Key developments on Oct. 16:
Hoy Canadá es un Estado rumbo al totalitarismo, desde la pantalla de una democracia liberal, es un patrocinador del nazismo, paga asistencia en eutanasia a los pobres y, además, no deja que los ciudadanos se expresen sin fuertes retaliaciones.
Únete a nosotros en Telegram , X y VK .
Escríbenos: info@strategic-culture.su
Continuar dependiendo de la asistencia induce a una desintegración espiritual y moral fundamentalmente destructiva para la fibra nacional. Dar asistencia de esta manera es administrar un narcótico, un sutil destructor del espíritu humano.
Franklin D. Roosevelt
El trabajo es la condición inevitable de la vida humana, la verdadera fuente del bienestar humano. Ahora comprendo que mi bienestar solo es posible si reconozco mi unidad con todos los pueblos del mundo sin excepción.
Leo Tolstói
El Estado de malestar
Como excolonia británica, y miembro de la Commonwealth de manera ‘voluntaria’ dicen, Canadá se jacta de su orden y políticas migratorias claras y atractivas, así como de tener un país con un sólido Estado de Bienestar, yo diría, de malestar. Muy en la línea de la frase de Roosevelt con la que inicio este artículo.
Creer en algún tipo de bienestar puede ser cierto para los migrantes en su mayoría latinos, que son recluidos en zonas distantes de los centros urbanos y asimilados durante cinco años de arduo trabajo llamado permiso de trabajo cerrado (employer-specific – closed work permit) Permiso de trabajo restringido/específico para empleadores. Estos trabajadores ‘agradecen’ ser explotados, consideran que es mejor la promesa de la vida ‘civilizada y marginal’ a la de sus países -colonias éstos de empresas canadienses- y asumen formas de vasallaje y esclavitud.
Al respecto, tras más de cinco años de uso intensivo y varias décadas de existencia del programa de empleo se llegó a unos acuerdos entre defensores de derechos de migrantes y Amnistía Internacional, de lo cual extraigo parte del informe del relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, titulado ‘Canada has destroyed me’: Labour exploitation of migrant workers in Canada, (Canadá me ha destruido»: Explotación laboral de trabajadores migrantes en Canadá), publicado el 30 de enero de 2025:
El sistema genera una relación de poder extremadamente desigual.
El empleador no solo controla el trabajo, sino también el estatus migratorio del trabajador.
Perder el empleo puede significar perder el derecho a trabajar y, potencialmente, enfrentar la salida del país. Eso crea un miedo constante que dificulta mucho:
Denunciar abusos (horas excesivas, salarios por debajo de lo prometido, condiciones inseguras, acoso, vivienda precaria, etc.).
Negociar mejores condiciones.
Dejar un trabajo tóxico sin arriesgar todo.
Amnistía Internacional y el relator de la ONU han llegado a describir el estado de bajos salarios del TFWP como un “caldo de cultivo” o “breeding ground” [Centro de reproducción] de formas contemporáneas de esclavitud.
No es una exageración retórica: hay múltiples reportes documentados de explotación sistemática, especialmente en agricultura, cuidado, procesamiento de alimentos, construcción y hostelería.
Por otro lado, el suicidio implica una de las situaciones de salud pública más graves del país norteamericano. Aproximadamente 4500 a 4750 suicidios al año que equivalen a unos 12-13 suicidios diarios. Es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y los 34 años. Los hombres cometen el acto de quitarse la vida 3 veces por cada mujer y son los del rango de edad entre 45 y 64 años quienes más lo culminan.
Pero Canadá tenía una solución. Han ‘avanzado’ en la ‘misericordia’ de la eutanasia para pobres. Así como se oye.
Esto está documentado por Associated Press: (El comité que revisa la eutanasia en Canadá concluye que algunas muertes están motivadas por el temor a quedarse sin hogar y por el aislamiento.); The Global and Mail: (Las tasas de asistencia médica para morir por enfermedades no terminales en Ontario son más altas en los barrios más pobres, según informes.), The conversation: (La asistencia médica para morir y las personas marginadas: informes del forense arrojan luz sobre la muerte asistida en Ontario) y el Comité de Revisión de Muertes del Forense, Jefe de Ontario (2024), son los que detallan casos específicos, como la mujer con sensibilidad química múltiple que no encontraba vivienda adecuada, o personas con aislamiento y pobreza.
