La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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En torno a un centenar de migrantes que entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio ya tienen la protección internacional que les permite permanecer legalmente en España y les reconoce el derecho a residir y trabajar en el país. Así lo han confirmado a este periódico diversas fuentes internas, que constatan que las resoluciones de asilo concedidas desde el 31 de julio ascienden a 180 expedientes. No obstante, no todas son de migrantes que llegaron a Ceuta en el cruce masivo, sino que algunos de ellos corresponden a personas que ya estaban previamente en la ciudad. Los relativos a las personas que llegaron a finales de julio se cifran en algo más de un centenar.

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