El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una batería de medidas sociales promovidas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El texto se publicó en el BOE el miércoles bajo el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales. Sin embargo, aún debe pasar por la aprobación parlamentaria.

Entre las medidas se incluye la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME); dos situaciones especiales de incapacidad temporal (IT), una derivada de "la patología limitante por trastorno menopáusico" y otra para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género; la ampliación de la pensión de viudedad para parejas con hijos y sin registro; el fondo de garantía del pago de alimentos, etc.

Por otra parte, el decreto mejora también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas y la protección de los huérfanos por violencia de género.

Ampliación de la prestación CUME

El Gobierno ha tomado la decisión de ampliar la edad de los afectados para optar a la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). En concreto, a partir de ahora, los progenitores estarán protegidos cuando el causante tenga más de 26 años, si este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%.

Además, ambos progenitores podrán percibir de forma alternativa o simultánea la prestación económica. En estos casos, la prestación económica será un subsidio equivalente al 50 % de la base reguladora empleada para calcular la incapacidad temporal por contingencias profesionales. La cuantía se mantendrá independientemente del porcentaje de reducción de jornada que haya solicitado el trabajador.

Los cónyuges o parejas de hecho también podrán acceder a la ayuda si tienen un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave. Para solicitarse, se mantienen los canales y requisitos habituales, como estar afiliado y en alta en la Seguridad Social, reducir el tiempo de trabajo entre un 50% y un 99,9% para el cuidado directo y disponer de un informe médico del Servicio Público de Salud.

Nuevas incapacidades temporales

El texto introduce dos nuevas situaciones especiales para acceder a una incapacidad temporal. La primera está pensada para mujeres con trastornos menopáusicos que les impidan trabajar. Esto incluye insomnio severo, problemas cognitivos y de memoria, niebla mental, cuadros de ansiedad severa o depresión crónica, así como fatiga extrema o dolores crónicos en huesos y articulaciones.

La segunda forma de incapacidad temporal está contemplada para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. Para pedir esta baja será necesario que, con anterioridad al alta médica por curación o mejoría, hayan sido expedidos los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía, una orden de protección, resolución que acuerde una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal que recoja la existencia de indicios de violencia de género o una sentencia condenatoria.

Según se lee en la web del ministerio, ambas situaciones tienen una protección mayor que la IT común, desde el día siguiente de la baja, y no exigen periodo de carencia. La prestación económica se calcula aplicando el 60% de la base reguladora de la incapacidad temporal hasta el día 20 y, a partir de ahí, será del 75%.

Durante el primer día de baja, el trabajador cobrará su salario de la empresa, mientras que a partir del día siguiente el pago corresponderá a la Seguridad Social. Con el sistema anterior, los tres primeros días no daban derecho a prestación y la empresa asumía el abono entre el cuarto y el decimoquinto día.

Pensión de viudedad y por actos de terrorismo

Si hay hijos en común, se elimina el requisito de presentación del registro formal de la constitución de pareja de hecho para el acceso a la pensión de viudedad. Es decir, será suficiente con la existencia de hijos en común y la acreditación de convivencia de dos años empadronados en el mismo sitio. El texto contempla, además, un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente y a quienes se les ha rechazado antes puedan solicitar la prestación.

Por su parte, las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo se incrementarán a dos veces el SMI mensual vigente. También se modifica la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo para equiparar las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo con sentencia penal y aquellas que no.

Orfandad y subsidio especial de nacimiento y cuidado

El Ejecutivo incrementa la cuantía de la pensión de orfandad para los hijos de mujeres fallecidas a causa de la violencia contra las mujeres. En estos casos, la prestación equivaldrá al doble del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en cada momento. Además, el subsidio especial por nacimiento y cuidado de menores se amplía también a los padres incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que podrán disfrutar de una prestación de hasta 19 semanas.

Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

Para finalizar, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a asegurar la protección económica de los hijos menores cuando el progenitor obligado no abona la pensión alimenticia, aumenta el anticipo máximo de 100 a 300 euros al mes por beneficiario. El periodo máximo para percibir estos anticipos se extiende hasta que se extinga la obligación de pagar alimentos, si el beneficiario no supera los 18 años.

