly. South America, nearly three times the size of Europe, looks comparable to it on a typical Mercator map.

Though there is no geographical reason the Southern Hemisphere should be smaller than the Northern Hemisphere, mapmakers made it significantly smaller because it had very little landmass beyond 40 degrees and was therefore cropped out. This meant that on most Mercator maps, because Western mapmakers cropped out much of the Southern Hemisphere, the equator was significantly displaced downward. The double whammy of squeezing the equatorial areas, where much of Africa lies, and shifting the equator down made the global north, particularly Europe and North America, seem much larger than they actually are. Typically, on most Mercator maps, the Northern Hemisphere looks twice the size of the Southern Hemisphere, though the two hemispheres are identical in size.

Alternatives to the Mercator projection

Any map, whether Mercator or any other projection, has the problem that you can be true to either size or shape, but not both. The problem is a fundamental one of projecting a three-dimensional surface to a two-dimensional piece of paper. There is no way of doing this without distortions. Only a globe can truly represent the three-dimensional earth faithfully. But then what do we do when we want to reproduce geographical details for our readers in books or articles? 

The blatant distortions of the Mercator projection and its Eurocentric approach gave rise to several alternatives, particularly among broad-left or progressive cartographers. Others, particularly in the US and Europe have opposed it, arguing that size does not matter and that they were comfortable being shown much bigger than they actually are. But many dissented and tried to work out alternate projections. The Gall-Peterson projection, which was backed by the German social democratic government of Willy Brandt, is one such projection. The Hobo Dyer projection, which is in the global commons, meaning anybody can use it without paying royalties, is another one. Finally, the United Nations has ended the map wars, with a resounding victory for the motion moved by the African nations for using equal area maps. The voting was 164 in favor of the motion with the US casting the only nay vote.

Read more: US votes against UN resolution promoting maps reflecting Africa’s true size

The objective of Mercator map was for ships navigating in open seas, where we can no longer navigate recognizing various topological features, rivers, hills, villages, towns, etc. On the open ocean, if we identify where we are on a Mercator map and the destination we want to reach, we can travel in a straight line, as shown on the map. It conserves direction, meaning if we plot a course on a Mercator map, we can set our course by it. That is why ocean-going countries used Mercator projections for navigation when they had few instruments beyond the compass and the sextant to determine where they were relative to their destination. 

It is important to note that the direction shown on the map is not the shortest path between where you start from and your destination. The shortest path on two points on the surface of the globe is the arc of the great circle from where you are to your destination. A straight line on a 2-dimensional map may look like the shortest distance, but it is not as it does not account for the Earth’s curvature. Simply put, the price we pay for converting a curved surface to a flat 2-dimensional one is that we distort the shape of the surface. We stretch certain areas and shrink others. On a flat earth, the shortest distance would be what your compass shows, but not on a sphere.

Earlier, ships used stars and the midday sun to estimate where they were and where they needed to go. Setting a course to your destination using a Mercator map and a compass was much easier than trying to guess where you were on an empty ocean with no landmarks and constantly changing course for a shorter route. The constant line on the map was called the thumb line, and following it greatly helped the seafarers. Mercator maps were popular in Europe, particularly in Western Europe, because, apart from the Arabs, they were the major ocean-going nations.

Trade and piracy in the colonial era

While the Arabs focused on trade, particularly in the Indian Ocean, Western Europeans focused not only on fishing but, in the off-season, on piracy, raiding, and looting other nations. The Vikings, major romantic figures in Hollywood, were particularly brutal, combining loot with slave trade. Of course, like all pirates, once you become powerful, you can convert that ocean power into conquest. The northern men, or Norsemen, conquered France and later England, and are known to us as Normans. Not very different from the Dutch and the British East India Companies, starting with trade and piracy and later establishing colonial empires.

Not surprisingly, the ocean-going kingdoms of Western Europe, for whom war and fishing for food and hunting seals, walrus, etc., for blubber and skins were major sources of wealth, focused much more on seafaring and shipbuilding. This meant ships built for the rougher Atlantic Ocean had certain advances that Arab and Indian ships did not, though the compass, astrolabe, astronomical maps, and other nautical instruments all came from Asia.

Western European ships had deck-mounted cannons, which allowed them to fire “broadside,” meaning multiple cannons firing simultaneously, unlike the front- and rear-mounted cannons. That is one of the major reasons a handful of West European countries could use the oceans to first capture the ocean trade and later build their colonial empires. Unlike fixed forts, ships acted as floating ones, giving Europeans mobility in naval wars that static ground fortifications lacked.

Ocean navigation and development in Asia

As Needham’s monumental work on Chinese science and technology shows, many nautical advances in shipbuilding and navigation came from China. Seven voyages by Zheng He’s ships in the 15th century (1405-1443), which traveled from China, Southeast Asia, India, and down the Arab coast to Africa, showed that the Chinese had built huge ships and a powerful navy. At that time, they were well ahead of Europe and the Arabs, in both shipbuilding and warships. Internal differences between the landed aristocracy and the naval commanders led to the navy’s destruction and a ban on building any oceangoing ships.

Although India supplied the timber necessary for shipbuilding to the Arabs, and once had a powerful navy, it ceded the oceangoing trade to Arab merchants. Neither China, India, nor the Arabs saw the navy as militarily important. As one Mughal Emperor said, Oceans are for traders, not us, the warriors. Caste divisions in India also led, at one point, to barring upper castes from undertaking ocean voyages. Crossing Kala Pani, always forbidden by the Brahmins, was not strictly followed. India saw major maritime expansion in the Buddhist period, not by war but through trade and proselytizing Buddhist monks. After the revival of Hinduism in the South, the taboo against upper-caste travel across oceans was enforced more strictly, leaving the oceans to traders and mercenaries. For example, the major fleets of the Indian kings, whether the King of Calicut, also known as Samundri or Zamorin, or Shivaji, relied on mercenary naval commanders and ships, many commanded by the Arabs.

As history shows, maps, ocean trade, and war are intimately connected. Ocean voyages and naval wars make maps strategically important. It is not simply where each country’s borders lie that is important, but also how it strategically views the world. We can see this currently playing out in the Bab-al-Mandeb and the Persian Gulf. A quick look at a map would have convinced US leaders that Iran has a clear strategic edge in the Strait of Hormuz, just as Ansar Allah do in the Red Sea and the passage to the Suez Canal. Neglecting the oceans repeats the mistakes Asia made in a different age, mistakes from which it has learned. We need to bear this in mind today as well.

Prabir Purkayastha is the founding editor of Newsclick.in, a digital media platform. He is an activist for science and free software. 

This article was produced by Globetrotter.

Read in English here

La 18va Cumbre del BRICS, celebrada en Nueva Delhi del 12 al 13 de septiembre, tuvo lugar en medio de una intensificación excepcional de las contradicciones internacionales. Las guerras en Asia Occidental, las sanciones unilaterales, las barreras arancelarias y el uso de las finanzas y la tecnología como armas han puesto de manifiesto el carácter fundamentalmente desigual del orden internacional dominado por el imperialismo. En este contexto, la continua expansión del BRICS refleja el deseo de los países en desarrollo de alcanzar una mayor autonomía estratégica y un sistema más democrático de gobernanza global. Al mismo tiempo, la cumbre demostró que el BRICS+ sigue siendo una agrupación heterogénea cuyos miembros difieren sustancialmente en sus alineamientos políticos e intereses económicos.

La Declaración de Nueva Delhi, resultado de la cumbre, reiteró la exigencia de una reforma de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y el sistema comercial multilateral. Se opuso a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y abogó por un mayor comercio en monedas nacionales. La declaración también respaldó una mayor representación de los países en desarrollo en instituciones cuyas normas siguen siendo determinadas principalmente por los Estados Unidos y sus aliados. Estas posturas tienen una importancia objetiva en un momento en que Washington recurre cada vez más a sanciones, aranceles, controles a la exportación y control sobre los sistemas de pago para disciplinar a los países que se niegan a aceptar sus dictados.

Ambigüedad

Sin embargo, el lenguaje cuidadosamente negociado de la declaración también reveló las limitaciones de la formación ampliada. El BRICS+ incluye ahora a países sometidos a una presión occidental sostenida, como Rusia e Irán, así como a los Emiratos Árabes Unidos y otros Estados que mantienen amplios vínculos económicos y de seguridad con Occidente. En consecuencia, el consenso solo puede mantenerse mediante formulaciones que reconozcan los conflictos sin identificar siempre sus causas políticas. Esta ambigüedad fue especialmente evidente en el tratamiento que se dio en la cumbre a la guerra cada vez más extensa en Asia Occidental y a la postura adoptada por Irán.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aprovechó la cumbre para denunciar las sanciones unilaterales y la guerra de agresión contra Irán llevada a cabo por los Estados Unidos e Israel. Destacó acertadamente que la resiliencia económica no puede separarse de la paz, la soberanía y la seguridad. Irán también abogó por el comercio en monedas nacionales, un mayor uso del Nuevo Banco de Desarrollo y la construcción de corredores independientes de transporte y energía (tal como ya lo ha hecho a través de Pakistán, que ha proporcionado seis rutas terrestres para que las mercancías chinas y rusas ingresen a Irán). Para un país sometido a décadas de sanciones, a la exclusión de las redes financieras occidentales y a repetidas amenazas de cambio de régimen, la pertenencia al BRICS+ representa una importante oportunidad diplomática y económica.

