Called Associação Lighthouse Global, the organisation works with children, young people and families facing challenging circumstances, to provide educational support, opportunities to learn new skills, encouragement and, perhaps most importantly,

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I went to bed on Saturday (17 October) glued to my X feed on the French riots and it was impossible not to react emotionally to images of familiar landmarks in Paris in flames.

It was a mistake to have followed things on the far-right propaganda tube of racist US oligarch Elon Musk, which both glorified and reviled its AI-curated clips of violent clashes between mostly white policemen and young black or Arab men.

But in any case, I felt pity for police facing Molotov cocktails and cobble stones and angry about their use of stun grenades that left young people maimed.

I was shocked to see public buildings and luxury shops in Lyon, Marseille, and Paris set on fire and looted in what looked like pure criminality, rather than liberté, égalité, fraternité.

But the anarchist adrenaline in me also said: “Fuck Louis Vuitton! A shop that sells luggage for the price of most families’ monthly incomes is a perfect symbol of the social inequality at the heart of this eruption of public anger”.

I woke up on Sunday thankful to learn from professional media, such as the BBC, that even if Paris looked like a war zone, no one had been killed, and even though police had made over 1,800 arrests, aggressive thugs were a fraction of the hundreds of thousands of people who had peacefully protested for better living conditions and education.

But the political harm of Saturday’s X-streamed violence, which also broke out in Italy and Belgium, was still enormous and it will help the EU and French people’s enemies – the far-right in Europe, Russian president Vladimir Putin, and US president Donald Trump.

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Pablo Iglesias ha sido sin lugar a dudas el político más cursi del último medio siglo. Decía cosas como que la gente de Podemos era toda muy maja, no había más que ver cómo se abrazaban cuando se veían, cómo se besaban cuando salían a calentar a las masas en los mítines de Vista Alegre. Ya hemos visto cómo se las gastan en ese mundo. Ni siquiera han sido capaces de pactar una lista única "para frenar al fascismo", que de por sí tendría que ser un fin tan prioritario como para dejar a un lado cosas tan peregrinas como quién va primero y quién va segundo en las listas de Burgos. Los cuchillos en la extrema izquierda hacen el mismo daño que los que se usan en cualquier otro rincón ideológico. Por mucho que el pinchazo lo den con una sonrisa en los labios.

Pero a Iglesias, en esto de la cursilería, le ha salido un competidor muy cualificado. El presidente del Gobierno aprovechó el mitin de Fuenlabrada del pasado sábado para lanzar una idea movilizadora para la campaña que concluye el 29-N: "La fuerza del amor". Ese fue el mensaje que colocó Ferraz en la red social X como colofón de un acto en el que lo más importante fue el beso que se dieron Pedro Sánchez y su mujer en el centro del escenario. El líder del PSOE le dio las gracias a Begoña Gómez, "por ser mi mujer", pero remató la faena con un rotundo: "Que lo escuchen alto y claro, te quiero".

En la grada fue el delirio. No hay más que ver las imágenes de la ex vicepresidenta María Jesús Montero aplaudiendo como loca. Si me preguntaran qué me gustaría tomar, diría: "Lo mismo que ella", como hizo una clienta del Katz`s Deli de Nueva York en una de la mejores escenas de Cuando Harry encontró a Sally.

No es la primera vez que Sánchez exhibe en público su amor por Begoña. Ya lo hizo en aquella carta que publicó en X el 24 de abril de 2024, en la que se planteó si le merecía la pena seguir ocupando la presidencia del Gobierno. En ella también confesó: "Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer".

No dudo que Pedro quiera a Begoña. Pero ese no debería ser un tema de campaña. Se quieran o no, a Sánchez se le debería votar o no por otras cosas. No vayamos a convertir las campañas en una competición de a ver quién quiere más a su pareja. Sorprende que el PSOE hay descubierto la "fuerza del amor" como motor electoral. Como si fuera un partido hippie. Cuando vayas a un mitin del PSOE, no te olvides de llevar flores en el pelo.

En su detallada crónica en El Independiente, Juanma Romero, citando fuentes de la dirección socialista, apunta: "Nuestra militancia se siente identificada con Begoña. Sufre con ella". En resumen, "Begoña suma". Recordemos que la esposa del presidente está acusada de delitos de malversación y tráfico de influencias. Suma, por tanto, como víctima. En esa lógica del victimismo, tal vez si estuviera imputada por dos delitos más sumaría el doble que ahora. Es un tema a estudiar por los estrategas de campaña del PSOE. Los que, por cierto, diseñaron con todo detalle las palabras, la música y el beso del acto. Nada fue casual en Fuenlabrada. Eso lo sabe hasta el apuntador.

A esta izquierda paupérrima de ideas sólo le faltaba vender el amor como patrimonio socialista

Sánchez habló de amor y habló de Maricarmen, pero no mencionó a Montse Mínguez, la hasta hace tres días portavoz de la Ejecutiva socialista. Esa cuyo marido tiene un holding con más de 30 pisos para alquilar y al que no le tiembla el pulso si tiene que hacer un desahucio. Con ella no hubo amor, tan sólo olvido.

El problema de hacer del amor campaña es que no se sabe qué hacer luego si resulta que los amantes se separan, Dios no lo quiera. ¿Valdría menos el Sánchez divorciado que el amante fiel -al menos teóricamente- que vemos ahora? ¿Acaso no hay divorciados en la dirección del PSOE? ¿Tienen menos opciones de escalar puestos los que se han separado que los que conviven con su pareja desde hace siglos?

Sacar a pasear el amor como bandera electoral es casi tan peligroso como arremeter contra los rentistas. Porque luego resulta que hay muchos en la dirección del PSOE que tienen más de una vivienda, hasta llegar al campeón Sergi Vélez, que además de gran tenedor parece que tiene dos sociedades en Panamá; será para pagar más impuestos.

La demagogia funciona durante un rato. Tampoco engaña a mucha gente. Pero puede dar un poco de vidilla a los que tienen que explicar cosas tan graves como el caso Ábalos, el caso Cerdán, el de la fontanera de Ferraz, el acoso a la juez Biedma, o la condena del Fiscal General del Estado. Todo eso pasa porque en la derecha no hay amor. De hecho, la campaña del amor tiene su reverso: el odio de la derecha. ¡Como si Abascal o Feijóo abofetearan a los suyos en sus mítines! Ellos también quieren a los suyos. Los aman con pasión y quieren que les voten, ellos y sus familias.

Puede ser que odien a Sánchez, o a Leire Díez, pongamos por caso, pero como Óscar López odia a Díaz Ayuso, y Óscar Puente odia a casi todos los que no son del PSOE. El odio, como el amor, queridos amigos, no es patrimonio de una ideología, como la propiedad de las viviendas. Son de los que lo practican, de los que los poseen (los pisos, claro).

Yo no creo que este mitin empalagoso de Fuenlabrada mueva a mucha gente. Más bien pienso que algún votante socialista se sentirá un poco avergonzado de esa exhibición tan innecesaria como falsa. Sin embargo, en la dirección del PSOE están encantados con la fórmula del amor, con el beso de Fuenlabrada. Oscar López, ministro, lo resumió con una frase para la historia: "Pedro está como una moto". Esto es lo que hay, amigos, no le pidan peras al olmo.

En España parece que hemos desarrollado una habilidad extraordinaria para aprobar leyes, presumir de democracia y después descubrir que, cuando llega la hora de aplicarlas, todo son explicaciones, matices y excusas.

Hoy toca volver a hacer una pregunta incómoda: ¿para qué sirve la Ley de Partidos si nadie quiere explicar hasta dónde llega y si se están utilizando todos los mecanismos que contempla?

Conviene recordar la historia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que contó con un amplio respaldo parlamentario, incluido el del PSOE. No fue una ley cualquiera. Nació en una España que todavía sufría el terror de ETA, con asesinatos, amenazas, extorsiones y familias obligadas a vivir con miedo por defender la libertad.

Aquella ley estableció instrumentos para defender nuestra democracia frente a quienes pretendieran utilizarla para destruirla desde dentro. Y su artículo 9 no deja lugar a dudas sobre la preocupación que la inspiró: contempla, entre otras conductas, el apoyo o la legitimación de la violencia terrorista y la inclusión reiterada en listas electorales de condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente sus fines y métodos.

La memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda

¿Y qué ocurre ahora? Que volvemos a encontrarnos con la presencia de antiguos condenados por su relación con ETA en candidaturas de EH Bildu. La actualidad nos lleva directamente a Navarra, donde Floren Aoiz encabeza la candidatura de esta formación al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

Y aquí es donde quiero detenerme. Porque no basta con encogerse de hombros y responder que han cumplido sus condenas y que, por tanto, asunto cerrado. El cumplimiento de una pena es una cuestión de justicia; la memoria de las víctimas y la responsabilidad de los partidos son cuestiones que no podemos despachar con una frase hecha.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar. Pero tampoco debemos confundir las cosas: haber sido condenado por pertenencia a ETA no supone, por sí solo, una prohibición automática de presentarse a unas elecciones. Precisamente por eso hay que leer la ley, examinar las circunstancias concretas y exigir que las autoridades competentes actúen conforme a derecho. La Ley de Partidos no permite ilegalizar una formación por una simple sospecha, pero tampoco debería convertirse en papel mojado cuando existen hechos que merecen ser examinados.

Por eso pregunto al Gobierno: ¿se han revisado las circunstancias de estas candidaturas? ¿Se ha comprobado si concurren los requisitos legales previstos? ¿Qué explicación se ofrece a los ciudadanos que recuerdan perfectamente lo que ETA hizo en este país?

Y pregunto también a la oposición: ¿a qué esperan para exigir explicaciones, reclamar una revisión jurídica rigurosa y pedir que se utilicen todos los instrumentos legales disponibles?

No estoy pidiendo que se vulnere la ley para satisfacer a nadie. Estoy pidiendo exactamente lo contrario: que se aplique con rigor, sin mirar quién puede salir beneficiado o perjudicado políticamente. Porque aquí hay algo que no deberíamos perder jamás de vista: las víctimas de ETA no pueden convertirse en una nota a pie de página de nuestra historia. Sus familiares no tienen por qué aceptar que su dolor se trate como una molestia del pasado. Y quienes defendemos una España democrática tenemos derecho a exigir que la memoria, la justicia y la dignidad no dependan de los intereses de cada partido.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar

Yo recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Recuerdo a Ortega Lara y el sufrimiento que padeció durante su secuestro. Recuerdo a tantos guardias civiles, policías, militares, concejales y ciudadanos asesinados por defender aquello que otros querían destruir. Y me niego a aceptar que, con el paso del tiempo, acabemos acostumbrándonos a todo. No se trata de venganza. Se trata de principios. Se trata de explicar a las nuevas generaciones que en España hubo una organización terrorista que asesinó para imponer sus ideas y que ninguna aspiración política puede justificar aquel terror.

Por eso, cuando hablamos de la Ley de Partidos, no hablamos de un simple artículo del BOE. Hablamos de los límites que una democracia debe defender, de la responsabilidad de quienes aspiran a representarnos y de la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.

¿Dónde está la Ley de Partidos?

Porque si existe un instrumento legal para impedir que un partido incurra en determinadas conductas de apoyo o legitimación del terrorismo, lo mínimo exigible es que se examinen los hechos cuando surgen dudas fundadas. Que se explique qué se ha revisado, qué requisitos se cumplen y qué actuaciones corresponden. Ni impunidad ni atajos: ley y responsabilidad.

Por respeto a quienes ya no están, por respeto a sus familias y por dignidad democrática, España no puede permitirse olvidar de dónde venimos. Las leyes se escriben para defender la democracia, no para decorar el BOE. Y la memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda.

En mi generación, la oferta televisiva y las pantallas disponibles en casa eran, por decirlo de alguna manera, limitadas. Aunque existían tres canales, la señal no cubría el país entero por falta de repetidoras, aquellas torres hacia las que había que orientar la antena colocada sobre unos largos tubos que despuntaban de los tejados. En uno de los pueblos en los que viví de niño, solo se podía sintonizar uno de los canales porque estaba en el fondo de un valle. Gracias a esa falta de alternativas, vi programas que quizá me habría perdido en otra circunstancia. Uno de ellos fue Soul Train, "el tren del alma", como se apresuraba a aclarar el presentador, Osvaldo Valencia, en cuanto terminaban las imágenes algo psicodélicas de una locomotora acercándose a la estación.

El programa era una franquicia del show que conducía en Estados Unidos Don Cornelius. Con los años supe que la idea de traerlo a la televisión ecuatoriana partió de los dueños de la discográfica J. D. Feraud Guzmán, que encontraron en aquel medio la oportunidad de introducir géneros y artistas nuevos en un país entonces más rural que urbano. Así nos llegó, a quienes vivíamos en la periferia, lo mejor de los músicos afroamericanos de finales de los setenta. Quizá fue allí donde escuché por primera vez soul, R&B o funk, aunque lo que de verdad me impresionaba eran los números de baile. Era deslumbrante ver ese grupo de chicas y chicos, tan felices, moverse y disfrutar como si estuviesen en una fiesta.

Además, eran bellos, estaban en plena forma y desbordaban elegancia. Muchos lucían el afro, esa cabellera que, por lo apretado de sus rizos, no cae, sino que crece en todas direcciones hasta dibujar una especie de globo. Me llamaba la atención que lo llevaran hombres y mujeres, porque en mi entorno estaba muy claro qué cortes correspondían a cada sexo. Era un tipo de peinado que vi también en algunos futbolistas afroecuatorianos, cuyas fotos aparecían en la revista Estadio. Pero aquel estilo fue desapareciendo, y varias de las cantantes que había admirado con unos afros preciosos empezaron a mostrarse con melenas lacias que, como descubrí mucho después, eran pelucas.

Todo esto no pasaría de anécdota si detrás de aquellos peinados no hubiera habido, como luego comprendí, bastante más que una moda. En los años sesenta y setenta, el afro se convirtió en símbolo de afirmación de la identidad negra, ligado al movimiento por los derechos civiles y al Black Power. Dejar el pelo al natural, sin los tratamientos químicos que lo alisaban para acercarlo a los cánones de belleza blancos, suponía reivindicar el orgullo por los propios orígenes y rechazar los patrones estéticos de una sociedad racialmente jerarquizada. Aquellas cabezas no respondían a una mera cuestión de peluquería. Eran también una declaración política.

Más adelante, sin embargo, el afro fue cediendo terreno ante los alisados, las extensiones y los postizos, sobre todo entre las mujeres, sometidas a una doble exigencia por su raza y por su género. No se trataba de que ellas decidieran simplemente cómo llevar el pelo, sino de lo que pasó a significar para muchas mostrar los rizos. Dejar su pelo natural podía implicar ser vistas como descuidadas o impropias en un entorno profesional, un obstáculo a la hora de conseguir empleo, ascender o ser aceptadas en determinados espacios. En algunos países latinoamericanos se llega al colmo de llamar "pelo malo" al rizado y crespo propio de buena parte de la población afrodescendiente. Peor aún, entre los argumentos para alisar el "pajón" a toda costa figura el de que, en su forma original, parece sucio.

Estos adjetivos despectivos no se quedan en la superficie ni son reflejo de una costumbre pasajera. Que algo tan aparentemente trivial como un peinado condicione la consideración social de una persona se explica porque el pelo esconde una jerarquía, y esa discriminación golpea en América Latina, con especial dureza al Caribe. En la República Dominicana han trascendido varios casos de alumnas presionadas en sus centros educativos para arreglarse de determinada manera. En 2019 se difundieron los audios del director de un liceo que, a gritos y golpeando la mesa, recriminaba a las estudiantes que habían acudido con sus rizos al natural y les advertía que aquello era una escuela "para la formación y el empleo, no para la chabacanería". Ese mismo año, la directora de Género del Ministerio de Educación, impulsora de la campaña "Ni pelo bueno ni pelo malo", fue destituida poco después de disponer la readmisión de una niña a la que habían suspendido por llevar el cabello afro. Las autoridades atribuyeron su salida a reiteradas ausencias en el trabajo y negaron que tuviera relación con la campaña o la confrontación con los gestores del centro docente.

