Renfe ha dado a conocer este martes su nuevo plan estratégico para los próximos años en el que, entre otros elementos, pide a sus empleados "elevar su compromiso" y "reforzar la excelencia del servicio" ante clientes "más exigentes".

El presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, ha dado a conocer internamente la que será la "hoja de ruta" de la compañía hasta 2028, con planes y acciones destinadas a adaptarla a un entorno determinado por elementos como la liberalización del sector ferroviario, la revolución tecnológica, exigencias de descarbonización o nuevas formas de movilidad, pero que también contempla aspectos mucho más directamente dirigidos a los empleados de Renfe y a sus clientes, de los que el documento al que ha tenido acceso este periódico dice que son "más exigentes", porque tienen "nuevas expectativas de movilidad, calidad e información".

La Estrategia consta de cuatro ejes estratégicos y diez planes directores y el primero de los ejes tiene que ver con "el cliente", con el objetivo de "reforzar la orientación" hacia él y también la "excelencia en el servicio". Esto se debe traducir, indica el documento, en "más puntualidad, más información", una "mayor calidad" y "una experiencia de viaje diferencial".

Esto entronca con el primer plan director, de "experiencia de Cliente y Calidad del Servicio", para "impulsar una visión 360º de la atención al cliente en todos los negocios, mejorar los estándares de calidad operativa y reforzar la experiencia de viaje en todos los modos y canales". La estrategia pide "asegurar niveles homogéneos de servicio, anticipar necesidades del cliente y consolidar un modelo centrado en la calidad, la información y la satisfacción" del pasajero.

"Elevar el compromiso" de los trabajadores de Renfe

En buena medida, de eso deberán encargarse los empleados de Renfe, a los que apela directamente el cuarto eje estratégico. Bajo el epígrafe "Personas y cultura", lo que pretende la dirección de la operadora es "impulsar la transformación cultural, el compromiso del empleado y la excelencia organizativa".

Para ello, es necesario "talento y formación, liderazgo, colaboración y compromiso", según una Estrategia que fuentes de la compañía critican que llega con un año de retraso y que Renfe dará a conocer y abrirá a debate entre sus trabajadores por medio de un diálogo más directo con ellos. El primero, mediante un webinar "abierto a toda la plantilla" que tendrá lugar el lunes que viene. Después, la Dirección de Estrategia de Renfe se embarcará en una gira por distintas ciudades para informar de los objetivos del plan, escuchar ideas, recoger propuestas y conocer de primera mano la visión de las personas que formamos Renfe", según ha informado este martes en una primera comunicación interna el equipo de Fernández Heredia.

Los trabajadores de Renfe tienen también su propio plan director "de personas" dentro de la Estrategia, que busca "consolidar una cultura común y un modelo organizativo más ágil, reforzando el liderazgo, talento y experiencia del empleado mediante procesos de co-creación y acciones de impacto rápido, con el fin de elevar el compromiso interno".

"Eficiencia y seguridad"

Otro de los aspectos en lo que también enfatiza la nuestra Estrategia de Renfe tiene que ver con combinar la "eficiencia" y la "seguridad", para "amentar" la primera "en un marco de seguridad integral" mediante "procesos más ágiles", una "mayor productividad", un "mantenimiento inteligente" y teniendo "la seguridad como base".

En concreto, lo que la dirección de Renfe busca aquí es "maximizar el rendimiento de los recursos disponibles sin comprometer la calidad, la seguridad ni la sostenibilidad del servicio ferroviario". Esto, añade, tiene que ver con desde la planificación y las rotaciones hasta la digitalización y la modernización del mantenimiento.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez instructor, Antonio Viejo, que amplíe la investigación sobre Alberto González Amador, antes pareja de Isabel Díaz Ayuso, y permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a información económica que hasta ahora había quedado fuera de las pesquisas. Los agentes podrán recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al empresario desde 2014 hasta la actualidad, además de examinar sus cuentas bancarias.

La resolución estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del magistrado de limitar las diligencias al análisis de los movimientos bancarios. El Ministerio Público defendía que los investigadores necesitaban contrastar esa documentación con la información tributaria y laboral para reconstruir la actividad económica de González Amador y esclarecer si se produjo un incremento patrimonial injustificado.

La ampliación de las pesquisas se produce en la causa que investiga el presunto pago de una comisión encubierta de 500.000 euros a Fernando Camino, alto directivo de Quirón Prevención y principal cliente del empresario. La Fiscalía sospecha que la operación societaria que dio origen al procedimiento pudo servir para compensar a Camino por su intervención en una operación comercial anterior relacionada con la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

La UCO podrá cruzar los datos bancarios con los de Hacienda

El juez Antonio Viejo había autorizado en junio el rastreo de las cuentas bancarias de González Amador y de las sociedades vinculadas a los investigados, pero dejó para una fase posterior la petición de información a Hacienda y a la Seguridad Social. La decisión suponía aceptar solo una parte de las diligencias reclamadas por la Guardia Civil, que consideraba necesario analizar conjuntamente las distintas fuentes de información para completar el informe patrimonial.

La Fiscalía recurrió esa limitación al entender que no había motivos para aplazar el acceso a unos datos que resultaban necesarios para avanzar en la investigación. Las acusaciones populares, ejercidas por el PSOE y Más Madrid, también respaldaron la ampliación de las diligencias.

La defensa de González Amador se sumó a esa petición. El empresario solicitó que se autorizasen cuanto antes las medidas reclamadas por los investigadores con el argumento de que quería poner fin al procedimiento lo antes posible. La esposa de Camino, Gloria Carrasco, también había manifestado su interés en que se practicasen las diligencias pendientes para esclarecer los hechos.

La Audiencia considera necesario que la UCO disponga de información complementaria para realizar su análisis. El objetivo es cotejar los movimientos bancarios con los datos fiscales y de la Seguridad Social, comprobar si existen discrepancias y determinar si se produjeron flujos económicos que no se correspondan con la actividad declarada.

La decisión llega, además, después de que el informe patrimonial encargado a la Guardia Civil acumulase más de un año de retraso. La anterior titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, había encomendado las pesquisas a la UCO el 27 de junio de 2025, antes de jubilarse. Su sucesor, Antonio Viejo, asumió la causa en octubre de ese año.

Una compra de 500.000 euros bajo sospecha

La investigación se centra en la adquisición, en diciembre de 2020, de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador. El empresario pagó 500.000 euros por la sociedad a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino. La compañía pasó posteriormente a denominarse Masterman SL.

La Fiscalía sospecha que la compraventa pudo encubrir el pago de una comisión a Camino, en un momento en el que González Amador mantenía una relación comercial con el grupo sanitario. La sociedad adquirida tenía un valor contable reducido, un elemento que ha alimentado las dudas sobre la justificación económica de la operación.

El trasfondo se remonta a los meses anteriores, cuando González Amador intervino como intermediario en una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia y obtuvo una comisión cercana a los dos millones de euros. Camino formaba parte del equipo de la empresa compradora, Mape, vinculada a la operación.

Los investigadores tratan de determinar si la adquisición de la sociedad a la esposa del directivo pudo servir para devolver o compensar aquella intervención comercial. La relación entre ambas operaciones constituye una de las hipótesis que la instrucción debe esclarecer y no un hecho probado.

La causa investiga posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Camino está citado a declarar como investigado el próximo 3 de diciembre, una comparecencia que se enmarca en las diligencias destinadas a aclarar su posible participación en los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un ultimátum de 48 horas al PSOE para que entregue la relación completa de los abogados, despachos profesionales y consultoras contratados por la formación entre 2021 y 2025. El magistrado reclama también los expedientes internos que permitieron autorizar esos encargos y la documentación que justifique los servicios prestados, después de que el partido no haya respondido a su primer requerimiento.

