El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, está convencido de que no existe la más mínima posibilidad de que los atentados terroristas vuelvan a Euskadi. Preguntado por la detención de dos personas a las que la Ertzaintza acusa de un posible delito de terrorismo y que han sido trasladadas a la Audiencia Nacional para ser interrogadas, el dirigente de EH Bildu ha asegurado hoy que no contempla «ni en un 0,1 % de posibilidades» una eventual vuelta de la violencia.

En el día en el que se cumplen 15 años del cese definitivo de la actividad criminal de ETA, Otegi ha afirmado que necesita «más datos» para conocer las circunstancias en las que han sido arrestadas estas dos personas, a las que la Ertzaintza acusa de tener información de guardias civiles, policías y ertzainas, así como de contar con la geolocalización de un zulo en el que podría haber armas.

"Sí hay nostálgicos, de Franco"

Para Otegi, en declaraciones a Radio Popular, «la vuelta hoy de formas de violencia armada en el País Vasco es una hipótesis que nosotros no contemplamos ni en el 0,1 % de posibilidades, pero vamos a ser prudentes». El líder independentista vasco ha subrayado que han transcurrido 15 años «en los que no ha habido ningún tipo de acción armada por parte de ETA»: «No sé si hay nostálgicos que piensan que el país era mejor antes, pero nosotros no somos de esos, y sí creo que hay nostálgicos que piensan que con Franco se vivía mejor, y me preocupan bastante más».

Precisamente a los dos arrestados se les vincula con movimientos críticos con la izquierda abertzale y con la manera en la que se gestionó el proceso final de la banda. Hoy Otegi ha hecho valer la aportación que, en su opinión, realizó la izquierda abertzale para favorecer ese desenlace.

Tras décadas de apoyo al entorno de la organización y de aliento a la banda terrorista por parte de la izquierda abertzale, Otegi ha destacado hoy que la suya fue «una contribución decisiva y determinante a que el país viva el momento que está viviendo». Ha recordado la Conferencia Internacional de Paz de Aiete que impulsó y que se convirtió en la «pista de aterrizaje» para que ETA formalizara su final. Otegi ha recordado que aquel encuentro concluyó instando a la banda a abandonar la actividad terrorista, y que tres días después anunció el cese definitivo de su actividad armada.

El "conflicto político continúa"

El líder de EH Bildu ha señalado que, tras todo ello, «el conflicto político» continúa: «Aiete puso encima de la mesa una hoja de ruta para solucionar el problema de los presos, los deportados y los refugiados», aún pendiente a su entender, e indicó que tampoco se ha resuelto «nuestro derecho a decidir nuestro futuro».

Otegi ha recordado que la izquierda abertzale reconoció que la violencia de ETA «nunca debió ocurrir» y ha instado a «reconocer la violencia del Estado y que se ha torturado a miles de personas, reconocer que se ha hecho guerra sucia y tantas barbaridades contra el independentismo vasco», pero «no como contrapartida a lo que nosotros hicimos», sino como «aportación a la paz que todavía está pendiente».

El frío y la lluvia comienzan a dar forma al otoño. Es cuando el menor número de horas de luz obliga a iluminar antes los hogares y empresas y cuando la bajada de temperatura reactiva el encendido de calefacciones. Hacerlo en el escenario energético actual ha comenzado ya a disparar la factura de la luz. Este lunes nuestro país tocó techo en el precio de la luz y hoy volverá a rozarlo. En realidad, la última semana el gráfico de precios de mercado oscila en los niveles más altos. El incremento del precio del gas está detrás de este repunte que ha hecho que encender los interruptores se pague esta semana un 15% más cara que hace solo siete días.

La luz alcanzó ayer máximos anuales con un precio medio de 215 euros/MWh, según OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), incluso con picos que llegaron hasta los 296 euros/MWh. Para hoy, los precios se moderan levemente, pero continúan estando entre los niveles más elevados del año: 195 euros/MWh y picos de 278 euros/MWh a las 20:00 horas de esta tarde. El constraste volverá a producirse a las 16:00 horas, cuando el precio caerá hasta los 58,1 euros el MW/h, según avanza el OMIE.

Tarifa regulada (PVPC) y mercado libre

El comportamiento al alza del precio de la luz, con máximos durante los tramos más caros que rozan los 300 euros el MW/h, no afectará por igual a todos los consumidores. El impacto será más directo en quienes cuentan con una tarifa regulada (PVPC). El precio del kilovatio hora (kWh) cambia cada hora de cada día en función de la oferta y la demanda del mercado eléctrico. Se determina sumando el coste de la energía en el mercado mayorista -pool eléctrico- más los peajes de acceso, costes de transporte, cargos regulados por el Gobierno y el margen para la comercializadora de referencia. Actualmente el cálculo combina el precio diario con una cesta de precios a plazos -mercados de futuros a un mes, tres meses y un año-. De este modo, las subidas repentinas del mercado diario impactan con menor fuerza en el recibo final. En esta modalidad se encuentran 9,7 millones de hogares en nuestro país.

