O consórcio que administra o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), formado por Flamengo e Fluminense, informou nesta quinta-feira (22) prejuízo de mais de R$ 300 mil. Os danos foram registrados após a partida do Vasco contra o Boca Juniors no estádio, na última terça (20), e revelados antes do jogo do Flamengo pela Libertadores.
O confronto entre Vasco e Boca, válido pela semifinal da Sul-Americana, ocorreu após um longo debate entre o Cruzmaltino e a dupla Fla-Flu sobre a utilização do estádio. O consórcio relatou que inúmeros prejuízos foram identificados desde então, impactando a estrutura do local.
Em comunicado, o consórcio detalhou que a vistoria de dois dias identificou 489 cadeiras danificadas, sendo 47 no setor visitante. Além disso, foram contabilizados oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos avariados. O prejuízo financeiro apurado já supera R$ 300.000,00.
Danos adicionais e busca por ressarcimento
A nota da administração do Maracanã também mencionou danos à sinalização e à pintura do estádio, causados pela colagem de adesivos por torcedores vascaínos. O levantamento desse prejuízo específico ainda está em andamento, segundo o consórcio.
O consórcio Fla-Flu afirmou que adotará todas as medidas necessárias para garantir o ressarcimento integral dos prejuízos decorrentes dos danos causados ao Maracanã.
Reparos incompletos para jogo do Flamengo
A administração do estádio ressaltou que, apesar de todos os esforços e medidas para reparar os danos e assegurar as melhores condições operacionais, o curto intervalo entre a partida do Vasco e o jogo do Flamengo impediu a conclusão total dos reparos.
O comunicado explicitou que “o reduzido intervalo entre os dois eventos impossibilitou a conclusão integral dos reparos antes da abertura dos portões para o confronto” entre Flamengo e Estudiantes.
Cenário para Flamengo x Estudiantes
Flamengo e Estudiantes se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22), em busca de uma vaga na final da Libertadores. A partida de ida, na Argentina, terminou em empate sem gols. Assim, quem vencer no Maracanã avança, e um novo empate levará a decisão para os pênaltis.
A Fla-Flu Serviços reiterou, por fim, seu compromisso com a preservação e integridade do Maracanã, bem como com a segurança e as condições adequadas de uso de suas instalações.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.
La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Zaragoza ha vuelto a generar una fuerte polémica en redes sociales. El periodista y activista reaccionó con un mensaje muy comentado después de que cientos de personas se concentraran en el campus aragonés para protestar contra el acto que tenía previsto celebrar en la Facultad de Derecho.
Todo comenzó tras la difusión de imágenes de la concentración estudiantil convocada por organizaciones antifascistas y colectivos universitarios. En varios vídeos compartidos en redes sociales podían verse centenares de manifestantes concentrados en las inmediaciones de la facultad coreando consignas contra Quiles.
Fue entonces cuando el periodista respondió desde su cuenta de X con una publicación que rápidamente se viralizó.
“Estos con tal de no entrar a clase se apuntan a lo que sea. Qué bárbaro”, escribió Quiles junto a un vídeo de la protesta.
La frase desató una inmediata oleada de reacciones entre partidarios y detractores del comunicador.
La protesta coincidió con el acto convocado por Vito Quiles
La movilización estuvo relacionada con la visita que Quiles había anunciado dentro de su gira"Tour Combativos II", una serie de actos políticos y encuentros con seguidores que está desarrollando en distintas ciudades españolas.
El acto previsto en Zaragoza había generado una gran controversia desde días antes debido a que la Universidad de Zaragoza dejó claro públicamente que no había autorizado la celebración del encuentro en sus instalaciones. La institución defendió la necesidad de mantener la neutralidad institucional de los campus universitarios durante el periodo preelectoral.
Pese a ello, Quiles mantuvo la convocatoria y continuó animando a sus seguidores a acudir a la Facultad de Derecho.
En los días previos también publicó mensajes como “La izquierda no va a poder silenciar la voz de la juventud de España” o “Se acabó la hegemonía de los radicales zurdos”, reforzando la convocatoria.