La providencia, fechada este martes y a la que ha tenido acceso Infobae, vuelve a dirigirse al servicio jurídico socialista y le exige que cumpla la petición formulada el pasado día 6 de octubre. “Visto el tiempo transcurrido” desde aquel requerimiento sin que el juzgado haya recibido contestación, Pedraz ordena reiterar la solicitud y fija un plazo de dos días para aportar la información.

El instructor quiere conocer qué profesionales y empresas fueron contratados por los órganos centrales y territoriales del PSOE durante esos cuatro años, así como disponer de las notas de encargo, los contratos y los expedientes que permitieron autorizar las contrataciones. También reclama la documentación presentada para dar por justificados los trabajos realizados.

La petición tiene, no obstante, dos límites expresos: la entrega de los documentos debe respetar el secreto profesional de los abogados y el derecho del partido a no aportar información que considere que pueda incriminarle.

La investigación sobre los pagos a Leire Díez

El requerimiento se produce en el marco de la causa que dirige Pedraz sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por supuestas maniobras para obtener información comprometedora de jueces, fiscales y agentes policiales y desacreditar investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Las pesquisas han puesto el foco en el circuito de pagos que habría permitido sufragar parte de esas actividades mediante contratos con profesionales externos y facturas por servicios cuya realidad está bajo sospecha. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado al partido como origen de al menos 43.225 euros que habrían llegado a Díez a través de sociedades vinculadas al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver.

Según el informe policial, una de las vías investigadas fue el despacho de Oliver, que recibió 27.225 euros del PSOE y transfirió posteriormente esa misma cantidad a Díez desde otra sociedad. La otra vía identificada fue la consultora Zaño, vinculada a Zarrías, desde la que se realizaron cuatro transferencias de 4.000 euros a la exmilitante socialista.

Los investigadores sospechan que esas contrataciones y sus correspondientes facturas pudieron servir para ocultar el destino real del dinero. El juez trata de esclarecer las circunstancias de los encargos, quién los autorizó y qué servicios se prestaron efectivamente.

La gerente del PSOE señaló a Santos Cerdán

En sus declaraciones ante Pedraz, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, situó en el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, la decisión de contratar a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Fuentes compareció como investigada y aseguró que no conocía a Leire Díez.

La UCO, por su parte, atribuye a la gerente un papel en la tramitación de las notas de encargo profesional y en la emisión de facturas que los investigadores consideran presuntamente mendaces. Cerdán, que dejó su cargo en junio de 2025, también está investigado en la causa.

La documentación que ahora reclama el magistrado puede permitir contrastar las versiones de los implicados con los expedientes de contratación, las autorizaciones internas y la justificación económica de los servicios.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por la malversación vinculada al proceso independentista catalán y ha declarado extinguida su responsabilidad criminal. La Sala de lo Penal archiva definitivamente la ejecutoria que mantenía las consecuencias penales de sus condenas de 2019, después de que el Tribunal Constitucional anulase su rechazo a la medida de gracia y le ordenase declarar amnistiado el delito.

La resolución, fechada el 19 de octubre y de la que ha sido ponente Manuel Marchena, extiende a los cuatro exdirigentes los efectos del recurso de amparo que el Constitucional estimó el pasado 6 de octubre en favor de Bassa. Aunque aquella sentencia se refería únicamente a la exconsejera, el Supremo considera que la situación jurídica de los otros tres condenados es coincidente y que el criterio del tribunal de garantías debe alcanzarles también.

La decisión supone un giro en la aplicación de una de las principales exclusiones que el Alto Tribunal había apreciado en la ley de amnistía, aprobada en junio de 2024. El Supremo había sostenido que la malversación atribuida a los dirigentes independentistas no podía quedar amparada por la norma, al considerar que concurrían las excepciones relativas al enriquecimiento personal y a la afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. El Constitucional rechazó esa interpretación y concluyó que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.

La amnistía deja ahora sin efecto las penas de inhabilitación que todavía pesaban sobre los cuatro, por lo que podrán volver a concurrir a unas elecciones y ocupar cargos públicos. El Supremo también ha ordenado comunicar su decisión al Ministerio de Justicia para que proceda a eliminar los antecedentes penales derivados de las condenas.

De las condenas de 2019 a la amnistía

Los cuatro dirigentes fueron condenados por el Supremo en octubre de 2019, tras el juicio por el proceso independentista y el referéndum del 1 de octubre de 2017. Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat, recibió una pena de 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta. Romeva, Turull y Bassa fueron condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación.

En junio de 2021, el Gobierno les concedió indultos parciales que perdonaron las penas de prisión pendientes de cumplimiento, pero no eliminaron las inhabilitaciones. Estas seguían vigentes hasta 2030 para Romeva y Turull y hasta 2031 para Junqueras y Bassa.

La situación volvió a cambiar tras la reforma del Código Penal de diciembre de 2022, que derogó el delito de sedición. El Supremo revisó entonces las condenas y sustituyó esa calificación por delitos de desobediencia y malversación, pero mantuvo las penas de inhabilitación absoluta. La posterior entrada en vigor de la ley de amnistía abrió una nueva batalla judicial sobre si los hechos relacionados con el uso de fondos públicos para financiar el referéndum podían beneficiarse de la medida.

En julio de 2024, la Sala de lo Penal rechazó amnistiar la malversación. Consideró que los condenados habían obtenido un beneficio personal de naturaleza patrimonial al utilizar fondos públicos para sufragar los gastos del proceso independentista y apreció también una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Los recursos de las defensas fueron desestimados en septiembre de ese año.

El Constitucional obliga a cambiar el criterio

La respuesta llegó con el recurso de amparo de Dolors Bassa. En su sentencia del 6 de octubre, el pleno del Constitucional anuló los autos del Supremo que habían denegado la amnistía y ordenó dictar una nueva resolución que declarase amnistiado el delito de malversación.

La mayoría de siete magistrados consideró que el Supremo había interpretado de forma extensiva las excepciones previstas en la ley y se había apartado de su finalidad. También apreció contradicciones en los argumentos empleados para sostener que la malversación afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que concluyó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Bassa, en conexión con los derechos a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad y a la legalidad penal.

Tras recibir la sentencia, el Supremo dio cinco días a las partes para presentar alegaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron el archivo de la ejecutoria y la extensión de sus efectos a los demás condenados. Las defensas reclamaron que se declarase extinguida la responsabilidad criminal y que la decisión se adoptase con carácter urgente.

El Alto Tribunal ha terminado asumiendo el fallo constitucional, aunque no comparte los argumentos con los que se revocó su interpretación de la ley. En el auto sostiene que la resolución del Constitucional es vinculante y que la coincidencia de las situaciones jurídicas de los cuatro condenados justifica aplicarles el mismo criterio.

Un acatamiento acompañado de duras críticas

El Supremo aprovecha la resolución para cuestionar el alcance de la intervención del Constitucional en la interpretación de la legalidad ordinaria. La Sala recuerda que la Constitución atribuye al Alto Tribunal la condición de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, y advierte de que la evolución de la jurisprudencia constitucional puede desdibujar el reparto de funciones establecido en 1978.

Los magistrados también reprochan al Constitucional el tono de su sentencia, que consideran innecesariamente severo al calificar de contradictoria, impredecible y contraria al sentido común la interpretación defendida por el Supremo. A su juicio, esas expresiones exceden lo necesario para resolver el recurso de amparo y suponen una injerencia en el ámbito jurisdiccional que corresponde a la Sala de lo Penal.

El auto precisa, sin embargo, que la decisión no se interpreta como una declaración de conflicto institucional con el Constitucional, sino como una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica. Pese a las críticas, el Supremo cumple el mandato y cierra definitivamente la ejecutoria.