Cuando a una persona le repiten desde pequeña que tiene "pelo malo", aprende que algo con lo que nació está mal. Lo escucha en casa, en la peluquería, en el colegio y en la publicidad, hasta que el mensaje se instala en su manera de mirarse al espejo. De ahí que desde muy niñas sean sometidas a desrizados y secadores, las quemaduras en el cuero cabelludo y esa sensación, que tantas mujeres evocan al recordar su infancia, de no resultar nunca presentables tal como son y que por eso tienen que aguantar el dolor que esos tratamientos implican. Por eso, cuando una adulta decide dejar de alisarse, no está cambiando de peinado sin más, sino desaprendiéndose de años de vergüenza. No es casual que en varios países de las Antillas hayan surgido iniciativas que reivindican el cabello afro como expresión de identidad y, ante todo, de libertad.

Cada vez que alguien con poder dicta cómo debe peinarse un menor, le está indicando qué tipo de persona se espera que sea"

Con todo, el control sobre la cabeza ajena no se limita a las afrodescendientes. En El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele impuso en 2025 un "corte de cabello adecuado" en los colegios públicos como parte de su cruzada contra las pandillas, con catálogo de cortes incluido, cual Corea del Norte. Y esta semana, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado un reglamento escolar según el cual "los hombrecitos" deberán ir con el pelo corto. Como si la violencia, la indisciplina o el fracaso académico se solucionasen con tijera y una raya bien marcada.

Cada vez que alguien con poder dicta cómo debe peinarse un menor, le está indicando qué tipo de persona se espera que sea. En mi infancia, aquellos afros que veía en la televisión proclamaban algo tan sencillo como que así eran y que no pensaban esconderlo. Lo inquietante es que medio siglo después sigamos discutiendo si una alumna puede ir a clase con el cabello tal como le crece, o si un chico rendirá peor por llevar flequillo. El orden impuesto a golpe de tijera es el más fácil de exhibir y el más barato, porque no exige más maestros, ni mejores aulas, ni reflexión alguna sobre el racismo. Mientras tanto, la dignidad de miles de niñas sigue pendiendo de un pelo.

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Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com

En el otoño de 1975, la España de Carlos Arias Navarro y del príncipe Juan Carlos de Borbón, coaccionada por Hasan II y su "Marcha Negra", decidió sacrificar su provincia 53 —Sahara Español—, troceándola entre Marruecos y Mauritania mediante la firma del humillante Acuerdo Tripartito de Madrid el 14 de noviembre. Con este acto, España dejó inconclusa la descolonización de un territorio que venía administrando desde las últimas décadas del siglo XIX.

El 26 de febrero de 1976 se arrió, por última vez, la bandera de España en el emblemático Parador Nacional de El Aaiún (número 79 de la Red Nacional de Paradores, inaugurado el 20 de septiembre de 1968 por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne).

En respuesta a esta traición sin precedentes, al día siguiente, 27 de febrero, haciendo efectivo el legítimo derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación e independencia (consagrado en la Resolución 1514 de la Carta de las Naciones Unidas), El Uali Mustafa Sayed, secretario general del Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la localidad de Bir Lehlu.

España no solo incumplió su ineludible responsabilidad internacional de descolonizar el territorio, sino que permitió y facilitó su invasión por dos Estados que irrumpieron a sangre y fuego, allanando hogares, masacrando familias y bombardeando a los civiles indefensos que trataban de huir; crímenes de lesa humanidad que justificaron aún más el ejercicio de un derecho ya reafirmado por la Misión de las Naciones Unidas que visitó la región el 12 de mayo de 1975, en virtud de la Resolución 3292.

Esta misión —compuesta por los diplomáticos Simeon Aké (Costa de Marfil), Marta Jiménez Martínez (Cuba) y Manouchehr Pishva (Irán)—, tras recorrer durante una semana el territorio en su totalidad (de norte a sur y de este a oeste) y visitar los países limítrofes, concluyó: "La población del Sahara Español, al unísono, está claramente a favor de la independencia". Asimismo, llegó a la conclusión de que el Frente Polisario era el verdadero y legítimo representante del pueblo saharaui, algo que quedó patente en las inmensas manifestaciones con las que fue recibida, donde una multitud ilusionada —que reunía a todas las edades— se fusionaba en el mar de banderas cuatricolores del Frente. Destacó especialmente la concentración de El Aaiún el 13 de mayo, que congregó a 15.000 personas: el 20 por ciento de los habitantes del territorio.

Con la proclamación de la RASD, los saharauis habían expresado su genuina voluntad nacional y elegido, libre y voluntariamente, su destino. Cuando el Frente Polisario nació en 1973, su acrónimo ya definía su razón de ser: un frente para la liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro. Por consiguiente, lo que procede es hacer prevalecer, de forma irreversible, la República Saharaui como Estado soberano que es.

Fiel a su compromiso, el pueblo del Sahara Occidental se enfrentó a los ejércitos de Hasan II y Moktar uld Daddah en una guerra abierta que abarcó desde las laderas australes del Atlas hasta los confines meridionales de Mauritania con un único objetivo: expulsar definitivamente al invasor de las fronteras de la RASD reconocidas internacionalmente.

En el verano de 1979, Mauritania capituló y se retiró de la franja sur del Sáhara que había ocupado. Su presidente había sido derrocado el año anterior por sus propios soldados, contrarios a una aventura anexionista que, además de enfrentarlos a un pueblo hermano, arruinó el país y se saldó con graves pérdidas humanas y materiales.

En paralelo, la RASD, que en el año de su fundación había sido reconocida por diez países, cerró 1979 con el respaldo de 33 Estados. Ese mismo año, la diplomacia saharaui —anclada en el derecho internacional y volcada enteramente en la tipicidad jurídica de la ocupación— logró un hito trascendental el 21 de noviembre: la Resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU, que deploraba la persistencia de la invasión e instaba a Marruecos a "poner fin a la ocupación militar del territorio". A efectos del derecho internacional público, Marruecos era una potencia ocupante beligerante, sujeta a las estrictas obligaciones del IV Convenio de Ginebra de 1949.

El Ejército Popular de Liberación Saharaui (ELPS), que había clausurado la gran ofensiva Chahid Luali con la rendición de Mauritania, se centró entonces en las huestes de Hasán II y lanzó dos grandes ofensivas (Houari Boumedien y Magreb Árabe) concebidas específicamente para destruir la potencia de fuego de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) e impedir su despliegue en el territorio. El monarca alauí ya no tendría ninguna noche de paz: las noticias que llegaban del frente a Palacio informaban constantemente de unidades aniquiladas y de aviones y helicópteros de combate derribados.

A finales de los ochenta, la acción del ejército marroquí —neutralizado en el terreno y destruido moralmente— se reducía a parapetarse detrás de una serie de muros defensivos que, lejos de ponerlo a salvo, se convirtieron en una cárcel opresiva que menguaba sus posibilidades de sobrevivir a los duros combates que se libraban en el desierto. Estas murallas de arena, alambradas y minas —cuyo coste incalculable desangraba la resentida economía del reino— solo sirvieron para aislar a los territorios ocupados en una zona de silencio donde el Majzén se ensañaba con la población civil, pero no impedían los mortíferos ataques del ELPS, que seguía dominando en el campo de batalla.

Mientras tanto, la República Saharaui, que en esa fase de la contienda acumulaba ya el reconocimiento de 74 países, fue aceptada como miembro de pleno derecho en la Organización de la Unidad Africana (OUA), y Marruecos, impotente, abandonó la organización panafricana. Aislado internacionalmente y con las FAR al borde del desastre, Hasán II dio por perdida una guerra cuyo coste era ya inasumible. En un cambio repentino de estrategia, decidió apelar a la ONU en busca de una tregua que le permitiera recuperar el aliento. Se accedió a su petición y, el 27 de junio de 1990, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad un "Plan de Arreglo" encaminado a lograr un alto el fuego entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, y llevar a cabo un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

Aquí comienza la guerra política sucia, que tendría consecuencias aún más devastadoras para los saharauis que la propia guerra que el Polisario ganó.