Su comentario provoca un intenso debate en redes
El mensaje sobre los estudiantes terminó convirtiéndose en uno de los contenidos políticos más comentados de la jornada.
Numerosos usuarios criticaron las palabras de Quiles por considerar que menospreciaban una movilización convocada por colectivos universitarios. Otros, en cambio, respaldaron al periodista y compartieron su visión sobre las protestas organizadas contra su presencia.
La polémica se produce además en un contexto especialmente tenso alrededor de la gira universitaria de Quiles. En anteriores paradas de su recorrido por distintas ciudades ya se habían registrado movilizaciones de rechazo y fuertes enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores.
Lo cierto es que su comentario sobre los estudiantes terminó eclipsando incluso el propio acto convocado en Zaragoza y volvió a colocar al periodista en el centro del debate político y universitario en redes sociales.
Antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez trabajó como asesor, consultor y profesor de Economía. Su trayectoria profesional pasó por el Parlamento Europeo, Bosnia y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), además de por la Universidad Camilo José Cela. Parte de esos empleos estuvo vinculada desde el principio a la actividad política, años antes de convertirse en concejal o diputado.
Su formación es económica. Sánchez se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en 1995 por el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, según recoge su biografía oficial en Moncloa. Después amplió sus estudios sobre la economía europea y obtuvo el doctorado en 2012.
La vinculación con el PSOE había comenzado antes de terminar la carrera. Se afilió al partido en 1993 y, al año siguiente, a las Juventudes Socialistas. Por eso, sus primeros trabajos y su acercamiento a la política se desarrollaron en paralelo, aunque todavía faltaban años para que ocupara un puesto de representación pública.
De asesor en Bruselas a trabajar en Bosnia
Uno de los primeros empleos que recoge su currículo es el de asesor en el Parlamento Europeo en 1998. Para entonces había orientado parte de su formación hacia los asuntos comunitarios, con un máster en Economía de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas.
También cursó un diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. La economía y las relaciones internacionales aparecen así tanto en sus estudios como en los puestos que desempeñó durante aquellos años.
En 1999 trabajó en Bosnia. La biografía publicada por el PSOE sitúa esa etapa durante la guerra de Kosovo y le atribuye el puesto de jefe de gabinete del alto representante. La reseña de Moncloa también recoge su paso por ese gabinete, aunque sin precisar el cargo de jefatura.
Su empleo en la OCU y la consultoría para empresas
A su regreso a España, Sánchez trabajó como director de Relaciones Internacionales de la OCU en 2000, según la información biográfica del PSOE. Es uno de los puestos de su trayectoria ajenos a los cargos electos por los que después sería conocido.
Ese mismo currículo recoge su trabajo como asesor de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2000 y 2004. También señala que ejerció como consultor autónomo y asesoró a empresas extranjeras, aunque no detalla los nombres de esas compañías ni las fechas de cada encargo.
Su primer cargo electo llegó en 2004, cuando entró como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Permaneció en el consistorio hasta 2009, año en el que dio el salto al Congreso como diputado por Madrid.
Profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela
La docencia es otra de las ocupaciones que figuran en las biografías oficiales de Sánchez. Ejerció como profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela, la misma institución en la que obtuvo el doctorado en 2012.
Esa fecha permite situar su formación doctoral dentro de una carrera política que ya estaba en marcha. Para entonces había sido concejal y había pasado por el Congreso durante la legislatura anterior. Su actividad académica, por tanto, no pertenece íntegramente a una etapa previa a la política.
En 2013 publicó el libro "La nueva diplomacia económica europea". Según la reseña del PSOE, la obra recogía y desarrollaba parte de los contenidos de su tesis doctoral.
De concejal en Madrid a la presidencia del Gobierno
Tras sus primeros años como diputado, Sánchez alcanzó la Secretaría General del PSOE en julio de 2014, elegido mediante el voto directo de la militancia. Ocupó el puesto hasta 2016 y volvió a ganarlo en las primarias de mayo de 2017.
Su llegada a la presidencia del Gobierno se produjo en junio de 2018, después de prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Habían transcurrido catorce años desde su entrada en el Ayuntamiento de Madrid y más de dos décadas desde que terminó la licenciatura en Economía.