Começo a nossa conversa desta quinzena pedindo licença para tomar um caminho um pouco mais informal que o habitual. Essa coluna se torna em parte um pedido, em parte um desabafo de uma economista cansada, mas ainda em pé.

Desde os resultados do 1º turno das eleições, no início do mês, está difícil pensar, falar ou postar sobre qualquer outra coisa. Em meio a tentativas de vira-voto, vídeos caseiros, ligações para familiares distantes e algumas conversas nas ruas, vi um post no Instagram de um apoiador de Flávio Bolsonaro que dizia algo na linha de “essa semana, alguém virá conversar com você sobre política. Pergunte para ele se ele sabe o que é taxa Selic, inflação, curva de juros e como isso impacta a economia e o bolso dela.”

A ironia é que existem várias e vários economistas que sabem bastante sobre tudo isso e, ao contrário da sugestão do Instagram, continuam defendendo uma agenda progressista. Inclusive, fica a dica para você ler minha coluna: (Quase) tudo o que você precisa saber sobre o Copom e a Taxa Selic, divulgada aqui na Agência Pública em 11 de agosto.

Além da ironia, a verdade é que essa mensagem implica que, quem entende de verdade de economia não vota na esquerda — ou em Lula. Como se as pautas progressistas fossem inerentemente prejudiciais ao desempenho econômico do país.

Existe um mito bastante difundido de que uma gestão econômica responsável imediatamente se traduz em escolhas amargas: ajustes fiscais, arrochos e escalas de trabalho ultrapassadas — superadas por propostas como a de Rick Azevedo, Erika Hilton e dos movimentos de trabalhadores que conquistaram semana passada o fim da Escala 6×1 no Brasil (longa vida!) Em síntese, a ideia é de que quem estudou Ciências Econômicas, que são “inquestionáveis, técnicas e objetivas”, sabe que o verdadeiro preço das políticas sociais é o afundo econômico do país.

O que eles não contam é que toda história tem um lado. E que quem normalmente assume o personagem técnico, isento e portador das más notícias tem um. E não é o nosso.

Sob a gestão econômica de Paulo Guedes, o grande guru dos economistas “sem lado”, o Brasil cresceu uma média de 1,5% ao ano, excluindo os anos atípicos da pandemia da conta. Nos três primeiros anos do terceiro mandato de Lula, o crescimento foi de 2,98%. O cálculo é feito a partir da série de variação real do Produto Interno Bruto, do IpeaData.

O mesmo discurso tecnocrata foi utilizado para atacar quem propunha a viabilidade da redução da jornada de trabalho. Fazendo cálculos, alguns economistas afirmaram que a redução da jornada custaria até 11% do PIB brasileiro. Usando o mesmo método, mas premissas diferentes, a professora Marilane Teixeira, do CESIT Unicamp, chegou num crescimento de produtividade em 4%, na manutenção do PIB e em 3,62 milhões de novos empregos.

Isso não quer dizer que uma conta esteja mais certa do que a outra, mas que conta nenhuma, como raciocínio econômico nenhum, é imparcial ou apolítica.

Quando se veste de técnica e isenta, a economia ganha autoridade para defender argumentos às vezes classistas, às vezes racistas, misóginos ou xenofóbicos. Em geral, impopulares, no sentido mais cru da palavra: antipovo.

Quem se lembra da frase famosa do economista Delfim Netto, ministro da Fazenda durante a Ditadura Militar, que dizia em fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo? A defesa era pelo crescimento econômico primeiro, e a distribuição depois, às custas de um arrocho salarial forte e de intensa concentração da renda nas mãos de poucos.  

Para citar a ilustre professora Maria da Conceição Tavares, no programa Roda Viva de 1995:

“Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui.”

É por isso que peço, leitoras e leitores, que não se deixem enganar por esse discurso dos “tecnocratas alucinados”, como dizia a professora. 

Um economista que quer te vender um plano econômico que promete crescimento às custas da sua qualidade de vida, na definição da jornada de trabalho, ou na condução do Ministério da Fazenda, não o faz porque é isento e não enxerga alternativas. Faz porque sabe que é difícil argumentar contra um conhecimento elitizado.

A economia é política tanto quanto é técnica, e toda técnica, vale lembrar, é também um instrumento político potente.

Finalizo citando mais uma vez a professora, que foi capaz de reunir Dilma Rousseff e José Serra na mesma sala, à véspera das eleições presidenciais de 2010. Dois de seus alunos mais famosos e rivais declarados, inclusive no projeto econômico. Na ocasião, para celebrar os 80 anos de Conceição, esquerda e direita se uniram e brindaram a democracia acima da técnica.

Hace al menos diez años que Xavier Nueno (Barcelona, 1990), el reciente ganador del premio Anagrama de Ensayo, se convence de que el conocimiento ha perdido el juicio. No solo en un sentido metafórico, sino que, también, judicial, pues parece perder fuerza en los últimos litigios que enfrentan a autores y editoriales con gigantes de la inteligencia artificial. En el libro que le ha valido el galardón, La revuelta de los copistas, el investigador anima a sus futuros lectores a abrir los ojos, demostrando que las tecnológicas han robado el inmenso acervo intelectual y creativo que custodiaban las bibliotecas y que ahora se pretende vender mediante suscripciones, con la promesa de que se trata de un conocimiento nuevo.

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Renfe debe abrir tres de sus talleres a Ouigo para que haga en ellos el mantenimiento de sus trenes, algo que negaba la operadora española al considerar que se trata de trabajos pesados que quedan fuera de sus acuerdos marco con la compañía francesa. Sin embargo, la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera que se trate de mantenimiento pesado y, en todo caso, acaba de determinar que si Renfe puede realizar estas tareas en las instalaciones que, dentro del grupo, pertenecen a Renfe Mantenimiento, también Ouigo puede hacerlas.

La CNMC ha publicado este martes su resolución acerca de un contencioso entre Renfe y Ouigo que se inició cuando la operadora española negó el acceso a sus talleres a la francesa, al considerar que las tareas de mantenimiento de sus trenes que pretendía hacer en ellos excedían los términos del acuerdo marco firmado entre ambas.

En su resolución, Competencia le quita la razón a Renfe por dos motivos. El primero, porque frente a lo que argumentaba española, considera que "las operaciones de desmontaje y montaje de componentes no constituyen mantenimiento pesado", de modo que "deben prestarse a todas las empresas ferroviarias en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias" en los talleres de Renfe Mantenimiento, que deberá "facilitar el acceso a Ouigo a los talleres de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral".

Por otra parte, subraya que Renfe Viajeros hace tareas de mantenimiento en los talleres de Renfe Mantenimiento "intervenciones técnicamente equivalentes" a las que quiere prohibir a Ouigo, de modo que "denegarle" el acceso es "contrario a la normativa vigente".

(habrá más información en breve)

A insurreição e a anarquia seguem de perto a queda dos impérios personalizados

• Apple roiled the ad industry with an unexpected new crackdown on web trackers.
• The tech giant has now issued a rationale for why it's stamping out "identity resolution."
• The ad industry has concerns Apple's latest privacy move may hamper targeting and measurement.

Apple's latest privacy crackdown left the online ad industry scrambling for answers. Now, the tech giant has finally offered some.

Late on Monday, Apple published a blog post laying out its rationale for new restrictions that block technology used to identify and track consumers across websites. The changes are implemented through WebKit, the browser engine that powers Safari and other browsers on iPhones and iPads.

Apple said the change was designed to target "identity resolution," a method adtech companies use to connect separate data points about users — such as email addresses, phone numbers, IP addresses, browsing history, or information about the device they're using — to identify and track them across devices.