El propósito oculto del "Plan de Arreglo" era simular la aplicación de la hoja de ruta que Kurt Waldheim, a la sazón secretario general de la ONU, había diseñado en 1975 para la correcta descolonización del territorio. Se trataba, en el fondo, de presentar un plan disfrazado de aquella propuesta original, pero vaciado de contenido para que la potencia ocupante suplantara a la potencia colonial —administradora de iure— y, de este modo, diluir el estatus de Territorio No Autónomo (TNA) del Sáhara Occidental y legitimar de facto la ocupación militar.

El plan ideado por Waldheim en 1975, frustrado cuando España claudicó ante Hasán II y consumó su retirada, comprendía lo siguiente:

1. España anunciaría su salida del Sahara en una fecha por determinar.
2. La ONU asumiría la administración del territorio por un período de seis meses. En ese tiempo constituiría una autoridad transitoria, bajo el mando de un alto comisario auxiliado por un grupo reducido de funcionarios.
3. Para mantener el orden, España dejaría diez mil legionarios que sustituirían su gorra verde por el casco azul de las Naciones Unidas.
4. En el referéndum previsto, los saharauis podrían optar por la independencia o la integración en "otro país", incluida España.

En el "Plan de Arreglo" ni se contemplaba la retirada del ejército invasor ni el traspaso de la administración del territorio a la ONU. Por si esto fuera poco, se forzaba a los saharauis a elegir entre la independencia o la "integración en Marruecos", con lo cual la potencia ocupante lograba legitimarse como "parte" en un referéndum —ahora reducido a mero simulacro— cuyo único sujeto de derecho es la población autóctona de ese mismo TNA que Marruecos invadió.

Para ejecutar el doble mandato del plan —supervisar el alto el fuego y organizar la consulta—, el Consejo de Seguridad estableció la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). Asimismo, el órgano determinó expresamente que la lista de votantes estaría compuesta por los inscritos en el censo español de 1974, una vez revisado y actualizado por la misión.

A tenor de todo esto, es imperativo plantearse las siguientes preguntas: ¿Por qué el Frente Polisario aceptó un plan de estas características que somete a los saharauis a un referéndum de autodeterminación, si su pueblo ya había ejercido legalmente el derecho inalienable de elegir su destino el 27 de febrero de 1976 al proclamar la RASD —un Estado soberano reconocido en esos días por más de 74 países y miembro de pleno derecho de la OUA—? ¿Cómo es posible que se ponga sobre la mesa un proyecto que es la antítesis del plan original de Waldheim de 1975 y en el que se sitúa al Estado invasor en el lugar de la potencia colonial, ignorando los crímenes de lesa humanidad que cometió y sigue cometiendo? ¿Qué sentido tiene celebrar un referéndum bajo una ocupación militar y un régimen policial que reprime, encarcela, tortura, asesina impunemente y expolia los recursos naturales del territorio? Y, sobre todo, ¿por qué el Frente Polisario se involucró en este nebuloso y opaco escenario justo cuando tenía ganada la guerra?

Es difícil responder a estos interrogantes. Lo que sí queda claro es que los saharauis cayeron de lleno en la trampa y, pese a su opacidad, el "proceso de paz" siguió adelante. Así, en noviembre de 1991, la MINURSO, encabezada por el diplomático suizo Johannes Manz, cumplió con su cometido y concluyó que las personas con derecho a voto eran 72.361, tras detectar en la revisión del censo español 1.498 fallecidos y 484 duplicados.

Todo estaba listo para acudir a las urnas y, en unas cuantas semanas, el proceso habría concluido. Sin embargo, en un movimiento calculado y aparentemente inesperado, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dispuso que la lista de votantes, en lugar de limitarse a la población autóctona inscrita en el censo español, debía ampliarse para incluir a los cientos de miles de colonos que Marruecos había introducido en el territorio. Esta decisión no solo contraviene lo acordado e invalida la labor de la MINURSO, sino que además vulnera flagrantemente el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir partes de su población civil al territorio ocupado.

Era evidente que, cuando el Consejo de Seguridad dispuso que el padrón electoral debía basarse rigurosamente en el censo español de 1974, no buscaba la transparencia de la consulta. Con premeditación y alevosía, pretendía, por un lado, enmascarar la manipulación estructural en la formulación de la pregunta —con la que se blindaba la personación de Marruecos como parte interesada en el referéndum— y, por el otro, seducir al Polisario lanzándole este "anzuelo" en forma de un compromiso que nunca tuvo la intención de cumplir, para inducirlo a aceptar el "Plan de Arreglo".

En un acto que lo honra y dignifica como diplomático y como persona, Johannes Manz presentó su dimisión. No estaba dispuesto a formar parte de esta vil maniobra en la que el mismo secretario general que lo había designado saboteaba impúdicamente la MINURSO cuando estaba a punto de lograr la meta marcada.

La peregrina instrucción de Pérez de Cuéllar vició por completo el plan y lo privó de toda fuerza vinculante para los saharauis. Era la oportunidad del Polisario para desvincularse legalmente de un proyecto que distaba de ser imparcial, devolviendo así el conflicto al marco de la citada Resolución 34/37 de la Asamblea General —del cual nunca debió desviarse—, que define a Marruecos como potencia ocupante.

Al no secundar al jefe de la MINURSO y excluirse del proceso, el Polisario se vio inmerso en una trama pensada intrínsecamente para favorecer a Marruecos, mantener el statu quo y eternizar el exilio saharaui en la inhóspita hamada argelina. Un bucle que gira perennemente en torno a un derecho que el pueblo saharaui ya había ejercido hacía quince años, cuando El Uali Mustafa Sayed eligió con acierto el momento histórico preciso para ello, apenas tres meses y doce días antes de su caída en el campo de batalla.

El problema del Sahara se sustancia en una invasión militar no resuelta y no en un asunto de libre determinación que El Uali dejó zanjado en 1976. Al desplazar el eje de la lucha desde la liberación nacional y la expulsión del invasor hacia la exigencia perpetua de un referéndum que los saharauis no necesitan —pero que Marruecos instrumentaliza para suplantar a la potencia colonial y legitimar la ocupación—, el ardid del "Plan de Arreglo" ha logrado diluir el espíritu fundacional del Frente Polisario mediante una de las trampas retóricas más eficaces del último medio siglo.

Esta mutación conceptual no ha sido inocua: convirtió un derecho inalienable ya ejercido en un estigma paralizante que, lejos de acelerar la liberación del Sahara, abre una puerta burocrática procesal que oxigena la estrategia de Rabat y ampara sus hechos consumados.  

El "Plan de Arreglo" cumplió con creces su función: primero, dio lugar a un alto el fuego que salvó a Hasan II de la guerra; después, convirtió a Marruecos en "parte interesada" en el referéndum y, acto seguido, condicionó la celebración de este a la aprobación de Rabat, erigiéndose, no ya en la potencia colonial —que de iure sigue siendo España—, sino en la misma ONU, al arrogarse la potestad de decidir cómo, cuándo y quién tiene derecho a la autodeterminación. Mientras tanto, los saharauis, como incautos incorregibles, seguían reclamándole al Majzén una consulta que nunca necesitaron. Esta situación surrealista roza el cenit del absurdo cuando Marruecos, envalentonado y convencido de la sumisión del Polisario al falsario proceso de paz, "deniega" la autodeterminación y ofrece a cambio una "autonomía marroquí".

Lejos de acelerar la liberación del Sahara, abre una puerta burocrática procesal que oxigena la estrategia de Rabat y ampara sus hechos consumados

Es indignante constatar cómo, al final de cada octubre, la opinión pública aguarda expectante para comprobar si el informe anual del secretario general de la ONU menciona la autodeterminación de los saharauis o la renovación de la MINURSO. Los derechos inalienables del pueblo saharaui no dependen de una frase trucada plasmada en un papel ni de una misión obsoleta que simboliza el fracaso rotundo y el derroche de recursos de las Naciones Unidas; son derechos con los que ha nacido, al igual que los demás pueblos libres y soberanos del mundo. Por lo tanto, la única postura legítima que debería exigirse y esperarse del secretario general es la condena categórica a la ocupación ilegal del Sahara Occidental.

