Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

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Manuel Merino, de 33 años, llevaba mucho tiempo acariciando el sueño de una vivienda para poder emanciparse. Pero cuando, por fin, resultó agraciado en el sorteo realizado entre los muchos aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Jaén, el sueño se transformó en pesadilla: “Creía que el precio era una broma”, dice el joven jienense, al que pedían 350.000 euros más gastos de gestión por un piso de apenas 90 metros cuadrados.

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