The method grew in popularity as many web browsers, including Apple's Safari, began phasing out third-party tracking cookies, the small files dropped on a user's device that were traditionally used for web tracking. The ad industry deploys tracking to precisely target specific audiences and measure whether their campaigns are working.

In its blog post, Apple said that while users might readily offer their email address to log in to a website or sign up for a newsletter, most wouldn't expect it to also be shared with other companies for invisible tracking purposes.

"It's not enough to block cross-site cookies to prevent cross-site tracking today because the tracking industry has not stopped trying to track users on the web," Apple said. "They have ushered into what they call the post cookie era and in our latest releases we have put strong protection in place."

The blog post explains that Apple is implementing "domain-level" blocking, a broad intervention designed to ensure that identity providers can't circumvent the restriction by changing how they send data.

Apple took the adtech industry by surprise earlier this month when it came to light that it had begun blocking the domains operated by several companies that offer alternative identifiers, without warning. The blocked domains included those operated by The Trade Desk, LiveRamp, ID5, Permutive, and Audigent.

The stakes are high for adtech companies that have invested heavily in building identity graphs and alternative tracking identifiers to mitigate the impact of the loss of third-party cookies. Apple's latest move threatens to undermine those efforts and put a dent in their businesses if targeting its users across the web becomes more difficult.

The initial rollout had also blocked The Trade Desk's ability to serve ads at all on Apple-operated browsers. Apple rolled out a fix a few days later that restored The Trade Desk's ad-serving domain from being blocked alongside its advertising identifier, Unified ID 2.0.

The ad industry braces for fallout

The ad industry is now bracing for impact as more users begin updating their devices to iOS 27. Ad pros previously told CMO Insider that the change will make it harder for advertisers to identify and reach people across the open web.

Industry insiders said that by effectively shrinking the pool of users they can target, advertisers are expecting less reach, higher prices to reach the audiences they can still identify, and more difficulty in controlling how often people see an ad and measuring whether their campaigns worked.

Identity resolution has become widespread across the open web. An academic paper published in September that analyzed 600,000 websites over 41 months found that 83.76% of those sites were using alternative identifiers by May 2025.

If advertising becomes less effective on the open web, marketers could funnel more of their budgets into so-called "walled garden" platforms like Meta and Google, which aren't as heavily reliant on alternative identifiers because they have reams of their own logged-in user data. Apple, too, has a growing advertising business within its App Store and apps, including News and Maps.

Apple isn't backing down

There are still unanswered questions about Apple's exact definition of an identity resolution provider, and the company has already demonstrated it can add domains to its block list without warning.

There's also an indication Apple is only getting started. First reported by AdExchanger, Apple has created a broader list that can dynamically block potentially hundreds of adtech, martech, and data companies. Affected companies may not realize they've been added to the list until they begin experiencing disruptions.

In Monday's blog post, Apple linked to its long-standing tracking-prevention policy, which acknowledges that its blocking rules may have unintended impacts. Those include disrupting the funding of websites that use targeted or personalized advertising, advertising measurement, and fraud prevention.

The policy states that while Apple will try to limit unintended impact, "when faced with a tradeoff, we will typically prioritize user benefits over preserving current website practices."

Ever since Apple launched its Intelligent Tracking Prevention feature in 2017, the tech giant has been locked in a cat-and-mouse game with the adtech industry, which has persistently developed workarounds to its privacy updates. Adtech companies have argued that these techniques were necessary to help publishers effectively monetize their websites with ads while still maintaining user privacy.

Apple, which has long held that "privacy is a fundamental human right," makes it clear in its policy that it won't allow workarounds to proceed on its watch.

"We treat circumvention of shipping anti-tracking measures with the same seriousness as exploitation of security vulnerabilities," the Apple policy states. "If a party attempts to circumvent our tracking prevention methods, we may add additional restrictions without prior notice."

La circulación de trenes de Alta Velocidad en el corredor entre Madrid y Barcelona, hasta la frontera francesa, quedará este martes prácticamente normalizada después de la alteración que provocó el incendio de la locomotora de un AVE a la altura de la localidad zaragozana de Ricla el 12 de octubre. Aunque todavía queda alguna medida excepcional -por ejemplo, Iryo no recuperará dos de sus trayectos suprimidos hasta el jueves-, Adif y Renfe han dado por clausurada la última incidencia en la línea de Alta Velocidad más importante del país en la que, sin embargo, están lejos de arreglarse todos los problemas en una vía jalonada de puntos donde los trenes tienen que frenar la marcha y una limitación generalizada hasta el próximo 13 de diciembre.

El incendio que se declaró en la locomotora de un AVE a su paso por la localidad de Ricla en la tarde del 12 de octubre fue el inicio de una semana en la que a varias horas de la circulación cortada totalmente en la línea Madrid-Barcelona, precisamente a la vuelta del Puente del Pilar, siguieron días en los que las operadoras suprimieron trenes y alteraron horarios, retrasando sus salidas, para adaptarse al 'embotellamiento' que hasta este lunes provocaba que entre Ricla y Plasencia de Jalón los trenes solo pudieran circular por una de las dos vías.

Una vez que el domingo Adif anunció que había concluido la reparación del tramo de vía -de 1,2 kilómetros- que se vio afectado por el incendio y que la infraestructura quedaba ya a disposición de las operadoras, estas han tomado distintas decisiones que hacen que la "completa" normalización, como la llamó Renfe este lunes, sea más bien escalonada. Mientras que la operadora española se adelantó a las previsiones que apuntaban a la reanudación por las dos vías a partir de las 15 horas poniendo todos sus AVE Madrid-Barcelona a circular a partir de las 12.30 horas, Ouigo estabilizará sus frecuencias este martes, cuando volverá a hacer cinco servicios por sentido y volver a incorporar los dos trenes que suprimió en la última semana, el tren Barcelona-Madrid de las 10.40 horas y el Madrid-Barcelona de las 17.40.

Iryo decidió mantener las medidas extraordinarias que había anunciado días antes y extender hasta el jueves, 22 de octubre, la supresión de dos de sus trenes matinales -el Madrid-Barcelona de las 8.22 horas con salida desde Madrid y el de las 12.14 horas con salida desde Barcelona-. Será a partir del viernes, 23 de octubre, cuando retome su programación habitual, que en la línea Madrid-Barcelona oferta hasta 30 frecuencias diarias, 15 por sentido.

Limitaciones de velocidad y 25 minutos más de viaje

Una vez superado este último bache, que al final va a dejar notar sus efectos hasta casi dos semanas después del incendio del 12 de octubre, la normalización de la circulación seguirá sin estar completa en la línea Madrid-Barcelona, el corredor por el que viajan más pasajeros, 14,4 millones en 2025 según la CNMC, a pesar de que también es la única línea que el año pasado perdió viajeros por primera vez desde la entrada de la competencia de Renfe, con un 1,7% menos.

Por una parte, porque el trayecto entre Madrid y la frontera con Francia donde termina está jalonado por 32 limitaciones temporales de velocidad (LTV). Las fija Adif, en ocasiones atendiendo a las advertencias de los maquinistas, y se corresponden con otros tantos puntos o tramos de la vía en los que los trenes no pueden circular a 300 kilómetros por hora, la velocidad máxima que puede alcanzar en estos momentos la Alta Velocidad, sino que los maquinistas deben rebajarlas a 230, 160 o incluso a 80 para sortear defectos de la vía, adaptarse a obras en la infraestructuras o cuando hay condiciones meteorológicas adversas.

Aunque están llamadas a ser de carácter transitorio, lo cierto es que la red ferroviaria española -tanto convencional como de Alta Velocidad- registra cientos de limitaciones temporales de velocidad que en la mayoría de los casos llevan meses e incluso años ahí sin que se revise y solvente el motivo por el que un día se instauraron.