Los precios de los carburantes encadenan su tercera semana consecutiva de descensos, dando un pequeño respiro al bolsillo de los españoles, tal y como se refleja en el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, que muestra las cifras hasta el 19 de octubre. Sin embargo, llenar un depósito de gasóleo sigue suponiendo un gran coste que, nuevamente, vuelve a superar los 100 euros.

El precio medio del diésel ha bajado hasta consolidarse en 1,889 euros por litro, lo que supone una rebaja de menos del 0,01% respecto a la semana anterior, aunque sigue contribuyendo a un descenso que ya se cifra en un 2,3% en los últimos tres registros.

Una tendencia bajista a la que también contribuye la rebaja de 20 céntimos estimada por el Gobierno para el mes de noviembre, después de que el repunte de los carburantes volviese a superar el límite del 15% fijado como salvaguarda para reforzar los descuentos incluidos en el decreto de medidas de protección por la guerra. No obstante, el coste sigue siendo alto, con una media de 103,9 euros por llenar un tanque medio de 55 litros, muy por encima de los 77 que registraba durante el mismo mes de 2025.

La misma línea está siguiendo la gasolina, que también ha bajado hasta 1,780 euros por litro tras abaratarse un 0,5% respecto a la última semana. Unos datos que colocan la media para llenar un depósito en unos 97,90 euros, muy por encima de los 81,56 que reflejaba el mismo documento para la misma semana del pasado año.

No obstante, ambos carburantes se alejan más de la cota de los dos euros por litro a la que se habían ido acercando poco a poco en las últimas semanas de septiembre, llegando a tocar máximos desde 2022. La tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán había dado lugar a que se acercaran a los máximos que registraron en julio de 2022, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1.

Teniendo en cuenta los registros, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,991 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,059. En el caso del gasóleo, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,138, y de la zona euro, donde los surtidores marcan un precio de 2,189 euros.

El economista Gonzalo Bernardos ha denunciado la falta de vivienda pública en España y ha reclamado a las administraciones que refuercen el parque de pisos sociales para evitar que las personas más vulnerables se queden sin un hogar. "Una sociedad civilizada debe proteger a los más débiles, especialmente a los menores de edad y a los ancianos", ha defendido en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Bernardos considera que las administraciones deben disponer de suficientes viviendas sociales para que un desahucio no suponga que una familia se quede en la calle, sino que pueda acceder a otro piso y que se convierta en un "traslado", tal y como ha apuntado en su publicación.

Además, considera que la responsabilidad de garantizar esta protección social debe recaer en los poderes públicos y no en los particulares ni en las empresas. "Ambos pagamos impuestos para que la haga la Administración", ha señalado el economista.

El problema es la falta de vivienda pública en España. Según las cifras que recoge, en 2025 el país contaba con solo 318.000 pisos públicos, una cantidad que representaba el 1,2% del parque total de viviendas y el 1,6% del número de hogares. "Una gran vergüenza", ha calificado.

Estas cifras reflejan la insuficiencia de los recursos públicos destinados a facilitar el acceso a una vivienda y el economista ha cargado contra la actuación de los responsables políticos, a quienes responsabiliza de no cumplir con sus obligaciones. "Nuestros políticos incumplen el mandato que les hemos dado los ciudadanos", ha afirmado.

El sistema de pensiones español se concentra casi exclusivamente en su rama pública. El conocido como primer pilar, es decir las pensiones públicas que reciben cada mes casi 11 millones de personas, supone la principal fuente de renta de los pensionistas. Mientras que el resto de formas de ahorro de cara al futuro son minoritarias y están poco desarrolladas.

En concreto, los planes colectivos de empleo -donde las empresas y los trabajadores hacen aportaciones económicas a un fondo para ahorrar de cara a la jubilación- apenas cubren a 3,3 millones de trabajadores. O lo que es lo mismo, un 15% de los ocupados actuales. Además, su patrimonio es relativamente modesto. Los activos ascienden a 42.400 millones de euros, una cifra equivalente al 2,4% del PIB. Por poner los números en contexto, esta cifra es más de cuatro veces inferior a lo que se gasta cada ejercicio en pensiones públicas.

Estos datos aparecen recopilados en un informe elaborado por el Grupo Mutua Madrileña, que ha presentado este jueves la segunda edición de su Observatorio de Pensiones. Aunque los participantes en este segundo pilar del sistema de pensiones se han incrementado un 12,5% en el último año y las aportaciones brutas lo han hecho un 16%, lo cierto es que las cifras de adhesión siguen siendo bajas para los estándares europeos. El 15% de participación de la fuerza laboral en España es sustancialmente inferior al 28% de media en la Unión Europea.

