La vida de la magistrada Sofía Díaz se truncó hace tres décadas. Fue entonces cuando esta funcionaria –que desde el pasado año preside la Audiencia Provincial de Castellón- se situó en la mirilla del peluquero de Benicarló (Castellón, 30.296 habitantes) Reinaldo Colás, ideólogo del bulo del bar España. Una patraña que, propulsada por una legión invisible de webs, liga desde 1997 a dirigentes del PP y PSOE, jueces y empresarios con una red pedófila que organiza orgías y perpetra asesinatos. “He sentido miedo físico en este tiempo”, ha declarado Díaz este miércoles en la cuarta sesión del juicio, que sienta en el banquillo de un juzgado de Castellón a seis acusados.

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El jurado popular ha dictaminado que Agustín Romero y Erika Carbonell son culpables de matar a tiros en plena calle a Natalia Silva el 8 de diciembre de 2024. El origen del crimen estuvo en una riña familiar sin importancia en la noche de Reyes de 2024 que desembocó en una discusión telefónica entre la víctima y Agustín, el autor material de los disparos. La ejecución se produjo cuando Natalia iba en su furgoneta y él la persiguió en un coche conducido por Erika, su amante en ese momento. Después, ambos huyeron fuera de Madrid.

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La gestión de la dana Adam, que ha impactado en la Comunitat Valenciana casi dos años después de la que dejó 233 fallecidos en Valencia, ha evidenciado que “todo lo que se podía haber hecho” entonces “no se hizo” y que “no minimizar el riesgo” salva vidas, según explican a EFE las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. “No es que hayamos aprendido la lección, simplemente lo único que han hecho es aplicar los protocolos que existían y que ya se habían aplicado en la dana de 2019” en la comarca alicantina de la Vega Baja, ha señalado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana de 2024, Rosa Álvarez, quien ha afirmado que es “inevitable” que la nueva dana les haya “removido”.

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