El centro de París se blinda ante una nueva manifestación prevista el sábado próximo, con comercios que protegen sus escaparates con tablones de madera y propietarios que compran armas defensivas por miedo a que se repitan los episodios de violencia y robo del pasado fin de semana.

El gobierno francés anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para evitar nuevos desórdenes ante los “numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos” y “saqueos”.

En la Armería de la Bolsa, en la zona de Les Halles, donde numerosos comercios fueron saqueados el pasado sábado, el propietario, Yves Gollety, asegura que las ventas de material defensivo se han disparado en la última semana.

“Los comerciantes compran material de defensa, aerosoles y cosas así, porque han sido agredidos y han tenido miedo -explica Gollety a EFE-. La gente se encontró bloqueada al fondo de sus tiendas por esas bandas de delincuentes. Muchos están traumatizados”, añade.

La armería, de hecho, está llena de clientes que compran aerosoles de gas pimienta y dispositivos que dispersan gases irritantes, para los que no es necesario ningún permiso. Las pistolas que disparan bolas de caucho, conocidas como ‘flash-ball’, también están en venta libre, aunque el dueño de la tienda confirma que están agotadas.

A horas de la nueva manifestación, el temor se palpa también en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde discurrirá la única marcha autorizada el sábado. Decenas de furgones policiales ocupaban ya la calle el miércoles, pese a que la plaza de la Bastilla permanecía abierta al tráfico y apenas se veían manifestantes.

El despliegue acompaña la imagen de los comercios cerrados y los escaparates cubiertos con tablones de madera en pleno centro de París. Las placas protegen establecimientos de las grandes cadenas.

Otros negocios siguen abiertos, pero también han blindado sus fachadas, una estampa inusual en una arteria comercial de la capital francesa, donde las tiendas parecen prepararse para resistir una amenaza inminente, tras la ola de violencia del 17 de octubre que causó daños en unos 3.000 comercios.

En una tienda especializada en productos de peluquería, Alice, una joven dependienta, confirma que cerrarán el sábado. “Sí, hay alguien que va a venir esta tarde a instalar las protecciones”, explica.

A pocos metros, unos operarios colocan tablones en la fachada de una farmacia. Tara, su responsable, resume la indignación de muchos comerciantes: “Desgraciadamente, nos estamos atrincherando. Nosotros no hemos sufrido daños, pero otros comerciantes sí”.

“Esto no es normal. Macron (el presidente francés) no hace nada. Es complicado, es triste, no es normal que haya otra manifestación prevista”, se indigna, subrayando el hecho de que en otras ciudades como Lyon o Marsella las autoridades las han prohibido.

La inquietud y la incertidumbre son los sentimientos más extendidos. Sarah, dependienta de una boutique, dice que todavía no sabe si van a cerrar.

Tony, dueño de una peluquería, muestra su asombro al descubrir que la marcha discurrirá el sábado posiblemente por delante de su comercio: “No van a hacer pasar la manifestación por el bulevar Saint-Antoine, ¿verdad?”, pregunta preocupado.

Muchos comerciantes prefieren no hablar con la prensa y preguntan primero de qué medio proceden los periodistas.

En una tienda de ropa tejana, un dependiente confirma que rompieron las protecciones de madera de los escaparates, aunque el interior parece estar en buen estado. Una empleada de una reconocida firma francesa, parada delante de las vitrinas cubiertas de su comercio, reconoce que han sufrido daños, pero no quiere dar más detalles: “Me han dicho que no haga declaraciones”.

En un pequeño kebab, cuyo cristal está fracturado, Amhed recibe a todo el mundo con una sonrisa. “Sí, nos lo rompieron durante la manifestación”, cuenta. Aun así, no piensa proteger la fachada: “Si quieren entrar, que entren y les damos de comer”.

“Nosotros somos todo: los dueños, los cocineros y los vigilantes. No vamos a hacer nada”, añade, señalando a sus compañeros sentados en el fondo de la estrecha sala.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.

Mientras las calles de Francia se llenan de protestas exigiendo mayor gasto público, los intereses que exige el mercado para comprar los bonos franceses a diez años rozan el 5% y su prima de riesgo supera los 100 puntos básicos, un nivel que no se veía desde la crisis del euro de 2012.

Francia se encuentra bajo la lupa de los mercados. Y no es para menos. Su deuda pública pasará del 115% sobre el PIB en 2025 al 120% al cierre de 2026 y el déficit sigue sin corregirse. Además, con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% y una factura anual por los intereses de la deuda que ronda los 90.000 millones de euros, el Ejecutivo francés tiene cada vez menos margen para cuadrar sus cuentas.

Pero no es solo un problema económico, la política incrementa la desconfianza de los inversores. A las puertas de las elecciones presidenciales de 2027, las propuestas económicas de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y del candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, añaden incertidumbre sobre la credibilidad financiera del país.

Y, mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de Francia para corregir sus desequilibrios, queda otra incógnita: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Banco Central Europeo realmente para frenar una eventual crisis de deuda francesa?