Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias
Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde este jueves a una nueva ley que busca movilizar suelo público y acelerar la construcción de viviendas en la región. La iniciativa, aprobada con el respaldo del PSOE y el rechazo del PP y Vox, introduce cambios urbanísticos para ampliar el parque residencial, facilitar el desarrollo de vivienda protegida y simplificar los trámites en municipios pequeños.
El texto, tramitado como proposición de ley por el grupo socialista, pretende aprovechar terrenos e inmuebles de titularidad pública que hasta ahora podían tener otros usos previstos en el planeamiento. La nueva regulación permitirá destinarlos a vivienda protegida o dotacional, incluso cuando estuvieran reservados inicialmente para equipamientos. La medida alcanza también a edificios y parcelas pertenecientes a otras administraciones, con el objetivo de aumentar las opciones disponibles para promover vivienda.
Uno de los ejes de la norma es la creación de un parque público de vivienda social cuyo alquiler se fijará en función de los ingresos de las personas destinatarias. La ley contempla, además, una atención específica a los jóvenes y establece un patrimonio público residencial diferenciado, cuyos recursos tendrán una finalidad concreta vinculada a la política de vivienda.
Más edificabilidad para construir vivienda protegida
Entre las novedades que pueden tener un efecto directo sobre las futuras promociones destaca la posibilidad de aumentar la capacidad constructiva de determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida. En estos casos, se podrá elevar hasta un 20% la edificabilidad, incrementar un 30% la densidad residencial y añadir hasta dos plantas a la altura prevista, sin tener que modificar previamente el planeamiento urbanístico.
La legislación incorpora asimismo los Planes de Rehabilitación Urbana, concebidos para actuar en áreas degradadas y entornos afectados por situaciones de infravivienda o por antiguos usos industriales. La intención es facilitar la recuperación de espacios deteriorados y favorecer su transformación en zonas residenciales más adecuadas.
En los municipios que afrontan el riesgo de despoblación, la norma abre otra vía para responder a la falta de viviendas. Aquellos que acrediten una necesidad residencial podrán recurrir a Planes Especiales para habilitar nuevos desarrollos de forma ordenada. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca adaptar las herramientas urbanísticas a localidades donde la escasez de oferta puede dificultar la llegada o la permanencia de habitantes.
Hernando pide a PP y Vox que faciliten el acuerdo
Durante el debate parlamentario, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido que la ley debe servir para alcanzar consensos en una cuestión que afecta a toda la sociedad. El responsable autonómico ha asegurado que aspira a que sea una norma “de todos” y ha resumido su llamamiento a la colaboración política con una frase: “avanzaremos más rápido si vamos juntos”, según declaraciones recogidas por Efe.
Hernando ha pedido a los grupos de la oposición que utilicen su voto “de manera constructiva y positiva”. En su intervención, ha insistido en que, más allá de las diferencias partidistas, existen posibilidades de entendimiento: “por encima de la trinchera, existe un campo abonado para el acuerdo y para el consenso”.
El consejero también ha apelado a las personas que esperan una respuesta a sus dificultades para acceder a una vivienda. “Su voto es un aval y un halo de esperanza para quienes están esperando como agua de mayo soluciones en materia de vivienda”, ha afirmado. Finalmente, ha instado al PP y a Vox a ser “parte de la solución” y ha advertido de que, si no lo hacen, “habrán elegido ser parte del problema”.
La aprobación de la ley abre una nueva vía para movilizar suelo público, ampliar las opciones de vivienda protegida y facilitar proyectos residenciales en municipios con necesidades específicas. Su alcance dependerá de cómo se apliquen los nuevos instrumentos urbanísticos y de la capacidad de las administraciones para convertir las medidas aprobadas en viviendas disponibles.