Aunque se insistiera en señalar que son casos aislados, lo cierto es que no se trata sólo de una política sanitaria mal enfocada. Casos documentados como los señalados permiten ver algo que debería ser impensable en un auto denominado país del primer mundo: facilitar la muerte a alguien por su condición de precariedad económica y material es la clara expresión del FRACASO de su Estado de bienestar.
Es clave y doloroso cuando “afirmó el Dr. Trouton (en artículo de Associated Press): Es trágico que la calidad de vida de las personas sea tan deficiente que deseen explorar la MAID [asistencia médica para morir]”
En la publicación oficial Maytree se aprecia que:
En 2025, el 98 % de los hogares de ejemplo en asistencia social vivían por debajo de la línea oficial de pobreza, y el 71-72 % en “pobreza profunda” (menos del 75 % de esa línea). Los ingresos reales cayeron para muchos por inflación y la eliminación de rebates del carbon tax [reembolsos del impuesto al carbono]. Los beneficios de vivienda (shelter) son extremadamente bajos y no cubren costos reales; las personas sin hogar reciben menos apoyo.
A lo anterior se suma la crisis de vivienda, semejante a la de Estados Unidos, en donde al menos hace veinte años no se construye vivienda de interés social, lo que mantiene elevados los precios de renta y de compra; y, además se favorecen los desmanes de los que toman en arriendo propiedades. Ni siquiera en la política de inclusión a las comunidades indígenas maltratadas y esterilizadas para evitar su procreación, les cumplen con el tema habitacional. El tema de los ‘sintecho’ tiende a acrecentarse.
Hay otras formas de atentar contra sus propios ciudadanos, por ejemplo, a los propietarios les obligan a pagar multas y demandas inverosímiles si un inquilino hace ruido a los vecinos o daños, el que rentó de buena fe debe pagar. A ello se suma que para pedir el inmueble es necesario una suma de piruetas legales y justificar, no que rentará a alguien más, sino que se irá a vivir a su propio inmueble.
Alrededor de 6,5 millones de canadienses se encuentran sin médico de familia, o sea el 16% de su población total, 41,8 millones. Además, los tiempos de espera en horas en urgencias, es elevado; a menudo 8-16 horas o más, pues manejan la anticuada y tercermundista medida del Triage, inventado para las prioridades de tiempos de emergencia en la Primera Guerra Mundial.
Los ciudadanos deben esperar semanas y hasta meses para tener consultas con especialistas y hay estimaciones documentadas de decenas de miles de muertes anuales mientras esperan cirugía o diagnósticos. En cuanto a médicos y enfermeras, se encuentra Canadá por debajo del promedio de la OCDE, con retrasos en licenciar profesionales.
En cuanto a políticas para protección de la infancia, las tarifas de apoyo económico para quienes consiguen plaza bajaron, pero se generaron listas de espera masivas y en algunos lugares se triplicaron. Se tiene así una brecha de inequidad en donde algunas familias pagan muy poco y otras a veces de bajos ingresos, quedan fuera o pagan mucho más, mientras financian el sistema con impuestos. Tampoco se crearon suficientes espacios ni se atendió la falta de profesores.
Esto parece una historia del mundo subdesarrollado, haitiana, colombiana o etíope, pero pasa en Canadá. Ya no les basta con explotar a los países periféricos, sus propios ciudadanos financian a los ricos de su país cada vez de manera más próxima a la letalidad.
En cuanto a reducción de la pobreza y seguridad alimentaria, Canadá cayó al puesto 27.º luego de ocupar el 5° puesto entre países OCDE en protección del derecho a la alimentación, ubicándose en la categorización de ‘inseguridad alimentaria moderada/severa’.
Además, hay un creciente uso de bancos de alimentos, lo que se traduce en una política paliativa para contener lo que no logra una política integral de impuestos a ricos y de creación de puestos de empleo, espacio en donde, por el contrario, se ha agudizado el trabajo precario y, por ende, asumir el costo de vida.
En este tema de empleo – ingresos para la subsistencia, Canadá tiene un programa de renta básica, que lamentablemente es insuficiente. Evelyn L. Forget es una economista de renombre en Canadá, estudia la economía detrás de la propuesta de ingreso básico. Se recomienda su estudio, Basic Income for Canadians. From the Covid-19 Emergency to Financial Security for All. Toronto, (Ingreso básico para los canadienses. De la emergencia de la Covid-19 a la seguridad financiera para todos. Toronto) Libro de James Lorimer & Company Ltd., Publishers, 2020.