Los planes colectivos de empleo también manejan menos patrimonio que los individuales y su cobertura también es inferior. Los planes individuales -el tercer pilar del sistema- llegan a 7,2 millones de personas y acumulan un patrimonio de 101.800 millones de euros. Un volumen de activos un 140% superior al de los planes colectivos.

La reforma del segundo pilar que acometió el ex ministro José Luis Escrivá -ahora gobernador del Banco de España- entre los años 2021 y 2022 reforzó los incentivos fiscales, creó nuevos instrumentos con la intención de reforzar los planes colectivos. En detrimento de los individuales, a quienes penalizó fiscalmente reduciendo el volumen de aportaciones anuales.

El informe elaborado por el Grupo Mutua apunta a que el escaso desarrollo de este segundo pilar se explicaría por el elevado peso que tiene el sistema público de pensiones, el predominio de las pymes en la economía española, con menor capacidad para contribuir a estos fondos y el elevado peso de los autónomos en el tejido productivo. Factores a los que se añade la precariedad laboral o la fragmentación de la negociación colectiva.

Para incrementar el despliegue de este segundo pilar del sistema de pensiones, el documento propone apostar por una fórmula de adhesión automática (conocida en la jerga como auto-enrolment) en la que el trabajador sea incluido automáticamente en un plan colectivo. Eso sí, con derecho a abandonarlo si así lo desea.

En la línea de las recomendaciones que ha venido haciendo la Comisión Europea, el documento propone que esa adhesión automática se haga a partir de ciertas edades y niveles de ingresos para no perjudicar a los trabajadores con menor capacidad de ahorro. Además, proponen que las aportaciones iniciales sean bajas y vayan creciendo progresivamente para favorecer su aceptación, así como que las aportaciones sean compartidas entre la empresa y el empleado.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este jueves que la convocatoria de una jornada de huelga general para el 11 de noviembre sirva para "influir" en los debates de la campaña electoral para que se sitúen las cuestiones que más preocupan a las mayorías sociales, lo que apoyó el líder de CCOO, Unai Sordo, quien reconoció que la huelga es "atípica", porque las anteriores se lanzaban contra la acción legislativa de un gobierno y ahora incluye variables como la vivienda y otros elementos laborales.

"Salarios y vivienda tienen un nexo común", proclamó Álvarez en un encuentro informativo organizado por RTVE y EFE, y reprochó a la CEOE que no haya querido sentarse a negociar el siguiente acuerdo general de convenios colectivos. Además, señaló que “ha creado ruido y confusión” las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra los acampados en Sol.

A ello, Sordo añadió que con la huelga se interpela a todas las administraciones con competencias en vivienda, incluidas las comunidades autónomas. También apuntó que atañe a las organizaciones empresariales por la situación de los convenios y los salarios. "Nosotros no hemos canalizado la huelga contra la oposición. Quien haya oído a los sindicatos decir eso, que lo diga", emplazó.

Asimismo, el líder de CCOO comentó que la vivienda "fragmenta" el país, especialmente a quien no puede acceder a este bien básico, lo que genera "descontentos de manera distinta" al modo en que ocurría hace 30 años, a lo que debe adaptarse el sindicalismo. "Ante una movilización social de esas características, que demanda una movilización general, nos ponemos a la altura de las circunstancias, metemos la vertiente salarial y laboral y establecemos que la conversación pública de país pivote en torno a las cosas que determinan la vida de la gente", aseveró.

Álvarez repuso que más allá de las diferentes organizaciones, lo que hay es un "hartazgo" que debería denunciar también la patronal, porque con la crisis de la vivienda hay menos movimientos de trabajadores y se dificulta a las empresas cubrir vacantes. "Esa es una preocupación que debería tener la propia patronal", ahondó el responsable de UGT, quien reconoció que se busca "influir" en el debate de los temas de campaña.

Bajas laborales: "No es un problema de jetas"

También destacó que se debe de hablar de pensiones en campaña electoral, de vivienda, de las bajas laborales “con toda la valentía”, porque las mutuas no pueden dar las altas, ya que “no tienen libertad para decidir libremente”. "La gente tiene que saber que no es un problema de jetas. Todos tenemos en algún momento un problema de salud y hay una presión brutal sobre los trabajadores a través de las inspecciones", se quejó, antes de sentenciar: "No cogemos la baja, nos la da un médico".

