El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó hoy una inversión de 5.545.364 euros para la contratación, durante dos años, de los servicios de acceso a los centros emisores de Cellnex Telecom, necesarios para mantener la difusión de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) en aquellas zonas de la Comunidad donde no llega la cobertura de los radiodifusores.

La Junta recordó tras el Consejo que dispone de una red de centros emisores de televisión desplegada por el territorio de la Comunidad con el objetivo de complementar la cobertura proporcionada por los radiodifusores de ámbito estatal y autonómico y facilitar el acceso de los ciudadanos a la oferta televisiva.

Esta red se puso en funcionamiento durante el proceso de transición de la televisión analógica a la digital y fue ampliada posteriormente mediante la incorporación de equipamiento y la instalación de centros emisores adicionales. Estas actuaciones permitieron extender la difusión de la señal de televisión a zonas que no contaban con cobertura suficiente y reducir las diferencias en la oferta de canales disponibles en los distintos territorios de Castilla y León.

Para garantizar la continuidad de este servicio, resulta necesario mantener el acceso a las infraestructuras de radiocomunicaciones en las que se encuentran instalados partes de los equipos de titularidad de la Administración autonómica. Algunas de estas instalaciones pertenecen a Cellnex Telecom, que presta estos servicios a través de la empresa Retevisión SA.

Además, la Junta amplía los supuestos de reconocimiento de la medalla al mérito de la Protección Civil a la vez que incrementa el número de categorías; se autoriza una inversión de 420.000 euros para reforzar la prevención y extinción de incendios forestales en la comarca leonesa de Villafranca del Bierzo; otros 600.000 euros se destinan a la restauración de los terrenos afectados por el incenido del Alberche-Tiétar y se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración pareclaria de la zona de Villaviudas III en Palencia.

En el ámbito sanitario, se contrata el equipamiento de la nueva Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de León mientras que se adquieren casi 700 equipos informáticos para renovar los puestos de trabajo de la Gerencia de Servicios Sociales de la comunidad.

En otro orden de cosas, Carlos Fernández Carriedo ha defendido el nuevo gravamen autonómico a los grandes parques fotovoltaicos frente a las críticas del sector y del Gobierno de España, argumentando que su finalidad «no es recaudatoria», sino el hecho de que estas instalaciones generen un mayor beneficio autonómico en los territorios donde se asientan. Ha dicho que no afectará a instalaciones en tejados ni a autoconsumo residencial o industrial.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico, ha clausurado este jueves la feria SportCities Expo&Summit en la Feria de Valladolid, evento dedicado a las instalaciones deportivas, donde ha animado a invertir en deporte "porque es hacerlo en calidad de vida, en igualdad de oportunidades y en futuro”.

El consejero aseguraba que el deber de las administraciones públicas en este campo es seguir modernizando instalaciones, así como su eficiencia energética, a la vez que facilitar el acceso a la práctica deportiva, “adaptándonos a las nuevas necesidades de los ciudadanos”.

Díaz Pico, además, defendía que el futuro del deporte exige una mirada multidisciplinar que pasa por la innovación y hacía hincapié en la importancia del turismo deportivo como generador de actividad económica.

"Los municipios encuentran en él una herramienta extraordinaria para dinamizar sus territorios”, dec ía el consejero, convencido de que, además, contribuye a crear ciudades “más activas, más saludables y más sostenibles”.

En este sentido, afirmaba que detrás de cada instalación deportiva hay una historia humana, detrás de cada pabellón, de cada piscina, de cada campo de fútbol, de cada centro deportivo, existen ciudadanos que encuentran un espacio para mejorar su salud, para convivir, para aprender valores y para crecer personal y colectivamente.

Finalmente, Díaz Pico agradecía la presencia de las empresas expositoras y el trabajo de los organizadores: Feria de Valladolid, Feria de Valencia y Sportur, por consolidar una feria que se ha convertido en referencia nacional para el sector de las instalaciones deportivas y de las ciudades activas.

Una empleada de hogar que percibía el ingreso mínimo vital recibió una reclamación de 4.969,05 euros por las prestaciones abonadas durante 2021, después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recalculara su ayuda con los ingresos que había obtenido el año anterior. La mujer residía con una hija mayor de edad que no trabajaba y había comunicado su empleo a tiempo parcial cuando solicitó la prestación, reconocida en febrero de 2021 por 512,55 euros mensuales con efectos desde junio de 2020.

El Juzgado de lo Social número 22 de Madrid respaldó inicialmente la devolución, pero la beneficiaria recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó aquella decisión al considerar desproporcionado que soportase una deuda de ese importe tras la tardía revisión administrativa.