En el caso de la línea Madrid-Barcelona, las alertas sobre baches o vibraciones en los trenes se hicieron especialmente intensas en las semanas después del accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero. En primer lugar, fueron los maquinistas los que durante días alertaron de anomalías en sus servicios por esta línea. A pesar de que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, las minimizó durante días y llegó a atribuirlas al "estado anímico" de los maquinistas después de los siniestros de Adamuz y de Gelida en el que resultaron muertos los dos conductores, poco después Adif terminó acordando con las tres operadoras una decisión salomónica que dura todavía hoy y que desde febrero ha contribuido también a alterar la marcha norma de la Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona.

Para permitir combinar el retraso de los trenes por las limitaciones temporales de velocidad, Renfe, Ouigo e Iryo acordaron en febrero con Adif suprimir sus últimos trenes de la jornada y establecer una duración de los trayectos entre Madrid y Barcelona 25 minutos superior a la de entonces, de manera que el viaje, ahora se hace en unas tres horas y media. De esta manera, daría tiempo respetar la llamada "banda de mantenimiento", las horas nocturnas en las que no hay circulación y son utilizados por Adif para recorrer las vías en busca de averías y otras imperfecciones.

Tal y como se acordó a principios de año, esta medida estará vigente hasta el 13 de diciembre, aunque fuentes ferroviarias ya empiezan a dudar que para entonces sea posible levantar las limitaciones temporales que obligan a prolongar el trayecto casi media hora.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ampliado la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y ha ordenado identificar a un confidente de la Guardia Civil que habría alertado de movimientos inusuales en Marruecos antes de los hechos. La magistrada reclama, además, nuevos informes de inteligencia al Ejército, grabaciones de los sistemas de vigilancia fronteriza y documentación sobre las advertencias y decisiones adoptadas por las autoridades en los días previos a la crisis.

En un auto fechado el 16 de octubre, la instructora acuerda también citar como testigos el 27 de octubre a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta que, según la declaración del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, estuvieron presentes en las zonas afectadas o participaron activamente en la gestión de la crisis.

Al día siguiente comparecerán tres funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban de servicio en la frontera el 30 de julio. La providencia del 19 de octubre añade las declaraciones de Lorenzo Juan Fages Cortés, inspector jefe de la Policía Nacional, y del teniente coronel de la Guardia Civil que ejercía como jefe de Operaciones de la Comandancia de Ceuta. Ambos están citados para el 26 de octubre.

Las nuevas diligencias buscan esclarecer qué información tenían las distintas administraciones antes de los acontecimientos, quién la recibió y qué medidas se adoptaron para responder a una movilización de una magnitud extraordinaria. La investigación se inició para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de unos hechos que la jueza considera susceptibles de constituir un delito contra la paz e independencia del Estado.

La pista del confidente que avisó de movimientos en Marruecos

Una de las principales líneas de investigación pasa por identificar a un hombre conocido como Ahmed, residente en la barriada ceutí de Benzú, que habría trasladado información sobre concentraciones de personas y movimientos inusuales en Castillejos, en territorio marroquí, antes de la entrada masiva. La referencia procede de la declaración de Gonzalo Sanz, quien era jefe de gabinete del delegado del Gobierno cuando ocurrieron los hechos. Según explicó ante la jueza, Ahmed mantenía una interlocución habitual y fiable con la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

Tardón ha ordenado a las jefaturas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que identifiquen tanto a este informante como a los agentes que hubieran mantenido contacto con él. Una vez localizados, deberán ser citados a declarar como testigos. La instructora pretende así comprobar qué información llegó a las fuerzas de seguridad antes de la crisis y cómo se trasladó a los responsables de la respuesta operativa.

La magistrada también reclama a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno las actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio. Según recoge el auto, varios testigos han coincidido en que en esos encuentros se abordó la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se advirtió de la necesidad de actuar con urgencia.

El Ejército deberá entregar informes de inteligencia y grabaciones

La ampliación de las diligencias alcanza también a las Fuerzas Armadas. Tardón requiere al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad elaborados por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto, así como el informe original REW 32 que figura entre los documentos desclasificados por el Gobierno.

Al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) le solicita los informes generados en el grupo de seguimiento de Marruecos, más imágenes satelitales de la frontera y las interceptaciones del programa Santiago correspondientes al mismo periodo.

Además, ordena recabar grabaciones de cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo de la Policía, la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria, la Ciudad Autónoma y los organismos militares. El objetivo es reconstruir cronológicamente lo ocurrido y contrastar las declaraciones de los testigos con registros objetivos.

La jueza reclama asimismo cifras oficiales sobre entradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos y efectivos desplegados. También pide informes sobre la repercusión de la crisis en los servicios públicos esenciales y sobre los daños económicos sufridos por la ciudad, para lo que requiere documentación a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios de Ceuta.

El juez de Instrucción número 6 de Majadahonda (Madrid), Gerardo Calvo, ha archivado la denuncia presentada por Vito Quiles contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de denuncia falsa. El comunicador acudió a los tribunales al considerar que Gómez había mentido al denunciarlo por las presuntas coacciones sufridas durante un incidente en un restaurante de Las Rozas (Madrid), el pasado abril. Sin embargo, el magistrado ha estimado el recurso de la defensa de la mujer del presidente y ha inadmitido la querella por incumplimiento del requisito de procedibilidad, lo que deja sin efecto la declaración que ambos tenían prevista para este viernes.

El archivo de esta denuncia se produce en medio del enfrentamiento judicial que comenzó con aquel episodio en el restaurante. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa iniciada a raíz de la denuncia de Gómez contra Quiles, al considerar prematuro el archivo acordado inicialmente por un juzgado de Majadahonda. Los magistrados entienden que es necesario investigar si el comportamiento del comunicador pudo constituir un delito de coacciones.

En el auto que archiva la querella de Quiles, el juez Calvo señala que el comunicador fundamentó su denuncia en que Gómez había sido imputada en otro procedimiento judicial, pero omitió que esa decisión no era firme y había sido recurrida ante la Audiencia Provincial. El magistrado considera que no se cumplen los requisitos necesarios para admitir la querella en esas circunstancias.

Calvo añade que Quiles podría volver a solicitar que se investigue a Gómez si la imputación llegara a adquirir firmeza. No obstante, la decisión de la Audiencia Provincial sobre los hechos denunciados por la esposa del presidente impide que prospere ahora la pretensión del comunicador en los términos planteados.

El incidente en el restaurante que originó las dos denuncias

El enfrentamiento judicial se remonta al pasado mes de abril, cuando Vito Quiles acudió a un restaurante de Las Rozas en el que Begoña Gómez se encontraba acompañada de varias personas. Tras el episodio, la esposa de Pedro Sánchez denunció al comunicador por las presuntas coacciones sufridas, mientras que Quiles respondió con una querella contra ella por denuncia falsa, al sostener que había mentido sobre lo ocurrido.

La denuncia de Gómez fue archivada inicialmente por un juzgado de Majadahonda, que no apreció indicios suficientes de delito. Sin embargo, la defensa de la esposa del presidente recurrió esa decisión y la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón, al ordenar que se reabra la investigación para examinar las circunstancias del incidente.

Los magistrados consideran que el cierre de la causa fue prematuro y señalan que lo sucedido “no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito”. El propio Quiles difundió un vídeo del episodio en el que se le ve intentando acercarse a Gómez mientras varias personas de su entorno tratan de impedirlo.