Este nefasto recorrido acontece porque los dirigentes saharauis carecieron, en aquel entonces, de la altura de miras para seguir el ejemplo de Johannes Manz, quien se desmarcó de un proceso que, por turbio y sospechoso, no auguraba nada bueno. En la coyuntura actual, corresponde asumir la responsabilidad y entender que la rectificación estratégica siempre es un acto de lucidez política. Para revertir esta situación, solo hace falta una dosis elemental de coherencia y el máximo compromiso con la memoria de quienes entregaron su vida por un Sahara libre.

En consecuencia, es primordial:

1. Declarar solemnemente que el pueblo saharaui ya ejerció su derecho a la libre determinación el 27 de febrero de 1976, cuando El Uali Mustafa Sayed proclamó la República Árabe Saharaui Democrática tras la retirada de la potencia colonial española.
2. Reafirmar que la cuestión del Sáhara Occidental es la de un Territorio No Autónomo ocupado militarmente por Marruecos en pleno proceso de descolonización. Su solución no radica en una autodeterminación ya hecha efectiva, sino en la expulsión definitiva e innegociable del invasor de las fronteras de la RASD reconocidas internacionalmente.
3. Declinar la participación en cualquier negociación o diálogo que no contemple, de entrada, los puntos anteriores.
4. Fijar como objetivo único de la lucha del pueblo saharaui la expulsión del ocupante marroquí y el respeto absoluto a la integridad territorial de la República Saharaui.
5. Erradicar por completo el término "autodeterminación" y romper terminantemente con esa dinámica ambigua de las portavocías del Polisario que, obviando la ocupación, dicta que "el objetivo de la causa saharaui es la autodeterminación". Ese no es el anhelo de los saharauis —quienes ya lo ejercieron—, sino el del "Plan de Arreglo" concebido para legitimar la presencia de Marruecos en el Sahara.
6. Activar la vía penal internacional invocando el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra —que prohíbe a la potencia ocupante trasladar partes de su población al territorio ocupado o expoliar sus recursos— y la Resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU (1979), que cataloga explícitamente a Marruecos como potencia ocupante.

Santiago Caputo, asesor presidencial del presidente Javier Milei, ha dicho que Argentina debe recuperar las Islas Malvinas porque el Reino Unido está siendo colonizado por el islam. En esa línea, consideró que la reivindicación sobre las Malvinas es ya una causa de Occidente, y no solamente nacional. La cuestión ha escalado porque Milei dio difusión en redes sociales al mensaje de su asesor, lo que ha tensionado la relación entre Argentina y Reino Unido. El mensaje no es nuevo. Donald Trump ya dijo antes que Caputo que el Reino Unido sería la primera potencia islamista con armamento nuclear. No debe de saber que Pakistán hace 54 años que posee armas nucleares.

No es la primera vez que Milei amenaza el Reino Unido con que quiere recuperar las Malvinas como sea. Espera que su amistad con Donald Trump lo haga apoyar el intento de recuperar las islas frente a un Reino Unido que, según el presidente argentino, está internacionalmente debilitado.

Sin embargo, si analizamos la situación de las fuerzas armadas argentinas, podemos ver que la situación no da para amenazas. Hay problemas en los acuartelamientos, donde faltan los bienes básicos para su funcionamiento. Con su salario, los soldados no llegan a final de mes, y tienen que encontrar trabajos alternativos como repartidores o taxistas. Por ello, han introducido subidas salariales. El gobierno libertario entró prometiendo seguridad y orden, y la situación de los cuerpos policiales y militares está peor que antes de que Milei llegara a la Casa Rosada.

La respuesta británica no se ha hecho esperar. El primer ministro, el laborista Andy Burnham, habló con el presidente Donald Trump, y le explicó que la voluntad de las Malvinas es seguir siendo británicas, con el respaldo de Londres. El presidente de la Asamblea de las Islas Malvinas, Jack Ford MLA, lo confirmó: no se plantean dejar de ser británicos. A su vez, el Ejército Británico se desplegó en un ejercicio para saber cómo actuar frente a una invasión, y reconquistar las islas como sucedió en 1982.

Fue en abril cuando el régimen militar encabezado por el general Galtieri tomó las Malvinas, un territorio que se apropió el Reino Unido hace siglo y medio. Aquello fue el principio del fin de la dictadura que sembró el terror en Argentina. Setenta y cuatro días después de la incursión argentina los británicos, que desplegaron la más poderosa flota desde la Segunda Guerra Mundial, recuperaron las Falklands, como las llaman. Hubo mil muertos, 700 de ellos argentinos.

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, sostiene que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como ellos consideren oportuno. Ha anunciado también nuevas medidas para garantizar que las personas y las empresas estén protegidas frente a las amenazas argentinas. El control de los recursos energéticos queda bajo protección británica.

Milei amenaza con una intervención militar en las Malvinas mientras los uniformados argentinos malviven"

No es la primera vez que Milei recurre la cuestión de las Malvinas para desviar la atención doméstica. De hecho, la Junta Militar usó la guerra de las Malvinas para desviar la atención de sus problemas internos. Enviaron a luchar a gente sin experiencia, ni formación. Ahora Milei amenaza con una intervención militar en las Malvinas mientras los uniformados argentinos malviven. Milei espera que Estados Unidos e Israel se pongan de su parte, pero es muy difícil que su apoyo vaya más allá de un golpecito diplomático a la espalda.

En conclusión, la supuesta expansión del islam en las Malvinas, y la consolidación de un gobierno islámico frente a Argentina, es la enésima declaración sin sentido que proviene de Casa Rosada, la sede del gobierno argentino. Apenas el 0,3% de los habitantes de la isla practican la religión islámica.

La necesidad constante del gobierno argentino de generar polémicas estridentes y tensionar el orden internacional es una muestra de la debilidad diplomática del país. Si recordamos el precedente de Venezuela sobre el Esequibo, podemos ver que la cuestión de un cambio territorial por la fuerza tiene escasos apoyos, incluso entre los amigos más cercanos.

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Guillem Pursals es doctor en Derecho (UAB), máster en Seguridad (UNED) y politólogo (UPF), especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado. Aquí puede leer sus artículos publicados en www.elindependiente.com

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Los terrenos militares de Campamento, en el suroeste de Madrid, llevan un cuarto de siglo esperando convertirse en barrio. El primer acuerdo para desarrollarlos se firmó en 2001; el Tribunal Supremo anuló el planeamiento en 2012; el Gobierno calificó la operación de inviable en 2013; en enero de este año el presidente del Gobierno viajó hasta allí para anunciar su desbloqueo, y las 10.700 viviendas prometidas siguen sin construirse. Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, se ideó en 1991 y necesitó más de tres décadas de modificaciones, negociaciones y recursos antes de que entraran las primeras máquinas.

En ninguno de los dos casos faltó terreno, proyecto, dinero o compradores. Cuando un desarrollo se atasca, el Estado señala a las comunidades autónomas, que recuerdan las competencias municipales; los ayuntamientos invocan la legislación autonómica y los informes sectoriales; y cuando por fin intervienen los tribunales, un defecto de procedimiento puede obligar a revisar años de trabajo. En cada punto del recorrido hay alguien que puede explicar, con impecable fundamento jurídico, por qué la llave no obra en su poder.

Mientras esos expedientes envejecen, generaciones enteras han pasado de buscar su primera vivienda a preguntarse si sus hijos conseguirán comprar la suya.

No hay fatalidad geográfica. España tiene territorio, constructoras, capacidad técnica y capital. Lo que no logra producir, en cantidad suficiente y donde se necesita, es suelo urbanizado y jurídicamente disponible. Y eso depende, en buena medida, de quién manda en cada paso del proceso.

El Gobierno central no decide dónde se levanta cada edificio, pero fija buena parte de las reglas que condicionan su existencia

El Gobierno central no decide dónde se levanta cada edificio, pero fija buena parte de las reglas que condicionan su existencia: la legislación estatal del suelo, la regulación de los arrendamientos, el marco procesal. La fragilidad de los planes urbanísticos ante ciertos defectos de tramitación ha convertido el planeamiento en una actividad de riesgo jurídico elevado, y sigue pendiente una reforma que permita subsanar irregularidades sin arrasar años de planificación. Entretanto, el legislador ha dedicado considerable energía a regular el precio de las viviendas existentes y bastante menos a facilitar que aparezcan otras nuevas.