En cambio, en la opción del mercado libre, los consumidores no se ven tan condicionados por los incrementos de precios diarios. El precio no cotiza de forma directa hora a hora para el cliente. La compañía fija un precio y propone un acuerdo cerrado al consumidor. En esta opción, a la que se acogen la mayoría de hogares y empresas de nuestro país, 20,4 millones de usuarios, el precio del kWh se establece por periodos acordados entre la comercializadora y el cliente. En este caso se puede establecer un precio fijo durante las 24 horas o precios por tramos horarios.

La razón de este encarecimiento se encuentra en el gas. El índice TTF de referencia en Europa ayer cotizaba a 88 euros el MWh. Supone un 180% más que en febrero de este año, cuando se inició el conflicto en Irán y el gas cotizaba a algo menos de 32 euros. A ello se suma el descenso en la producción de energía solar fotovoltaica que se produce en este periodo otoñal y la disminución en la producción eólica que se ha registrado estos días. Factores todos ellos que obligan a tirar del gas para generar energía y con ello a encarecer el proceso.

Claves de ahorro para la factura de la luz

El 'mix energético' español requiere cada vez más del gas para generar electricidad. El modo reforzado que se impuso tras el apagón de abril de 2025 ha elevado el peso de los ciclos combinados para poder casar oferta y demanda en el sistema. El gas supone entre un 17% y 21% del peso de las fuentes de energía empleadas.

El escenario no parece que vaya a mejorar. Con el gas en niveles de los precio más elevados desde 2022, seguirá disparando la generación de electricidad, que estos días ha rondado en un coste medio de entre 160 a 215 euros el megavatio hora.

Para controlar el encarecimiento de las facturas ante esta escalada de precios, la estrategia que aconsejan las asociaciones de consumidores pasa por adaptar el tipo de contrato al modo de consumo en cada caso. Contar con una tarifa regulada (PVPC) requiere optimizar el consumo concentrando el empleo de electrodomésticos de mayor gasto en las horas valle, más económicas y que habitualmente se producen en los tramos centrales del día. Es en esas franjas de mediodía donde la aportación de energía renovable se dispara y reduce notablemente el coste por kWh.

En el caso de los clientes del mercado libre, es solo en el momento de renovar los contratos cuando se deben analizar de nuevo las condiciones para evitar que las comercializadoras trasladen a la nueva oferta posibles sobrecostes anteriores.

Son cientos. La mayoría hace tiempo que peina canas. Su aspecto poco se parece al que mostraron años atrás en las fichas policiales. Se pasean por los municipios vascos. Se les puede ver comprando o tomando vinos. La mayoría se ha alejado del foco social y apuesta sumergirse en el anonimato. Unos pocos, en cambio, han optado por seguir 'luchando' formando parte de listas electorales o integrándose en la política activa. A casi todos, sólo les queda el apoyo discreto de los más afines, de los que les aplaudían cuando sembraron el rastro de dolor que partió a la sociedad vasca en dos. La mayoría se enteró en la cárcel del final de la tragedia que habían alimentado. El 20 de octubre de 2011, hace hoy 15 años, ETA anunció el “cese definitivo” de sus acciones criminales. Desde entonces, alrededor de 600 miembros de la banda terrorista han salido en libertad.

Cuando los tres encapuchados de ETA proclamaron el inicio de “un nuevo ciclo” y la apuesta por las vías exclusivamente políticas, en las prisiones españolas cumplían condena cerca de 700 terroristas de la organización. Tres lustros después, son algo menos de un centenar: 93 presos de ETA, según el colectivo de familiares Etxerat. En esa contabilidad no se incluye al puñado de presos críticos con el colectivo ‘oficial’ de presos, el EPPK, afín a la izquierda abertzale que lidera Arnaldo Otegi.

Ese cupo se reduce aún más si se analiza la situación penitenciaria de ese escaso centenar de presos. Son apenas 36 los que cumplen condena sin salir de prisión, en régimen ordinario. El resto lo hace saliendo de la cárcel y regresando a prisión solo a dormir gracias a progresiones a tercer grado o a la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta fórmula, previa al tercer grado, permite flexibilizar la situación del interno y le permite salir para trabajar o cooperar en una ONG.