La Audiencia precisa que las grabaciones aportadas a la causa no acreditarían que se produjera un zarandeo ni que Quiles rodeara con el brazo a Gómez para impedirle salir del establecimiento. No obstante, entiende que esos extremos no bastan para descartar la posible existencia de coacciones y que debe examinarse si la actuación del comunicador pudo limitar la libertad de la denunciante.

Toni Comín viajará este jueves 22 de octubre a Madrid para acatar la Constitución y completar los trámites que le permitirán ocupar su escaño en el Parlamento Europeo, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya levantado la orden nacional de detención que pesaba sobre él por su implicación en el procés. El exconseller de Salud de la Generalitat, que reside en Bélgica desde 2017, ha adelantado así su regreso a España, aunque mantiene que su exilio no terminará hasta el domingo 25 de octubre, cuando prevé cruzar a pie la frontera francesa para volver a Cataluña.

Comín ha explicado en una entrevista en 3Cat que su viaje a la capital no supone el final de su exilio, ya que acudirá exclusivamente para realizar el trámite electoral pendiente y regresará después al extranjero. “Yo el día 22 iré a Madrid. De la misma manera que durante mi exilio ha habido ocasiones en las que he tenido que ir a París, a Roma o a Ámsterdam. Y eso no pone fin a mi exilio”, ha afirmado.

El dirigente independentista ha insistido en que considera Cataluña su país y que, por tanto, no dará por concluido su exilio hasta que regrese allí. “Mi exilio termina el día 25, que es el día en el que regreso a mi país”, ha señalado. Su intención es viajar a Madrid desde Francia, sin pasar por Cataluña, y salir de nuevo de España una vez haya completado las gestiones ante la Junta Electoral Central (JEC).

El trámite pendiente desde las elecciones europeas de 2024

La JEC ha citado a Comín este jueves a las 12.00 horas en la sede del organismo, ubicada en el Congreso de los Diputados, para que preste el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Se trata de un requisito que tiene pendiente desde las elecciones europeas de junio de 2024, en las que obtuvo un escaño como candidato de Junts.

Aunque resultó elegido en aquellos comicios, Comín no había podido completar los trámites para incorporarse a la Eurocámara porque se negaba a viajar a España ante el riesgo de ser detenido. La retirada de la orden nacional de detención ha despejado ese obstáculo y le permitirá acudir a Madrid para formalizar su condición de eurodiputado.

El exconseller ha reconocido que mantiene sus recelos ante la convocatoria de la JEC, que ha llegado a calificar de posible “trampa”. Por ese motivo, su plan es permanecer en la capital el tiempo imprescindible para realizar el trámite y abandonar después el territorio español.

Una vez cumplido ese requisito, Comín prevé regresar a Cataluña el domingo 25 de octubre mediante una caminata desde Francia. Inicialmente, había anunciado que cruzaría la frontera el sábado 24 y había invitado a sus allegados a acompañarlo, pero la citación electoral ha obligado a modificar el calendario.

El viaje de Comín es posible después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejara sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre él, Carles Puigdemont y Lluís Puig. Este lunes, el instructor ha confirmado esa decisión al rechazar el recurso presentado por Vox, que se oponía al levantamiento de las medidas.

Nueve años fuera de España

Comín abandonó España en 2017, tras el proceso independentista catalán, y se instaló en Bélgica junto a otros dirigentes vinculados al ‘procés’. Desde entonces, ha defendido que su situación constituye un exilio político y ha condicionado su regreso a la desaparición de las restricciones judiciales que podían conducir a su detención.

El exconseller también ha diferenciado su retorno del de Puigdemont, al considerar que ambos tienen circunstancias y condicionantes políticos distintos. En su caso, el regreso a Cataluña coincidirá con la posibilidad de completar los trámites que le permitan ejercer el mandato europeo obtenido en las urnas en 2024.

Pese a que prevé regresar a Cataluña este domingo, Comín ha anunciado que mantendrá su residencia en Lovaina (Bélgica) por su proximidad a las instituciones europeas, donde desarrolla su actividad como eurodiputado. Su viaje a Madrid le permitirá completar los trámites pendientes para ocupar su escaño, mientras que sitúa el final de su exilio en el momento en que cruce la frontera y regrese a Cataluña.

José Ignacio Landaluce dejará de ser alcalde de Algeciras (Cádiz) el próximo domingo 25 de octubre, después de más de quince años al frente del Ayuntamiento. El regidor ha anunciado su dimisión en un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que ha atribuido su salida a la pérdida de apoyos dentro de su propio partido y a la moción de censura registrada por doce concejales del PP y cuatro de Vox. “Me obliga a presentar mi dimisión como alcalde”, ha asegurado, antes de reiterar que las acusaciones contra él son “absolutamente y rotundamente falsas”.

El anuncio pone fecha al final de una etapa política marcada por la ruptura del equipo de Gobierno municipal y por las denuncias presentadas contra el alcalde por presuntos delitos contra la libertad sexual. Landaluce ha defendido su inocencia y ha asegurado que quienes, a su juicio, están detrás de las acusaciones tendrán que responder ante la Justicia. “Frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la Justicia”, ha afirmado.

El regidor ha explicado que ha elegido el 25 de octubre para formalizar su salida con el objetivo de facilitar un traspaso ordenado de responsabilidades y evitar perjuicios para el funcionamiento del Ayuntamiento. Antes, el sábado 24, protagonizará el que ha definido como su último acto institucional. “Deseo que mi último acto como alcalde sea el día 24 de octubre, el sábado, con la entrega del bastón de mando al señor de Algeciras, el Cristo de Medinaceli”, ha señalado. Con ese gesto, ha dicho, quiere despedirse desde el respeto a las tradiciones de la ciudad y a la institución que ha presidido durante más de quince años.

La moción de censura que precipitó su salida

La renuncia llega después de que doce de los quince concejales del PP en el equipo de Gobierno abandonaran sus responsabilidades municipales ante la negativa de Landaluce a dejar el cargo. Los ediles populares registraron una moción de censura junto a los cuatro concejales de Vox, cuyos votos permiten reunir una mayoría suficiente para relevar al alcalde en una corporación de 27 miembros.

La iniciativa propone como sustituto a Jacinto Muñoz, hasta hace unos días primer teniente de alcalde. El pleno extraordinario para debatir la moción está convocado para el miércoles 28 de octubre a las 12.00 horas. Vox ha anunciado que facilitará el cambio de alcalde, pero que no entrará en el nuevo Gobierno municipal.

La crisis ha dejado a Landaluce con un respaldo muy reducido dentro del Ayuntamiento y ha abierto una fractura en el PP local. El dirigente, que abandonó el partido en diciembre de 2025, se había resistido hasta ahora a renunciar a la Alcaldía, pese a la presión de la dirección provincial de los populares y a la salida de la mayoría de sus concejales del Ejecutivo municipal.

Citado a declarar como investigado el 23 de octubre

La dimisión se produce, además, en plena escalada de la presión judicial. Landaluce está citado a declarar el próximo viernes 23 de octubre como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual, en relación con una denuncia presentada por una joven afiliada al PP. La denunciante sostiene que el alcalde le habría tocado en el pecho en julio de este año, en su despacho, bajo el pretexto de examinarle un lunar.

A esta denuncia se suma otra presentada por una segunda militante popular ante el Tribunal Supremo, relativa a presuntos episodios ocurridos entre 2020 y 2021. Las acusaciones han provocado una crisis política que ha terminado por dividir al grupo municipal del PP y ha precipitado la operación para sustituir a Landaluce al frente del Ayuntamiento.

El alcalde ha rechazado ambas acusaciones y sostiene que son falsas. En su mensaje de despedida, ha asegurado que luchará para demostrar su inocencia y ha reclamado que quienes considera responsables de lo que califica como un montaje asuman también las consecuencias de sus actos. La investigación judicial deberá determinar los hechos y las eventuales responsabilidades, sin que la citación como investigado implique una declaración de culpabilidad.

