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En las aulas argentinas, el teléfono dejó de ser un objeto ajeno a la rutina escolar y pasó a condensar discusiones sobre atención, aprendizaje, convivencia y límites. Con ocho de cada diez chicos de 8 años que ya tienen acceso a un celular propio o familiar, la pregunta ya no gira solo alrededor de su presencia en la escuela, sino sobre las reglas para evitar que ese acceso desplace la clase.

Massimiliano Pisani, coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, planteó que esa realidad exige respuestas distintas según la edad de los alumnos y el uso que se haga del dispositivo.

El especialsita sostuvo en Infobae A las Nueve que el punto de partida debe ser impedir que el teléfono interrumpa el trabajo en el aula. “Lo que no puede suceder es que sea un factor distractor dentro del aula”, afirmó.

Mayores niveles de distracción por celular en PISA 2022

La advertencia aparece en un contexto que, según Pisani, ya tiene reflejo en las evaluaciones internacionales. Argentina ocupó el primer lugar en distracción por celular declarada por los propios estudiantes en las pruebas PISA de 2022.

Los alumnos reconocieron que utilizan el dispositivo para desconcentrarse durante las clases. En las mediciones posteriores, el país quedó en segundo lugar, detrás de Uruguay, de acuerdo con lo explicado por el representante de la organización. Frente a ese panorama, advirtió que “restringir no es resolver el problema”.

Para el coordinador, retirar los teléfonos de una clase puede ser parte de una respuesta, aunque no garantiza por sí solo una mejora en los resultados. Los estudiantes pueden reemplazar el celular por otras distracciones si la propuesta de enseñanza no logra convocarlos, señaló.

En este sentido vinculó la discusión con desafíos más amplios del sistema educativo y reclamó políticas que aborden la atención, el aprendizaje y la convivencia. “No es lo mismo primaria y secundaria, no es lo mismo una pantalla enorme que un celular”, expresó.

Las provincias avanzaron con reglas diferentes para primaria y secundaria

La regulación del uso de teléfonos dentro de las escuelas depende en gran medida de las provincias. Pisani indicó que 11 de las 24 jurisdicciones adoptaron restricciones a lo largo de la última década, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Las medidas suelen limitar con mayor fuerza el acceso en primaria y establecen pautas diferenciadas para secundaria, donde los alumnos tienen otra autonomía y otros vínculos con la tecnología. “El celular ya está con los chicos”, insistió al explicar por qué la discusión debe centrarse en cómo regularlo.

También existen proyectos legislativos impulsados por distintos espacios políticos que proponen criterios para la educación digital. Sin embargo, las provincias mantienen facultades sobre sus sistemas educativos y, por lo tanto, sobre las normas que se aplican en cada establecimiento.

Pisani distinguió al teléfono de otros recursos tecnológicos que pueden integrarse a la enseñanza, como computadoras, proyectores y pizarras. La clave, señaló, es que esos instrumentos respondan a un objetivo pedagógico y que el celular no se convierta en “un factor distractor dentro del aula”.

Uso de pantallas fuera de la escuela

El coordinador ubicó a las familias en el centro de la discusión porque buena parte de la relación de los chicos con las pantallas se construye fuera del horario escolar. A su juicio, las instituciones educativas y los docentes no pueden quedar como únicos responsables de fijar límites, horarios y criterios de uso. “No podemos dejarle todo a la escuela y a los docentes”, afirmó.

Pisani reconoció que los adultos también tienen dificultades para regular su propio tiempo frente a las pantallas, entre las exigencias laborales, las redes sociales y la mensajería cotidiana.

Aun así, citó un informe de Unicef sobre acompañamiento familiar para señalar que la intervención de madres, padres y adultos responsables “reduce un 40 % el riesgo” de conductas de riesgo en línea.

En ese sentido, propuso conversaciones sostenidas en los hogares sobre contenidos, horarios y límites, en lugar de delegar la cuestión por completo a las escuelas.

