La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala a Irán en sus conclusiones sobre el intento de asesinato perpetrado en 2023 en Madrid contra Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo, fundador de Vox y exdirigente del PP de Cataluña. El ministerio público, que solicita hasta 27 años de cárcel para siete procesados por el crimen, sitúa a la República Islámica tras el atentado: “Irán se ha visto involucrada en operaciones encubiertas para perseguir, intimidar e incluso asesinar a opositores, disidentes y voces críticas fuera de sus fronteras”, destaca en un escrito.

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La Fiscalía de Marbella ha solicitado un año y 11 meses de prisión para el alcalde de Estepona (Málaga, 78.413 habitantes), José María García Urbano (PP) al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales. La fiscal Alejandra Gómez pide la apertura de juicio oral y sostiene su petición argumentando que el regidor, que lleva en el cargo desde el año 2011, contrató como cargo de confianza municipal a una mujer con la que mantenía una relación sentimental “a sabiendas de que no iba a desempeñar actividad laboral alguna” y que, a pesar de ello, esta cobró algo más de 5.000 euros. El ministerio público también pide para García Urbano cinco años de inhabilitación como cargo o empleo público.

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No habían pasado ni cinco días del asesinato del policía belga Nordine El Tabi, hallado con un disparo en la cabeza en la región de Bruselas en la madrugada del 12 al 13 de octubre, y tres de los implicados en el crimen ya habían puesto 2.100 kilómetros de por medio. Los sospechosos, que rondan la veintena, fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil a última hora de la tarde del pasado viernes cuando estaban en la terraza de un restaurante de kebab en Almería capital. Las autoridades belgas sospechaban que querían huir a Marruecos y pidieron ayuda a través de los mecanismos de cooperación policial. Un intenso operativo de vigilancia terminó dando sus frutos en un negocio situado en los alrededores del Puerto de Almería. “Lo más complicado fue detectarlos”, asegura un mando que participó en la actuación. El margen para llegar a tiempo es muy corto. “No siempre sale tan bien, a veces se te van”, añade.

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Munimul Islam, el empresario tecnológico reclamado por las autoridades de Myanmar por la contratación de un grupo de presión estadounidense, ya es un hombre libre tras haber pasado un mes en la cárcel de Brians 1. Islam, de 40 años y residente en Reino Unido, espera a que se resuelva el proceso de extradición junto a su mujer, Rebecca Connor, y las dos hijas de la pareja, en un piso cedido por el consulado de su país, Bangladesh, en Barcelona. Esa circunstancia, o sea disponer de arraigo, es lo que ha permitido a la Audiencia Nacional ordenar su puesta en libertad provisional, al considerar que el riesgo de que se dé a la fuga ha disminuido, según el auto al que ha accedido EL PAÍS.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestiona que uno de los vehículos del comisionista Víctor de Aldama sufriese un tiroteo como amenaza, según consta en uno de sus informes enviados a la Audiencia Nacional. Los agentes han interceptado varias comunicaciones donde el empresario informa a la aseguradora de que le “han intentado robar” en su Audi A8 y que han tratado de “romper el cristal” con un “punzón”, pero no lo “han conseguido”. “No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, añadió Víctor de Aldama.

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La Fiscalía ha recurrido por “prematura” la reciente decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder por segunda vez el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El ministerio público alega para ello que solo han pasado tres meses desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocara en julio una medida similar al considerar ya entonces que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Es la cuarta vez en el último mes y medio que la Fiscalía se opone a aplicar una medida similar a presos de ETA. El juez Castro debe resolver aún los recursos por las semilibertades de Henri Parot, alias Unai; la exjefa etarra Soledad Iparragirre, Anboto; e Idoia Mendizábal, Iliargi.

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