Sólo para dejar la curiosidad de los lectores, Forget dice, citando a otros autores:
«El empleo precario representa una proporción cada vez mayor del empleo total en Canadá y está fuertemente asociado a un peor estado de salud de los trabajadores».
Existe una «relación estrecha entre los ingresos y los resultados de salud. Las disparidades son profundas: unos ingresos más bajos se asocian a una menor esperanza de vida, así como a tasas más elevadas de autolesiones y de enfermedades crónicas».
«El estrés crónico se ha vinculado a diversos cambios hormonales y neurológicos que repercuten negativamente en la salud. Deteriora la memoria, aumenta el riesgo de depresión, reduce la respuesta inmunitaria y eleva la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares».
Se encuentra además la creciente crisis de opioides, con una cantidad alarmante de más de 38.000 a 50.000 muertes desde 2016. Esto ha llevado al desarrollo de algunos debates sobre el fracaso o efectos secundarios de “safe supply” (suministro seguro) y la criminalización en algunas provincias, cuando de un Estado primermundista se esperaría una percepción correcta no criminalizando a los consumidores sino comprendiéndolos en un contexto de atención de la salud pública e integral.
Así, todas las crisis de vivienda y demás bienes y servicios que mencioné con anterioridad, reciben más presión ante los altos niveles de inmigración temporal y de refugiados.
Los asuntos internacionales como problema nacional
El Estado de Bienestar es en mi concepto la expresión más clara del escenario de la lucha ideológica de la posguerra mundial; justo en ese momento en que Inglaterra, Estados Unidos y toda Europa decidió que el ‘aliado soviético’ era un loco comunista, dejando atrás las alabanzas a aquel pueblo ruso trabajador plasmadas en discursos, caricaturas y cine.
El comunismo como una fiebre que acabaría con la libertad, aniquilador de la posibilidad de ser y de tener dentro del inmenso ‘arsenal de mercancías’ restringido a la finitud de cada bolsillo, en el capitalismo, debía ser contestado. Ya no eran Hitler ni Mussolini ni Franco, -aunque éste fue un fascista solitario- los enemigos del ‘mundo libre’, lo era el Estado socialista soviético y sus aliados.
Pero el terreno más claro de la disputa se daba allí donde se gana la atención de las masas: en los derechos adquiridos, en la capacidad de sentirse orgulloso de ser un ciudadano de su país por esas mismas ganancias que le daba su Estado de Bienestar, como decía J. Habermas. Es en efecto lo que busca todo migrante además de todo ciudadano: hacerse a una ciudadanía que le dé garantías en consecuencia a su trabajo.
De esta forma, tanto Europa como EE.UU. se vieron obligados a otorgar a sus ciudadanos garantías similares a las conquistadas por la Revolución rusa de 1917, también de manera vanguardista para mujeres e infancia. El Plan Marshal de reconstrucción europea no es otra cosa que atemperar los ánimos de los ciudadanos dolidos por la guerra y volcarlos al boom de la procreación bajo el amparo de un sólido Estado de Bienestar capitalista que les impidiera mirar hacia el régimen socialista soviético y universal. Éste se explica en la frase de Tolstói con la que inicio este artículo, inherente a una concepción universal del hacer para todos, anterior a las guerras del siglo XX.
Se acabó el sistema soviético hace treinta y seis años, pero los nazis sólo dormitaban. Inició la guerra en Ucrania en 2022 y los parlamentos europeos y occidentales comenzaron a recibir a los nazis, esos mismos que fueron enemigos en apariencia. Canadá los recibió y los homenajeó (Yaroslav Hunka a sus 92 años era buscado por asesinatos en Polonia).
Canadá los apoya y ya con un pálido Estado de Bienestar que es más de malestar, apoya a los mismos sujetos del Batallón Azov y a todos quienes asesinan el bienestar cada día en Ucrania mediante: reclutamiento forzoso (busificación), incluso a personas con discapacidad o ancianos, maltrato a las mujeres, alistamiento y entrenamiento de jóvenes colegiales en el campo militar, corrupción que niega salud, empleo y vivienda, -todo excusado en la guerra-, venta de tierras fértiles a poderosos extranjeros y nacionales etc.; pues aunque dicen que es prohibido, BlackRock ya compró tierras fértiles.