Salvador Illa, líder del PSC y exministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, ha fijado su posición sobre varios asuntos de cara a las elecciones generales del próximo 29N.
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha defendido a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE, que dimitió el pasado 16 de octubre tras la crisis desatada en el partido después de que Artículo14 publicara información sobre las empresas inmobiliarias de Sergi Vélez, su pareja. Según lo publicado por este medio, su actividad incluye el alquiler de al menos 30 pisos y apartamentos, así como procedimientos de desahucio por impago.
Preguntado por la polémica salida de Mínguez, Illa fue claro y sostuvo que el caso no suponía una contradicción con las políticas socialistas en esta materia. Según explicó, en la situación mencionada se aplicaba la ley de vivienda y los precios estaban topados.
El dirigente socialista ha situado la vivienda entre las principales preocupaciones de su Ejecutivo y ha defendido la necesidad de intervenir el mercado para hacer frente a la emergencia habitacional. "Hay una emergencia habitacional y hay que intervenir el mercado de la vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado que el acceso a una vivienda debe entenderse como un derecho y no como un negocio.
Preguntado por el debate alrededor de la "ley de nietos", Illa ha defendido el derecho al voto de las personas que tienen la nacionalidad española y ha lamentado que miles de ciudadanos puedan quedarse sin ejercerlo mientras continúa el procedimiento judicial.
"El derecho a voto es sagrado. Me sabe mal que 168.000 personas con pasaporte no puedan ejercer el derecho a voto", sentenció en declaraciones a COPE. Además, ha señalado que el Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto y ha añadido que habrá que esperar para conocer cómo evoluciona el procedimiento.
Illa, sobre la inmigración y la seguridad en Cataluña
Sobre el modelo migratorio que defiende para Cataluña, el presidente de la Generalitat ha rechazado vincular directamente la inmigración con la inseguridad ciudadana.
Illa ha asegurado que la seguridad ha mejorado en Cataluña durante los últimos dos años, aunque ha reconocido que existen problemas relacionados con el aumento de las armas de fuego y el tráfico de drogas. También ha destacado que hay más efectivos policiales y más agentes de los Mossos d'Esquadra.
"Vincular inseguridad con inmigración es un relato muy demagógico que no comparto", ha afirmado al respecto.
Salvador Illa defiende a la exportavoz del PSOE: "Estamos a favor de que la vivienda sea un derecho y no un negocio. En el caso de Montse Mínguez no era una contradicción"
El juicio por el llamado caso del bulo del Bar España ha acogido este jueves las declaraciones de varios testigos que en el momento del inicio de la trama inventada eran niños y que han reiterado en su testimonio tanto la falsedad de los hechos como que fueron obligados a relatar falsos abusos bajo amenaza.
Así se ha puesto de manifiesto en las comparecencias que han tenido lugar en el juzgado de lo Penal, plaza 3, en la Audiencia Provincial de Castellón, que se han celebrado tanto presencial como telemáticamente.
Durante la sesión han declarado en calidad de testigos dos de los niños que aparecían en los vídeos que se difundieron por el creador del bulo, Reinaldo Colás (ya fallecido y condenado por denuncia falsa), en los que acusaban a distintas personas de diferentes delitos vinculados con abusos a menores.
Uno de los menores ha explicado que Colás le decía lo que tenía que manifestar ante la cámara como que "había estado en el bar España y que había visto cómo asesinaban a niños". El testigo ha aseverado que "era todo mentira", pero "me obligaba a decirlo y me amenazaba con que si no lo hacía no vería más a mis hermanos que estaban ingresados en un centro de menores".
Asímismo ha señalado que Colás le llevaba a un oficina del Grao de Castellón en presencia también de algún periodista para grabar vídeos. Un material audiovisual que se sigue difundiendo 30 años después y que ha ocasionado numerosas víctimas cuyos nombres introducía Colás en su bulo y circulaban por la red sin control.
Otra de las entonces niñas ha explicado que Reinaldo Colás "nos obligaba a decir esas cosas" que luego vieron en internet y en un periódico y que colgaban "sin mi consentimiento". Y que las dijo "también porque nos obligaba mediante amenazas".