La postura de Irán, sin embargo, presenta una marcada ambigüedad. Teherán presenta al BRICS+ como un instrumento para resistir el unilateralismo y defender la soberanía. Al mismo tiempo, debe buscar un acuerdo con los estados vecinos del Golfo, varios de los cuales están profundamente integrados con el capital occidental y los acuerdos de seguridad.

Irán firmó una declaración en la que se pedía moderación y desescalada, al tiempo que acusaba a los Estados Unidos e Israel de agresión y defendía sus propias acciones de represalia. Su postura combativa frente a la presión hiperimperialista se combina, por lo tanto, con un esfuerzo pragmático por evitar el aislamiento regional, asegurar el alivio de las sanciones y preservar los canales de negociación.

Esto no debe interpretarse simplemente como una inconsistencia. Irán se enfrenta a una coalición militar y financiera muy superior y debe maniobrar dentro de severas limitaciones. Pero también ilustra el problema más amplio al que se enfrenta el BRICS+. La oposición a la dominación occidental no genera automáticamente un programa antiimperialista coherente. Los Estados participantes son Estados capitalistas que persiguen sus respectivos intereses nacionales. Sus clases dominantes pueden resistirse a aspectos particulares de la hegemonía estadounidense, al tiempo que se mantienen dispuestas a llegar a acuerdos con las finanzas globales o con potencias reaccionarias regionales. En consecuencia, el BRICS+ es un escenario de lucha dentro del orden mundial en transformación, no una alternativa ya constituida al hiperimperialismo.

Socios

El acontecimiento político más trascendental de la cumbre para Asia fue la reunión entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping. La primera visita de Xi a la India en siete años confirmó la mejora gradual de las relaciones desde los acuerdos de retirada militar iniciados en 2024. Los dos líderes coincidieron en que la India y China deben considerarse socios en lugar de rivales y abordar las relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica a largo plazo. También discutieron la cuestión fronteriza, el comercio, el acceso a los mercados y los problemas de la cadena de suministro.

Cualquier mejora duradera en las relaciones entre la India y China debe ser bienvenida. La prolongada confrontación tras el enfrentamiento en el valle de Galwan de 2020 perjudicó a ambos países, aumentó el gasto militar y fortaleció los esfuerzos de los Estados Unidos por incorporar a la India a su estrategia indopacífica. Washington ha buscado constantemente convertir a la India en un contrapeso estratégico frente a China a través del Quad y la expansión de la cooperación militar y tecnológica. Por lo tanto, una confrontación continua entre la India y China beneficia mucho más a la estrategia de los Estados Unidos que a los intereses de los pueblos indio o chino.

La paz y la tranquilidad a lo largo de la Línea de Control Efectivo siguen siendo indispensables. Los acuerdos sobre la retirada deben ir seguidos de un compromiso sostenido a nivel diplomático y militar, la aclaración de las zonas en disputa y la observancia estricta de los acuerdos existentes. No se debe permitir que ni la retórica nacionalista ni la construcción competitiva de infraestructura desencadenen otra confrontación. Las diferencias sobre la frontera no pueden ignorarse, pero pueden y deben gestionarse sin subordinar toda la relación a una rivalidad militarizada.

Las relaciones económicas presentan una contradicción igualmente difícil. China es uno de los mayores socios comerciales de la India y una importante fuente de maquinaria, componentes electrónicos, productos químicos, equipos de energía renovable y otros insumos industriales. Sin embargo, el enorme déficit comercial de la India con China refleja tanto la debilidad del sector manufacturero indio como los obstáculos que enfrentan las exportaciones indias en el mercado chino. Para abordar este desequilibrio se requiere un mejor acceso al mercado, inversión china en condiciones transparentes y, sobre todo, una política industrial india capaz de desarrollar la capacidad productiva nacional. Durante los últimos seis meses, el comercio bilateral se ha disparado.

El enfoque del Gobierno de Modi ha alternado entre la dependencia de las importaciones chinas y las restricciones, motivadas políticamente, a la inversión y la tecnología chinas. Su retórica de “China más uno” no puede ocultar el fracaso de sus propias políticas para generar una industrialización de base amplia. Tampoco una alineación estratégica más estrecha con los Estados Unidos puede proporcionar a la India una base manufacturera independiente. Los Estados Unidos busca un acceso privilegiado al mercado indio, al tiempo que recurre a aranceles, restricciones tecnológicas y presión política cada vez que las políticas indias se apartan de sus intereses. La incoherencia del Gobierno de Modi se pone de manifiesto, sobre todo, en su incapacidad para elaborar realmente una agenda nacional de desarrollo que aproveche el dinamismo de la economía china y se distancie de unos Estados Unidos más orientados hacia el nacionalismo económico.

China, por su parte, debe reconocer que unas relaciones estables requieren sensibilidad ante las preocupaciones legítimas de la India. Entre ellas se encuentran la cuestión fronteriza sin resolver, el acceso desigual al mercado y el desequilibrio comercial. La considerable asimetría entre las dos economías hace que la reciprocidad sea particularmente importante. El llamado de Pekín a la colaboración solo cobrará sentido cuando vaya acompañado de medidas prácticas que permitan el ingreso de bienes y servicios indios al mercado chino y eviten que las tensiones fronterizas acaben repetidamente por opacar el diálogo político.

La cooperación entre la India y China otorgaría al BRICS+ un peso mucho mayor en la lucha por la democratización del orden internacional. Juntos, ambos países representan más de un tercio de la humanidad.

Su cooperación podría impulsar la reforma de las instituciones internacionales, el financiamiento climático, el intercambio de tecnología, las iniciativas de salud pública y un sistema comercial más justo. Por el contrario, una nueva confrontación paralizaría al BRICS+ y permitiría que potencias externas se aprovecharan de las divisiones en toda Asia. Por lo tanto, la India debe seguir una política exterior independiente basada en la coexistencia pacífica, y no participar en un proyecto estadounidense destinado a contener a China.

La cumbre de Nueva Delhi generó propuestas para la continuidad institucional, una cooperación financiera más sólida y una mayor resiliencia entre las economías en desarrollo. Sin embargo, las declaraciones tendrán un valor limitado a menos que se traduzcan en acuerdos concretos. El Nuevo Banco de Desarrollo debe ampliar los préstamos en monedas nacionales y dar prioridad a la infraestructura socialmente necesaria, en lugar de reproducir las condiciones y la orientación corporativa del Banco Mundial. Los mecanismos de pago transfronterizos deben desarrollarse de manera transparente, sin crear nuevas formas de dominación por parte de las economías más fuertes del BRICS. Las enérgicas declaraciones en apoyo de la Revolución Cubana y de las aspiraciones de autodeterminación del pueblo palestino deberán tener una aplicación práctica. ¿Encontrará el BRICS+ una manera de romper el cruel e ilegal embargo de Estados Unidos contra Cuba, y brindará el BRICS+ apoyo para la reactivación de la vida política palestina?

El BRICS+ encarna tanto el movimiento hacia un nuevo equilibrio mundial como todas las contradicciones de ese movimiento. El cauteloso acercamiento entre India y China es un ejemplo de dicha contradicción, ya que combina el reconocimiento de la dependencia mutua con una desconfianza estratégica sin resolver. El futuro del BRICS+ dependerá de si dichas contradicciones se gestionan de manera pacífica y de si la cooperación genera beneficios tangibles para los trabajadores, en lugar de limitarse a ampliar el margen de maniobra de las clases dominantes nacionales.

Para la India, el camino a seguir es claro: restablecer relaciones normales y pacíficas con China, resistirse a ser incorporada a la estrategia militar de los Estados Unidos, oponerse a la agresión y a las sanciones unilaterales contra Irán, y trabajar por un orden multilateral genuinamente democrático. Solo habrá un nuevo equilibrio mundial cuando se restrinja la dominación hiperimperialista y se amplíen la soberanía y las posibilidades de desarrollo de los pueblos. La cumbre de Nueva Delhi marcó un paso más en esa transición controvertida, pero la dirección y el contenido social del orden emergente siguen siendo objeto de lucha política.