Canadá es la expresión de un régimen totalitario que en cualquier momento puede ascender a fascista, en tanto lleva nazis al parlamento y los premia, envía armas y partes de drones a Ucrania, les da dinero y desarrolla actividades anti rusas, entre ellas intentar robar reservas de dinero.
También privilegia a la población ucraniana en suelo canadiense – Ley CUAET, donde se otorga un régimen de emergencia humanitario de entrada fácil, permisos de trabajo abiertos, extensiones, pausa de deportaciones, aunque éstas pueden reactivarse si Zelensky solicita deportaciones para su busificación. Todas estas garantías no se las dan a los propios canadienses, ni a rusos ni ruso-canadienses.
No le basta con ello. Desarrolló una ley de Prohibición de “dealings” -operaciones- y suministro de servicios (SEMA) donde no permite negociar, prestar servicios o recibir pagos de entidades listadas en: Special Economic Measures Act (artículo 8 sobre penas) dicho artículo señala que:
Toda persona que infrinja o incumpla deliberadamente una orden o un reglamento dictado en virtud de la sección 4: (a) comete una infracción punible mediante procedimiento sumario y está sujeta a una multa no superior a veinticinco mil dólares o a una pena de prisión no superior a un año, o a ambas penas; o (b) comete un delito grave (*indictable offence*) y está sujeta a una pena de prisión no superior a cinco años.
Sección 3 – Transacciones y actividades prohibidas: Se prohíbe a toda persona en Canadá y a todo canadiense fuera de Canadá: (a) realizar operaciones con cualquier bien, independientemente de dónde se encuentre, que sea propiedad de, esté en posesión de o esté controlado por —o en nombre de— una persona cuyo nombre figure en el Anexo 1; (b) celebrar o facilitar, directa o indirectamente, cualquier transacción relacionada con una operación mencionada en el apartado (a); (c) prestar servicios financieros o de otra índole conexos en relación con una operación mencionada en el apartado (a); (d) poner bienes a disposición de una persona que figure en el Anexo 1 o de una persona que actúe en su nombre, independientemente de dónde se encuentren dichos bienes;…
Esta ley está dirigida en contra de la libertad de expresión al poner a las entidades que desee incluir el acta, también las norcoreanas, iraníes o cubanas y principalmente las rusas para la cual fue creada la ley. Esto evita que se hable de los desaciertos de sus políticas, la mala gestión de su política de bienestar y el desastre de su libertad de expresión, mientras critican a Corea del Norte o Irán como regímenes totalitarios, pero Canadá lo es más porque dice regirse por una concepción moderna y liberal, pero hace todo lo contrario.
Ellos lucharon contra los nazis cuando ya los soviéticos avanzaban hacia Berlín. Pero siempre mantuvieron simpatías con el nazismo. Una vez acabó la URSS y los motivos por los cuales disputar con un Estado de Bienestar lleno de derechos, volvieron a la privatización y la mala calidad de la gestión pública, poco a poco durante 36 años.
Hoy Canadá es un Estado rumbo al totalitarismo, desde la pantalla de una democracia liberal, es un patrocinador del nazismo, paga asistencia en eutanasia a los pobres y, además, no deja que los ciudadanos se expresen sin fuertes retaliaciones. En síntesis, como todo occidente, es una fachada primermundista, -que señalé en artículo titulado: André Gunder Frank: «El subdesarrollo del desarrollo» avanza en Occidente– con entrañas fascistas y un tercermundismo ciudadano que hoy sale a protestar a las calles en Europa.
Es lamentable que las personas quieran ir a un país así, en donde son desechables en tanto pobres, explotados como mano de obra barata y marginados sin derecho a expresarse. Canadá es la fachada que encubre la miseria y el totalitarismo.
* Todas las imágenes de la ciudad de Toronto.
On the night between Oct 7-8, 2026, in the Porto Vecchio area of Sanremo, a 13-year-old boy of Tunisian origin poured gasoline on a sleeping homeless man and set him on fire in an attempt to steal his backpack.
The incident took place in Piazzale Vesco. According to reports based on surveillance footage, the boy first filled a bottle with gasoline at a nearby pump, approached the man while he slept, poured the fuel on him — primarily on the legs, according to multiple accounts — and ignited it with a match. The goal was reportedly to take the backpack containing the victim’s belongings.