Celulares, lectura, convivencia y abandono escolar

La preocupación por la atención en clase convive con otros indicadores educativos. Pisani vinculó el debate con las dificultades de comprensión lectora y afirmó que, según las últimas pruebas de la Unesco, casi uno de cada dos alumnos tiene problemas para comprender textos en tercer grado.

“Tenemos uno de cada dos chicos” con esas dificultades, sostuvo, al plantear que la alfabetización debe ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas.

En secundaria, además, relacionó el uso del teléfono con problemas de convivencia: dificultades para escuchar a los docentes, ruido, desorden y sobrecarga de tareas. Argentina también registró niveles altos de conflictos de convivencia escolar en las pruebas PISA, señaló.

Para Pisani, las reglas sobre dispositivos deben insertarse en un trabajo más amplio que incluya formación docente, entrega de libros y propuestas que fortalezcan los aprendizajes; de otro modo, “restringir no es resolver el problema”.

El referente de Argentinos por la Educación propuso, finalmente, dirigir una parte de las herramientas digitales a la organización de los sistemas educativos. “Utilicemos la tecnología para la gestión escolar”, planteó al referirse a sistemas de alerta temprana que permitan detectar ausencias prolongadas o trayectorias interrumpidas.

Esas herramientas, explicó, pueden ayudar a las provincias a identificar a los estudiantes que se alejan de la escuela y a buscar alternativas para su reincorporación.

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Wes Streeting is urging the public to prepare for extreme weather, cyber attacks, and war

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When both Subic Bay Naval Base and Clark Air Base were closed as active American military facilities in the early 1990s, the Philippines was said to be the sick man of US alliances. The same Philippines now seems to have emerged as America’s pivot in the Indo-Pacific.

General Ronald Clark, Commander of US Army Pacific, made it clear in an October 18 interview with the Financial Times that the Philippines, alongside Japan and South Korea, is central to US deterrence against hostile forces (implying China) in the Indo-Pacific.

The commander of US Army Pacific, a component of Indo-Pacific Command, said he wanted to demonstrate more “exquisite” military capabilities to help “show the adversary some things that they should be concerned about.”

As part of that push, US Army Pacific has expanded its role, including by temporarily deploying weapons in the Philippines, Japan, and other parts of the region that would play a critical role in a war with China, including over Taiwan, according to General Clark.

He revealed how Typhon, a mobile missile launch system that fires SM-6 missiles at ships, and Tomahawks that could strike parts of coastal China from the Philippines, have been used in recent joint exercises with the Philippines.

The US Army has also been using the High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) in ways designed to send a clear message to China about the joint military capabilities of America and its allies, Clark said.

Mentioning an exercise earlier this year in which the army moved long-range precision weapons from the US to the Philippines and brought ammunition from South Korea for a live-fire mission, Gen. Clark stressed that it was important for deterrence.

“It causes them to go: ‘Hey, this is something that we have to think about,’” he said,  adding, “You can see it operate and we can do it at scale at a time and place of our choosing. So, you reveal capability in order to give your adversary pause.”

Incidentally, in an earlier conversation with the Wall Street Journal, Gen. Clark, who commands 107,000 soldiers, talked about the “tyranny of distance” that made it impossible to fight China with just air and naval power.

He argued that China’s vast geographic expanse and its anti-access/area-denial (A2/AD) capabilities make it impossible or too risky to rely solely on air and naval power.

Here, Gen. Clark argues that the Philippines’ geography is a major advantage. The country’s 7,641 islands sit near vital maritime routes, the South China Sea, and the Luzon Strait/Taiwan Strait, making it an irreplaceable staging ground for US surveillance, logistics, and coastal defense.

From Batanes in northern Luzon—100 miles from Taiwan—to Palawan facing the Spratlys in the south, the archipelago locks the two hottest flashpoints: the north controls the Taiwan Strait, and the south controls the South China Sea.

For the US  military, it is the only territory that can monitor both the Taiwan Strait and the West Philippine Sea simultaneously. The archipelago can thus complicate the movement of Chinese naval forces from their coastal waters into the wider Pacific.