Han declarado igualmente las dos hijas de Colás (que figuró como imputado hasta su fallecimiento), que en el momento de la creación del bulo, 1997, tenían 3 y 5 años y que tuvieron un papel determinante en su germen.
Así lo explicó una de las víctimas, la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, quien era jueza en 1997 en Vinaròs cuando Colás presentó una denuncia, que se archivó finalmente, por abusos sexuales que aseguraba que habían sufrido sus hijas por parte de la entonces pareja de su exmujer.
Este extremo motivó el aluvión de informaciones falsas, a modo de venganza, contra la entonces jueza, y la creación de un bulo que siguió creciendo y al que Colás iba añadiendo el nombre de otras personas, principalmente políticos o cargos en la Administración, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Una de las hijas de Colás ha indicado que su padre "insistió" en esa historia toda su vida, que era un "delirio" y que ella supo que no era cierto a los pocos años. Y ha señalado que sí tuvo contacto con alguno de los 6 acusados que hoy se sientan en el banquillo.
También ha recordado que su padre "odiaba a Sofía Díaz", por el tema relacionado con su custodia, que perdió tras el archivo de su denuncia falsa.
Y ha señalado que, pese a su corta edad, recuerda que su padre le grabó en vídeo y que le indicaba si debía responder sí o no a sus preguntas.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.
La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución.
El Tribunal recuerda, en este punto, que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el control abstracto de las normas y no el examen de las intenciones que se atribuyan al legislador.
La sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.
Tras reconocer que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, advierte de que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos.
El problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación.
Según informa el alto tribunal en un comunicado, la ley valenciana los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos.
Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.
Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.
Por otra parte, la disposición adicional cuarta se declara inconstitucional y nula.
Esa norma permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.
El Tribunal considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo-terrestre. Con ello invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.
Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de voto particular.
Tras conocer la admisión del recurso, desde la Generalitat se ha trasladado que se va a analizar la sentencia y que se mantiene "inquebrantable la voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa".
"Se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Se lamenta que se haya remitido la comunicación a medios antes que la propia Generalitat Valenciana. En cualquier caso hay que destacar que, en un primer análisis, se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma".
"Este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente. La sentencia no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal y mantiene vivo el debate sobre la reforma de la Ley de Costas que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura. Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando", han señalado desde el Ejecutivo autonómico.
Por su parte, la diputada del PSPV en Les Corts, María José Salvador, ha destacado que su partido "denunció desde el principio que la ley de Costas invadía competencias estatales" y ha criticado que el PP "la impulsó para confrontar con el Gobierno de España", por lo que -ha señalado- "ha jugado con los vecinos de nuestra Comunitat".
A su juicio, el Conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, "debería dimitir ya, porque ha jugado generando falsas expectativas a los valencianos, porque el único objetivo de esta ley era confrontar al Gobierno de España y engañar a la población", ha expresado Salvador a los medios de comunicación.
La investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente político en Extremadura. La Asamblea autonómica aprobó este jueves una iniciativa del Partido Popular para exigir al Gobierno central que manifieste públicamente su respaldo institucional a la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez.
La propuesta prosperó con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE y Unidas por Extremadura, en medio de la polémica por las informaciones que apuntan a presuntos contactos con clanes del narcotráfico de Badajoz para intimidar a la magistrada y obstaculizar sus investigaciones.
En la iniciativa de pronunciamiento defendida por el PP, el portavoz 'popular' José Ángel Sánchez Juliá ha comenzado su intervención mostrando un apoyo "rotundo" y "sin fisuras" a Biedma.
De esta forma, ha reseñado que si su grupo parlamentario trae esta propuesta a la cámara es porque el Gobierno y las "cloacas" del PSOE han traspasado "todas las líneas rojas" y han pasado "de la esfera política al terreno de lo criminal".