Vijay Prashad es un historiador y periodista indio. Es autor de cuarenta libros, entre los que se incluyen Balas de Washington, Una estrella roja sobre el Tercer Mundo, Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo; Las naciones pobres: una posible historia del Sur Global y How the International Monetary Fund Suffocates Africa, escrito con Grieve Chelwa. Es el director ejecutivo de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, corresponsal jefe de Globetrotter, y el editor jefe de LeftWord Books (Nueva Delhi). También ha hecho apariciones en las películas Shadow World (2016) y Two Meetings (2017).

Este artículo fue elaborado por Globetrotter.

Lee en español aquí

The 18th BRICS Summit, held in New Delhi on September 12–13, occurred amid an exceptional intensification of international contradictions. Wars in West Asia, unilateral sanctions, tariff barriers, and the weaponization of finance and technology have exposed the fundamentally unequal character of the imperialist-dominated international order. Against this background, the continued expansion of BRICS reflects the desire of developing countries for greater strategic autonomy and a more democratic system of global governance. At the same time, the summit demonstrated that BRICS+ remains a heterogeneous grouping whose members differ substantially in their political alignments and economic interests.

The New Delhi Declaration, the outcome of the summit, reiterated the demand for reform of the United Nations, international financial institutions, and the multilateral trading system. It opposed unilateral sanctions not authorized by the United Nations Security Council and advocated greater trade in national currencies. The declaration also supported increased representation for developing countries in institutions whose rules continue to be determined primarily by the United States and its allies. These positions have objective significance at a time when Washington increasingly employs sanctions, tariffs, export controls, and control over payment systems to discipline countries unwilling to accept its dictates.

Read more: BRICS nations call for end of US blockade on Cuba, condemn Israeli and US violations in Iran

Ambiguity

Yet the declaration’s carefully-negotiated language also revealed the limitations of the expanded formation. BRICS+ now includes countries subjected to sustained Western pressure, such as Russia and Iran, as well as the United Arab Emirates and other states retaining extensive economic and security ties with the West. Consensus can consequently be maintained only through formulations that acknowledge conflicts without always identifying their political causes. 

This ambiguity was especially apparent in the summit’s treatment of the widening war in West Asia and the position adopted by Iran.

Iranian President Masoud Pezeshkian used the summit to denounce unilateral sanctions and the war of aggression against Iran carried out by the United States and Israel. He correctly stressed that economic resilience cannot be separated from peace, sovereignty, and security. 

Iran also advocated trade in national currencies, greater use of the New Development Bank, and the construction of independent transport and energy corridors (as it has already created through Pakistan, which has provided six roadways for Chinese and Russian goods to enter Iran). For a country subjected to decades of sanctions, exclusion from Western financial networks, and repeated threats of regime change, membership of BRICS+ provides an important diplomatic and economic opening.

Iran’s position, however, contains a marked ambiguity. Tehran presents BRICS+ as an instrument for resisting unilateralism and defending sovereignty. Simultaneously, it must seek accommodation with neighboring Gulf states, several of which are deeply integrated with Western capital and security arrangements. Iran signed a declaration calling for restraint and de-escalation even while accusing the United States and Israel of aggression and defending its own retaliatory actions. Its militancy against hyper-imperialist pressure is therefore combined with a pragmatic effort to avoid regional isolation, secure sanctions relief, and preserve channels of negotiation.

Read more: No new talks with the US until the previous conditions are met, says Iran

This should not be understood simply as inconsistency. Iran confronts a vastly superior military and financial coalition and must maneuver within severe constraints. But it also illustrates the broader problem facing BRICS+. Opposition to Western domination does not automatically produce a coherent anti-imperialist program. The participating states are capitalist states pursuing their respective national interests. Their ruling classes may resist particular aspects of US hegemony while remaining prepared to reach accommodations with global finance or with regional reactionary powers. BRICS+ is consequently an arena of struggle within the changing world order, not an already constituted alternative to hyper-imperialism.

Partners

The summit’s most consequential political development for Asia was the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping. Xi’s first visit to India in seven years confirmed the gradual improvement in relations since the military disengagement arrangements initiated in 2024. The two leaders agreed that India and China should regard each other as partners rather than rivals and approach bilateral relations from a long-term strategic perspective. They also discussed the boundary question, trade, market access and supply-chain problems.

Any durable improvement in India–China relations must be welcomed. The prolonged confrontation following the Galwan Valley clash of 2020 damaged both countries, increased military expenditure and strengthened the efforts of the United States to incorporate India into its Indo-Pacific strategy. Washington has consistently sought to turn India into a strategic counterweight to China through the Quad and expanding military and technological cooperation. A continuing India–China confrontation therefore serves US strategy far more than it serves the interests of the Indian or Chinese peoples.

Peace and tranquillity along the Line of Actual Control remain indispensable. Agreements on disengagement must be followed by sustained diplomatic and military-level engagement, clarification of disputed areas and strict observance of existing arrangements. Neither nationalist rhetoric nor competitive infrastructure construction should be allowed to trigger another confrontation. Differences over the boundary cannot be wished away, but they can and must be managed without subordinating the entire relationship to militarised rivalry.

Economic relations present an equally difficult contradiction. China is one of India’s largest trading partners and an important source of machinery, electronic components, chemicals, renewable-energy equipment and other industrial inputs. India’s enormous trade deficit with China, however, reflects both the weakness of Indian manufacturing and the obstacles faced by Indian exports in the Chinese market. Addressing this imbalance requires improved market access, Chinese investment under transparent conditions and, above all, an Indian industrial policy capable of developing domestic productive capacity. Over the past six months, two-way bilateral trade has soared.

The Modi government’s approach has alternated between dependence on Chinese imports and politically motivated restrictions on Chinese investment and technology. Its “China-plus-one” rhetoric cannot conceal the failure of its own policies to generate broad-based industrialisation. Nor can closer strategic alignment with the United States supply India with an independent manufacturing base. The US seeks privileged access to the Indian market while using tariffs, technology restrictions and political pressure whenever Indian policies diverge from its interests. The incoherence of the Modi government is best demonstrated in its inability to actually produce a national development agenda that takes advantage of the buoyancy of the Chinese economy and disengages from a United State more geared towards economic nationalism.

China, for its part, must recognize that stable relations require sensitivity to India’s legitimate concerns. These include the unresolved boundary, unequal market access and the trade imbalance. The considerable asymmetry between the two economies makes reciprocity particularly important. Beijing’s call for partnership will acquire substance only when accompanied by practical measures enabling Indian goods and services to enter the Chinese market and preventing border tensions from repeatedly overwhelming political dialogue.

Cooperation between India and China would give BRICS+ far greater weight in the struggle for democratization of the international order. Together, the two countries represent more than a third of humanity. Their cooperation could advance reform of international institutions, climate finance, technology sharing, public-health initiatives, and a fairer trading system. Conversely, renewed confrontation would paralyse BRICS+ and permit outside powers to exploit divisions throughout Asia. India must therefore pursue an independent foreign policy based on peaceful coexistence, not participate in a US project to contain China.

The New Delhi summit produced proposals for institutional continuity, stronger financial cooperation, and greater resilience among developing economies. But declarations will have limited value unless translated into material arrangements. The New Development Bank must expand lending in national currencies and prioritize socially necessary infrastructure rather than reproduce the conditionalities and corporate orientation of the World Bank. Cross-border payment mechanisms must be developed transparently, without creating new forms of domination by the strongest BRICS economies. The strong statements on behalf of the Cuban Revolution and the Palestinian people’s aspirations for self-determination will need practical application. 

Will the BRICS+ find a way to break the cruel and illegal US embargo on Cuba, and will the BRICS+ provide support for the revival of Palestinian political life?

BRICS+ embodies both the movement towards a new world equilibrium and all the contradictions of that movement. The cautious India–China rapprochement is one example of the contradiction, combining recognition of mutual dependence with unresolved strategic distrust. The future of BRICS+ will depend upon whether such contradictions are peacefully managed and whether cooperation delivers tangible gains to working people rather than merely expanding the room for maneuver of national ruling classes.

For India, the necessary course is clear: restore normal and peaceful relations with China, resist incorporation into the United States’ military strategy, oppose aggression and unilateral sanctions against Iran, and work for a genuinely democratic multilateral order. A new world equilibrium will only be when it restricts hyper-imperialist domination and enlarges the sovereignty and developmental possibilities of peoples. The New Delhi summit marked another step in that contested transition, but the direction and social content of the emerging order remain matters of political struggle.

Vijay Prashad is an Indian historian and journalist. He is the author of forty books, including Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, and How the International Monetary Fund Suffocates Africa, written with Grieve Chelwa. He is the executive director of Tricontinental: Institute for Social Research, the chief correspondent for Globetrotter, and the chief editor of LeftWord Books (New Delhi). He also appeared in the films Shadow World (2016) and Two Meetings (2017).