Pero Sordo aclaró que "no es nuestra misión actuar en el terreno" de influir en el resultado electoral, pero sí en que se traten "las cosas que marcan la calidad de vida de las clases trabajadores y populares". "¿De qué querían hablar otros?", interpeló Sordo, quien dijo que hay que hacer "pedagogía" para situar esas cuestiones en agenda.

No obstante, Sordo reconoció que la huelga general "es atípica" porque siempre se han convocado contra una acción legislativa concreta de un Gobierno, lo que ahora no ocurre, pues los resultados en materia de empleo son positivos en los últimos años. "El propio diseño de la convocatoria, que tiene salarios pero que tiene la vivienda, hace que estemos ante un paro distinto. ¿Nosotros, a qué aspiramos? A que haya un paro laboral importante, pero que sitúe enormes movilizaciones sociales en nuestro país lo más transversales posible", razonó.

La campaña del Black Friday y el Cyber Monday generará este año en España alrededor de 124.300 contrataciones, lo que supone un crecimiento del 5,3% en comparación con la campaña anterior, según las previsiones publicadas por Randstad, la empresa de talento líder en España. Este incremento del 5,3% viene impulsado fundamentalmente por el dinamismo continuado del comercio y el crecimiento sostenido del sector logístico, que consolida las buenas cifras registradas en la edición anterior.

En el comercio, la evolución de los hábitos de compra confirma que el auge del comercio electrónico no frena la contratación en el punto de venta. Las marcas refuerzan sus equipos en tienda con dependientes, promotores y asesores comerciales, perfiles en los que el trato cercano, la comunicación y el asesoramiento experto son determinantes en categorías como tecnología, belleza o alimentación. "Dado que las campañas son cada vez más amplias y exigentes, las empresas priorizan incorporar a los profesionales con la antelación suficiente para formarlos en producto, argumentarios y procedimientos, garantizando además su fidelización y disponibilidad para los días de mayor intensidad", indican desde Randstad.

Por su parte, las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán promotores, empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. De forma transversal a ambas ramas, "las compañías valoran cada vez más el manejo de herramientas digitales y soluciones de apoyo para la gestión operativa en el puesto de trabajo, facilitando que el profesional resuelva consultas sobre producto y procedimientos con rapidez y autonomía en un entorno que todavía es omnicanal, combinando la visita a tienda con la compra online".

"El dinamismo de esta campaña confirma el buen momento del consumo, con un comercio físico que sigue tirando con fuerza de la contratación y un sector logístico que mantiene sus tasas de crecimiento positivas, mejorando los buenos resultados del año pasado. Asistimos a un modelo más equilibrado, donde las empresas combinan el refuerzo de la tienda de calle con una logística optimizada y planificada para dar respuesta a una demanda que sigue siendo omnicanal", explica Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad.

Si se analiza el peso por sectores, el transporte y la logística continuarán concentrando el mayor volumen de contratación, con el 63,7% del total y cerca de 79.170 firmas. El sector se mantiene en tasas positivas con un crecimiento del 3,6% respecto a los 76.417 contratos alcanzados en 2025. Por su parte, el comercio representará el 36,3% restante con alrededor de 45.130 empleos, lo que supone un aumento del 8,5% interanual y consolida la buena marcha observada en los últimos años.

Madrid, Cataluña y Andalucía lideran el volumen nacional

En términos de volumen absoluto, la Comunidad de Madrid encabeza las contrataciones con 22.350 firmas, seguida muy de cerca por Cataluña (21.380) y Andalucía (21.020). Entre las tres autonomías aglutinan más de la mitad de las oportunidades laborales del periodo. El comportamiento territorial destaca por su evolución positiva, ya que prácticamente todas las comunidades autónomas incrementan sus contrataciones de cara a esta campaña. Las únicas excepciones son Castilla-La Mancha, que registra cerca de 6.115 contratos (-0,2%), y Extremadura, que se mantiene estable al alcanzar más de 1.450 firmas (+1%).