The man’s screams alerted personnel from the Coast Guard. Carabinieri and emergency medical services also responded. The victim, described in reports as a foreign man of approximately 40 years of age, with one account referring to a French man in his sixties, sustained burns to his legs. He was hospitalized for two days at Sanremo’s Ospedale Hospital before being discharged, according to Il Giornale media outlet.
Surveillance cameras operated by the Capitaneria and the Municipality of Sanremo recorded much of the incident.
Investigators identified the 13-year-old, who had initially fled the scene. He was located in a community facility where he lives with his mother.
Under Italian law, anyone under the age of 14 is subject to an absolute presumption of non-imputability. This means the boy cannot be held criminally responsible or subjected to ordinary criminal punishment, regardless of the severity of the act. The juvenile prosecutor’s office in Genoa is handling the case and can consider protective or rehabilitative measures focused on the minor’s situation.
Some coverage has described the migrant youth having prior contact with authorities in Sanremo, though details remain limited as the matter falls under juvenile proceedings.
The post Italy: 13-year-old Tunisian sets sleeping homeless man on fire to steal his backpack, not criminally liable due to age appeared first on Remix News.
German Police are investigating ten suspects ages 13 to 15, including suspects from Syria and Chechnya, in connection with a violent assault and robbery of a student outside a secondary school Wednesday, according to the Eastern Police Directorate.
Videos of the attack has been posted to social media, which shows the beating from two different angles.
JUST IN: A German youth was severely beaten by a mob of migrant youths just outside a school in Frankfurt (Oder). The incident happened in front of the Heinrich-von-Kleist School. The suspects released the video with a gangster rap soundtrack. Follow: @RMXnews https://t.co/UeRGRnEeMW
— Remix News & Views (@RMXnews) October 16, 2026
— Remix News & Views (@RMXnews) October 16, 2026
The attack occurred in front of the Heinrich von Kleist High School. A video that police consider authentic shows roughly ten youths surrounding the student. One appears to demand something from him; he shows his empty pockets. Moments later, he is punched in the face.
Other members of the group then punch and kick him, including kicks to the head, and continue the assault after he falls to the ground and is defenseless. The victim sustained facial injuries and reported the incident to police the same day, authorities said.
— Remix News & Views (@RMXnews) July 3, 2026
The ten suspects are Syrians, Chechens, Polish, Russian, Syrian, and German nationals, the Eastern Police Directorate told local broadcaster Oderwelle. They face charges of aggravated assault and robbery. Investigators have secured the circulating video and received numerous tips from the public.
On Thursday, officers conducted an operation at the Ulrich von Hutten High School, that police linked to the case. Several youths were questioned and searched. Sören Schunke, headmaster of the Heinrich von Kleist school, said the attackers were not students at his institution. It remains unclear whether any of the suspects attend the Hutten school.
Frankfurt (Oder) Mayor Axel Strasser, an independent, expressed outrage in a video message.
“What was done to a young person here in Frankfurt (Oder) leaves me speechless. It hurts to have to witness such violence. And it makes me angry that a youth has to experience something like this,” he said.
He added that violence has no place in the city and offered condolences to the student and his family. Strasser said he had spoken by phone with Brandenburg Interior Minister Jan Redmann of the CDU and that security talks involving police, school authorities and other partners would be held to address youth violence.
The Frankfurt (Oder) case comes amid a series of recent youth-group attacks in Potsdam that Redmann has described as predominantly migrant-linked, including suspects of Syrian nationality. On Sept. 25, roughly 20 people — mostly migrants, according to the minister — entered a private party uninvited and attacked guests. The following day, three youths were assaulted by a group of about 25 and injured, which Remix News reported on.
— Remix News & Views (@RMXnews) October 3, 2026
Additional attacks in early October left victims with head injuries requiring hospital treatment. Authorities are monitoring a group of roughly 25 mostly migrant suspects in connection with the Potsdam incidents. Currently, two alleged ringleaders are in pretrial detention and police presence has been increased.
Redmann has said foreign perpetrators, particularly Syrians whose protection status can be revoked, could face deportation. “Whoever comes to Germany and simply has no respect for Germany, we will not tolerate that,” he told the state parliament. “The rule of law has the final say.”
As Remix News has reported in the past, 40 percent of cases of school violence involve foreigners in Germany.