This article was produced by Globetrotter.

The lethal repercussions of Israel’s three-year genocidal aggression on Gaza continue to unfold. Aside from Israel’s ongoing military assaults after the nominal ceasefire deal, the humanitarian crisis inflicted by the genocide – affecting food, sanitation, medication, and shelter – has become another driver of persistent fatalities. 

At least 21 Palestinians, including 12 children, died in the collapse of the Al-Saadah building in Gaza City on Wednesday, September 16, while 45 people were rescued from under the rubble. 

According to media reports, the building, already damaged by Israeli airstrikes, was housing 100 displaced people, amid a deepening shelter crisis caused by Israel’s ongoing restrictions on reconstruction materials and humanitarian aid.

Read more: Israel escalates aggression in Gaza, Kushner returns to Washington empty-handed

Hamas holds Israel “responsible for the disaster”

Hamas issued a statement, holding Israel “responsible for this disaster,” and affirming that “the building collapse represents a new chapter in the catastrophic humanitarian repercussions of the war.”

The Palestinian movement pointed out that the massive home and neighborhood destruction has forced thousands of displaced people to take refuge in ruined structures. 

It further cautioned that the severe shortage in heavy machinery for clearing debris and conducting rescue operations endangers more lives. 

Hamas also urged mediators, the US administration, and relevant international bodies to take immediate action to lift restrictions blocking the entry of necessary rescue equipment and vehicles, and to secure safe shelter for the displaced population. 

Meanwhile, the Gaza-based Ministry of Public Works and Housing warned that roughly 3,000 buildings across the war-ravaged enclave are currently deemed dangerous or at risk of collapse, which in turn poses a significant threat to thousands of inhabitants.

Robert Kraft tapped friend Jeffrey Epstein for legal advice after he was charged in a Florida police sting targeting suspected human trafficking. Zoe Alexandra traces the legacy of scandals and crimes behind the billionaire Zionist and owner of Gillette Stadium – and ostensible destroyer of Ed Sheeran’s career – after Kraft pushed NFL stadium owners to drop Macklemore from the Loop Tour for speaking out on Gaza at MetLife Stadium.

From an alleged AI surveillance command center at Gillette, to winning Israel’s Genesis Prize, to the Blue Square Alliance/Foundation to Combat Antisemitism and his ties with Friends of the IDF — this is the story of the American billionaire who bankrolled a decades-long “Speak Out for Israel” campaign to silence criticism, and how his latest attempt has backfired spectacularly into a global watershed moment for Palestine solidarity.

“You can’t make this stuff up: billionaires helping billionaires get out of sex crimes, sharing defense strategies — all while they promote ethnic cleansing, genocide, and other horrific crimes against humanity being carried out against the Palestinians by Israel.”

Watch full episodes of BT Live, join breakthroughnews.org as a member today!

Ed Sheeran picked the wrong side on Palestine, and it’s blowing up his career. But as Irish Palestinian activist, author, and influencer Alana Hadid tells Zoe Alexandra, billionaire Zionist Robert Kraft’s push to axe Macklemore from the Loop Tour for speaking out for Gaza at MetLife Stadium is real-time evidence of a “huge cultural shift” in US public opinion on Palestine. With cultural capital and actual capital now aligning against the tour, ticket refunds are looming, and the crew is reportedly walking too.

Hadid unpacks Macklemore’s sacrifice to make this critical tidal wave happen, and why it matters that Aaron Rowe, Lukas Graham, Beoga and FINNEAS are all Irish, versus Sheeran’s “spiritually Irish” claims now fueling mockery online. She slams the propaganda that’s been spread for years – that you can stay “neutral” on the Gaza genocide but not on Ukraine or BLM – and explains why Israel’s propaganda playbook is finally falling apart.

“Culture is the shift. And artists are at the center of this.”

Watch full episodes of BT Live, join breakthroughnews.org as a member today!

In July, Saudi Arabia joined the US-Israeli war on the West Asia region with strikes on Yemen. The Ansar Allah-led Yemeni Armed Forces retaliated by launching a maritime blockade alongside attacks targeting vital Saudi interests.

The renewed fighting between the two West Asian nations resulted in Ansar Allah’s takeover of the strategic Red Sea port city of Mokha last week and the liberation of all the group’s prisoners held by Saudi-backed forces on Yemen’s western coast.

Ansar Allah’s seizure of Mokha seaport is reshaping regional and global geopolitics, particularly because it serves as a primary gateway to the Bab el-Mandeb Strait and coincides with developments in the Strait of Hormuz.

As these major shifts underscore, Yemen holds immense strategic geopolitical significance.

Situated on the southwestern corner of the Arabian Peninsula and overlooking the Bab al-Mandab Strait, Yemen represents a vital chokepoint connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and the Indian Ocean

Consequently, internal political developments in Yemen can have global political and economic repercussions.

This fact, in turn, has put Yemen in the crosshairs of the US-led Western imperialist bloc and their allies in West Asia, which have endeavored to subjugate the country through a devastating decade-long war and blockade. 

The origin of this war coincides with the emergence of Ansar Allah, beginning when the group managed to take control of large swathes of the country, including the capital, Sanaa, in 2014.

The rise of Ansar Allah

Ansar Allah was first established in the early 1990s in the northern Yemeni governorate of Saada as a cultural and educational organization called Al-Shabab al-Mumin (the Believing Youth).

Initially, the organization introduced itself as an unarmed theological movement aimed at reviving and preserving Zaydi Shia Islam and countering the threat of state-backed Sunni Salafism, which sought to uproot the Zaydi religious identity in its homeland of Saada.

From its inception, the movement opposed the government, led by President Ali Abdullah Saleh, accusing it of corruption and criticizing its ties to the United States and its ally Saudi Arabia.

Tensions between the group and the government drastically escalated following the US invasion of Iraq in 2003. It was at that time that the group adopted the slogan (Death to America, Death to Israel), during mass protests opposing the war on Iraq.

These slogans posed a political threat to Ali Abdullah Saleh, who was attempting to position his government as a key ally in the “US War on Terror” in the aftermath of the 9/11 attacks. As a result his government led a brutal crackdown on protesters.

Security forces and riot police suppressed protests using live ammunition, tear gas, and batons, and arbitrarily detained hundreds of political activists, students, and opposition organizers without trial.

In 2004, tension between the Al-Shabab al-Mumin and the Yemeni government boiled over, sparking a series of six internal conflicts known as the Saada Wars. 

These clashes began with the government’s assassination of Hussein Badreddin al-Houthi, the group’s founder, and triggered five subsequent rounds of fighting that lasted until 2010. The followers of the group became widely known as the Houthis ever since. 

Saudi Arabia reportedly engaged in the Saada wars by providing immense financial, political, and material support to the Yemeni government. Saudi intervention in Yemen escalated in 2009 with a direct military incursion and unilateral airstrikes against positions held by the Houthi movement.

In 2011, the group joined nationwide demonstrations, calling for the overthrow of President Ali Abdullah Saleh. It was then that the Houthi movement formally adopted the name Ansar Allah (Supporters of God). 

The ousting of Saleh weakened the central government and triggered a sweeping power vacuum, which allowed Ansar Allah to rapidly expand its territorial dominance. By 2012, the Yemeni movement consolidated firm control across the Saada governorate and large swathes of northern Yemen.

In early 2012, vice president to Saleh, Abed Rabbu Mansour, Hadi became the President of Yemen via a transition framework brokered by the Gulf Cooperation Council (GCC), as he was  considered as a quiet consensus figure. Hadi was also strongly backed by the Obama administration. 

In late 2014, Ansar Allah allied with forces loyal to ousted president Ali Abdullah Saleh against the transitional government headed by Abed Rabbu Mansour Hadi. The fighting that followed led to Ansar Allah’s seizure of the capital Sanaa, forcing Hadi to flee the country.

2015-2022: The Saudi-led coalition’s protracted war against Yemen

From exile in 2015, Hadi requested the Saudi-led coalition to intervene in the conflict, opening the door to one of the bloodiest prolonged wars in West Asia. A conflict that, according to UN estimates, resulted in 377,000 deaths by 2022. 

Saudi Arabia was the main pillar of the coalition, leading the military campaign dubbed “Operation Decisive Storm” with a massive force, including extensive warplanes and ground troops.

The United Arab Emirates (UAE) also played a key role by commanding ground and air operations particularly in southern Yemen and along the critical coastal strip.

Bahrain took part in the operation with 12 fighter jets (some sources say 15), and deployed ground troops in the southern Saudi borders to protect Saudi Arabia from Ansar Allah’s attacks. Meanwhile, Kuwait contributed with 15 warplanes.