Las comunidades autónomas tampoco salen indemnes. Durante décadas, buena parte de la vivienda protegida se destinó a la venta y acabó, tras su descalificación, en el mercado libre: con recursos públicos se enriquecieron patrimonios privados y no se consolidó un parque suficiente de alquiler asequible y permanente. Hoy se descubre, con cierta sorpresa institucional, que faltan las viviendas públicas que nadie se ocupó de conservar.

En los ayuntamientos el problema se hace tangible. Son decisivos en el planeamiento, la gestión urbanística y las licencias, aunque actúen bajo legislación autonómica y múltiples condicionantes sectoriales. Y tienen un problema de origen: el municipio necesita viviendas para quienes todavía no viven en él, pero sus gobernantes responden ante quienes ya residen. Los futuros vecinos no votan; los actuales sí, y pueden entender que un nuevo desarrollo les perjudicará en tráfico, servicios o en el valor de sus propiedades.

Se suma la fiscalidad. La construcción y las transmisiones inmobiliarias nutren las arcas de varias administraciones, y no todos los ayuntamientos tienen interés en frenar la edificación. Pero el sistema combina incentivos recaudatorios, costes políticos y procedimientos cuya complejidad rara vez padecen quienes los administran. El resultado es una maquinaria bien engrasada para explicar sus retrasos.

Mientras tanto, la población crece, los hogares se multiplican y la oferta no responde con la rapidez necesaria. La regulación del alquiler puede amparar a determinados inquilinos, pero sus efectos sobre la oferta y los incentivos no desaparecen por negarlos. Proteger a las familias vulnerables es una obligación pública; hacer del propietario particular el sustituto permanente de esa obligación es otra decisión política.

Repartir porcentajes de culpa es un ejercicio estéril, porque hemos levantado un sistema en el que la responsabilidad se diluye al repartirla. Cada poder conserva su capacidad de impedir; ninguno asume la obligación de hacer posible. Un país necesitado de casas dispone de una organización administrativa admirable para justificar que no se construyan. Y todos sus responsables pueden demostrar que han cumplido la ley.

The buzzy new A24 film “You Can See Everything” is a one-of-a-kind documentary. It features a psychic clash between two masters of deception with distinct skill sets. In one corner is Nathan Fielder, a comic and creator of a number of popular shows, including “Nathan for You” and “The Rehearsal,” which bizarrely blend fiction and reality and involve manipulating strangers. In the other corner is Elizabeth Holmes, the notorious once-billionaire founder of Theranos who was convicted of defrauding investors in one of the biggest business scams of the 21st century.

The premise of the film is that Holmes invites Fielder — who directed the film alongside Lance Oppenheim — to spend enormous amounts of time with her and her family 34 days in 2023 before she begins an 11-year prison sentence for committing fraud. She says her goal is to prove her innocence through transparency. “I know I didn’t commit a crime,” she tells Fielder. And she intends to prove that, somehow, by allowing a camera crew to surveil her life in a rented home in Southern California for about a month.

The entire arrangement is hilarious and absurd on its face — why would Holmes invite Fielder of all people into her life in an effort to clear her name? Why would showing her behavior in this contrived reality TV-like setup be effective at countering the stigma of her crimes? And what could Fielder unearth about Holmes that the public might not know?

The central source of tension driving the film is captured in its ultra-viral teaser showing Fielder and Holmes sizing each other up with their faces just inches apart, prompting the viewer to ask: Who is getting played here?

“You Can See Everything” is a movie about how hard it is to ascertain the truth, the limits of perception and the unknowability of other humans. It serves as a highly entertaining and at times trippy comment on the way people cynically use narrative as power in post-truth, huckster-ruled America. It’s also at times rather shallow, closer to a cheap trick than a provocation about the elusive nature of truth.

The first part of the movie is all about Fielder spending time with Holmes and her fiancé, Billy Evans, along with their two babies. Holmes and Evans’ bid for “radical transparency” involves extended scenes of mundane daily life — eating, childcare, walking on the beach. In what appears to be a demonstration of just how open they’re willing to be, Holmes breastfeeds in front of Fielder and the camera crew; in another scene, Evans showers in front of the camera — with nothing left to the imagination. Yet at the same time, both of them are constantly evasive when answering questions, using “I don’t know” to respond to questions that they clearly know the answers to, or asking for straightforward questions to be rephrased in order to buy time for new evasions.

Holmes’ intent isn’t that complicated a question, and she isn’t merely misunderstood.

The film further embraces the paradox of the whole “transparency” setup by letting us observe and listen in on Holmes and her (unnervingly controlling) partner’s attempts to co-direct the documentary, and to put on a show of trying to woo investors for an improbable successor company to Theranos. Altogether, it’s a compelling mix of stagecraft and manufactured reality. And it only gets weirder as the movie progresses.

The part of the movie that’s unsatisfying is Fielder’s fixation on getting Holmes to admit to understanding what she did wrong. Holmes resolutely insists that she not only doesn’t think she did anything wrong, but that she has never lied in her adult life. Equally striking is that she claims to not even understand why people believe she lied about what her infamous Theranos blood testing machine — which never fulfilled the advertising that said it could conduct hundreds of diagnostic tests with just a few drops of blood — could do.

The focal point is the ambiguity of her meaning when she says she really believed the machine was capable of doing things it had not yet demonstrated the capacity to do. Fielder seems to entertain the idea that this may be a communication problem that originates in Holmes’ mind. He shows her a video of Abbott and Costello’s famous “Who’s on first” comedy routine to illustrate how people can talk past each other by perceiving the same words differently, and she claims to have no comprehension of it. Evans insists this is proof that she just “thinks differently.”

The implied meaning of Fielder’s inquiry appears to be that we cannot know what Holmes truly believes, and thus we cannot rule out a kind of psychological innocence surrounding her intent.

While Fielder is also hard to read, it does seem that he takes her denialism seriously — and in A24’s press notes he admits, “When I watch the footage back I see myself genuinely conflicted and struggling to make sense of these moments and what was happening.” But the only reason the question appears meaty for the audience is because the filmmakers have deliberately narrowed the information we can use to bear upon this question. Many people who watch this movie will not be familiar with the details of the Theranos fraud case, or may have forgotten them. But reportage and the legal proceedings against her demonstrate unequivocally that this isn’t all just a big misunderstanding about the meaning of a couple of words.

Trial evidence and investigative media reports showed that Holmes knew her machine was not producing accurate or reliable results and that she covertly used traditional machines to produce results her machine could not — and passed off many of those results as her own machine’s performance. To woo investors, she falsely claimed that the technology was used on the battlefield in Afghanistan. She admitted in court that she personally affixed the logos of big pharmaceutical companies like Pfizer to reports that would falsely indicate that those companies had endorsed Theranos’ technology. She has admitted that her company advertised her blood diagnostics machine as being able to do more than 200 tests — while it could only do 12. Not only did Holmes rob investors of huge sums of money, she also gave tens of thousands of patients incorrect diagnostic tests that had dangerous real-life consequences for them.

In other words, Holmes’ intent isn’t that complicated a question, and she isn’t merely misunderstood. She is without question a full-on scammer.

To me, her wide-eyed denials and incomprehensible tentativeness in this movie are an obvious and ludicrously ham-fisted attempt to lie once more, to win back public opinion. In addition to sapping her arc of its suspense, it also then pushes the audience in a strange direction. The narrative of Holmes as an oddball idealist who might just be misunderstood is an essential part of the movie’s engine — which mostly points to her troublingly domineering partner as the real villain of the story.

But two things can be true at once: She’s deceptive, and her partner is also a bad guy. Yet I suspect the narrative of the movie is likely to be received as quasi-exculpatory of Holmes in the eyes of some audience members.

Some might say that Fielder deliberately allowed Holmes to work her “magic” on the public. But magic doesn’t work when you can see the mechanics of the trick.