Landaluce ha concluido su intervención agradeciendo el apoyo recibido de vecinos y seguidores en las redes sociales. “Algeciras, siempre con mi pueblo, siempre con mi gente”, ha dicho al cerrar un mensaje en el que ha reivindicado su trayectoria al frente de la ciudad y ha defendido su derecho a proteger su honor y el de su familia.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado el levantamiento de las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación, después de que el Tribunal Constitucional corrigiera la interpretación que había llevado al Alto Tribunal a excluir este delito de la ley de amnistía. El magistrado, que ya había dejado sin efecto las órdenes el pasado 6 de octubre, rechaza ahora el recurso de la acusación popular contra esa decisión y ordena mantenerlas canceladas.

El auto, fechado el 16 de octubre, tiene dos consecuencias que conviene distinguir. Por un lado, los tres dirigentes independentistas dejan de tener vigentes las órdenes nacionales de detención que se mantenían contra ellos por la malversación. Por otro, la resolución no supone todavía el cierre definitivo de la causa ni declara extinguida de forma definitiva su responsabilidad penal. Esa decisión deberá adoptarla el órgano judicial competente mediante el procedimiento correspondiente.

La resolución incluye, además, un reproche expreso de Llarena al Constitucional por la forma en que censuró el criterio del Supremo sobre la malversación. Aunque el instructor reconoce que está obligado a aplicar la doctrina del tribunal de garantías, discrepa de que la interpretación que mantuvo el Alto Tribunal fuera jurídicamente inadmisible. “Los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal”, escribe el magistrado, en referencia a la división que provocó la sentencia entre los propios miembros del Constitucional.

El Constitucional obliga a cambiar el criterio sobre la malversación

El origen de la decisión está en la sentencia del Constitucional que estimó el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa. El tribunal rechazó la interpretación que había servido al Supremo para negar la amnistía por malversación a los principales dirigentes del ‘procés’: que estos habían obtenido un beneficio personal al utilizar fondos públicos para financiar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El razonamiento del Supremo partía de que los responsables de esos gastos habían evitado asumirlos con su propio patrimonio. El Constitucional, sin embargo, consideró que financiar con dinero público el referéndum no bastaba para concluir que sus promotores habían obtenido un beneficio patrimonial personal. A su juicio, ese razonamiento confundía el coste de llevar adelante el proyecto político con una ventaja económica individual que debía poder identificarse por separado.

Aunque Llarena mantiene sus discrepancias con esa interpretación, considera que la doctrina del Constitucional debe aplicarse también a Puigdemont, Comín y Puig. Los tres se encontraban en una situación jurídica similar a la examinada en el recurso de Bassa: la exclusión de la amnistía se apoyaba en el mismo argumento sobre el supuesto beneficio patrimonial.

El magistrado entiende que no existe una circunstancia específica de los tres procesados que permita mantener las órdenes de detención con una justificación diferente de la que el Constitucional ha rechazado. Por ello, concluye que ya no hay base jurídica suficiente para mantener esas medidas cautelares.

Llarena cuestiona la dureza de la sentencia

El juez dedica buena parte del auto a explicar por qué, aunque acata la decisión, no comparte las razones con las que el Constitucional corrigió al Supremo. A su juicio, una cosa es que el tribunal de garantías considere que una interpretación legal no es compatible con la Constitución y otra que esa interpretación careciera de fundamento jurídico.

Llarena defiende que la propia ley de amnistía contempla expresamente la exclusión de las conductas realizadas con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. Por eso, sostiene que el Supremo no introdujo una excepción ajena a la norma, sino que interpretó el alcance de una condición que el legislador había incluido en ella.

El instructor también recuerda que cinco magistrados del Constitucional defendieron la validez de la interpretación del Supremo, frente a los siete que integraron la mayoría que la rechazó. A su entender, esa división muestra que existía una controversia jurídica real y que el criterio del alto tribunal no podía considerarse una interpretación carente de fundamento.

El magistrado, no obstante, reconoce que la decisión del Constitucional es vinculante y que no puede seguir eligiendo entre ambas interpretaciones. “La cuestión ha sido resuelta por el órgano al que corresponde decidirla definitivamente y su doctrina debe aplicarse”, señala. Su discrepancia, añade, no le permite conservar los efectos de una interpretación que el tribunal de garantías ha rechazado.

La retirada de las órdenes no cierra la causa

La acusación popular había recurrido la decisión de levantar las órdenes y solicitado que se mantuvieran hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera las cuestiones prejudiciales pendientes sobre la ley de amnistía. Llarena rechaza ese argumento: considera que la existencia de procedimientos abiertos ante la Justicia europea no basta para mantener una medida que debe contar con una justificación jurídica vigente.

El juez sostiene que la posibilidad de que las futuras resoluciones europeas influyan en la valoración del caso no permite mantener ahora unas órdenes de detención cuyo fundamento ha quedado debilitado por la doctrina constitucional.

Sin embargo, el auto deja claro que esta decisión se limita a las medidas cautelares. Llarena advierte de que el levantamiento de las órdenes no pone fin al procedimiento ni sustituye a la resolución que debe decidir sobre la extinción de la responsabilidad penal y el eventual sobreseimiento. Esa decisión corresponde a la Sala de enjuiciamiento, que deberá tramitarla conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La resolución ordena cancelar las órdenes de detención en los registros y sistemas informáticos correspondientes, así como los mandamientos de ingreso en prisión que dependan exclusivamente de ellas. Contra el auto cabe interponer recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación en el plazo de tres días desde su notificación, aunque esos recursos no suspenden la ejecución de lo acordado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la prórroga durante 2026 de las ayudas vigentes al transporte público y que a partir del 15 de enero empezará a funcionar un "abono único", que permitirá viajar por todo el país en trenes de Cercanías y de Media Distancia, así como en autobuses de competencia estatal, pero que, sin embargo, deja fuera las redes de Metro o de autobuses urbanos debido a que de momento no ha sido posible sumar a las administraciones autonómicas y municipales a este programa.

Según ha explicado en la rueda de prensa de balance del año, será una "tarifa plana" de 60 euros durante 30 días para la población general y de 30 euros para pasajeros hasta 26 años y podrá suponer para quienes puedan utilizarlo en los medios de transporte incluidos hasta un ahorro "de casi el 60%" al mes de lo que gastan para transportarse, según cálculos del Gobierno.

Además, en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre se "extenderán las ayudas al transporte". Según fuentes gubernamentales, se trata de una prórroga para todo 2026 de ayudas vigentes, que el Ministerio de Transportes todavía está perfilando del todo para incluir en el real decreto ley que aprobará el Gobierno la semana que viene y que después deberá ser convalidado por el Congreso.

De prorrogarse todas las ayudas al transporte tal y como existen en la actualidad —desde la última rebaja que entró en vigor el 1 de julio pasado—, se extendería en 2026 el descuento de hasta el 40% de los abonos transportes y del 50% para los abonos jóvenes, para lo que el Gobierno central podrá un 20% que deberá ser complementado con otra rebaja mínima del 20% por parte de los gobiernos autonómicos. Seguirá siendo gratis el abono hasta los 14 años, en este caso, hasta ahora financiado íntegramente por el Ministerio.

De la misma manera, se extenderá un año más el abono mensual para viajar en la Cercanías por 20 euros al mes y descuentos de entre el 40 y el 70% en autobuses interregional de titularidad estatal.

El decreto que se aprobará la semana que viene previsiblemente también prorrogará la rebaja del 50% para el abono de trenes Avant y otros de Media Distancia y también del 50% en el caso de los billetes de 10 viajes.

