Santiago Abascal reunió en Bambú este miércoles al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a los portavoces nacionales y autonómicos del partido para determinar cómo se afrontará la próxima campaña electoral, que empezará el viernes 13 de noviembre, con las urnas ya fijadas tras el adelanto de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. El presidente de la formación, trasladan fuentes nacionales, recalcó a los suyos que estos comicios son "existenciales" para el conjunto de los españoles ante el riesgo de que el presidente del Gobierno pueda volver a sumar con otros socios. Algo que, pese a todo, no recogen el conjunto de los sondeos electorales publicados, que dan a PP y Vox por encima de los 200 parlamentarios.

Por ello, Abascal llamó a los suyos a incrementar la movilización electoral e insistir en el mensaje de la organización durante la previa y esas dos semanas donde se podrá pedir abiertamente el voto. Entre otros, la remigración, la prioridad nacional y la desregularización. Frente a ellos, creen, tienen a un PSOE y un Sánchez que estaría dispuesto a pactar "con todos los enemigos internos y todos los enemigos exteriores que tiene España" con tal de repetir en la Moncloa.

Durante esa intervención, en la que es probable que se hayan hablado de listas electorales, aunque el plazo de registro se abre del 21 al 26 de octubre, con la incógnita de quién acompañará de segundo a Abascal o si Ignacio Garriga irá como cabeza de lista por Barcelona, el líder de Vox se centró en criticar la gestión de los socialistas, de "mentiras" y de "traición" a los españoles. Como ejemplo más claro, el dirigente habría señalado a Ceuta. "Es la última víctima de su odio", determinó. Vox intenta recuperar de nuevo el marco migratorio, algo que les viene bien electoralmente, pero sobre todo en un momento en el que el problema en el territorio persiste.

El de Amurrio puso el foco, además, en la paralización de la 'ley de nietos' y la suspensión del voto de los beneficiados por ella para este proceso. Lo celebró e instó a sus subalternos a llevar el mensaje del partido "hasta el último rincón de España", así como a los españoles que viven fuera del país, a quienes ha contrapuesto con los que, según afirmó, Sánchez pretendía "fabricar con la maquinita de las trampas". Todo pese a que se desconoce a quién irían dirigidos. Esa suspensión afecta, por ejemplo, a aquellos que ya pudieron ejercer el voto en generales y autonómicas después de acogerse desde 2022.

Asegura que habrá "violencia y mentiras" contra Vox

Abascal situó a Vox en un estado de ataque permanente por parte de sus rivales. Plantea la campaña con el clásico eje de nosotros-ellos, donde Vox es la alternativa que se quiere cortar de raíz. El ambiente de polarización, en todo caso, es el mayor que se recuerda en los últimos años, para el que hay una retroalimentación generalizada entre todos los grupos.

"Vamos a encontrar la mentira, la trampa e incluso la violencia contra Vox". "No sería la primera vez", trasladó. Abascal sufrió ya un intento de agresión durante su primer viaje preelectoral, antes de conocerse el adelanto, en Tarragona. En el pasado, ha habido enfrentamientos en la calle o lanzamiento de piedras. Rocío de Meer fue herida en Sestao (Vizcaya), durante la campaña vasca de 2020.

Como respuesta, Abascal insta a los suyos a protagonizar una campaña de generales "sin odio pero sin ningún tipo de miedo". Quiere dar respuesta a los españoles que exigen "un cambio real, sin destruir nada pero cambiándolo todo". Y para ello, cree que es fundamental la movilización. "España no tiene ninguna maldición que nos condene a tener que soportar este Gobierno cuatro años más o eternamente", señaló.

