El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación penal por imprudencia en el caso de los trasteros incendiados el pasado junio en el distrito madrileño de Villaverde. “No he visto una cosa igual en 20 años de profesión de abogado”, confiesa a este diario Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, director del bufete especializado en herencias y divorcios Vacelar Abogados, que fue quien el pasado martes 13 presentó una denuncia penal al detectar posibles indicios de delito en un suceso del que fue, dolorosamente, víctima. Rodríguez perdió todo el legado de tres generaciones de su familia, por el que reclama a la empresa 49.000 euros, 30.000 de ellos en concepto de daños morales. Es una de las 800 personas que vieron cómo las llamas consumían todo lo que tenían guardado en la nave y que quieren saber qué fue lo que ocurrió.

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El jurado popular ha dictaminado que Agustín Romero y Erika Carbonell son culpables de matar a tiros en plena calle a Natalia Silva el 8 de diciembre de 2024. El origen del crimen estuvo en una riña familiar sin importancia en la noche de Reyes de 2024 que desembocó en una discusión telefónica entre la víctima y Agustín, el autor material de los disparos. La ejecución se produjo cuando Natalia iba en su furgoneta y él la persiguió en un coche conducido por Erika, su amante en ese momento. Después, ambos huyeron fuera de Madrid.

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En junio del 2024, un joven se preocupó porque su hermano menor de edad estaba tardando demasiado en regresar a casa. Como el adolescente tenía un sistema de geolocalización en su móvil que permitía a su familia saber dónde estaba, el hermano mayor lo revisó y comprobó que estaba en un barrio a las afueras de Madrid. Extrañado y preocupado, el chico acudió a esa dirección y se encontró a su hermano, que tenía en aquel momento menos de 16 años, con un profesor de su colegio, las Mercedarias de Don Juan Alarcón, ubicado en el centro de Madrid. La familia puso una denuncia, el docente fue detenido, se ordenó su alejamiento del chico y el colegio lo despidió. Pero esa solo era la punta del iceberg de lo que la policía no duda en definir como un “depredador” sexual de menores. Dos años después de aquello, desde el pasado viernes, ese hombre está en prisión, acusado de haber agredido al menos a una decena de estudiantes más.

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