De 512 a 60 euros al mes

La Sentencia número 684/2024, dictada el 12 de septiembre de 2024 por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, recoge que la trabajadora declaró 1.277,36 euros de ingresos laborales correspondientes a 2019 cuando pidió el ingreso mínimo vital en junio de 2020.

Para calcular la cuantía de 2021, el INSS utilizó posteriormente la información tributaria sobre lo ganado en 2020 y, mediante una resolución del 28 de diciembre de 2021, redujo la prestación a 60,81 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. En agosto de 2022 le exigió devolver 4.969,05 euros por los pagos de 2021, una reclamación basada en los ingresos de la unidad familiar de 2020, que la entidad gestora fijó finalmente en 6.601,11 euros, aunque la información inicial de la Agencia Tributaria mencionaba 6.703,40 euros de rentas del trabajo.

Tras una reclamación administrativa desestimada por silencio, la afectada acudió a los tribunales y perdió en primera instancia, antes de presentar el recurso que ha resuelto el TSJ madrileño a su favor.

Una revisión al final del año

El tribunal admite que la cuantía del ingreso mínimo vital puede cambiar entre ejercicios según varíen los ingresos, así como que la ley permite reclamar prestaciones percibidas indebidamente, pero subraya que la resolución que fijó la ayuda se dictó ya en 2021 y no advertía de que el importe de ese mismo año fuese provisional.

Los magistrados destacan que la mujer había facilitado sus datos y autorizado el acceso a su información tributaria, sin que se le atribuyera ocultación, incumplimiento ni retraso en sus declaraciones, por lo que podía confiar en la cuantía reconocida para 2021 hasta que la Administración decidió modificarla el 28 de diciembre.

La Sala compara los 4.969,05 euros exigidos con los 6.601,11 euros de ingresos familiares computados para 2020 y aprecia una carga especialmente gravosa para una unidad de convivencia formada por la trabajadora y su hija, cuya prestación estaba destinada a cubrir necesidades básicas.

También reprocha al INSS que esperase hasta finales de diciembre para regularizar la ayuda cuando, según razona, los datos fiscales definitivos debían estar disponibles como muy tarde a finales de junio y podía haber recurrido antes a información de cotizaciones o retenciones. Por ello, el TSJ deja sin efecto la orden de reintegro y condena al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social a devolver a la beneficiaria cualquier cantidad que hubiera pagado o que se le hubiera descontado por esa deuda, sin imponer costas.

La hora de salida del trabajo puede coincidir con la recogida de los niños o impedir atenderlos en casa, una situación ante la que la legislación laboral ofrece varias opciones para organizar los cuidados sin abandonar el empleo.

Una de ellas permite trabajar menos horas al día si se tiene a cargo directo a un menor de 12 años, aunque esa reducción lleva aparejada una disminución proporcional del salario y no debe confundirse con un simple cambio de turno. También se puede solicitar una distribución distinta del tiempo de trabajo o plantear la prestación a distancia, pero el alcance de esas peticiones depende de las necesidades familiares, de la organización de la empresa y de las reglas aplicables a cada medida.

Trabajar menos horas para cuidar

Sebastián Ramírez, abogado laboralista que publica vídeos divulgativos en la cuenta de TikTok LeyesConSebas, recuerda que, "si alguno de los hijos es menor de 12 años", se puede pedir una reducción de jornada, una posibilidad prevista para quien tiene a su cuidado directo a un menor por razones de guarda legal.

El artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores fija para este supuesto una reducción de la jornada diaria de, como mínimo, un octavo y, como máximo, la mitad, acompañada de una rebaja salarial en la misma proporción. El ejemplo del abogado consiste en pasar de ocho a seis horas de trabajo al día para disponer de más tiempo de cuidado, una cuarta parte menos de jornada que conlleva la correspondiente disminución del sueldo, según explica en el vídeo.

La concreción horaria corresponde a la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria, conforme al artículo 37.7, aunque los convenios colectivos pueden establecer criterios para aplicarla y las discrepancias con la empresa se resuelven ante la jurisdicción social. La ley también exige indicar la fecha de inicio y finalización de la reducción con un preaviso de quince días, salvo fuerza mayor o un plazo diferente fijado en el convenio colectivo, por lo que conviene distinguir la solicitud del momento en que comenzaría a aplicarse.

Cambiar el horario o pedir teletrabajo

Ramírez menciona además la adaptación de jornada, que puede consistir en un horario flexible, un cambio de turno o una mayor flexibilidad en la entrada y la salida, sin que esa petición suponga por sí misma recortar horas de trabajo o salario. El artículo 34.8 reconoce el derecho a solicitar estos ajustes para conciliar la vida familiar y laboral hasta que los hijos cumplen 12 años, así como en otras situaciones de cuidado previstas en la norma, siempre mediante propuestas razonables y proporcionadas a las necesidades de ambas partes.