Sánchez Juliá se ha referido a que hace algunas semanas se conocieron informaciones de medios de comunicación que apuntaban a que las "cloacas del Partido Socialista hacían encargos a clanes del narcotráfico en Badajoz" para darle un "sustillo" a Biedma y frenar así sus investigaciones en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
"Informaciones que han pasado a ser confirmaciones", ha señalado, además de considerar que estas actuaciones no se pueden "normalizar" y tienen que hacer "reaccionar a todos" y hacer "saltar todos los resortes institucionales".
Ante ello, ha condenado el "silencio cómplice" del PSOE, que es "delatante" y "preocupante". "¿Cómo es posible, señorías, que en Extremadura hubiese una organización criminal, que se pusiesen determinados medios a su disposición, que se pusiesen determinadas infraestructuras y ni el partido del Gobierno ni el Gobierno de España hayan dado una sola explicación? ¿Cómo es posible tanto silencio, señorías?", se ha preguntado.
De este modo, el 'popular' ha asegurado que su partido no espera de los socialistas en esta jornada "apoyo" o "condenas", sino una explicación, que "urge" ya, y respuestas a preguntas como "¿quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma?, ¿quién del Partido Socialista de Extremadura conocía a Leire --Díez-- y sabía lo que estaba pasando en Badajoz? o ¿quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?".
Al respecto, Sánchez Juliá ha aseverado que este jueves la política extremeña ha hablado con el sentido del voto hacia esta iniciativa, algo que harán los españoles el próximo 29 de noviembre "eligiendo entre decencia o delincuencia, entre mafia o democracia". "Lo que les digo es que la democracia va a sacar por la ventana a la mafia", ha advertido.
Entre otros aspectos, la propuesta de pronunciamiento exige al Gobierno condenar cualquier actuación dirigida a investigar "de forma clandestina, desacreditar, intimidar, coaccionar o apartar a jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" por razón de las investigaciones que desarrollen.
Otras de las medidas es ordenar, en el ámbito de sus competencias, la trazabilidad y conservación íntegra de documentos, correos, agendas, registros de visitas, expedientes, contratos, comunicaciones oficiales y demás información relacionada con los hechos, impidiendo su destrucción, alteración u ocultación y poniéndola a disposición de la autoridad judicial.
Así como reforzar los protocolos de integridad y denuncia en la Administración General del Estado y su sector público para que cualquier "ofrecimiento de favores, presión, petición de información reservada o intento de interferencia en una investigación judicial, fiscal o policial sea documentado y comunicado de inmediato a la autoridad competente, con protección efectiva frente a represalias".
También adoptar las medidas de protección y seguridad que resulten necesarias para garantizar la integridad de la magistrada instructora del caso del hermano del presidente y de cualesquiera jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otros servidores públicos que pudieran encontrarse "amenazados o intimidados" como consecuencia de su intervención en las investigaciones.
Finalmente, la propuesta exige la adopción de una posición "activa y firme" en defensa de la independencia judicial y del libre ejercicio de la función jurisdiccional y, a tal efecto, promover, a través de los órganos y servicios jurídicos competentes, el ejercicio de cuantas acciones judiciales resulten legalmente procedentes.
"Incluida, en su caso y cuando concurran los requisitos de legitimación exigibles, la personación de la Administración General del Estado en los procedimientos que pudieran derivarse de estos hechos, en defensa de los intereses generales y de las instituciones del Estado frente a cualquier actuación que, de resultar acreditada, pudiera estar dirigida a intimidar, condicionar o interferir ilegítimamente en el ejercicio independiente de la función judicial", ha recalcado. POSTURA DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que se asiste a un "debate impropio" en el hemiciclo con una iniciativa que, a su juicio, "ni siquiera debía haber sido calificada por la cámara".
En su opinión, es un "esperpento" de iniciativa y ha recordado las "vergonzantes declaraciones" realizadas en la Asamblea y en medios de comunicación por miembros del gobierno y el PP en relación a este caso, momento en el que ha preguntado "qué día han ido a la Fiscalía de Extremadura a denunciar lo que han dicho que saben".
Así, la socialista ha recalcado que si se afirma que hay "pruebas" y las "conocen" se debería haber ido a la Fiscalía. "Es indecente la actitud política con la que han decidido transitar en la vida pública este nuevo PP de Extremadura", ha recalcado, además de insistir en que la posición de su partido es "inequívoca" de apoyo a la jueza Biedma y a su familia.