En el resto del mapa autonómico los incrementos son generalizados. Dentro de las regiones con mayor peso en el empleo destacan la Comunidad Valenciana, que alcanzará las 14.425 firmas con una subida del 5,7%, y Canarias y Galicia, que registrarán 6.560 (+6,2%) y 6.330 contratos (+5,9%) respectivamente. Euskadi, por su parte, rozará los 5.930 contratos (+4,8%), mientras que Castilla y León alcanzará las 4.200 firmas (+8,0%), la Región de Murcia llegará a los 3.960 contratos (+8,0%), Aragón sumará 3.330 (+5,5%) e Islas Baleares alcanzará las 2.405 contrataciones (+4,1%).

Asimismo, las autonomías que experimentan los mayores crecimientos porcentuales del país son Cantabria, que lidera el ranking con una subida del 13,9% (hasta los 1.190 contratos), La Rioja (+11,8%) con 570 firmas, el Principado de Asturias (+8,9%) con 1.732 contratos y la Comunidad Foral de Navarra (+8,0%) con 1.350 contratos.

El Gobierno apura muchas de las medidas de protección social que se habían quedado estancadas antes de que lleguen las elecciones del 29 de noviembre. Entre ellas, la ampliación de la pensión de viudedad que permitirá a las parejas con hijos que no están en ningún registro acceder a dicha prestación.

Así lo ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros del pasado martes. También se han aprobado otras medidas que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante, entre otras subvenciones.

Con esta ampliación, no solo muchas familias podrán acceder a la pensión de viudedad, sino que también se podrán revisar solicitudes que fueron rechazadas anteriormente, precisamente por carecer de un registro oficial que demuestre el vínculo.

Requisitos para acceder a la pensión de viudedad

El Gobierno ha confirmado que los requisitos habituales siguen en pie. Es decir, haber cotizado al menos 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, o 15 años a lo largo de toda su vida laboral si ya no estaba de alta. Sin embargo, la condición de un año de matrimonio, o haber estado inscritos formalmente con 2 años de antelación, ya no será necesaria si existen hijos en común.

Ahora, para acreditar la convivencia (en caso de tener hijos), bastará con demostrar dos años de empadronamiento continuado en la misma residencia inmediatamente anteriores al fallecimiento. Cabe recordar que el periodo mínimo de cotización no se exige cuando la muerte se produce por accidente, sea o no laboral, o por enfermedad profesional.

El acceso a la pensión de viudedad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. Por lo que las personas que cumplen con estos nuevos requisitos podrán solicitar nuevamente la prestación.

Plazos para solicitar nuevamente la pensión de viudedad

Las personas cuyas pensiones fueron rechazadas dispondrán de un plazo de doce meses para solicitar la prestación si cumplen con las nuevas condiciones. El mismo plazo permitirá revisar las solicitudes por la falta de inscripción o formalización de la pareja, siempre que se acrediten los requisitos. No obstante, será necesario presentar la solicitud y documentación correspondiente, pues no se trata de un proceso automático.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley. Su aplicación es efectiva a partir del pasado miércoles, cuando se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales. Aun así, deberá someterse al procedimiento parlamentario de convalidación correspondiente.

La rentabilidad media de los productos de ahorro seguros, como las cuentas remuneradas y los depósitos, lleva meses subiendo debido a la última subida de tipos que ha aplicado el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés. Por ello, algunas entidades han decidido apostar fuerte por estos productos mejorando notablemente el interés que ofrecen, que en algunos casos supera el 3% TIN (Tipo de Interés Nominal).

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El otoño ya está aquí, aunque en algunos puntos del país el calor siga teniendo gran protagonismo. Los últimos movimientos en el mercado energético han hecho que el Gobierno se pronuncie, y limite la subida de la TUR del gas (Tarifa de Último Recurso), que amenazaba con una subida de más del 50% debido al aumento de los costes del crudo. Sin embargo, la subida del gas no solo se nota en la factura de este suministro: la luz también lo nota. La factura de la luz media del noveno mes del año fue un 8,10% más cara de lo que lo fue el año anterior, según datos de la OCU, manteniendo así la tendencia alcista de los últimos meses. Ante este panorama, los usuarios ven como una prioridad conseguir alguna de las tarifas de luz más baratas para hacer frente a los meses más fríos del año, donde el gasto en electricidad también se dispara.  

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Bankinter tiene a tiro de piedra volver a pulverizar su propio récord anual de beneficios. El banco ha elevado en los nueve primeros meses del año las ganancias un 11%, hasta los 901 millones de euros. El número ya ronda los 1.090 millones que ganó en todo el año pasado, su récord sin contar los 1.333 millones que se embolsó en 2021 por el efecto extraordinario de la venta de Línea Directa.