The post Germany: Migrant mob beats German student outside his school and films the attack appeared first on Remix News.
Germany’s migration and asylum policies have cost the state at least €400 billion, according to calculations by Welt journalist Björn Harms. Other estimates have gone far higher, including into the trillions, when broader follow-on effects of migration are included. These massive figure will only add to the growing debate about mass immigration into high social-welfare countries like Germany.
As for the data, much of it comes directly from the German government, according to Welt. The federal government alone recorded over €242 billion in “refugee-related expenditures” from 2016 to 2025. Official figures from Bundestag reports and the Federal Ministry of Finance confirm the annual totals.
If this is broken down by year, it shows €20.1 billion in 2016, rising to peaks of €28.3 billion in 2022 and €29.6 billion in 2023, then €28 billion in 2024 and €24.8 billion in 2025.
The sum over ten years is €242.5 billion, representing roughly 5.8 percent of total federal budget outlays over the period. These cover social transfers after asylum procedures, integration measures, payments to states and municipalities, and related programs.
The 16 state governments also contributed more than €100 billion from their own budgets. Municipalities added further billions, along with follow-on costs in healthcare, education, and the justice system. Independent reconstructions place a consolidated central estimate near €340 billion, while others go up to €450 billion with add-ons.
However, even these numbers pale in comparison to what some academics have researched. For example, top German academic on public finances Prof. Bernd Raffelhüschen of the University of Freiburg, produced a study in 2024 that indicated that mass immigration may cost Germany up to €19.2 trillion. His study also found that mass immigration had already cost the country €5.8 trillion.
Harms and others describe the €400 billion figure as a minimum. The reason why this figure is treated as a “minimum” is because experts have been unable to truly compile costs for a broad range of areas, which surely total tens of billions over the course of a decade. These areas include court costs and criminal justice.
Germany spends between €9 billion and €20 billion a year on criminal justice. As Remix News has reported before, an astronomically disproportionate share of these criminals are foreigners, meaning that foreigners are costing Germany billions every year just on criminal justice.
Just one example involves the case of Saudi national Taleb A, who plowed his vehicle into a Christmas market in Magdeburg, Germany, killing six people and injuring over 300. The custom-built court constructed specifically to host the trial of Taleb A. cost €4.5 million.
This specialized, high-security facility was constructed by the court in Magdeburg to handle the large-scale proceedings, which included accommodations and seating space for more than 170 co-plaintiffs and their respective legal teams.
That is just one migrant.
The billions in criminal justice costs do not even cover police and internal security. Crime has risen in Germany substantially since 2016. During that year, according to Eurostat records, Germany had approximately 244,318 total police officers. At the time, that equated to roughly 2,992 officers per one million people, or a density of around 301 per 100,000 inhabitants.
The Federal Police force has grown to around 55,000 to 60,000 total employees (including roughly 41,000 active frontline officers) to manage expanded mandates across national borders, transportation hubs, and airports.
Paying all these new police officers, who are tasked with policing an increasingly violent country, is not only an enormous cost in terms of money, but has led to tens of thousands of lives shattered and destroyed. When a young woman is raped by a migrant or an aspiring doctor is beaten to the point that he has to abandon his medical career, it is difficult to even calculate the true financial cost of such incidents, but in many ways, these incidents have no price tag. They are too horrific to even quantify.
Of course, there are also tens of billions spent on education for migrants, which are not included in the €400 billion total. In addition, Germany has an extensive network of kindergartens, which foreigners also gain access to. In some states like Berlin, the daycare system is entirely supported by taxpayers to the tune of €2.5 billion a year, while the share of kindergarten-age children with a migration background is at 57.4 percent.
There are also deportation costs, administrative overhead, hospital and medical care, and the list goes on.
The real figure may be difficult to calculate with total accuracy, but it is surely larger than €400 billion.
Germans have also paid in other ways, including in higher rental costs, more traffic, crowded schools, and longer wait times at hospitals. Again, not all of these costs are even quantifiable, but the increase the increase in rental costs alone has cost Germans additional billions.
It is also important to note that there are hundreds of thousands of migrants who are becoming naturalized at a rapid pace and already millions of migrants who have been naturalized in previous decades. These migrants and their children use schools, often require welfare, and also need healthcare. Yet, none of these costs are counted towards the tax burden on Germans. In total, there have been further tens of billions spent on these groups, increasingly in the education system which has the highest share of Germans with a migration background. Many of these groups also continue to be a net economic burden on Germany, such as the Turkish population.
