El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.
Imagen del acto organizado el pasado 27 de setiembre por Jardun en el frontón de Ciboure (Francia) con motivo del 'Gudari Eguna', en una imagen difundida por esta organización.
Los dos detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa), investigados por un presunto delito de terrorismo y vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, pasan este martes a disposición de la Audiencia Nacional, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, que permanecían desde el pasado sábado en dependencias de la Policía autonómica vasca en Irun, están siendo trasladados en estos momentos a Madrid.
Los dos detenidos cuentan con antecedentes relevantes, según indicó el Departamento de Seguridad en un comunicado en el que no especificó a qué tipo de antecedentes se refiere.
La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que portaban material muy sensible sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.
La Policía autonómica vasca abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo. En los últimos días las pesquisas, coordinadas en todo momento, avanzaron de manera muy relevante, según indicó la Ertzaintza.
En la jornada del sábado, dos de las personas investigadas se personaron voluntariamente en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, y fueron detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo. Tras tomarles declaración y cumplimentar las diligencias policiales pertinentes, los dos arrestados están siendo trasladados a Madrid.
Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que hoy, martes, se cumplen 15 años.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que se va a personar en la causa abierta tras la detención de dos personas en Irun (Gipuzkoa) por parte de la Ertzaintza investigadas por un presunto delito de terrorismo y ha pedido que se refuerce la vigilancia de los acuartelamientos.
Los dos detenidos, vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, pasan este martes a disposición de la Audiencia Nacional, según informa Efe.
La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".
En un comunicado, la AUGC ha considerado que el Departamento vasco de Seguridad "ha evitado precisar" cuántos agentes y cuántas instalaciones aparecen en la documentación intervenida, así como el formato en el que estaba recogida.
"Una lista de guardias civiles y cuarteles en manos de personas investigadas por terrorismo no es un papel más entre otros indicios de una causa judicial, es la radiografía de una amenaza directa sobre la vida de hombres y mujeres que prestan servicio al Estado, y sobre sus familias", ha advertido.
En este sentido, ha apuntado que la aparición de este tipo de documentación "no puede tratarse como una anécdota policial, sino como una señal de alarma que exige respuesta inmediata".
Asimismo, ha reclamado al Ministerio del Interior que actúe de manera inmediata al asegurar que "la Ertzaintza no ha compartido esta información con la Guardia Civil". "En la lucha contra el terrorismo no caben compartimentos estancos ni cálculos competenciales", ha defendido.
Por ello, ha reclamado el "traspaso urgente" de toda la documentación a la Dirección General de la Guardia Civil, el "refuerzo inmediato" de la vigilancia en los acuartelamientos y entornos que pudieran verse afectados, y la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para proteger a los agentes señalados.
"Este episodio demuestra que el riesgo terrorista contra la Guardia Civil no ha desaparecido, cambia de forma, cambia de origen, pero no desaparece", ha afirmado esta asociación, que ha subrayado que "bajar la guardia o restar importancia a hallazgos como este sería un error".
Son cientos. La mayoría hace tiempo que peina canas. Su aspecto poco se parece al que mostraron años atrás en las fichas policiales. Se pasean por los municipios vascos. Se les puede ver comprando o tomando vinos. La mayoría se ha alejado del foco social y apuesta sumergirse en el anonimato. Unos pocos, en cambio, han optado por seguir 'luchando' formando parte de listas electorales o integrándose en la política activa. A casi todos, sólo les queda el apoyo discreto de los más afines, de los que les aplaudían cuando sembraron el rastro de dolor que partió a la sociedad vasca en dos. La mayoría se enteró en la cárcel del final de la tragedia que habían alimentado. El 20 de octubre de 2011, hace hoy 15 años, ETA anunció el “cese definitivo” de sus acciones criminales. Desde entonces, alrededor de 600 miembros de la banda terrorista han salido en libertad.
Cuando los tres encapuchados de ETA proclamaron el inicio de “un nuevo ciclo” y la apuesta por las vías exclusivamente políticas, en las prisiones españolas cumplían condena cerca de 700 terroristas de la organización. Tres lustros después, son algo menos de un centenar: 93 presos de ETA, según el colectivo de familiares Etxerat. En esa contabilidad no se incluye al puñado de presos críticos con el colectivo ‘oficial’ de presos, el EPPK, afín a la izquierda abertzale que lidera Arnaldo Otegi.
Ese cupo se reduce aún más si se analiza la situación penitenciaria de ese escaso centenar de presos. Son apenas 36 los que cumplen condena sin salir de prisión, en régimen ordinario. El resto lo hace saliendo de la cárcel y regresando a prisión solo a dormir gracias a progresiones a tercer grado o a la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta fórmula, previa al tercer grado, permite flexibilizar la situación del interno y le permite salir para trabajar o cooperar en una ONG.