Cuando los tres encapuchados -David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka- difundieron el vídeo del final de ETA la tarde del 20 de octubre de 2011, la banda aún tenía una última baza con la que negociar: su disolución y desarme. La demoraría aún ocho años. En ese periodo, ETA siguió existiendo como organización, presionando con la posibilidad de revertir la situación si no se le concedía una salida para sus cientos de presos en las cárceles españolas. Incluso se intentó negociar con el Gobierno francés el acercamiento de los 140 presos de ETA que entonces cumplían condena en cárceles francesas.

El fracaso de la 'última baza' de ETA: desarme y disolución

Entre 2011 y 2018 los intentos para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy fueron reiterados. Incluso el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu intentó mediar un acuerdo que acelerara la desaparición definitiva de la estructura de ETA. Ni con Rajoy ni con Urkullu, que llegaría a reprochar a ETA su falta de voluntad real de buscar una salida para disolverse, hubo acuerdos ni cesiones.

Finalmente, y ante el convencimiento de que no podrían obtener beneficios en su final, ETA optó por recurrir a una disolución y desarme unilateral. Lo hizo apoyándose en un hasta entonces desconocido grupo de intermediarios: los ‘artesanos de la paz’, procedentes de colectivos afines a la izquierda abertzale. El 8 de abril de 2017, en Bayona, la banda escenificó el desarme entregando la localización de ocho depósitos o ‘zulos’ con armas y ante la mirada de ‘invitados’ como algunos de sus militantes más sanguinarios como Josu Zabarte, el ‘carnicero de Mondragón’.

En los años transcurridos desde el cese de sus acciones terroristas, cerca de medio centenar de presos siguieron saliendo en libertad cada año. Cuando el 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, ETA escenificó y oficializó su disolución con la lectura a cargo de ‘Josu Ternera’ y ‘Anboto’ del último comunicado de ETA, la banda aún tenía en las cárceles a casi 300 militantes. Ese mismo mes, todo empezaría a cambiar… tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Política penitenciaria, Bildu y PNV

El relevo gubernamental no hubiera sido posible sin el apoyo de los dos partidos nacionalistas vascos: el PNV y EH Bildu. La coalición de Otegi siempre ha puesto la ‘cuestión de los presos’ encima de la mesa para seguir apoyando al Ejecutivo socialista. Las condiciones del acuerdo nunca han trascendido oficialmente, pero los hechos han evidenciado que el cambio de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA figuraba en la lista.

Habían transcurrido solo tres meses desde la moción de censura cuando Pedro Sánchez optó por revertir una política que el PSOE había aprobado y aplicado desde 1989: la dispersión de los presos en cárceles alejadas de Euskadi y Navarra. En septiembre de 2018 comenzaron los primeros acercamientos de presos de la banda a prisiones próximas a Euskadi. Poco después, a carceles vascas. El goteo de acercamientos no paró, hasta que en marzo de 2023 se dio por concluida la operación. Para entonces, todos los presos de ETA cumplían condena en cárceles vascas o navarras. En este periodo también se facilitó el traslado de los presos que cumplían condena en prisiones galas para que lo hicieran en cárceles españolas.

Según el observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se trasladaron a 202 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, la mitad de ellos con delitos de sangre y acumulando 303 víctimas.

Acercamiento a Euskadi y gestión de prisiones

Por el camino, Sánchez y Bildu siguieron apoyándose. El 20 de octubre de 2021, cuando se cumplían diez años del cese de la actividad de ETA, fue el propio Otegi quien reconoció en un encuentro con simpatizantes de Bildu que apoyaría los presupuestos de Sánchez para favorecer la salida de prisión de los etarras: “Tenemos 200 dentro y hay que sacarlos; si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. Sin problema, muy tranquilos. Lo tenemos en nuestro frontispicio. Ahora es el momento”, dijo.

En este vaciado de presos de ETA de las cárceles, también el PNV ha jugado su papel. Desde que el PSOE comenzó a gobernar España, la formación nacionalista ha presionado para que se acelerara la transferencia de la gestión de las prisiones vascas. El 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco logró su objetivo y comenzó a gestionar las tres cárceles vascas. En ese momento, eran cerca de 200 los internos de la banda cumpliendo condena.

Desde 2018 y hasta que cedió la gestión al Ejecutivo vasco, Instituciones Penitenciarias había concedido 27 terceros grados a presos de la banda. Desde que Euskadi está al frente, han sido cerca de un centenar los presos que han progresado hasta el tercer grado, el que les concede un régimen de semilibertad. En los últimos años, la aplicación de la vía previa, el artículo 100.2, concebido como un proceso preparatorio para la semilibertad, se ha concedido a cerca de una treintena de internos. Concesiones que en muchos casos han sido revocadas por la Justicia, obligando al reingreso en prisión de los internos.