Por su parte, la diputada de Vox Eva García Alegre ha asegurado que lo que se está conociendo sobre el "caso Leire Díez" no es "ruido", sino que se está ante el "uso nauseabundo de métodos mafiosos" para "perseguir, espiar en la vida privada de los jueces y fiscales y desprestigiarlos por cumplir con su deber de investigar".
"Grábenselo en la cabeza, señores del PSOE, nadie está por encima de la ley, no hay ningún partido político por encima de la Constitución", ha dicho la diputada de Vox, quien ha añadido que gobernar no da a los socialistas "ni patente de corso ni impunidad".
Por ello, ha condenado "rotundamente" toda coacción a la magistrada Beatriz Biedma, al tiempo que ha recordado al PSOE que el poder es "temporal, no es eterno" y la legitimidad que otorgan las urnas "no es una bula para delinquir".
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi Pareés ha señalado que la tribuna huele a "vergüenza ajena", ya que el PP en Extremadura ha decidido ser un "meme con patas", algo que demuestra con su "actividad parlamentaria" y la "calidad" de propuestas de pronunciamiento como ésta.
Así, como ha dicho, la iniciativa parece sacada de las "páginas centrales de cualquier revista del corazón" y a ella hay que darle "presunción de veracidad", además de invitar a los 'populares' a mirar primero lo que "tienen en casa".
Al respecto, el diputado de Unidas por Extremadura ha aludido a las "cloacas del PP", como la "maniobra montada" para ocultar la muerte y el asesinato "por incompetencia de 42 militares españoles", a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva o la policía patriota.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana, promulgada por la Generalitat valenciana, presidida desde diciembre por Juanfran Pérez Llorca, del PP.
En el PP valenciano siguen algo contrariados. A 24 horas del mitin de precampaña de Alberto Núñez Feijóo en València, todavía no se sabe quién será el candidato o candidata popular por esta provincia, la que más escaños reparte de la Comunidad Valenciana (16). Una incógnita que se agranda por el hecho de que fuentes populares ya hayan confirmado a este periódico la información adelantada por el periódico Las Provincias de que la ya diputada en el Congreso Macarena Montesinos será quien encabece la lista de los populares por Alicante y de que la actual consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat (de Onda), ha sido la elegida para estar al frente de la papeleta por Castellón.
O vice-prefeito de Guamiranga, no Paraná, Igor Pontarolo (PSD), foi preso em flagrante na terça-feira (20), após danificar estruturas do pronto-atendimento municipal e de uma sala da Secretaria de Saúde. A ocorrência também envolve acusações de ameaça e desacato a servidores. Na quarta-feira (21), ele obteve liberdade provisória.
Imagens de câmeras de segurança mostram que Pontarolo chegou à unidade de saúde carregando uma mulher no colo. A entrada, que possui uma trava eletrônica, não abriu na primeira tentativa. Após cerca de 16 segundos, o acesso foi liberado e ele entrou com a paciente.
Dois minutos depois, as câmeras registraram o político retornando ao local, arrancando a porta da estrutura e jogando-a no chão.
Confusão continuou na Secretaria de Saúde
Conforme o boletim de ocorrência, após deixar a área de atendimento, Pontarolo seguiu para a Secretaria de Saúde, instalada em um prédio anexo ao hospital, e procurou pelo titular da pasta. Testemunhas relataram que ele estava exaltado e danificou uma sala.
Ainda segundo os registros policiais, o vice-prefeito também teria ofendido o secretário municipal na presença de policiais militares que atenderam à ocorrência. Ele foi encaminhado à Polícia Civil, onde a prisão em flagrante foi formalizada.
A investigação busca esclarecer as circunstâncias do episódio e as condutas atribuídas ao político. A prisão em flagrante e a posterior concessão de liberdade provisória não representam condenação pelos crimes investigados.