Incidentally, America is rebuilding its military presence in the Philippines after its 1992 withdrawal.

The return to Subic Bay and the expansion of US military cooperation across the Philippines mark a major strategic reversal. Washington is once again developing access to facilities that can support its operations in the western Pacific.

The US has access to nine Philippine military sites under the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) and is investing more than $300 million to upgrade infrastructure.

However, all 9 (nine) bases are owned by the Armed Forces of the Philippines (AFP), but the US has been granted rotational access. The first 5 (five) were agreed in 2014, with 4 (four being added later in 2023 by President Marcos Jr. to deal with threats from the South China Sea.

The nine sites are being turned into A2/AD nodes that complicate any Chinese movement through the First Island Chain.

Notably, rather than building massive permanent bases, the US and the Philippines are building a flexible, distributed network that complicates targeting by China and raises the costs of a potential conflict (“deterrence by denial”).

Viewed thus, it is understandable why the US has introduced, as seen in Gen. Clark’s  FT interview,  advanced mobile-strike and missile systems such as the Typhon mid-range missile system into the Philippines, capable of reaching targets in the South China Sea and southern China.

One could further argue that Gen. Clark’s interview was not about the Philippines alone. It was about a new American way of fighting a war in the Indo-Pacific that is distributed, land-based, visible, and anchored on three democracies of  Japan, South Korea, and the Philippines. That is why he put the Philippines in the same sentence as Japan and Korea.

One can thus surmise that, in a future contingency arising from Chinese actions, Japan will provide airfields, South Korea ammunition, and the Philippines firing positions.

This aligns with the US 2026 National Defense Strategy that EurAsian Times explained earlier. The idea is to build “a strong denial defense” along the First Island Chain.

In this scheme of things, Japan is the northern anchor — with long-range missiles, US-Japan command integration, and bases. South Korea is the arsenal and logistics hub — Clark himself cited a live-fire exercise in the Philippines using ammunition brought from South Korea, showing how Korean stockpiles now sustain Philippine operations.

The Philippines is the southern anchor and now a vital Indo-Pacific center for the US. The 12th Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue, held in Manila on February 16, 2026, officially reaffirmed both allies’ commitment to maintaining a vigilant posture, strengthening deterrence across the First Island Chain, and keeping critical sea lanes open.

Apparently, Washington is not only institutionalizing this triangle, the US, Japan, and the Philippines, but also widening its scope by involving Australia and forming the “Squad.”

The Squad’s core focus is to counter maritime pressure and escalation in the South China Sea and East China Sea and reinforce freedom of navigation.

Accordingly, defense officials and defense chiefs from the four nations have increasingly aligned through mini-lateral dialogues, joint exercises (such as Balikatan), and security assistance packages (including transfers of Japanese warships and patrol aircraft to the Philippine Navy).

The developments above make it clear that the Philippines has become the centerpiece of Washington’s strategy to deter China in the Indo-Pacific. As Elbridge Colby, US Under Secretary of Defense for Policy, said this year, Manila is Washington’s “model ally”.

In his words, “When our partners are strong, deterrence is strong. And that is exactly what we have here in Manila, under the leadership of President Marcos, Secretary of National Defense Teodoro, and other key leaders. We see and respect a resolute and proud nation that is determined to strengthen its own capabilities to better defend itself and its interests. A model ally.”

The Philippines now strengthens America’s network of strategic positions running from Japan through Taiwan to the Philippines. Both are developing capabilities intended to make Chinese military operations more difficult, costly, and uncertain.

But as explained above, that is in a manner that affords more operational flexibility for America through access to ports, airfields, and other facilities that can help US forces disperse, sustain operations, and respond more quickly during a crisis, without depending on a small number of major bases.

In other words, thirty-four years after losing its sovereign bases in the Philippines in 1992, the US military has returned with comparable power, but by shifting its status from a base owner to a rotational guest.