Si el convenio no regula el procedimiento, la empresa debe abrir una negociación de un máximo de quince días y responder por escrito con la aceptación, una alternativa o una negativa motivada; la petición se presume concedida si no existe oposición motivada expresa dentro de ese plazo.

El teletrabajo también puede formar parte de una solicitud de adaptación, pero no nace automáticamente por tener hijos: la Ley 10/2021 establece que el trabajo a distancia es voluntario para ambas partes y exige un acuerdo por escrito, sin perjuicio de los derechos que reconozcan otras normas o el convenio. En el vídeo, el abogado sostiene que las empresas cuyas tareas permitan trabajar a distancia deben facilitar esa vía "en la medida de lo posible", una formulación que remite al examen de cada caso y que no convierte la compatibilidad técnica del puesto en una concesión obligatoria sin valorar las necesidades organizativas.

Comienzan a ser excepcionales los plenos de la Asamblea de Extremadura que se desarrollan con normalidad. La sesión de este jueves ha vivido de nuevo momentos de bronca y de máxima tensión dialéctica que recuerdan al “me gusta la fruta” de Isabel Díaz Ayuso.

El detonante se ha producido durante el debate de una propuesta de pronunciamiento de Vox relativa a la seguridad y a la situación de los jóvenes en Ceuta. Durante su intervención, el diputado del PP, Hipólito Pacheco, ha arremetido contra el movimiento feminista y los partidos de la bancada de la izquierda al aludir a supuestas agresiones sexuales atribuidas a “invasores” en una tienda de campaña en Ceuta. Pacheco ha criticado lo que considera una respuesta tibia por parte de las formaciones progresistas.

“La mujer violada en una tienda de campaña en Ceuta... Las feministas de izquierda han escuchado ese audio, ¿han dicho algo las feministas de izquierda de la violación de esa mujer en una tienda de campaña por los invasores? No han dicho nada. Ustedes están calladas como puertas, igual que ante el catálogo de prostitutas de Ábalos, calladas como puertas las feministas de izquierda ante las violaciones en Ceuta”, ha dicho. Una expresión que en ese contexto recuerda a otra reconocida por la RAE: “callados como putas”.

El PSOE exige la retirada de las palabras

Ante estas afirmaciones, la portavoz del grupo socialista, Isabel Gil Rosiña, ha solicitado amparo a la Presidencia de la Asamblea para que revisara el reglamento y comprobara el contenido exacto de las declaraciones del diputado del PP.

“Señor vicepresidente (en funciones de presidente), en nombre del Partido Socialista le agradezco que, atendiendo a la aplicación del reglamento de la Cámara, no cele la palabra, porque tenemos una gran responsabilidad los 65 hombres y mujeres que aquí nos sentamos”, ha solicitado Gil Rosiña, que ha denunciado también que los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, vulneran de forma sistemática el respeto a los adversarios políticos.

“El señor que acaba de bajarse de la tribuna ha dicho a las mujeres de esta bancada, a las mujeres socialistas, no sé si al resto de mujeres, que estamos calladas como puertas, y esto es como lo que me gusta la fruta, como las putas de Ábalos. Solicito, señor presidente, atendiendo al reglamento de la Cámara, como si se tiene que parar esta sesión plenaria, para comprobar que se ha dicho eso y se ha retirado y pedido disculpas el diputado. ¿A dónde vamos a llegar, señor vicepresidente?”.

El PP justifica la intervención

Ante la petición de los socialistas de frenar el plenario para constatar el exabrupto y exigir una rectificación, la bancada del PP ha salido en defensa de su compañero de filas. El portavoz del grupo, José Ángel Sánchez Juliá, ha argumentado que a los socialistas solo “les duele que les digan las verdades”.

Por su parte, Hipólito Pachecho ha asegurado que con sus palabras no quería decir lo que el PSOE le acusa.

María Dolores tiene 92 años y hace 14 permitió que su nieto Juan se instalara en una de sus viviendas, pero ahora desea que se marche porque, según cuenta, la relación con él le impide estar tranquila en el piso que ella ocupa dentro del mismo edificio.

La mujer sostiene que el joven pretende convertir el piso en un alojamiento turístico, una idea que rechaza porque preferiría tener cerca a una familia, sobre todo por las noches, cuando se queda sola en casa tras la partida de la persona que la ayuda por horas.