Defesa afirma que houve emergência médica
Em depoimento, um amigo de Pontarolo relatou que os dois estavam em um velório quando uma tia dele passou mal, desmaiou e começou a convulsionar. Diante da situação, o vice-prefeito teria decidido transportá-la por conta própria até o pronto-atendimento.
A defesa sustenta que a conduta ocorreu em uma situação de emergência. Em nota, afirmou que Pontarolo agiu em estado de necessidade para preservar a vida da paciente e garantir assistência médica. O advogado Renato Rafael Griczynski também declarou que a defesa respeita as instituições, o devido processo legal e a presunção de inocência.
A Prefeitura de Guamiranga informou que ainda não dispõe de elementos conclusivos para esclarecer integralmente o ocorrido. A administração anunciou que pretende apurar as circunstâncias, os possíveis danos ao patrimônio público e os motivos envolvidos por meio de uma sindicância.
O município afirmou que aguardará a apuração formal antes de emitir um juízo sobre o caso e reafirmou o compromisso com a transparência, a preservação do patrimônio público e o respeito aos servidores e à população.
O Governo entregou a 8 de outubro a Proposta de Orçamento do Estado para 2027 e, em matéria fiscal, o traço dominante é a ausência. Os Códigos do IRC, do IVA, do Imposto do Selo e do IMI atravessam a proposta sem uma única alteração. Atualizam-se escalões, prorrogam-se benefícios que caducavam, ajustam-se percentagens. Quem procurar ali a política fiscal de 2027 encontrará pouco.
Não por falta de política fiscal, mas porque ela foi feita noutro lugar. A descida do IRC para 18% resulta de uma lei de 2025. A nova redução das taxas de IRS seguiu em lei de autorização legislativa autónoma, aprovada a 9 de outubro. O fim do SIFIDE indireto chegou por decreto-lei em agosto. O pacote fiscal da habitação foi aprovado em maio. O Orçamento limita-se a recolher o que outros diplomas já decidiram.
A opção tem virtudes. Um Orçamento sem «cavaleiros» é mais legível e menos exposto ao leilão da especialidade. Mas tem um custo que raramente se discute: a política fiscal passa a viver em diplomas avulsos, em prorrogações anuais e, cada vez mais, em ofícios-circulados. É aí que a segurança jurídica se perde.
O IVA na reabilitação urbana é o exemplo acabado. Durante anos discutiu-se se a taxa de 6% nas empreitadas em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) exigia, além da delimitação da ARU, uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) aprovada. A Autoridade Tributária entendeu que sim, as decisões dividiram-se e o Supremo Tribunal Administrativo uniformizou, em março de 2025, no sentido da exigência da ORU. Em agosto de 2026, o legislador disse o contrário: a Lei n.º 48/2026 interpretou autenticamente a norma, com efeitos desde 2009, e dispensou a ORU.
Uma lei interpretativa que contraria um acórdão uniformizador é, em si mesma, uma confissão: a norma esteve mal escrita durante catorze anos, e foram os contribuintes a pagar a diferença entre 6% e 23%. A Autoridade Tributária reconheceu-o no Ofício-Circulado n.º 25121/2026, ao admitir erro imputável aos serviços e a via da revisão oficiosa. Até aqui, o sistema corrigiu-se.
O problema está no passo seguinte. O mesmo ofício só aceita a taxa reduzida quando a ARU tenha ORU aprovada ou tenha sido delimitada há menos de três anos, invocando a caducidade prevista no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. A leitura tem apoio literal: uma ARU caducada já não estará «legalmente delimitada». Mas essa caducidade sanciona precisamente a falta de ORU. Torná-la decisiva é reintroduzir, por via administrativa, o requisito que o legislador quis expressamente afastar. É matéria que vai acabar nos tribunais — e que o Parlamento pode resolver já na especialidade, com uma linha de clarificação.
Há ainda uma questão de igualdade. A retroatividade a 2009 é, na prática, uma retroatividade a 2022: prazos de caducidade e de revisão já esgotados não se reabrem. Quem litigou contra a jurisprudência dominante é recompensado; quem a acatou, confiando no Supremo, fica de fora. Um Estado que corrige a lei para trás deveria também dizer, com clareza, até onde vai essa correção — e não deixá-lo ao critério de cada serviço.
