Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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