La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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La emisión de tarjetas de transporte del Consorcio Regional de Madrid (CRTM) se derrumbó un 23,5% en 2026 con respecto a la media de los veranos de 2023, 2024 y 2025 tras endurecerse el criterio de residencia para su obtención. Así lo reflejan los datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, ceñidos al periodo 15 de junio-1 de septiembre para cada año. Aunque la Administración autonómica niega a ese balance capacidad para “establecer una relación causal” entre el descenso y la decisión de condicionar la obtención del título de transporte a la acreditación de la residencia en la región, el cambio, en vigor desde el 15 de junio, ha generado críticas de la oposición por su impacto potencial sobre estudiantes y trabajadores de otras regiones y migrantes no empadronados. La Administración, según un portavoz, calcula que los usuarios no residentes son unos 200.000 (3,4% del total).

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