At the beginning of the campaign, Qatar participated with roughly 1,000 ground troops, armored vehicles, a dozen fighter jets, and transport helicopters until it was expelled from the coalition in June 2017 over a diplomatic crisis with Saudi Arabia, UAE, Bahrain, and Egypt.

Jordan and Morocco contributed six fighter jets each, while Sudan under deposed president Omar Al-Bashir sent three aircrafts and thousands of ground troops. Furthermore, Senegal committed 2,100 troops.

Western countries, including the United States, the United Kingdom, and France provided logistic and intelligence support, such as aerial refueling for coalition jets, technical assistance, military equipment, coordination support, and maritime surveillance.

The 2022 UN-brokered truce de-escalated the war rather than ending it

In April 2022, the United Nations announced an official two-month nationwide truce agreement, which temporarily halted cross-border attacks, ground and air operations, and allowed fuel imports into ports held by Ansar Allah. It also reopened commercial flights from Sanaa International Airport after years of sea, land, and air blockade imposed by Saudi Arabia. 

Rather than completely removing the blockade, the agreement only resulted in the partial easing of restrictions, while regions under the control of Ansar Allah have continued to face a near-total blockade.

Read more: Yemen demands Saudi-led blockade on the country be lifted immediately

The agreement was renewed in June and extended a second time in August 2022 for an additional two months before it lapsed in October. 

Regional developments reignited the conflict (2023-2026)

In November 2023, Ansar Allah launched a ban on all Israeli maritime navigation in the Red Sea and the Bab el-Mandeb Strait in retaliation for Israel’s genocidal aggression on Gaza.

About one month later, the group significantly expanded the ban to include all ships heading to Israeli ports, regardless of their nationality or flag.

The ban continued until October 2025, despite waves of deadly airstrikes launched by the US, UK, and Israel on Yemen.

An Omani-mediated ceasefire deal between the US and Ansar Allah was reached in May 2025. The deal stipulated halting Ansar Allah’s attacks on US ships in the Red Sea and Bab al-Mandab Strait, and ending US aggression on Yemen, without preventing the Yemeni resistance movement from launching attacks or naval operations against Israel. 

This same period saw a shift in the conflict between the Saudi-led coalition and Ansar Allah from active military engagement toward a tense, fragile diplomacy.

In early 2026, friction between the two major pillars in the anti-Ansar Allah coalition – namely Saudi Arabia and the UAE – surfaced as different Yemeni groups backed by the two countries clashed, apparently over territorial control in Yemen.

Read more: Tensions in Yemen: Are Saudi Arabia and the UAE becoming frenemies?

The US-Israeli war on Iran has drawn Yemen back into the regional conflict

Although Ansar Allah was established as an independent Yemeni movement, it evolved into a key component of the Axis of Resistance over time. This alignment was driven by mutual ideological foundations, shared anti-imperialist ideology, and deep strategic and military cooperation with Iran and Hezbollah.

Despite its affiliation with the resistance alliance, Ansar Allah chose not to get involved in the recent regional war waged by the US and Israel against Iran, for ostensibly strategic considerations and military coordination tactics with its allies.

Read more: Reflections on the US-Israeli multi-front war in West Asia: How the Axis of Resistance remains resilient

However, because the United States and its allies in the region seemingly view the current war as an ideal opportunity to dismantle the Axis of Resistance, Saudi Arabia decided to resume its aggression against Yemen by attacking Sanaa International Airport in July. The attack aimed to prevent an Iranian plane from landing.

Consequently, Ansar Allah launched retaliatory attacks on Saudi interests inside Saudi Arabia and on Yemeni soil. It further declared a maritime blockade against Saudi-linked commercial vessels passing through the Bab al-Mandeb Strait, demanding Riyadh end its decade-long blockade on Yemen.  

Concurrently, ground clashes over territorial dominance between Ansar Allah and Saudi-backed forces intensified, leading to key victories for the Yemeni group. Escalations have persisted up to the time of publication.

On Wednesday, September 16, Saudi Arabia accused Ansar Allah of attempting a drone attack against the city of Mecca, the holiest city for Muslims, located in western Saudi Arabia.

Ansar Allah dismissed Saudi accusations as false, saying that they reflect a “desperate attempt to mobilize public opinion.”

As the US-Israeli war on West Asia continues to reshape geopolitics, Ansar Allah’s emergence as a regional force has placed Yemen at the center of a struggle that may define the future of West Asia.

A group of 50 family members and descendants of wartime forced laborers in China filed a lawsuit against six companies on Wednesday, September 16, demanding compensation for their suffering during the Japanese occupation. 

In their lawsuit at a local court in Hebei, southwest of the capital, Beijing, the group is seeking around $55,000 in compensation for each member, along with an apology published in at least 10 Japanese and Chinese media outlets.

The plaintiffs accuse six Japanese firms of being beneficiaries of the forced labor, causing long-term pain, suffering, and the deaths of their family members, Kyodo News reported. 

According to Kyodo News, the six Japanese firms named in the lawsuit include construction firm Taisi Corp, mining firm Nittetsu Corp, and heavy industry manufacturer IHI Corp. 

Japan occupied large parts of China, the Korean Peninsula, and other parts of Southeast Asia at various times between the last decade of the 19th century to the end of the Second World War.

The Japanese military committed systemic torture, sexual exploitation, forced labor, and other cruelties against Chinese and other Asian peoples during the occupation, all which have been well documented.

Millions had to do forced labor in the territories occupied by Japan, including hundreds of thousands of Chinese people. Some Chinese forced laborers were also sent to Japan to work in mining and other industries. Thousands of these forced laborers were killed due to harsh working conditions and torture inflicted by their employers. 

Compensation and apology for crimes during occupation

The survivors of Japanese atrocities and their descendants have in different moments raised demands for compensation and apologies.

In 2014, a similar lawsuit was filed by hundreds of people in a Chinese court against Mitsubishi Materials Corp and others. The case ended in an out-of-court settlement, with Mitsubishi offering an apology and compensation to the plaintiffs.

In China, survivors cite their lack of faith in the Japanese system as the reason for filing the suit in a domestic court. 

Japanese courts have dismissed all such lawsuits. A 2007 Japanese Supreme Court’s judgment stated that all such claims were settled when Japan and China established their diplomatic relations in 1972.

However, China has maintained that the 1972 documents did not denounce an individual’s right to seek legal action. China has also often invoked Japan’s failure to acknowledge its repressive and atrocious colonial period and apologize to its victims in the region.

Reacting to the news on Wednesday, the official spokesperson of China’s Ministry of Foreign Affairs Guo Jiakun underlined that “forced recruitment and enslavement of laborers is one of the serious crimes committed by Japanese militarists during their foreign aggression and colonial rule.”

He urged “Japan to look history in the eye, reflect on past crimes, earnestly heed and respond to the just calls and legitimate claims of the people of victims countries in Asia, and properly resolve relevant issues left over from history with a responsible attitude.”

Protests rocked the Democratic Republic of Congo on Tuesday, September 15, as opposition supporters took to the streets in Kinshasa and several other cities to oppose proposed constitutional changes that they say could allow President Félix Tshisekedi to seek a third term.

The demonstrations were called by the opposition coalition C64 (Coalition Article 64), which has campaigned against changes to the Constitution and what it considers an attempt to remove the existing two-term presidential limit.

The demonstrations were also reported in several cities. In Kinshasa, hundreds of protesters gathered around the Limete area before the march was disrupted by clashes involving demonstrators and people identified as members of the Force du Progrès, a group affiliated with Tshisekedi’s ruling UDPS party. Police used tear gas and warning shots to disperse the crowd. At least 10 people were arrested in Kinshasa.

Opposition accuses authorities of an “ambush”

Martin Fayulu, leader of the Engagement for Citizenship and Development (ECiDé) and a leading C64 figure, accused authorities of deliberately allowing pro-government militants to attack the opposition march.

In a post following the confrontation, Fayulu said the C64 had agreed on its route with Kinshasa’s city authorities before the march. He alleged that protesters were then confronted in Limete by armed members of the Force du Progrès while police used tear gas against the marchers.

Fayulu wrote that the C64 had been “the victim of an ambush” and accused the authorities of using a political militia alongside security forces. He called on Kinshasa’s city authorities and the national government to explain what happened.

Read more: Lithium mining in the DRC: A new mineral rush spearheaded by the US, EU, and other major powers

The confrontation prevented the C64 march from reaching its planned destination and from delivering its memorandum to the authorities at the People’s Palace.

Opposition resistance has been building 

Tuesday’s demonstrations were the latest escalation in an opposition campaign that has been building since June, when there were protests after Congo’s parliament approved legislation allowing constitutional amendments to be submitted to a referendum.

The National Assembly and Senate have both backed the referendum legislation. Critics argue that the process could eventually open the way for amendments to the presidential term-limit provisions.