El conflicto ha llegado a la televisión después de que la abuela denunciara conductas que, según su relato, han deteriorado la convivencia, aunque Juan niega las acusaciones y afirma que es ella quien intenta perjudicarlo, de modo que ambos ofrecen versiones distintas de lo que sucede dentro del inmueble.

La convivencia en el mismo edificio

En un extracto emitido por 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, María Dolores explica que el joven ocupa el piso de arriba y que, cuando recibe a sus amigas, mira hacia la escalera porque cree que él la está grabando: "Me graba cuando salgo con mis amigas", dice antes de describir una ocasión en la que abrió la puerta y, según cuenta, lo vio detrás grabándola.

La mujer insiste en que quiere vivir sola y sin esa vigilancia que denuncia, "no me deja vivir", y señala que Juan podría instalarse en la casa de su madre o ir con su padre, que, según María Dolores, está enfermo y necesita ayuda para bañarse y realizar otras tareas.

María Dolores afirma que su nieto quiere hacer pisos turísticos, mientras que ella preferiría que se mudara una familia: "Yo por la noche me quedo sola", explica al hablar de la compañía que le gustaría tener cerca cuando termina la jornada de la mujer que la ayuda por horas.

Acusaciones cruzadas

La información publicada por Antena 3 recoge otras acusaciones de María Dolores contra Juan: asegura que ha causado daños en la casa que ocupa, que le ha robado y que ha intentado agredirla, e incluso sostiene que él trató de tirarla por las escaleras.

La información publicada no aclaran bajo qué acuerdo comenzó Juan a vivir en el piso, si se ha iniciado algún trámite para que lo deje ni si existe un proyecto de alojamiento turístico, una intención que solo aparece en el relato de María Dolores. Ella explica que preferiría ver instalada a una familia en la vivienda y pide a su nieto que se traslade con alguno de sus padres, en lugar de seguir viviendo en el piso que le dejó ocupar hace 14 años.

Juan rechaza las acusaciones y afirma, por su parte, que su abuela ha echado aceite en las escaleras y le ha roto ventanas para dificultar que siga viviendo allí, unas acciones que, según el relato del programa, María Dolores reconoce y justifica porque quiere que él se vaya: "Quiero que se vaya, no voy a esperar a que me eche".

Una jueza federal de California bloqueó parcialmente una ofensiva con la que la unidad principal de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ido en busca de supuestos electores no ciudadanos en varios Estados del país, de cara a las elecciones de mitad de período en las que se pelea el control del Congreso.

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The main investigative unit of the United States Department of Homeland Security (DHS) has been vigorously promoting on social media an effort it considers crucial in the final weeks before the midterms: pursuing alleged large-scale election fraud by noncitizens — a claim that has obsessed President Donald Trump despite a lack of evidence.

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El Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico se ha llevado el premio International Van of the Year 2027. El fallo se conoció en el salón IAA Transportation de Hannover y el jurado, formado por 26 periodistas de otros tantos países europeos, lo eligió por unanimidad.

Una historia de éxitos

Es el sexto Renault que gana este galardón; antes lo hicieron el Master II (1998), el Trafic II (2002), el Kangoo Z.E. (2012), el Kangoo Van III (2022) y el Master III (2025). El Trafic lleva en el mercado desde 1980 y ha superado las 2,8 millones de unidades vendidas, así que el reconocimiento llega a un modelo con bastante historia en el segmento de las furgonetas medianas.

Se diseña y fabrica en Sandouville, Francia, y Renault insiste en que es una prueba más de su apuesta por producir en Europa vehículos comerciales con tecnología actual. Entre los argumentos que más pesaron entre el jurado para declararlo vencedor están la autonomía, de hasta 470 kilómetros (aún pendiente de homologación), la arquitectura de 800 V para cargar más rápido y un radio de giro de 10,3 metros, el mismo que un Clio.

También es el primer vehículo del grupo Renault, y el primer comercial ligero en Europa, con arquitectura SDV (Software Defined Vehicle). Eso permite actualizaciones remotas, más personalización, mejoras de seguridad con el tiempo y, en teoría, un mejor valor residual porque el furgón se puede ir actualizando después de comprado. La marca habla de funciones 'Software-Defined Van escalables para bajar el coste total de propiedad y mejorar las condiciones de trabajo de quien pasa muchas horas al volante.

En resumen, un Trafic 100% eléctrico que combina una generosa autonomía para el segmento, carga rápida por los 800 V y una base de software que la firma del rombo presenta como novedad en los comerciales ligeros europeos. El premio unánime del jurado IVOTY le da un buen empujón de imagen justo cuando el mercado de furgonetas eléctricas se pone cada vez más serio.