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Los ahorradores españoles acumulan cerca de 1,1 billones de euros en depósitos bancarios tradicionales y cuentas corrientes que apenas ofrecen remuneración, según los datos más recientes del Banco de España (BE). Esta situación provoca una pérdida enorme de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

Para movilizar ese dinero, el Consejo de Ministros aprobó a principios de mes la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa (CAIFE), un nuevo vehículo pensado para fomentar la inversión a largo plazo en empresas y fondos europeos.

Esta herramienta de ahorro, que todavía no está disponible en los bancos -falta que se apruebe aún la orden ministerial que la desarrolla y que la CNMV abra el registro de fondos-, se incluyó en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, conocido como decreto Maricarmen.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido firmemente la creación de la cuenta y ha destacado que uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo con esta medida es "ofrecer alternativas para que el ahorro de los españoles tenga salida a otros destinos que no sean exclusivamente la vivienda".

El principal atractivo de este producto financiero es fiscal, ya que permitirá comprar y vender determinados activos sin tener que pagar impuestos por las ganancias mientras el dinero permanezca dentro de la cuenta. Es decir: el pequeño inversor podrá reinvertir todo el dinero obtenido de sus operaciones sin tener que rendir cuentas ante Hacienda, algo que actualmente no ocurre con una cuenta de valores.

"Dentro de ella se puede vender una acción y comprar otra, pasar de un ETF a otro o reorganizar toda la cartera tantas veces como se quiera sin pagar nada. Hacienda deja de mirar cada operación y solo calcula la ganancia cuando el dinero sale de la cuenta hacia el banco. Se pasa de tributar por cada movimiento a tributar solo al retirar", explican desde TaxDown, compañía líder en España en fiscalidad digital.

Limite máximo de 150.000 euros en aportaciones

Esta cuenta -cada ciudadano solo puede tener una y sin cotitulares-tiene un límite máximo de 150.000 euros en aportaciones y para beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece el dinero debe mantenerse en ella un mínimo de cinco años. Pasado este tiempo, si decides sacar el dinero, los primeros 10.000 euros de ganancia no pagan impuestos ante la Agencia Tributaria. Luego, de la ganancia que pase de 10.000 euros, el 20% tampoco tributa, y por el 80% restante se paga lo normal en el IRPF, entre el 19% y el 30%.

"La rebaja fiscal es más generosa en proporción para el pequeño ahorrador, porque los primeros 10.000 euros de ganancia quedan libres", destacan desde TaxDown. "Quien empieza con poco y deja crecer su ahorro durante años es quien más partido le va a sacar", añaden.

Así, por ejemplo, una ahorradora que aporta 20.000 euros y seis años después retira 32.000 obtiene una ganancia de 12.000 euros: 10.000 no pagan y de los otros 2.000 queda libre el 20%. Paga 304 euros, frente a 2.400 con una inversión normal: se ahorra el 87% del impuesto.

Sin garantía de capital: "Si la bolsa cae, se pierde dinero"

No obstante, antes de invertir en este productos hay que tener en cuenta que con este instrumento solo se puede invertir en acciones cotizadas de empresas de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, salvo SOCIMI, y en fondos y fondos cotizados (ETF) inscritos en un registro especial de la CNMV, que tendrán que invertir al menos el 70% en Europa y la mitad en bolsa.

Además, advierten desde TaxDown, que "los dividendos no entran en la cuenta: se cobran en la cuenta bancaria y tributan cada año como hasta ahora. Tampoco hay garantía del capital, porque es un producto de inversión y no un depósito: si la bolsa cae, se pierde dinero". "Si se incumple alguna regla, por ejemplo comprando un activo no permitido o superando el límite de aportaciones, se considera que se ha retirado todo ese día y se pierde la ventaja de los cinco años",

Desde la plataforma señalan también lo que puede suceder en el caso de una herencia o un cambio de residencia: "Si el titular fallece, en su última declaración se pagan las ganancias generadas dentro de la cuenta que todavía no habían tributado. Si se va a vivir fuera de España, también, aunque quien se muda a otro país europeo puede retrasar el pago hasta que se vendan los activos".