Tshisekedi was first elected president in 2018 and re-elected in 2023. Under the current Constitution, the president serves a maximum of two five-year terms. His current term runs until 2028.

The proposed constitutional changes have therefore become a major point of confrontation between the government and opposition. The C64 says it is defending the existing constitutional order and has rejected any change that could enable Tshisekedi to seek another term.

The protests and the crisis is happening as the government faces other major challenges, including conflict in eastern Congo and an Ebola outbreak.

Read more: Ebola spreads to 60 health zones in eastern DRC; UN warns of funding shortfall

It is rarely a good sign when European politicians open their speeches by quoting Charles Dickens. So alarms should have sounded the moment European Commission President Ursula von der Leyen declared this to be the best and the worst of times at the start of her State of the European Union address on September 16.

Things went downhill from there: the EU leader painted a picture of the region that stands in complete contrast to the general experience of its people, amounting to a summary of the bloc’s worst achievements.

“Von der Leyen has achieved the feat of not mentioning a single measure to help Europeans cope with the soaring cost of living across Europe, at a time when an ever-growing number of people are now forced to choose between housing, food and transport,” said Manon Aubry, Co-President of The Left in the European Parliament.

“Fiscal sustainability” and concern for businesses

In the lengthy address, von der Leyen laid out what she considered the EU’s successes, including raising military spending by almost 80% over the past five years and “reducing dependence” on Russian fossil fuels. However, this interpretation does not correspond to what people are experiencing, as outlined by The Left in a dedicated dossier. Growing military spending benefits only the arms industry. And attempts to replace cheaper Russian gas have essentially boiled down to committing to more expensive and environmentally devastating US LNG imports.

While recognizing growing energy prices, von der Leyen offered no tangible response to this problem plaguing EU households. On the other hand, she demonstrated notable concern for businesses, signaling the continuation of eroding labor and environmental protections along the lines implemented by right and far-right parties at the EU level.

Read more: Peter Mertens: “Don’t be afraid, seize the opportunities of 2026 with both hands”

The likelihood of maintaining the status quo was also noticeable when von der Leyen turned to the deadly wildfires that hit Europe this summer, devastating communities from Belgium and France to Spain and Greece. Trade unions and progressive analysts have warned for years that fire preparedness is severely impaired by a lack of planning and, specifically, shortages of firefighters. Yet there was no commitment in the address to invest more in essential public service workers. Instead, the EC President referred to the ongoing need for overall “fiscal sustainability” – meaning Europeans should expect no relief from austerity programs.

“The best of times is clearly reserved for billionaires, multinational energy companies, and war profiteers,” remarked Member of the European Parliament Marc Botenga from the Workers’ Party of Belgium (PTB-PVDA). “The other side of the coin for workers: austerity and rising prices.”

The EU’s failed foreign affairs policy

Based on the vision tabled by von der Leyen, there is also little to look forward to in Europe’s international and trade policy. “It’s hard to think of an area where the EU has been more inactive and less effective than in foreign affairs,” The Left wrote, referring to the union’s ongoing disregard of international law in relation to the genocide in Gaza and its approach to the Trump administration. 

“The President has praised Saudi Arabia’s war on Yemen, she has stood with Trump as he bombed Tehran and the European Commission has sided with the USA as they brought the global economy to a standstill in the Strait of Hormuz,” the progressive bloc warned.

The EU’s relationship with the US has continued to be one of submission, with elected regional leaders going to great lengths (unsuccessfully) to appease Donald Trump. Even when the region announced it would stand firm against US threats – in Greenland or on tariffs – this did not translate into practice.

In the context of von der Leyen’s speech, this boiled down to announcing Canada would become the “first associate member of the EU” and listing trade agreements signed with India, Mercosur, and Indonesia – met by the people of these countries with understandable concern.

Read more: Indian left opposes free trade agreement with EU, calls it “wholesale surrender” of country’s economic interests

Von der Leyen’s speech showed no sign of breaking with disdain towards nations outside the West. In addition to continuing animosity toward China, it offered a glimpse into plans involving countries rich in critical materials. The EC President announced the launch of a European Corporation on Critical Raw Materials – designed to secure and stockpile supplies for Europe’s industry and defense – with obvious implications for mineral-rich territories like Ukraine, Greenland, and several African countries. For the more skeptical listeners, this also carried weird echoes of the East India Company.

The State of the EU’s vision, it goes without saying, comes with further promises of an even stricter migration framework – on the pretext of situations like the one experienced in Ceuta earlier this year – that allow the erosion of basic human rights like asylum. Von der Leyen’s speech pledged even more finances for Frontex and suggested that outsourcing migration enforcement to third countries will continue, as endorsed by recent EU legislation.

“This policy of externalizing migration control has contributed to grave human rights violations, arbitrary detentions and systematic violence against people on the move,” The Left warned, calling for a union rooted in solidarity rather than violence and militarization.

This content is for members only. Visit the site and log in/register to read.

At the end of August, at the Silverbird Cinema in the Accra Mall in Ghana, two Israeli feature films were screened alongside Ghanaian student productions. 

For the second year running, the seats for this Israeli film festival were empty. Ordinary Ghanaians declined the Israeli Embassy’s films, and a peaceful demonstration outside held placards for Palestine and against the continued killing of civilians in Gaza.

There is another screen Ghanaians must refuse to look away from, protestors asserted. The screens on which we have watched Gaza reduced to rubble, families displaced again and again, hospitals and schools destroyed, and children carried from the wreckage of a war that, despite the ceasefire announced in October 2025, has not stopped killing them.

However, something else walked through the doors of the film festival: schoolchildren. In uniform. On a Sunday.

Students from Achimota School and Accra Girls Senior High School, two of Ghana’s most prominent public secondary schools, were brought into an embassy-sponsored event at the center of a serious political controversy. Those of us who were there saw them. We have photographs and videos. The question Ghana must now answer is not about cinema. It is about who sent our children, and why.

The 2025 Israeli Film Festival

Last year, the Embassy staged a week-long Israeli Film Festival at the same venue and called it an exercise in “dialogue and mutual understanding.” Nearly 400 Ghanaian organizations, student movements, trade unions, faith communities, civil-society groups, signed one statement calling for a boycott. Protesters gathered outside. Sponsors pulled out. The Embassy still declared the event a success.

The veteran editor Kwesi Pratt Jnr., who joined the picket, recalled what that “success” looked like a year ago for the “Alhaji and Alhaji” program:

“This is the first time in my life that I’ve seen 400 organizations come together to sign one statement calling for a boycott of the film festival. I joined the picket at the Silverbird Cinema, and a few, very, very few, prominent Ghanaians, including Afenyo-Markin, attended in spite of the protest. But it was a fiasco. The room was empty. Ghanaians rejected the film festival completely.”

So the Embassy returned smaller: two Israeli films on a single Sunday, free entry, free popcorn, raffle prizes, and an invitation aimed squarely at young people. When adults again refused to fill the room, uniformed students appeared. If Ghanaian adults will not lend legitimacy to this event, should Ghanaian children be made to supply it?

The timing makes it harder to dismiss as a routine outing.

President John Dramani Mahama has publicly described what is happening in Gaza as genocide. The Israeli Ambassador to Ghana has publicly rejected that position and defended his government’s conduct. He is entitled to make his case, but he is a guest of a sovereign state, not the author of its policy.

Against that backdrop, the presence of uniformed students inside an embassy program, days after this very public disagreement, demands an accounting. Pratt put the question bluntly:

“At the time that the ambassador was attacking our president, some authorities in our secondary schools decided to side with [the embassy]. What judgment was exercised by the school authorities when they agreed to bus their students to this film festival? What were they expecting? What checks did they do on the quality of the films?”

Those are the right questions, and they are not rhetorical. They have not yet been answered and there has been no investigation.

What the students deserve

None of this is an accusation against the children. They may have had little understanding of the political purpose around the event. The responsibility belongs to the adults who placed them there.

Ghana rejected the Israeli film festival not because cinema or cultural exchange is evil. Not because Israeli artists have no right to make films. The rejection is not an attack on Jewish people. Antisemitism is hatred and must also be rejected. 

The problem is that this festival is not an example of artists meeting freely across borders. It is an Israeli Embassy-backed initiative staged while the Palestinian people continue to pay with their lives. Amid the killing of civilians and the destruction of Palestinian life, the use of state diplomacy to manufacture an appearance of normality while those questions remain unresolved is nothing less than political soft power.

Ghanaian children are not diplomatic props, and Ghanaian schools must never become extensions of a foreign embassy. Teach them, yes. Teach them the Holocaust, the Nakba, occupation and international law, and give them the evidence to think critically. That is education. Busing uniformed children into a controversial embassy function, and letting their presence become evidence of Ghanaian acceptance, is the opposite.