• Author and veteran journalist Prakash Nanda is Chairman of the Editorial Board of the EurAsian Times and has been commenting on politics, foreign policy, and strategic affairs for nearly three decades. He is a former National Fellow of the Indian Council for Historical Research and a recipient of the Seoul Peace Prize Scholarship.
• The author can be reached at prakash.nanda (at) hotmail.com

The post Three Decades After Subic Bay Withdrawal, U.S. Military Returns to the Philippines With a New Model to Check China appeared first on EURASIAN TIMES.

The CMA said it will designate Aldi, Lidl GB and Lidl NI as ‘large grocery retailers’ under current industry rules

In a government office, researchers of drones and electronic warfare gather around a small metal device recovered from a Russian Geran drone. Its purpose —  to measure the Earth’s magnetic field for navigation.

"This is the most recent component we found, about a week or two

La media sanción que obtuvo en el Congreso el proyecto de ley de discapacidad abrió una expectativa entre las organizaciones del sector, aunque dejó intacta la pregunta que atraviesa cada reclamo: de dónde saldrán los recursos para sostener prestaciones, pensiones y medicamentos. Mientras la iniciativa se encamina al Senado y su aplicación queda atada al Presupuesto 2027, una frase resume la cautela con la que fue recibida: “La emergencia no está superada”.

Pablo Molero, sacerdote y presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del CONICET, valoró los cambios incorporados al texto que había impulsado el oficialismo. En diálogo con Infobae Al Amanecer, sostuvo que “ahora sí hay una propuesta superadora para una situación que no está superada”.

La discusión legislativa reunió demandas que el sector viene planteando desde hace meses: la continuidad de las prestaciones, el acceso a medicamentos, la situación de las pensiones y el financiamiento de las obras sociales. Para Molero, la votación fue “un paso adelante”, pero el recorrido de la ley recién comenzó.

El proyecto aprobado en Diputados incorporó medidas que, según explicó el sacerdote, ya figuraban en la propuesta de emergencia elaborada por las organizaciones. “Cuando uno ponía el proyecto de emergencia sobre el proyecto oficialista, quedaban un montón de cosas afuera y ahora están metidas adentro”, afirmó.

La media sanción abrió un acuerdo, pero la emergencia sigue vigente

Detrás de las modificaciones hubo reuniones, planteos y una negociación que logró acercar a actores con posiciones distintas. Molero destacó que las organizaciones pudieron llevar sus reclamos al Congreso y que varios diputados aceptaron revisar el articulado. “Si cada uno se hubiera encerrado en lo suyo, hoy no tendríamos nada”, sostuvo.

Esa coincidencia, sin embargo, no cambió la lectura del presidente del Foro sobre el resultado político. El oficialismo, señaló, no consiguió imponer sin alteraciones su iniciativa original. “El oficialismo no ganó”, dijo, aunque reconoció que algunos legisladores habilitaron la discusión y recibieron los pedidos del sector.

En ese proceso mencionó al diputado Herrera Ahuad, de Misiones, por haber acercado los planteos de las organizaciones a integrantes del oficialismo. “Hubo diputados que escucharon y hubo una posibilidad de mejorar el texto”, resumió Molero al describir una negociación que evitó que quedaran afuera demandas centrales.

La ley todavía debe ser tratada por el Senado antes de una eventual sanción definitiva. Para el sacerdote, ese paso exige mantener la atención sobre el contenido que llegue a la Cámara alta: “La emergencia no está superada y el Senado todavía tiene que tratar el proyecto”.

El Presupuesto 2027 será la prueba para que los derechos se vuelvan efectivos

La principal inquietud aparece en el capítulo presupuestario. Molero sostuvo que una ley puede reconocer necesidades urgentes, pero necesita partidas concretas para traducirse en atención, tratamientos y cobertura. “Si después eso no queda reflejado en el presupuesto, la verdad que es muy difícil”, advirtió.