Accommodation absorbs a large share. The federal government does not even know the total number of asylum accommodations nationwide. An inquiry by Harms to all 401 districts and independent cities produced responses from 320 (about 80 percent). These authorities reported at least 4,437 communal accommodations housing nearly 295,000 residents as of March 2026 — an average of almost 14 per responding district. Extrapolated nationwide, this implies roughly one person in every 227 in Germany lives in taxpayer-financed asylum accommodation.
Harms notes that hotel owners, private landlords, and public companies have all massively benefited. In Hamburg, the municipal company Fördern & Wohnen, which is 100 percent owned by the city, handles a large share of asylum accommodation. He notes that turnover rose from €60 million in 2013 to €747 million in 2025, and staff grew from 948 employees in 2014 to around 2,228 by 2025.
The company operates more than 200 sites and has expanded capacity amid non-European immigration. A former managing director who served less than five months in 2025 received payments totaling €453,000, including a substantial severance, according to the company’s annual report.
Similar patterns appear elsewhere: long-term leases on converted offices and hotels, with public entities acting as both demand drivers and suppliers. In Berlin, a former office complex on Hasenheide in Kreuzberg is becoming an accommodation for up to 921 people. First residents were scheduled to move in from early October 2026. The lease runs roughly ten years, into the mid-2030s, paid from public funds. Conversion costs have not been disclosed, citing commercial confidentiality.
The Hasenheide project and the decade of accumulated costs illustrate the continuity. Rents and operating expenses continue into the 2030s, financed by the same solidarity community that underwrites the wider system.
The Welt article also notes that immigration since 2015 has driven expansion in the social and welfare sector. The number of social workers and social pedagogues rose from about 278,000 in 2015 to 351,000, with the Federal Employment Agency linking part of the growth to refugee-related demand for counseling, care, and support.
Integration courses illustrate the mixed results of large spending. The federal government has allocated around €1.3 billion in peak years, with 2024 near €1.2 billion before later adjustments. Yet outcomes are limited, according to Welt. Roughly 55 percent of those who take the final test reach the target B1 language level, meaning a substantial share — often cited in the range of six in ten depending on the metric of “graduation” or successful completion of the full course and exam — leave without the intended language qualification. Pass rates for B1 have hovered in the mid-50s in recent data, with many achieving only A2 or lower.
Harms further notes that the business of asylum migration has created durable economic interests. In other words, there are people and institutions getting rich for the millions of migrant who have come, which fuels demands for even more immigration.
Public companies, private landlords, course providers, NGOs, and expanded social services all draw ongoing revenue. Critics note that the loudest advocates of open borders and expansive humanitarianism rarely live next to the accommodations or send their children to the schools under the greatest pressure. Residents in affected neighborhoods and local workers experience the practical strains directly.
While governments speak of a “migration turnaround,” the broader pro-migration complex continues. Demands for a world without borders, which claim “no human is illegal,” persist among advocacy groups. These powerful groups have a keen interest in keeping the mass migration machine going, and so far, they have largely succeeded even if the majority of Germans are opposed.
The post Migration has cost German taxpayers at least €400 billion since 2016 appeared first on Remix News.
Portugal’s government has hardened its rhetoric over the housing protests in Porto, warning that it “will not give in to shouts from the street” and insisting the country’s housing crisis
The post Government ‘will not give in to shouts from the street’ over housing protests – minister appeared first on Portugal Resident.
Macron’s France: 15% approval, war prep with Russia, now dissolving Soral’s E&R for “extremism.” Elections loom. Romania-style manipulation?
Join us on Telegram, X, and VK.
Contact us: info@strategic-culture.su
Macron is, today, quite possibly, the most unpopular president on the planet, with only 15% approval, according to an Ipsos BVA-Cesi poll. Under his command, France faces economic stagnation (0.6% growth in 2025) and indebtedness (120% of GDP). Under Macron, France has also seen the accelerated deindustrialization of the country, with industries accounting for only 9% of GDP, the lowest level in the European Union, and not surprisingly, purchasing power has plummeted, with half of French people saying their income only covers the essentials and only 70% of citizens of working age currently holding a job.