Vox es el único partido del ámbito nacional que crece en los sondeos demoscópicos más recientes sobre las generales del 29 de noviembre. Incluyendo la oleada de encuestas de este fin de semana, ronda una media de 65 escaños, con algún pico que traspasa los 70-74 parlamentarios, y roza el 19% de intención de voto. Datos históricos para el partido de Santiago Abascal, que este lunes y martes volvía a poner de relieve la inmigración junto a su homólogo francés y mano derecha de Marine Le Pen, Jordan Bardella, entre una visita a Ceuta y un desayuno informativo en Madrid. El techo real de los ultraconservadores, de momento, son las generales de noviembre de 2019: 52 diputados y un 15,2% de los sufragios.

Hay, sobre esa estimación, un grueso de al menos 32 escaños a los que puede optar Vox en las 50 provincias –y dos ciudades autónomas– españolas. Ninguna de esas publicaciones detalla en qué circunscripciones Vox conseguiría ese incremento, pero hay algunos factores que permiten estimar a alguno de esos feudos. El primero es la tendencia de los competidores en las encuestas, clave a la hora del reparto de diputados. El PP pierde algo de porcentaje y en algunos sondeos escaños, pero no de forma amplia como ocurre con Pedro Sánchez, por ejemplo. Puede haber trasvase de parlamentarios por una caída puntual en provincias grandes especialmente. Pero con la izquierda Vox tiene más margen. Para pelear con el PSOE y Frente Amplio en aquellas provincias con partidos estatales por esos representantes extra.

Al PSOE se le da una pérdida general de unos cuatro o cinco puntos, mientras que a los partidos de Sumar y con la división de Podemos, de casi la mitad del voto del 23-J. Eso es clave para la competitividad de Vox por más diputados, teniendo en cuenta que pasaría del 12,5% a ese casi 19%. Un 16% de media. No será homogéneo, en todo caso. En Vox, de hecho, creen que será menos. Y hay antecedentes que pueden llevar a pensarlo, dado que la barrera del 19-20% se contemplaba en los comicios autonómicos de los últimos meses. Quedaron en torno a ese 17-18% definitivo. Con estos datos, puede estimarse en qué provincias sería relevante el crecimiento de Vox para la obtención de esos escaños.

En primer lugar, las últimas generales dejaron a Abascal en cuatro provincias a menos de 20.000 votos de conseguir otro representante. El caso más claro fue Albacete. A las puertas tuvo Vox el quitar un diputado al PSOE por menos de 1.300 papeletas. Le sigue Ávila con un escaño ganado por el PP por algo más de 6.000 votos, y en el mismo sentido en Cáceres y Almería por menos de 13.000 y 20.000 votos. Ello, con una candidatura fuerte a la izquierda del PSOE y con Sánchez aún sin el desgaste de la actualidad por una legislatura dura, de constante negociación y bloqueo, y más con las distintas investigaciones judiciales que rodean a su entorno personal y a su partido. La merma y el crecimiento virtual de Vox deja la puerta abierta a Abascal al menos en once provincias medianas, donde se reparten de cinco a ocho diputados.

Es el caso de Toledo, Cádiz, Málaga, Murcia, Baleares, Zaragoza, Granada, Almería, Córdoba o Tarragona. El estado de las izquierdas y la situación de mediana estabilidad del PP puede provocar cambios y sumar nuevos escaños entre las listas de Vox. En Toledo, Cádiz, Baleares y Córdoba, donde Vox ya tiene un representante, la estimación de bajada de unos y subida de Vox podría devolver los 2 escaños respectivamente en todos los enclaves, como la formación tuvo la legislatura XIV, con esos 52. La situación ahora es similar a la de entonces en Granada, Córdoba y Zaragoza, donde cuentan con un cargo por circunscripción que con el actual equilibrio de los sondeos podría pasar a 2 en cada una. El crecimiento en Cataluña que reflejan encuestas como la del CEO, publicado este mes, también podría repercutir en lugares como Tarragona, donde Vox nunca ha tenido representación, incluso con el 10,3% de los votos. En Málaga podría conseguir un nuevo escaño que eleve a tres el total. Y en Murcia podría volver a contar con los tres parlamentarios de 2019. Ahora cuenta Vox con dos por esa circunscripción.