Según relató, diputados del oficialismo expresaron la intención de incorporar previsiones para el sector en el Presupuesto 2027 y de eliminar artículos que podrían perjudicarlo. Las organizaciones, de todos modos, mantienen reparos mientras esos compromisos no tengan una expresión presupuestaria. “Una cosa es lo que se dice y otra cosa es que estén los recursos”, planteó.

El alcance de esa discusión excede a quienes ya tienen una prestación reconocida. Molero insistió en que hay personas que siguen fuera de los circuitos de asistencia y que la urgencia no puede limitarse a conservar lo existente. “Acá estamos preocupados por un sector que era atendido, pero hay mucha gente sin atender”, afirmó.

Por eso, la media sanción fue leída como una instancia intermedia, no como un punto de llegada. La definición dependerá de la ley que eventualmente apruebe el Senado y de los fondos que el Gobierno asigne el año próximo. “Ahora hay una propuesta mejor, pero todavía falta que pueda hacerse realidad”, señaló el titular del Foro.

Medicamentos y pensiones concentran reclamos que siguen sin respuesta

En la vida cotidiana, el problema se vuelve visible en la entrega de medicamentos y en la demora de pensiones para personas que esperan esa asistencia. Molero fue directo sobre la responsabilidad estatal: “El Gobierno tiene que solucionar la entrega de medicamentos para personas con discapacidad, que no lo está haciendo”.

El reclamo alcanza también al programa Remediar y a quienes dependen de tratamientos continuos. “La gente sigue necesitando medicamentos”, afirmó el sacerdote, al cuestionar que necesidades básicas permanezcan sin una respuesta suficiente.

Las obras sociales ocupan otro lugar en esa preocupación. Molero explicó que varias entidades atraviesan dificultades para financiar las prestaciones, en un contexto de caída del empleo y de reducción de los aportes que nutren sus fondos. “El fondo con el cual se pagan las prestaciones está en un momento difícil”, advirtió.

A ese escenario sumó el traslado de afiliados hacia empresas de medicina prepaga, que —según sostuvo— también resta recursos a algunas obras sociales. El riesgo, señaló, es que las personas que hoy cuentan con cobertura encuentren obstáculos para sostenerla. “Si no hay financiamiento, puede haber problemas para atender”, alertó.

La discapacidad también está en las barreras que impiden ejercer derechos

Para Molero, reducir la discapacidad a una condición individual deja fuera una parte decisiva de la experiencia de quienes enfrentan barreras todos los días. El transporte, la comunicación, la accesibilidad, la atención sanitaria y las condiciones del entorno forman parte del problema. “No es un tema solamente de las personas”, explicó.

Esa mirada ubica la responsabilidad en el Estado y en la sociedad, no únicamente en quienes requieren apoyos. “Hay barreras sociales que hacen que una persona no pueda ejercer un derecho”, dijo el presidente del Foro, al insistir en que las políticas públicas deben contemplar esos obstáculos.

La discusión parlamentaria, entonces, quedó ligada a una escena mucho más amplia que el texto de una ley. Prestaciones que dependen de pagos, familias que buscan medicamentos y personas que aguardan una pensión forman parte de una emergencia que Molero considera todavía abierta. “La situación no está resuelta”, reiteró.

La visita del papa al país

Al referirse a la próxima visita del papa a la Argentina, el sacerdote vinculó la situación de las personas con discapacidad con un cuadro social más extenso. “El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido”, afirmó, y cuestionó los datos de pobreza que el presidente atribuye a su gestión.

Molero sostuvo que una mejora de ingresos no modifica por sí sola las condiciones materiales de muchas familias. Como ejemplo, habló de quienes viven en zonas vulnerables y continúan expuestos a las inundaciones. “La misma gente se sigue inundando cada vez que hay inundaciones”, dijo.

La eventual llegada del pontífice no debería, a su criterio, desplazar el foco de los problemas presentes. “Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el papa se va a encontrar”, indicó Molero.

Mientras, el proyecto de ley de discapacidad espera su próximo debate en el Senado y la discusión por los recursos sigue pendiente.

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