O mesmo padrão — política fiscal a prazo curto — repete-se noutros pontos. O incentivo à valorização salarial é prorrogado e, na mesma proposta, recebe data de fim: 31 de dezembro de 2027. O Programa Regressar é renovado por mais um ano, deixando quem pondera regressar em 2028 sem saber com que regime conta. A redução das tributações autónomas em 20% até 2028, assumida em concertação social, continua por cumprir. E o SIFIDE indireto foi extinto, ainda que com regime transitório, quando fundos e empresas tinham estratégias de investimento montadas para vários anos.
Nenhuma destas medidas é, isoladamente, dramática. Somadas, desenham um sistema em que as empresas planeiam a cinco anos e o legislador fiscal decide a doze meses — e em que a última palavra pertence, cada vez mais, à circular administrativa e não à lei.
Estabilidade fiscal não é a ausência de alterações nos códigos. É previsibilidade: regimes com horizonte plurianual, normas claras à primeira, e a garantia de que a Administração aplica a lei que o Parlamento aprova, e não uma versão restringida dela. A especialidade, que decorre até 24 de novembro, tem matéria para isso. Bastaria começar pelo IVA da reabilitação urbana.
31.ª edição da prova realiza-se a 8 de novembro, com partida na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, e chegada à Plaza de la Ribera, em Ayamonte. O programa inclui ainda uma etapa destinada aos mais jovens. No próximo dia 8 de novembro de 2026, as X Milhas do Guadiana regressam […]
La visita de Pedro Sánchez al programa La Revuelta de David Broncano no se ha emitido todavía, pero ya ha generado una nueva batalla política en redes sociales. La entrevista del presidente del Gobierno en el espacio de RTVE ha servido de excusa para que PSOE y PP protagonicen un intercambio de mensajes cargados de ironía y ataques políticos.
Todo comenzó cuando la cuenta oficial del PSOE decidió bromear con la presencia de Sánchez en el programa presentado por Broncano. Los socialistas publicaron un mensaje dirigido al presentador en el que advertían, en tono humorístico, de la importancia de la entrevista.
“A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista”, escribió el PSOE en la red social X antes de la emisión del programa.
La publicación no tardó en hacerse viral y rápidamente obtuvo respuesta desde la sede nacional del Partido Popular.
El PP aprovecha la ocasión para lanzar un dardo a Sánchez
Los populares entraron en la conversación utilizando el mismo tono irónico, pero aprovechando la oportunidad para atacar directamente al presidente del Gobierno.
“David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos”, respondió la cuenta oficial del PP.
La referencia no pasó desapercibida. El mensaje hacía alusión a la polémica que durante las últimas semanas ha rodeado al PSOE a raíz de diferentes informaciones relacionadas con el denominado clan de Los Rochos, un asunto que ha sido utilizado por la oposición para intentar desgastar al Gobierno.
El comentario fue interpretado por numerosos usuarios como una forma de vincular la entrevista televisiva con las controversias políticas que rodean al Ejecutivo en plena precampaña electoral.
La publicación generó miles de reacciones y comentarios en apenas unas horas, convirtiéndose en uno de los mensajes políticos más compartidos de la jornada.
La entrevista de Sánchez se convierte en un nuevo frente político
La presencia de Sánchez en La Revuelta se produce en un momento especialmente sensible, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La estrategia del presidente pasa por reforzar su presencia mediática y acercarse a públicos más jóvenes a través de formatos televisivos alejados de la entrevista política tradicional.
Mientras el PSOE intenta convertir la entrevista en un escaparate para su líder, el PP ha optado por utilizar el acontecimiento para mantener la presión sobre Sánchez y recordar algunas de las polémicas que han marcado la legislatura.
El intercambio de mensajes evidencia hasta qué punto la precampaña electoral se está librando también en redes sociales, donde una simple broma puede transformarse en una nueva herramienta de confrontación política.
Por el momento, la entrevista todavía no se ha emitido, pero el cruce entre populares y socialistas ya ha conseguido convertirla en uno de los acontecimientos políticos más comentados del día.
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