Whether wittingly or not, the way Fielder tries to make Holmes more mysterious than she is also reminds me of a broader social problem we have in American life: our struggle to tackle how flagrant lying has become a norm in politics and our information environment. Many political observers — including me, at times — are vexed by the question of politicians’ intent when they spread false information, use language that insinuates an incitement to violence or bigotry, or defend modern day genocide. This process often involves giving bad actors the benefit of the doubt as we weigh their subsequent denials. Some of that problem simply can’t be solved, because stated intent, in the abstract, is irrefutable. But a part of the solution is often watching what people do — instead of what they say.

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Across the country, millions of Americans are already voting, midterm election ballots are in the mail, and these elections are nearing their end. Rather than address voters’ concerns about the war with Iran or high prices, though, the Trump administration continues its obsessive campaign to interfere in the voting process and undermine election results. Through threatening letters and pursuing suspect litigation, the Justice Department is harassing California officials who are busy ensuring Americans can vote.

This week the DOJ gave California officials 48 hours to review a list of 20,000 names, which the federal government claimed were registered voters and “likely noncitizens.” When state officials did not meet that deadline, the administration sued, asking a judge to prohibit California from counting mail-in ballots from those voters until their status can be verified.

The White House’s approach is rushed and based on faulty data, and already has led to gross inaccuracies.

As the former chair of the U.S. Election Assistance Commission, I can characterize the DOJ’s demand in one word: absurd. It ignores both the law and the basic processes and procedures for running elections in the United States. As the California Secretary of State noted in response, the DOJ is “demanding unprecedented measures that threaten thousands of Californians’ right to vote, based on unverifiable information or methodology that you still fail to explain or provide.”

The real work of maintaining voter lists is already subject to specified legal provisions, not the flawed list-matching the administration keeps pushing. State list matching is part of that maintenance, but like all parts of the process takes time and resources, given that Americans are constantly moving, changing their names or otherwise affecting their voter eligibility. The White House’s approach is rushed and based on faulty data, and already has led to gross inaccuracies.

The administration’s pressure on California is the latest and most extreme in a series of efforts by the Trump administration attempting to undermine Americans’ confidence in the voting process. It has repeatedly made exaggerated claims about noncitizens on the voter rolls that are not backed up by the evidence. In so doing, the Trump administration is dusting off and federalizing an old voter suppression technique.

The playbook starts by trumpeting an eye-catching number of supposedly fraudulent voters – say, 20,000. This usually generates headlines and feeds an impression of widespread fraud to scare Americans about the integrity of elections. When these allegations are scrutinized or when the administration finally provides supposed evidence, the number quickly dwindles. What is left are a small number of exceedingly rare cases – exceptions and outliers. But the debunkings often fail to dispel the original efforts promote a narrative that our elections are not trustworthy and that reforms or actions making it harder to vote are needed.

This pattern is not new. For at least a decade, President Trump has been spreading misinformation about widespread noncitizens voters.

Earlier this summer, in a primetime address, President Trump made outrageous claims about noncitizens on the voter rolls. The Department of Homeland Security (DHS) quickly tried to support these numbers, but as was expected, the claims were baseless. As an example, DHS claimed nearly 16,000 non-citizens were on the voter rolls in Nevada. Yet when pressed for specifics, DHS provided the Nevada Secretary of State with a list of just 185 individuals in question.  An investigation revealed that all were U.S. citizens.

This pattern is not new. For at least a decade, President Trump has been spreading misinformation about widespread noncitizens voters. In 2016, he falsely claimed that he would have won the popular vote if it were not for the alleged non-citizens voting, including in California. He tried to find evidence to support this claim by creating a “Presidential Advisory Commission on Election Integrity,” which was ultimately dissolved after finding no such evidence.

In the current Trump administration, the DHS, the DOJ, and even the Census Bureau are being politicized and pressured to support these baseless claims. The result is manufactured chaos and confusion meant to undermine confidence in elections.

If voters hold President Trump accountable for his administration’s failures at the ballot box in November, it is predictable this narrative will serve as the basis for additional DOJ litigation and additional conspiracy theorizing from the president and his allies. The Trump administration is weaponizing the federal government, at taxpayer expense, to undermine the will of the voters if the results are not helpful to the administration.

Rather than directing DHS and DOJ resources toward finding the “worst of the worst,” as Trump promised during his campaign, the administration is wasting taxpayer dollars on political theater—or worse. It does so at its own peril: Americans are frustrated and want leaders to address the real issues affecting their lives. We choose those leaders at the ballot box. Our democracy is stronger when every eligible American who wants to vote can make their voice heard, regardless of which candidate they support. If you have not done so yet, make your plan to vote and show up for our democracy.

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Greg Abbott has been governor of Texas for nearly 12 years. He debated Wendy Davis in 2014, Lupe Valdez in 2018 and Beto O’Rourke in 2022. He won all three elections.

But suddenly, in 2026, with public polls showing a closer race against Democratic nominee Gina Hinojosa, Abbott has decided a debate is unnecessary.

Come on now.

After Abbott declined four proposed debates, Hinojosa held an event outside the governor’s mansion Thursday. Recent polls show a close race despite Abbott outspending her more than six to one on advertising.

Abbott’s campaign is willing to spend millions telling Texans what to think about Hinojosa. But putting him on a stage where she can challenge his record? Apparently, that’s a bridge too far.

And Abbott is hardly alone.

Texas Attorney General Ken Paxton has declined to debate Democratic Senate nominee James Talarico. On Wednesday, Talarico took questions from voters across the political spectrum in a nationally televised town hall. Paxton declined an invitation to participate in a comparable event.

In Florida, Republican Sen. Ashley Moody has declined to debate Angie Nixon. In Mississippi, Republican Sen. Cindy Hyde-Smith said there’s “no point” in debating Democratic nominee Scott Colom.

Why are so many Republicans making the same decision in the same election cycle?

The campaigns have offered different explanations. Abbott says he’d rather meet voters at community events. Moody says she won’t give a “self-proclaimed socialist” a stage. Hyde-Smith’s campaign says there’s “no point” debating Colom because of his positions. Paxton’s campaign said he would debate Talarico if there were neutral moderators, then objected to a proposed Fox News forum and did not respond to CNN’s town hall invitation.

I have some thoughts.

In 2014, I was deputy communications director for the Democratic nominee for governor in Nebraska. It was not a pleasant year to be a Democrat running for office.

President Barack Obama was in the White House, and Republicans had turned the Affordable Care Act into a political liability. In Nebraska, where Republicans already had a significant advantage, the national environment made an uphill campaign even harder.

It was difficult to keep the conversation focused on the issues we wanted to discuss when the national debate kept pulling it elsewhere. Healthcare was supposed to be one of the Obama administration’s signature achievements. Instead, Republicans made Obamacare a central argument against Democrats up and down the ballot.

There was no escaping it.

Republicans are being asked to defend the president’s agenda.

That is the political environment I recognize today, except Republicans are now being asked to defend the president’s agenda.

Donald Trump unilaterally imposed tariffs, raising costs for American businesses and consumers. Then came his war of choice in Iran. Gas and diesel prices climbed, raising costs for households and businesses. And Americans are still waiting for a clear explanation of how this war will end.

Where were Republicans in Congress?

Some raised objections, but many stayed silent, defended the president’s decisions or cheered him on. Now, with Trump’s approval ratings sinking, Republican candidates face an uncomfortable reality. Some are trying to distance themselves from parts of his agenda. Others are embracing him, betting his support will carry them through November.

But the decisions have already been made. The tariffs were imposed. The war began. Americans are dealing with the economic consequences.

A debate means explaining those choices — or why you didn’t challenge them — while someone a few feet away questions your answer.

I can understand why a campaign might not want that.

But refusing to face those questions is cowardly.

On a recent episode of Clock It, Eugene Daniels and I discussed the growing number of candidates declining debates. I asked what I think is a basic question: “If you want the power to represent people, why shouldn’t you have to answer questions in front of those people?”

And I meant it.

A debate isn’t the only way for candidates to face difficult questions. A town hall lets voters challenge a candidate directly, without an opponent standing next to them.

Talarico did exactly that on Wednesday.