Abono único descafeinado

Si bien es previsible que las actuales ayudas al transporte público se extiendan al año que viene, lo que ha quedado más descafeinado ha sido el "abono único". En un principio, la idea de Ministerio de Transportes era crear una herramienta a imagen y semejanza de la que existe en Austria o la que entrará totalmente en vigor en Alemania el 1 de enero, que permite viajar por una cantidad fija al mes por todo el país en cualquier medio de transporte público, excluida también la alta velocidad.

En España, sin embargo, se verá limitado a los medios de transporte de titularidad estatal, es decir, trenes de Renfe de Cercanías y de Media Distancia -no de alta velocidad- y de los autobuses que recorren las líneas estales competencia del Ministerio, es, decir, que hacen rutas entre distintas comunidades autónomas. Quedan fuera de esta tarifa plana las redes de Metro o de autobuses urbanos, debido a que de momento no existe un acuerdo con las comunidades autónomas para integrarlos.

Sánchez ha asegurado este lunes que el abono único es "una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y por la clase media y trabajadora, porque es un ahorro para el bolsillo de muchas familias", pero ha cifrado en "dos millones" los ciudadanos que podrán beneficiarse de ella, aquellos que se desplazan con frecuencia entre distintas provincias. "Un trabajador que todos los días va de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla puede ahorrarse hasta casi 60% del gasto mensual en transporte público gracias a este abono", ha dicho.

En este contexto, el presidente ha lanzado un llamamiento "a las comunidades autónomas" para que "se vayan adhiriendo" y que el abono único español sea como el que funciona en Alemania o Austria, incluyendo redes de transporte urbano, competencia de gobiernos regionales y ayuntamientos.

A través de Renfe y acreditando la edad

Según ha informado el Ministerio de Transportes, el abono único podrá adquirirse a través de la web, aplicaciones, taquillas y máquinas de auto venta de los operadores, es decir de Renfe en el caso de Cercanías y Media Distancia o de las empresas concesionarias de las líneas de autobús de competencia estatal a las que también se aplica. Todos estos canales expedirán un localizador que podrá canjearse después cuando se compre cada título de viaje.

De una manera parecida al programa Verano Joven, los jóvenes de hasta 26 años, que se beneficiarán del precio reducido, deberán registrarse en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y allí obtendrán un código para canjear en el momento de la compra y rebajar a 30€ el precio del Abono Único.

Los 163.020 españoles afectados por la suspensión cautelar del voto vinculada a la conocida como ‘ley de nietos’ tienen hasta este próximo jueves 22 de octubre para personarse ante el Tribunal Supremo y presentar alegaciones contra la medida que les impide participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Para hacerlo deben comparecer con abogado y procurador, un requisito que obliga a los afectados a organizar su defensa en un plazo de cinco días hábiles.

El plazo comenzó el viernes 16 de octubre, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la parte dispositiva de los autos del Supremo que mantienen la suspensión. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha habilitado este trámite para que los ciudadanos afectados puedan intervenir en el procedimiento como parte codemandada y formular las alegaciones que consideren oportunas sobre las medidas cautelares.

La comparecencia no garantiza que recuperen el derecho al sufragio ni suspende automáticamente la decisión judicial. Su finalidad es permitir que los afectados defiendan su posición ante el tribunal que mantiene la medida. La suspensión tampoco implica que pierdan la nacionalidad española: afecta a los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo de residentes en el extranjero.

Cómo personarse ante el Supremo

Los ciudadanos que quieran intervenir en el procedimiento deben hacerlo mediante abogado y procurador. La representación profesional es obligatoria y, por tanto, constituye el primer paso para quienes quieran presentar alegaciones dentro del plazo concedido por el tribunal.

Los afectados deben trasladar a sus representantes la documentación que permita identificar su situación y explicar por qué consideran que no deben quedar sometidos a la suspensión. El abogado y el procurador deberán formalizar la personación ante el Supremo y presentar las alegaciones correspondientes dentro del plazo procesal.

El tribunal ha ordenado publicar los autos en el BOE, en el Tablón Edictal Judicial Único y en los tablones de anuncios de los consulados españoles para dar publicidad a la resolución. La medida pretende que los ciudadanos afectados puedan conocer el procedimiento y comparecer, aunque la Administración no dispone de una relación completa que permita notificarlos individualmente.

La dificultad es especialmente relevante para quienes residen fuera de España y deben localizar representación profesional desde el extranjero. El plazo es breve y la presentación de alegaciones exige actuar con rapidez, pero no debe confundirse con una resolución individual sobre la validez del voto de cada ciudadano.

Qué pueden alegar los afectados

La personación permite a los ciudadanos intervenir en el procedimiento y defender sus intereses frente a la medida cautelar. Las alegaciones pueden abordar las circunstancias particulares del expediente y los motivos por los que consideran que la suspensión no debe aplicarse a su caso.

El Supremo mantiene la medida porque cuestiona la interpretación administrativa utilizada para presumir el exilio de determinados ascendientes de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’. Por ello, la controversia gira en torno a si se cumplen los requisitos legales para acceder a la nacionalidad por esa vía y a los efectos que debe tener esa acreditación sobre el derecho al sufragio.

La presentación de alegaciones no implica que el tribunal vaya a levantar la suspensión. La decisión corresponde al Supremo, que deberá valorar los argumentos presentados y determinar si procede modificar las medidas cautelares. Tampoco existe garantía de que el procedimiento concluya antes de las elecciones.

La excepción de la certificación consular

Los autos del Supremo contemplan una excepción para los ciudadanos que puedan acreditar documentalmente que cumplen los requisitos legales relativos al exilio de sus ascendientes. En estos casos, la suspensión no se aplicará si los encargados de los registros consulares expiden, bajo su responsabilidad, una certificación acreditativa de que, a fecha de 1 de agosto de 2026, los interesados habían accedido a la nacionalidad demostrando que eran hijos o nietos de españoles originarios que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación o identidad sexual, en los términos previstos por la ley.

Esta vía no se aplica automáticamente a todos los nacionalizados por la ‘ley de nietos’. La certificación debe acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el Supremo y que la nacionalidad se obtuvo mediante la documentación exigida, sin recurrir a la presunción de exilio introducida por la instrucción de Justicia de octubre de 2022.

Los afectados que consideren que reúnen esos requisitos deben dirigirse al registro consular correspondiente para consultar qué documentación necesitan aportar y solicitar que se examine su expediente. La obtención de la certificación puede ser determinante para acogerse a la excepción, aunque la falta de tiempo y la necesidad de revisar documentación individual dificultan su aplicación antes de las elecciones.

Qué ocurre si no se personan dentro del plazo

El plazo para comparecer ante el Supremo termina el jueves 22 de octubre. Quienes no lo hagan no podrán intervenir mediante este trámite dentro del plazo concedido, pero eso no significa que pierdan la nacionalidad española ni permite concluir que renuncien automáticamente a cualquier otra vía judicial que pudiera corresponderles.

La suspensión electoral seguirá vigente mientras no sea modificada por una resolución judicial o se acredite que concurre la excepción prevista en los autos. Por ello, quienes no puedan personarse deben consultar con un profesional si existe alguna actuación individual adecuada a sus circunstancias, sin dar por hecho que una reclamación censal o una solicitud de certificación consular dejarán sin efecto la medida.

El calendario electoral añade presión al procedimiento. La Oficina del Censo Electoral tiene previsto comenzar el envío de la documentación destinada a los residentes en el extranjero entre el 24 y el 30 de octubre, mientras que las papeletas se enviarán en noviembre. Cualquier decisión que permita modificar la situación de los afectados deberá aplicarse dentro de esos plazos para que puedan ejercer su derecho al sufragio el próximo 29 de noviembre.