Por otro lado, hay un peso importante: el de las grandes circunscripciones. En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante puede haber más de un escaño disputado. Con un cambio porcentual como el comentado, en los feudos donde mayor número de diputados se reparten (38-32-15-12-12, por orden) el impacto puede ser mayor. Con ese desgaste de las izquierdas en Madrid Vox podría pasar de 5 a 7 escaños, los mismos que en 2019, uno de ellos a costa del PP en todo caso. En Barcelona Vox podría rascar un tercer escaño dependiendo de cómo capitalicen a la izquierda Comuns y ERC, algo también inédito. En Valencia, Compromís está fuerte, por lo que la caída de la izquierda podría ser menor a costa del PSOE. Así también lo apuntan los sondeos lanzados por el día autonómico el pasado 9 de octubre. Pero con esas cotas Vox sí podría pasar de los 2 a los 3 escaños de 2019 como mínimo. Es el mismo caso de Alicante.

En Sevilla el peso de IU dentro de esa alianza de izquierdas puede ser determinante. Pero la competencia con Adelante Andalucía pone en riesgo a los de Antonio Maíllo. Ya los trastocó electoralmente en las últimas andaluzas. En 2023 Vox se quedó a menos de 8.000 votos de Sumar. La candidatura de Manuel Gavira superó al homólogo andaluz, Por Andalucía, en mayo, aunque Adelante despuntó. Hay que tener en cuenta el 'factor Juanma Moreno', que no estará de por medio en las generales y que puede aupar a Vox. También la influencia del voto útil a la izquierda en el territorio, que puede beneficiar al PSOE si hay alerta de gobierno de PP y Vox. Sin capacidad de previsión, Vox puede al menos aspirar a su segundo escaño, a los niveles de la legislatura pasada. Una subida del 2% como mínimo en 'plazas' donde Vox rinde bien, puede ser un cambio sustancial y relevante para Abascal.

Las pequeñas provincias, en manos de PP y PSOE

Por debajo de los cinco escaños, la cosa se complica para Vox con la excepción de León y Albacete (se reparten 4), donde el escenario puede ser más favorable, y en otros escenarios como Álava donde Vox cosechó buen resultado en las autonómicas vascas de 2024, o Salamanca, donde ya tuvo en el pasado un escaño. Pero se complica en zonas de Burgos, Cáceres –consiguieron cargo en 2019–, Lleida, Lugo, Oursense o La Rioja. En Galicia Vox aún no ha conseguido sacar representantes, ni autonómicos ni para generales. Mucho más difícil serán las que reparten tres cargos, como Cuenca, Guadalajara, Palencia, Segovia, Teruel o Zamora –o Soria, donde hay dos–, donde el bipartidismo está más consolidado. Queda por ver cómo influye el descontento en Ceuta, aunque la tendencia en los últimos años es de un voto mayoritario al PP que le brinda el único escaño que se reparte, como ocurre también como en Melilla.

Pedro Sánchez has turned a parliamentary defeat over housing into a general election on 29th November.

The calculation is clear: force Spain’s political argument onto territory more favourable to the left before migration, corruption allegations and parliamentary paralysis return to the foreground. But the polls suggest that the gamble could still deliver power to the centre-right People’s Party and Vox.

Pedro Sánchez’s decision to dissolve Spain’s parliament nine months ahead of schedule is more than an admission that his minority government had reached the limits of what it could achieve in the Congress of Deputies. It is an attempt to choose the terms on which his government will be judged.

The immediate trigger was the defeat of two emergency housing decrees after the conservative People’s Party (PP), Vox and Catalan separatist Junts voted against them. Housing had already moved rapidly to the centre of Spanish politics following the eviction of 87-year-old Maricarmen Abascal from the Madrid flat where she had lived for 71 years, followed by large demonstrations across the country. EU Today has previously reported on both the housing protests across Spain and Sánchez’s subsequent decision to call the election.

