La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Es muy difícil demostrar que eres descendiente de exiliados del franquismo. Y si tu bisabuelo se marchó de España a finales del siglo XIX a Uruguay, sería casi imposible demostrar que puedes optar a la nacionalidad española según una vía pensada para descendientes de exiliados del franquismo sin la instrucción de Sofía Puente, que modificaba ilegalmente lo que habían decidido los representantes de la soberanía nacional. La ciudadanía, la jerarquía normativa y el censo son cuestiones serias en una democracia. Pero nuestro Estado se respeta poco a sí mismo y quienes lo dirigen no respetan casi nada a los demás.

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