As if that were not enough, in approximately 10 years of Macron’s government, approximately 4 million immigrants entered the country (many of whom do not work but receive social benefits); an amount that makes economic absorption as well as the ethnocultural assimilation of newcomers impossible. Naturally, linked to the immigration失控 are crime rates, the formation of slums in urban centers, and increased social tensions. Many ethnic French people feel demographically replaced in their homeland, and not by chance, everything indicates that Marine Le Pen will (finally) win the French presidential elections in 2027.
We do not know what the results of a Le Pen presidency would be and it is reasonable to be skeptical about it, but clearly France’s current course is extremely dangerous, including in its foreign policy.
Gradually, over the last 2 years, numerous signs have begun to appear that Macron would be preparing the country for a war with Russia. The French government created a voluntary military service and approved the expansion of the permanent armed forces to 275,000 men, as well as a budget increase for defense. General Fabien Mandon, of the General Staff, stated in 2025 that France should prepare for a high-intensity conflict with Russia within three to four years, and now in September 2026 Macron declared that France “could” become a target of explosive drones. Constantly, too, one hears speeches about the need to transform the French economy into a “war economy.”
Therefore, it may be surprising to many (but not to us) that amid all this that has been happening in the country, the Macron government still finds time for the implementation of a censorship and repression apparatus of totalitarian levels.
Its new victim is the association Egalité et Réconciliation (Equality and Reconciliation), created by sociologist and writer Alain Soral. The association identifies as “left-wing nationalist” and has as its main slogan “left of work, right of values,” appealing to an overcoming of the false dichotomy between left and right and, even more importantly, for a national reconciliation among all social sectors; in recent years, it has been involved in the Yellow Vests protests, in some activities linked to the National Rally party (despite, simultaneously, maintaining a posture of “constructive criticism” against certain Zionist and liberal tendencies present in the party) and in pro-Palestinian activism.
It happens that, on October 9, the Interior Minister of Macron’s government, Laurent Nuñez, announced the opening of a dissolution procedure against the association Egalité et Réconciliation, under the accusation of “political extremism.” Its legal team was given a deadline of 1 week to defend itself, and the decision on the matter should occur, still, in October.
Alain Soral himself is a figure of high nonconformist spirit, which is why he has already been the victim of countless judicial persecutions – dozens in fact – mostly for “opinion offenses,” that is, for critical comments against specific people or “protected minorities.” In convictions, Soral has already accumulated millions of euros to be paid in indemnities to various globalist NGOs, an obviously unpayable sum, as well as having already been imprisoned several times, also for the same reasons. The judicial persecution was so intense that Soral had to exile himself from his homeland, first in Switzerland and then in Russia.
Now, beyond the official justifications, for what reason would the French State ban a relatively small organization with few financial resources?
It is possible to analyze the “angle” of Alain Soral’s presence in Russia in more than one sense. First, because by being in Russia Soral finally became immune to the constant judicial persecution and threats of imprisonment he suffered in France, while at the same time continuing to take an active part in the French political and cultural debate, even from a distance. In this, he was able to exercise and expand his influence, “under the protection of the Russians,” which certainly feeds the typical current paranoias of the French elite about a Russian “informational war.”
There is, however, also an internal aspect. Recently, Alain Soral has again been much discussed by the French media for two reasons. One is the “Bardella case,” which concerns the discovery of supposed “politically incorrect” writings by Jordan Bardella, president of the National Rally party, and the information that in his youth Bardella’s main intellectual influence was Alain Soral. The second is an opinion poll indicating that 15% of French men under 35 years of age identify with Soral’s ideas.
This, on the eve of the presidential elections, represents a significant risk for Macron and for the French establishment. Although, apparently, there is no chance of victory for any candidate against Le Pen, we cannot doubt the possibility of manipulation of the electoral process, as happened in Romania.
This silencing is even more concerning due to the fact that Soral and E&R are practically the only socially and culturally relevant figures in France today who defend national reconciliation and who avoid inciting internal tension, promoted by the most Islamophobic elements of the RN and by the very leadership of Mélenchon’s LFI with its “army” of antifa and immigrants.
Concerns are growing over the possibility of further unrest in Portugal as housing protests continue in Porto and organisers prepare for a similar demonstration in Lisbon on Saturday, October 17.
The post Housing crisis: Porto unrest raises concerns ahead of Lisbon protest appeared first on Portugal Resident.
Login