That is why the demand is simple, and now directed at the Ministry of Education and the Ghana Education Service: did you know? If yes, explain. If not, investigate. And if any official bypassed procedure or abused authority to place schoolchildren inside a foreign government’s public-relations exercise, hold them accountable.

Ghana’s revolutionary legacy

There is a longer tradition at stake. Ghana is the country from which Kwame Nkrumah declared that our independence was meaningless unless linked with the total liberation of Africa. Africa understands what cultural normalization is for: domination has rarely arrived only with rifles. It seeks respectability, the reception, the festival, the partnership, until oppression becomes a disagreement to be discussed politely while business continues.

Palestine poses that old question to the African conscience once more. And a small part of the answer is being written by who walks into a cinema in Accra Mall, and who is made to walk in.

For the second year, the empty seats have spoken. Now Ghana’s own institutions must speak. Our children deserve education, not enlistment. And a sovereign state deserves to decide, in the light of its own conscience, what its schools lend themselves to.

Stay away. Let the empty seats speak, for the Palestinian child who will never again enter a classroom, and for the proposition that human life is worth more than diplomatic image-building.

The Lee Administration leaked the possibility of deploying Korean forces to the Strait of Hormuz on September 3. The backlash was immediate from Korean civil society that opposes any type of support for Trump’s war of aggression. Furthermore, recent polls reveal that even 55% of Lee’s supporters oppose the dispatching of forces. And while the Lee administration has publicly backtracked, stating that nothing has been decided, it is, nonetheless, quietly undergoing the process of deployment: more than simply an assessment of the security conditions on the Strait of Hormuz, the Lee administration sent a team to check key military bases and ports that could be used at the United Arab Emirates.

Despite growing public opposition, the Lee administration is expected to introduce at the end of September a motion into the National Assembly, where it is likely to pass given his party’s considerable majority. Unlike his predecessor, the impeached Yoon Suk-yeol, President Lee is not a pro-US ideologue; he is a pragmatist. Why then is Lee going out on a limb with this deployment when the rest of the world is staying out of it?

Well, South Korea’s history has always been entangled and shaped by US foreign policy. The darker side to South Korea’s pop-culture is a country dominated and shaped through US policy and interventions. Today, it hosts the largest overseas US military base and controls the Korean military (through wartime operational control). In effect, it’s never been a sovereign state. Its economic, political, and military interests have always been beholden to the United States. 

Today, Lee is horsetrading with Trump: military support in exchange for more favorable terms in the US’s AI global supply chain of semiconductors and data centers along with a return of wartime operational control. While Lee’s pragmatism is navigating the real structural constraints on South Korea, it is ultimately short-sighted and harmful to Koreans and the world.

The war in Iran is inflicting considerable pain to the world’s economies, including South Korea that imports 61% of its crude oil through the Strait of Hormuz. Yet, even from a completely pragmatic perspective, sending Korean forces to the Hormuz does nothing to resolve this problem. In fact, getting entangled with US aggression against Iran would strain the 64-year diplomatic relations with Iran while putting a target on South Korean assets in the region. Furthermore, if the world’s greatest naval and air power cannot secure freedom of navigation in the Strait of Hormuz, how could South Korea’s contribution make a difference? In fact, the deployment of Korean troops prolongs this war of aggression by giving Trump cover and leverage to demand that other countries, such as Japan, also deploy forces.

This isn’t the first time that South Korea would deploy forces due to US requests. In 2004, after pressure from the George W. Bush Administration, the Roh Moo-hyun administration deployed non-combat support troops to Iraq. In response, a militant Islamic group kidnapped a Korean translator and, when the Roh administration refused to cancel further and withdraw current deployment, beheaded the translator.

Most importantly, this war of aggression is not only illegal under international standards, but deployment also violates article five of the Korean constitution that mandates the government to “maintain international peace” and “renounce all aggressive war.” Thus, whether intervening in the frontlines, or in the rear, whether combatant or non-combatant, any deployment would be complicit in Trump’s war of aggression.

Ultimately, as Hamid Shahrabi, an Iranian activist and co-founder of the Global Resistance for Peace & Justice states, securing free passage through the Strait of Hormuz can be achieved but not through military pressure and destruction but by adhering to the “Islamabad MOU, which outlined measures to ensure free passage through the Strait.”

Being dominated by the US brings out the pragmatic among South Koreans. Yet, the world demands that we fight and that we hold the line against Trump. Deploying forces will prolong Trump’s illegal war of aggression. Fortunately, if Koreans can be pragmatic, they can also be fierce fighters against US imperialism when provoked. Instead of fanning the flames of war, we should fight to extinguish Trump’s forever wars.

Dae-Han Song is a part of the International Strategy Centerand the No Cold War collective and is an associate at the Korea Policy Institute.

This article was produced by Globetrotter.

Abahlali baseMjondolo has secured another court order preventing the forced relocation of residents of an informal settlement in Shaka’s Head, KwaZulu-Natal, until the Municipality complies with the conditions previously set by the Pietermaritzburg High Court.

On Friday, September 11, the Pietermaritzburg High Court issued a consent order directing the KwaDukuza Municipality to comply with an October 2025 court order before it can relocate residents in Shaka’s Head, on the Dolphin Coast.

The latest order was agreed to by both parties and effectively maintains the conditions imposed by the court last year. Residents will remain in the occupation until the municipality provides the basic services and meets the other requirements ordered by the court.

“This is no doubt another victory for Abahlali bakwaDukuza and all people facing evictions in South Africa,” Abahlali baseMjondolo said following the court proceedings.

Read more: “A declaration of war against the poor”: AbM leads resistance against South Africa’s anti-occupation bill

The movement has opposed attempts to evict residents from the settlement since the municipality initiated the process. The dispute has also involved the Dolphin Coast Residents’ Association, representing affluent homeowners in the area.

Court blocks eviction without basic services

The latest development follows a landmark ruling by the Pietermaritzburg High Court in October 2025, when the court halted the municipality’s attempt to forcibly evict hundreds of residents from Erf 1410.

The court found that the municipality could not proceed with the relocation unless it first met a number of conditions designed to ensure that residents would not be moved to an area without adequate services and facilities.

Among the requirements was that the municipality provide basic services, including roads, sanitation, waste removal, water, and temporary electricity.

The municipality was also required to demarcate individual stands for households and ensure that the relocation site had access to essential facilities, including schools, healthcare, and public transport.

The court ultimately adopted a draft order prepared by Abahlali’s legal team rather than the municipality’s proposed order, effectively preventing the eviction until the conditions had been fulfilled.

Municipality pursued eviction despite outstanding conditions

According to Abahlali baseMjondolo Secretary-General Thapelo Mohapi, speaking to BreakThrough News, the municipality had not fulfilled the requirements imposed by the October 2025 judgment.

Thapelo said the municipality had instead sought to proceed with eviction proceedings despite not providing the basic services required at the proposed relocation site.

“Only when they have provided those basic services, only then the people of Shaka’s Head will be relocated to the new piece of land,” Thapelo said.

He said that because the municipality had not yet provided the required services, residents would remain in the occupation.

The organization has long framed the dispute as part of a broader struggle over access to urban land and housing, particularly for working-class and Black residents living alongside more affluent communities.

Thapelo accused the municipality and sections of the area’s affluent residents of seeking to remove working-class people from areas close to economic opportunities and relocate them to the urban periphery.

The September order follows an earlier setback for the municipality in March 2025, when another attempt to advance the eviction process was blocked.

Read more: Abahlali baseMjondolo secures victory against forced evictions

For now, the position established through the court proceedings is that residents cannot be relocated until KwaDukuza Municipality complies with the requirements contained in the October 2025 order.

After the US officially admitted it deployed weapons into outer space earlier this week, Russia and China expressed concerns, calling it a threat to international peace and demanding the immediate stoppage of all such activities.

During a regular press conference on Tuesday, September 15, Guo Jiakun, official spokesperson of China’s Ministry of Foreign Affairs, said that “China opposes any arms race in outer space or any attempt to weaponize it and turn it into a warzone.”

He further said that “China stands for the peaceful use of outer space and keeping it safe” and urged the US to “stop expanding military build-up in outer space, and uphold global strategic stability with concrete actions.”

Russia’s Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova said that the US weapons deployment is a threat to international security and puts a question mark on the stability in outer space. 

“Russia has for many years been consistently drawing the attention of the global community to the grave consequences for international security that Washington’s destructive course may lead to,” Zakharova said.  

She said her country seeks “urgent practical measures to prevent arms race in outer space” and reiterated Russia’s push for a “multilateral legally binding instrument banning the deployment of weapons in outer space.” 

Though it has long been a subject of speculation, a couple of US military officials, earlier this week, admitted that its military is operating weapons deployed in outer space.  