Cuando los tres encapuchados -David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka- difundieron el vídeo del final de ETA la tarde del 20 de octubre de 2011, la banda aún tenía una última baza con la que negociar: su disolución y desarme. La demoraría aún ocho años. En ese periodo, ETA siguió existiendo como organización, presionando con la posibilidad de revertir la situación si no se le concedía una salida para sus cientos de presos en las cárceles españolas. Incluso se intentó negociar con el Gobierno francés el acercamiento de los 140 presos de ETA que entonces cumplían condena en cárceles francesas.
El fracaso de la 'última baza' de ETA: desarme y disolución
Entre 2011 y 2018 los intentos para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy fueron reiterados. Incluso el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu intentó mediar un acuerdo que acelerara la desaparición definitiva de la estructura de ETA. Ni con Rajoy ni con Urkullu, que llegaría a reprochar a ETA su falta de voluntad real de buscar una salida para disolverse, hubo acuerdos ni cesiones.
Finalmente, y ante el convencimiento de que no podrían obtener beneficios en su final, ETA optó por recurrir a una disolución y desarme unilateral. Lo hizo apoyándose en un hasta entonces desconocido grupo de intermediarios: los ‘artesanos de la paz’, procedentes de colectivos afines a la izquierda abertzale. El 8 de abril de 2017, en Bayona, la banda escenificó el desarme entregando la localización de ocho depósitos o ‘zulos’ con armas y ante la mirada de ‘invitados’ como algunos de sus militantes más sanguinarios como Josu Zabarte, el ‘carnicero de Mondragón’.
En los años transcurridos desde el cese de sus acciones terroristas, cerca de medio centenar de presos siguieron saliendo en libertad cada año. Cuando el 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, ETA escenificó y oficializó su disolución con la lectura a cargo de ‘Josu Ternera’ y ‘Anboto’ del último comunicado de ETA, la banda aún tenía en las cárceles a casi 300 militantes. Ese mismo mes, todo empezaría a cambiar… tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.
Política penitenciaria, Bildu y PNV
El relevo gubernamental no hubiera sido posible sin el apoyo de los dos partidos nacionalistas vascos: el PNV y EH Bildu. La coalición de Otegi siempre ha puesto la ‘cuestión de los presos’ encima de la mesa para seguir apoyando al Ejecutivo socialista. Las condiciones del acuerdo nunca han trascendido oficialmente, pero los hechos han evidenciado que el cambio de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA figuraba en la lista.
Habían transcurrido solo tres meses desde la moción de censura cuando Pedro Sánchez optó por revertir una política que el PSOE había aprobado y aplicado desde 1989: la dispersión de los presos en cárceles alejadas de Euskadi y Navarra. En septiembre de 2018 comenzaron los primeros acercamientos de presos de la banda a prisiones próximas a Euskadi. Poco después, a carceles vascas. El goteo de acercamientos no paró, hasta que en marzo de 2023 se dio por concluida la operación. Para entonces, todos los presos de ETA cumplían condena en cárceles vascas o navarras. En este periodo también se facilitó el traslado de los presos que cumplían condena en prisiones galas para que lo hicieran en cárceles españolas.
Según el observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se trasladaron a 202 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, la mitad de ellos con delitos de sangre y acumulando 303 víctimas.
Acercamiento a Euskadi y gestión de prisiones
Por el camino, Sánchez y Bildu siguieron apoyándose. El 20 de octubre de 2021, cuando se cumplían diez años del cese de la actividad de ETA, fue el propio Otegi quien reconoció en un encuentro con simpatizantes de Bildu que apoyaría los presupuestos de Sánchez para favorecer la salida de prisión de los etarras: “Tenemos 200 dentro y hay que sacarlos; si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. Sin problema, muy tranquilos. Lo tenemos en nuestro frontispicio. Ahora es el momento”, dijo.
En este vaciado de presos de ETA de las cárceles, también el PNV ha jugado su papel. Desde que el PSOE comenzó a gobernar España, la formación nacionalista ha presionado para que se acelerara la transferencia de la gestión de las prisiones vascas. El 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco logró su objetivo y comenzó a gestionar las tres cárceles vascas. En ese momento, eran cerca de 200 los internos de la banda cumpliendo condena.
Desde 2018 y hasta que cedió la gestión al Ejecutivo vasco, Instituciones Penitenciarias había concedido 27 terceros grados a presos de la banda. Desde que Euskadi está al frente, han sido cerca de un centenar los presos que han progresado hasta el tercer grado, el que les concede un régimen de semilibertad. En los últimos años, la aplicación de la vía previa, el artículo 100.2, concebido como un proceso preparatorio para la semilibertad, se ha concedido a cerca de una treintena de internos. Concesiones que en muchos casos han sido revocadas por la Justicia, obligando al reingreso en prisión de los internos.
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