Paxton has campaigned across Texas, including on a statewide bus tour. But he declined the CNN town hall and a debate with Talarico. Those offer sustained questioning that campaign events don’t necessarily provide.

Abbott has spent years championing a school voucher program that fundamentally changes how Texas approaches public education. Hinojosa has made opposition to it central to her campaign. Texans could hear Abbott explain why he believes his approach serves their children — and hear Hinojosa challenge him on the consequences for public schools.

There are also questions about property taxes, the cost of living, immigration enforcement and the governor’s use of state authority. These decisions affect millions of Texans.

Republicans aren’t the only candidates declining debates. Arizona Gov. Katie Hobbs has also declined to debate her opponent. She should face scrutiny for that, too.

But the pattern among Republicans this cycle is striking, particularly because their party is exercising power in Washington.

Greg Abbott is governor of Texas. Cindy Hyde-Smith and Ashley Moody are U.S. senators. They’re asking voters to keep them in office, yet choosing whether to face public scrutiny while they still need those voters’ permission.

We spend a lot of time examining candidates’ experience, policies, temperament and judgment. We should. But we should also ask what they believe they owe the people they govern.

A politician who treats difficult questions as optional is telling us how they understand the power they hold.

Perhaps the most revealing thing about these Republicans isn’t what they might say on a debate stage. It’s what they believe they no longer have to explain.

Evan Brechtel contributed to this report.

For more thought-provoking insights from Michael Steele, Symone Sanders Townsend and Luke Russert, watch “The Weeknight” every Monday-Friday at 7 p.m. ET on MS NOW, and check out Symone’s podcast with Eugene Daniels, “Clock It.” Listen now wherever you get your podcasts.

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For decades, the European Union has been a global leader in biodiversity protection. The Natura 2000 network, the Birds and Habitats Directives and, more recently, the Nature Restoration Regulation show that Europe has a strong legal framework. 

At international level, the EU also played a decisive role in the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which was agreed in December 2022 at COP15 of the Convention on Biological Diversity. The framework established a global roadmap to halt and reverse biodiversity loss by 2030. 

Next week (19-30 October), Yerevan will host COP17 of the Convention, where the first global review of progress since the adoption of the Framework will take place. It will be an important opportunity to determine whether the commitments made are being translated into concrete action and results on the ground. 

As co-chair of the European Parliament delegation attending the conference, I will defend a united European position that is consistent with our historic leadership and responds to the urgency of the challenge.

The European Commission, which formally negotiates on behalf of the Union on the basis of the position agreed with the member states, must promote decisions that accelerate implementation of the Global Biodiversity Framework during the remaining years to 2030. 

Honest appraisal? A mixed picture

This global review must be accompanied by an honest assessment of our own performance. Europe should arrive in Yerevan acknowledging both the progress it has made and the work that remains.

The commission’s latest report on the implementation of the framework presents a mixed picture.

Of the 45 targets established for the EU, only two have been achieved and 16 are on track, while progress remains too slow on another 25 and two cannot yet be assessed. 

There are positive signs in the EU. Protected areas have expanded, organic farming has increased and a greater proportion of fish stocks is being managed sustainably.

However, the overall situation of many habitats and species remains worrying, while farmland birds and grassland butterflies, among others, continue to decline. 

The main problem is not a lack of legislation, as Europe already has many of the instruments it needs. The challenge is to implement them properly and turn them into visible improvements on the ground, which requires public authorities with sufficient capacity, reliable data, clear plans and stable funding. 

The Nature Restoration Regulation is a good example.

Restoring wetlands, rivers, forests, soils and marine ecosystems will not only help biodiversity recover, but will also retain water, reduce flood damage, protect soils and make our territories more resilient to droughts, heatwaves and wildfires. 

Missed deadlines

However, the regulation will only deliver results if member states meet their obligations.

The deadline for submitting draft national restoration plans was 1 September, yet only nine countries have done so.

This delay not only slows implementation, but also makes it harder to calculate the cost of restoring nature and the resources that will be required. 

The commission was expected to present an assessment of restoration funding needs and gaps in August 2025, but we are still waiting for a complete analysis.

The commission argues that it needs the national plans to calculate these costs. Yet negotiations on the 2028-2034 financial framework are moving forward while many plans remain outstanding and we still lack a full estimate of the resources needed to implement one of our most important environmental laws. 

This situation reflects one of the main challenges facing COP17.

Adopting targets is no longer enough. We must also agree on how they will be implemented, how progress will be measured and how action will be financed.

Five EU priorities in Yerevan

In this context, I believe that the European position should focus on five priorities. We must mobilise more resources for biodiversity, consolidate the Cali Fund, make progress in eliminating harmful subsidies, assess progress through concrete results and strengthen the role of nature in climate adaptation. 

Finance will be one of the central issues in Yerevan, as the Global Biodiversity Framework calls for the mobilisation of at least $200bn [€178bn] a year from all sources by 2030. Public investment must remain the foundation of this effort, but private capital will also be needed.

With this aim, the commission presented its roadmap for nature credits in July 2025 and is now developing the methodologies, certification systems, oversight arrangements and pilot projects needed for their deployment.

These instruments could help finance conservation and restoration, but they will only be useful if they are governed by rigorous rules and deliver real, verifiable and additional benefits for biodiversity. They must never replace public funding or be used to justify damage to nature in one place in exchange for financing action elsewhere. 

COP17 must also consolidate the Cali Fund, which was created so that companies benefiting from the use of digital information on genetic resources contribute to biodiversity conservation. The agreement reached at COP16 was an important step, but we now need real contributions and a fair distribution of resources, including for Indigenous Peoples and local communities. 

Another priority must be to eliminate incentives and subsidies that harm biodiversity. It makes no sense to call for new resources to protect nature while public budgets continue to support activities that destroy it.

The European Union should therefore examine its own policies honestly, particularly in areas such as agriculture, fisheries, energy and infrastructure, and establish a timetable for progressively phasing out and ultimately eliminating this harmful support. 

The global review must also measure concrete results. Success cannot be assessed simply by counting strategies or setting targets. We need to know whether ecosystems are recovering, whether species are in better condition, whether protected areas are being managed effectively and whether funding is actually reaching action on the ground. 

We must also strengthen the connection between biodiversity and climate adaptation. The droughts, floods, heatwaves and wildfires affecting Europe show that protecting and restoring nature is not a secondary concern. Healthy ecosystems are among our best defences against the effects of climate change and represent a direct investment in our security, agriculture and economy. 

All these priorities lead us inevitably to the European budget, because political commitments are only credible when they are backed by sufficient resources.

The budget?

There is currently a clear contradiction between the leadership that the European Union wishes to maintain on biodiversity and the place given to it in the proposal for the 2028-2034 financial framework.

Although the commission proposes that 35 percent of the next budget should contribute jointly to climate and environmental objectives, it removes the specific 10 percent target for biodiversity included in the current budget and no longer presents LIFE as a standalone programme.

By placing biodiversity within much broader objectives and funds, its financing becomes less visible and risks being pushed aside by priorities such as security, defence and competitiveness. 

Parliament must defend sufficient and clearly identifiable resources for biodiversity and for the activities currently financed through LIFE.

Simplification can make funding easier to access, but it must not reduce environmental ambition, transparency or democratic oversight. 

This budget debate also affects our international credibility. Europe cannot ask other countries to increase their ambition and financial contributions while weakening budgetary support for biodiversity within the Union itself. Our leadership in Yerevan will depend not only on what we defend in the negotiations, but also on what we are able to implement and finance at home. 

Europe has strong laws, valuable experience and the capacity to lead. We do not need to start again. We need to deliver what we have already agreed, provide the necessary resources and use COP17 to accelerate global action. 

The global review cannot be limited to describing how far we remain from the 2030 targets. It must help us agree on how to close that gap during the four years that remain. I will travel to Yerevan with the European Parliament delegation determined to support that objective. 

Indonesia, Brazil and the Democratic Republic of Congo together hold more than half of the world’s tropical rainforests. In 2022, when Indonesia hosted the G20 summit in Bali, the three countries pledged to cooperate on how to pay to protect those forests. The promise was one of South-South cooperation: developing countries working together rather than […]

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