The admission was made by US Air Force Secretary Troy Meink on Monday during a conference. He said that the US “has on-orbit space control weapons capable of defending the joint force against hostile adversary action.”

Meink’s statement was substantiated by US Space Force chief Douglas Schiess, who a day later, on Tuesday, said that in the coming years the US is even planning to increase the number of orbital weapons already used by the members of his military unit.

Urgent need of legal prohibitions

Underlining the threat that the deployment of weapons in outer space poses, several countries, including Russia and China, have been calling for an international treaty to prevent any arms race in outer space for decades now.

The existing instrument, the UN Outer Space Treaty (1967) makes clear that “outer space is not subject to national appropriation by claims of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.”

It also prohibits the deployment of “nuclear weapons, or other weapons of mass destruction in orbit or on celestial bodies or stationing them in outer space in any other manner,” but it says nothing about the deployment of conventional weapons, despite declaring it should be used for peaceful purposes only.

None of the US military officials spoke about the nature of weapons deployed by the US in outer space.

Though only a handful of countries have the technological capability to explore outer space in any significant way, several countries have used satellites for military and war purposes for decades now.

The US has a dedicated space force which has recently held exercises related to possible military conflicts in space.

The deployment of weapons and claims of exclusivity, apart from increasing possibilities of an arms race between the existing powers in space; the US, Russia, and China, may also make the rest of the world more insecure.

Zakharova said that Russia is planning to submit a proposal for the creation of an international instrument legally prohibiting all weapon deployment in outer space during the upcoming annual UN General Assembly session.

She asked for more countries to join the Russian initiative and co-author the treaty document.

A little over a month into his term, far-right President Abelardo de la Espriella continues to advance a security agenda that often conflicts with certain rights historically won by Colombians.

This time, De la Espriella has signed a decree allowing police access to university campuses. In several Latin American countries, the prohibition of police access to universities has been established through student struggle to prevent abuses by authorities against student movements.

Thus, universities have historically become places where students seek refuge from repression, arrest, and regroup during times of intense social mobilization.

This was evident during the 2021 protests, known as the “National Strike,” in which students, workers, left-wing political parties, young people, and others took to the streets to protest against the right-wing government of Iván Duque. The mobilization, which lasted several months, was considered a true “social upheaval,” and many experts have seen in it the consolidation of a democratic alternative (the government of Gustavo Petro) to decades and decades of right-wing rule.

During these protests, universities became hubs of popular mobilization, driven primarily by the youngest members of society. On university campuses, protesters were able to regroup, defend themselves against police repression, and coordinate new demonstrations – among other things – always protected by the fact that police are barred from entering university grounds.

De la Espriella calls popular protests “terrorism”

Clearly, De la Espriella seeks to nip this possibility in the bud – that is, to prevent universities from once again becoming coordination centers for the protests. Many have speculated that the president is signing this decree precisely because he knows that his radical neoliberal agenda could spark major protests, and in this way, he hopes to proactively undermine the protest movement.

Read more: One month of De la Espriella’s administration in Colombia

Whether or not this is De la Espriella’s primary intention, only time will tell. What is certain is that the president views university autonomy as an obstacle to the implementation of his security agenda, which also includes curtailing the ability of informal opposition political groups to participate in public life.

“Under no circumstances will I allow public universities to continue to be sanctuaries of violence. I respect and guarantee peaceful protest, but I will not allow universities to continue to be used as sanctuaries of vandalism and crime,” said De la Espriella on X.

Furthermore, true to his combative rhetoric, he compared social protests to terrorism – a common trope in the historical discourse of the Colombian right: “University autonomy is not a blank check for impunity: I have issued precise instructions for a national protocol of action that allows us to distinguish between the legitimate exercise of protest and acts of violence, flagrant offenses, danger, or extraordinary disturbances of public order that require intervention by the authorities. The university is for knowledge and ideas, not to serve as a refuge for violence and terrorism.”

A violation of the Constitution

However, the opposition has viewed this decision as a serious attack on university autonomy. Ana Erazo, a member of the House of Representatives from Valle del Cauca, wrote: “It is an ATTACK ON UNIVERSITY AUTONOMY and a direct threat to the young people at the country’s public universities. With this, Mr. Abelardo de la Espriella is beginning to reveal what could become a BRUTAL RETALIATION against the student movement, against its ability to organize and mobilize, and against thousands of young people who historically have not supported his political agenda.”

Some universities have joined in this criticism. One of them is the National Pedagogical University, whose academic council stated that in the past, “the serious consequences of resolving conflicts within public universities through militarization have been demonstrated on repeated occasions.” Furthermore, the council stated that university autonomy is one of the pillars of Colombian democracy, along with freedom of thought and research, among other things. Losing autonomy means jeopardizing these values of the republic, it stated.

For his part, former presidential candidate Iván Cepeda said that De la Espriella’s measure contradicts Article 69 of the Constitution, which guarantees university autonomy. Regarding the announcement, Cepeda also said: “Such an announcement is not only an affront to university autonomy. It also demonstrates, once again, the authoritarian and despotic nature of De la Espriella, who seeks to stigmatize, persecute, and violate the rights of Colombian youth and the university community. Colombia has not forgotten the victims of police abuse during the National Strike, nor the history of security forces intervening on university campuses, resulting in student deaths. Young people cannot once again be persecuted or treated as an internal enemy and an enemy of the state.”

The left’s capacity to build knowledge, organization, and struggle was a central theme at this year’s ManiFiesta, introduced during a discussion of Peter Mertens’ new book, “The Last Days of the Old Normal“. In the context of Europe’s ongoing armament, these questions are crucial not only for progressive movements in core countries but also for those building alternatives in Central and Eastern Europe.

The festival featured several sessions examining developments in Central and Eastern Europe, including an intervention by Ukrainian sociologist Volodymyr Ishchenko on the class character of the Ukraine war. Another session – “East of the former wall: the AfD, the industrial crisis, and the war economy” – brought together Markéta Juřicová of the Czech party Levice, Orsolya Haboczki from the Hungarian progressive movement Szikra, German Bundestag representative Cem Ince from Die Linke, and Member of the European Parliament Marc Botenga from the Workers’ Party of Belgium (PTB-PVDA). 

They discussed how the growth of the far right in core EU countries is interacting with events eastwards – and what lessons Western left movements can learn from their Eastern counterparts.

Read more: ‘Ukraine is no longer a sovereign country,’ says sociologist Volodymyr Ishchenko

As Juřicová and Haboczki pointed out, while movements in the West are worried about the popularity of parties like the Alternative for Germany (AfD), many nations in Central and Eastern Europe already have experience with far-right participation – even leadership – in government. More than 15 years of Viktor Orbán’s rule in Hungary, Haboczki noted, offers an important lesson on far-right governments’ economic agendas and tactics. As the Orbán administration used identity issues to capture opposition parties’ attention, it channeled resources into the hands of the local bourgeoisie and served transnational capital by securing huge state subsidies, she said. 

Right-wing parties in Eastern Europe also look to their international peers for inspiration. In the Czech Republic, Juřicová said, the far right “loves” the AfD, picking and choosing many of the same topics the German group campaigns on. The discussion signaled this is particularly important to recognize as the growth of extreme right parties is fueled largely by popular dissatisfaction with mainstream parties’ programs. 

Read more: Far-right victory in German state elections shocks the center

Ince emphasized this was the case in Germany, where a large share of AfD votes came from those believing the party would bring upheaval compared to the status quo, marked by massive job losses and cuts to welfare. But while European progressives recognize this, they still struggle to incorporate it into their programs, recent experiences show. Instead, many of them ponder attempts to prevent the far right from seizing institutional power by providing support to establishment parties, failing to shape a concrete alternative to both the mainstream and the extreme right.

In Central and Eastern Europe, the work of progressive parties is further complicated by the need to rebuild credibility after decades of vilification of socialism and austerity measures implemented by liberal options, Haboczki added. 

Read more: “We cannot eat grenades once the grains no longer grow:” European peace movements organize against militarization

While recognizing workers’ material concerns in Central and East Europe is imperative for building local alternatives, the panel showed, it will also be necessary to build region-wide partnership to challenge topics dominating the narrative in Germany, Belgium, and other core countries.

Militarization stands out among these topics, Botenga and Ince outlined in their interventions, though its implementation might differ by sub-region. Botenga added that German industry stands to gain the most from European armament, yet these gains will not trickle down to the working class – meaning the left in the region can find in anti-militarism a common cause to rally around. 

Ince echoed these observations by emphasizing that, even as their profit lines stand to gain from billions of euros directed towards rearmament, German companies continue to shift significant parts of their operations to countries including Poland, Slovakia, and the Czech Republic – making most of eroded workplace protections and labor rights. This shows that the left across Europe must work together to protect workers’ interests everywhere, building a joint struggle for peace and civilian industry, he indicated.