La Fiscalía de Marbella ha solicitado un año y 11 meses de prisión para el alcalde de Estepona (Málaga, 78.413 habitantes), José María García Urbano (PP) al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales. La fiscal Alejandra Gómez pide la apertura de juicio oral y sostiene su petición argumentando que el regidor, que lleva en el cargo desde el año 2011, contrató como cargo de confianza municipal a una mujer con la que mantenía una relación sentimental “a sabiendas de que no iba a desempeñar actividad laboral alguna” y que, a pesar de ello, esta cobró algo más de 5.000 euros. El ministerio público también pide para García Urbano cinco años de inhabilitación como cargo o empleo público.

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No habían pasado ni cinco días del asesinato del policía belga Nordine El Tabi, hallado con un disparo en la cabeza en la región de Bruselas en la madrugada del 12 al 13 de octubre, y tres de los implicados en el crimen ya habían puesto 2.100 kilómetros de por medio. Los sospechosos, que rondan la veintena, fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil a última hora de la tarde del pasado viernes cuando estaban en la terraza de un restaurante de kebab en Almería capital. Las autoridades belgas sospechaban que querían huir a Marruecos y pidieron ayuda a través de los mecanismos de cooperación policial. Un intenso operativo de vigilancia terminó dando sus frutos en un negocio situado en los alrededores del Puerto de Almería. “Lo más complicado fue detectarlos”, asegura un mando que participó en la actuación. El margen para llegar a tiempo es muy corto. “No siempre sale tan bien, a veces se te van”, añade.

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Munimul Islam, el empresario tecnológico reclamado por las autoridades de Myanmar por la contratación de un grupo de presión estadounidense, ya es un hombre libre tras haber pasado un mes en la cárcel de Brians 1. Islam, de 40 años y residente en Reino Unido, espera a que se resuelva el proceso de extradición junto a su mujer, Rebecca Connor, y las dos hijas de la pareja, en un piso cedido por el consulado de su país, Bangladesh, en Barcelona. Esa circunstancia, o sea disponer de arraigo, es lo que ha permitido a la Audiencia Nacional ordenar su puesta en libertad provisional, al considerar que el riesgo de que se dé a la fuga ha disminuido, según el auto al que ha accedido EL PAÍS.

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