The prime minister is now attempting to convert legislative weakness into electoral advantage.

In his announcement on 5 October, Sánchez presented the election as a choice between a broader progressive majority capable of advancing social legislation and an opposition that had obstructed measures on housing and other domestic priorities. The government reinforced that strategy a day later by approving revised versions of the two housing decrees, containing 21 measures including tax incentives, assistance for first-time buyers and measures intended to increase supply. They will require validation by the Diputación Permanente, the standing parliamentary body that remains after dissolution.

The political calculation is straightforward. Housing offers Sánchez an issue on which anger is directed not only at government but at landlords, property investors, regional authorities and political parties opposing stronger regulation. The eviction of Abascal gave that argument a human symbol and transformed a long-running affordability problem into an immediate political confrontation.

That does not mean the strategy will work.

Most polling continues to place the PSOE behind the PP. Surveys put the Socialists at roughly 28 per cent, while Vox has risen to around 18 per cent. A PP-Vox combination is currently the only bloc consistently projected to command an outright parliamentary majority. One Sigma Dos survey published after the election announcement projected the two parties winning 203 of the Congress’s 350 seats.

Sánchez therefore appears to be playing less for immediate dominance than for mobilisation.

His problem before the housing protests was not simply the strength of the right. The broader left had become fragmented, while the government was being damaged by disputes over migration, particularly following the crisis in Ceuta, as well as corruption investigations involving figures associated with the PSOE. At the same time, Junts had become an increasingly unreliable parliamentary partner, leaving the government unable to guarantee major legislation or a new budget.

Housing changes the subject.

It allows Sánchez to argue that the central question is not whether his coalition has governed smoothly, but whether voters want a parliament prepared to intervene more aggressively in the housing market. The PP, however, is contesting precisely that framing. Alberto Núñez Feijóo argues that the housing shortage is itself a product of Sánchez’s eight years in government and has promised to raise annual construction towards 200,000 homes while reducing taxes.

The election may therefore develop into a dispute over responsibility rather than diagnosis. Both sides accept that housing has become a major national problem; they differ sharply over whether regulation or additional supply should dominate the response.

There is also a wider European dimension. Housing affordability is increasingly politically disruptive across the EU, including in major cities where construction has failed to keep pace with household formation, migration and demand for short-term accommodation. EU Today has examined similar pressures in Berlin’s housing market. Spain could now provide a test of whether housing can become powerful enough as an electoral issue to reverse the wider European movement towards the right.

For Ukraine, however, the consequences are likely to be less dramatic than Spain’s domestic political contest might suggest.

Sánchez committed €1 billion in bilateral military support to Ukraine for 2026, with Spain putting its cumulative bilateral military assistance since Russia’s full-scale invasion at almost €4 billion. Madrid has also trained more than 9,000 Ukrainian military personnel.

Spain is also home to a considerably larger Ukrainian community than the roughly 300,000 figure frequently cited. Government data showed 353,009 Ukrainian nationals holding valid residence documentation at the end of June, including 262,782 under temporary protection.

A PP-led government would alter Madrid’s domestic priorities and potentially its approach to defence spending and migration, particularly if Vox were required to sustain a parliamentary majority. Yet there is little basis at present for assuming that a change of government would produce a reversal of Spain’s fundamental position on Russia’s invasion or membership of the European and Atlantic security structures supporting Ukraine.

The more immediate question is whether Sánchez can make housing important enough to overcome the electoral arithmetic confronting him.

Calling the election has allowed him to escape a parliament in which his legislative coalition was steadily disintegrating and to enter a campaign around an issue capable of mobilising his electorate. It has not changed the fact that the PP and Vox begin that campaign with the stronger numbers.

Sánchez has chosen the battlefield. On 29th November, Spain will decide whether that was enough.