El sector del Gran Consumo, que se reúne este miércoles y jueves en el 41º Congreso del Gran Consumo en Sevilla organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), no oculta su preocupación por el fenómeno del absentismo laboral. El presidente de esta patronal, Ignacio González, espera "un diagnóstico sereno" de este fenómeno tras las elecciones y aporta algunos datos como que es la tercera partida de gasto público tras las pensiones y la sanidad con unos 36.000 millones de euros.

"No es un problema de salud, sino de gestión", ha asegurado sobre un fenómeno que estiman desde AECOC que se ha triplicado entre 2018 y 2023. Lo que está sucediendo con especial incidencia en el tramo de edad entre 20 y 29 años, donde más están aumentando el número de bajas. Además, según datos aportados por esta patronal, el 17% del absentismo se repite varias veces al año especialmente de 15 a 44 años. Hasta un 9% del mismo lo hace con distintos diagnósticos dentro del mismo año.

Un mercado laboral con muchas paradojas

El mercado laboral español está repleto de ironías: Hay unos 160.000 puestos de trabajo vacantes. Sin embargo, la tasa de actividad apenas es del 59%, con 20 millones de trabajadores para una población que ya ronda los 50 millones. La tasa de paro se sitúa en el 9,9%, aunque entre los inmigrantes se eleva al 14%. Tampoco se está ganando la batalla de la productividad, ya que entre 1995 y 2025 apenas ha aumentado un promedio del 0,6% por empleado en España. Lo que contrasta con el 1,1% a nivel europeo y el 1,7% de Estados Unidos.

"El ambiente de trabajo, si es agradable o no trabajar aquí, así como la motivación se tienen en cuenta a la hora de pillar baja o no", Ignacio González (AECOC)

La responsabilidad de las empresas

Para González "hay definir el campo de juego" y aclara que no están en contra de la incapacidad temporal ni de la baja por enfermedad sino del fraude y la ineficiencia. Tampoco cree que haya medidas fáciles y reivindica la responsabilidad de las empresa en este contexto: "El ambiente de trabajo, si es agradable o no trabajar aquí, así como la motivación se tienen en cuenta a la hora de pillar baja o no", señala reivindicando el rol de las compañías de sectores como el suyo para abordar este fenómeno.

"Sentido de Estado" y la IA

Pero, ¿qué proponen desde AECOC? Al próximo Gobierno, el que salga de las urnas del 29 de noviembre, le piden "sentido de Estado" en temas como este y, aunque en pocos días, especificarán sus 'recetas", en la gran cita anual del Gran Consumo ya han circulado algunas propuestas como una mejor asistencia sanitaria ampliando progresivamente el rol de las mutuas.

Desde la patronal del Gran Consumo añaden otras propuestas como la necesidad de modernizar la regulación existente en esta materia y la de trabajar para que la Seguridad Social y los servicio autonómicos de Salud se comuniquen mejor. Aquí la inteligencia artificial (IA), apuntan, pueden cumplir un rol muy importante "acortando los periodos de bajas".

Diferencias entre España y Europa

Representantes del sector como la presidenta de Persán, Concha Yoldi, creen que debe buscarse en el acuerdo entre empleados y trabajadores. El fabricante de detergentes, que concluirá el año que viene la absorción de la compañía suiza Mibelle, constata que "el tema de la productividad y el absentismo son diferentes en el resto de Europa respecto a España y Andalucía".

Yoldi cuenta como ejemplo una jugosa anécdota: cuando visitó, por primera vez, la factoría que posee este grupo andaluz en Saint Vulbas, una localidad en las cercanías de Lyon (Francia), le preguntaron los trabajadores galos si ya tenían previsto quien se haría cargo de las instalaciones tras la jubilación de la nueva generación. "La factoría esta situada en una zona donde hay pleno empleo", señala la empresaria sobre la diferente cultura de trabajo.

"Hay que abordarlo de forma conjunta, hay que hacer un acuerdo importante entre trabajadores y empresa para darle solución", Concha Yoldi (Persán)

Para la presidenta de Persan, que llega a facturar por encima de los 1.200 millones de euros anuales, "hay que abordarlo de forma conjunta, hay que hacer un acuerdo importante entre trabajadores y empresas para darle solución". A su juicio, España se está quedando atrasada en este ámbito. Yoldi recuerda que "hoy a la empresa no solo se le exige ser rentable, sino cuidar de todos". Lo que incluye también otros aspectos como la sostenibilidad.