Las tres capuchas blancas auguraban que esa vez sería diferente, que los rumores que sobrevolaban desde hacía semanas la sociedad vasca podrían ser ciertos. Tras un sinfín de anuncios frustrados y esperanzas hechas añicos, el sueño de que ETA lo dejaba estaba cerca. La izquierda abertzale había preparado a la banda una 'pista de aterrizaje' en forma de una suerte de 'conferencia internacional de paz'. El entorno de Otegi había logrado atraer hasta el Palacio de Aiete de San Sebastián a destacados nombres relacionados con la resolución internacional de conflictos: Kofi Annan, Jonathan Powell y al siempre próximo al independentismo radical vasco, Gerry Adams. En aquella escenificación también participaron partidos como el PSE o el PNV.

El objetivo que se buscaba era la aprobación de un manifiesto para «pedir a ETA» el cese definitivo de toda acción armada y solicitar públicamente a los gobiernos de España y Francia que dialogaran con la banda para acordar los términos de su disolución, la gestión del futuro de sus presos y las condiciones del 'escenario' para un final de la violencia que los terroristas habían iniciado 52 años atrás.

Sólo habían transcurrido tres días desde aquel encuentro cuando llegó la respuesta. El jueves 20 de octubre, en torno a las 19:00 horas, el vídeo que ETA había hecho llegar a Gara/Naiz y medios como la BBC o The New York Times, recorría ya las redacciones de medio mundo. La banda terrorista que había asesinado a más de 850 personas y había dejado un rastro de miles de heridos y amenazados anunciaba el «cese definitivo» de sus acciones criminales y anunciaba que buscaría la soberanía vasca sólo por vías políticas e institucionales.

Una banda debilitada, 350 asesinatos sin resolver y un "cambio de ciclo"

Tras las capuchas, David Pla -quien luego, tras cumplir varios años de prisión, pasaría a integrarse en la dirección de Sortu-, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. De algún modo se habían erigido en la última y diezmada cúpula de ETA. La banda terrorista esgrimió entonces razones de «cambio de ciclo político». En su comunicado puño en alto no hubo ni petición de perdón, ni arrepentimiento.

«Aún existe profesorado y familias que les incomoda hablar de este tema, temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos"

La realidad era bien distinta. Hacía años que ETA agonizaba. La presión policial y judicial y la colaboración internacional habían reducido la estructura terrorista de modo extremo hasta hacerla casi inoperativa. Pese a todo, la organización criminal había seguido matando, amenazando y asfixiando a la sociedad vasca. Su último asesinato lo cometió el 16 de marzo de 2010. Un tiroteo mortal que acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin en la localidad de Villiers-en-Bière.

Han transcurrido 15 años desde aquel cese definitivo que fue recibido con alivio, algarabía y desconfianza por la sociedad vasca. Tres lustros en los que muchas cosas han cambiado. Otras apenas se han movido. Apenas una veintena de los cerca de 350 asesinatos sin resolver ha sido juzgada desde entonces. Tampoco la condena de la violencia y de la historia de ETA ha estado en boca de sus militantes ni de quienes le aplaudieron y apoyaron.

Reagrupados, con beneficios y legalizados

El entorno de ETA ha logrado en estos años que se acabara con su dispersión penitenciaria. Hoy todos cumplen condena en cárceles vascas o navarras. En 2017 el colectivo de presos de ETA, el EPPK, acordó dejar atrás su negativa a acogerse a beneficios penitenciarios de la legislación carcelaria 'del enemigo'. Lo hizo con el respaldo del 73% de los presos. Desde entonces, las progresiones de grado y las salidas de prisión se han acelerado. De los 700 presos de 2011 se ha pasado a poco más de un centenar en la actualidad, la mayor parte en régimen de semilibertad.

En la izquierda abertzale por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro no han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Tres lustros en los que la izquierda abertzale también ha llevado a cabo su proceso. El recorrido le ha llevado desde la ilegalidad hasta convertirse en aliado fiel de un gobierno del PSOE, la formación contra la que ETA atentó durante décadas. Batasuna fue ilegalizada en 2003. Sus sucesivas marcas también. En febrero de 2011, ocho meses antes del «cese definitivo» de la actividad de ETA, nació Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. En sus estatutos proclamaba la condena de la violencia y la apuesta por las vías políticas. No fue hasta el 20 de junio de 2012 cuando el Tribunal Constitucional autorizó su registro como partido legalizado. Poco después, se integró y controló la coalición Bildu que EA y Alternatiba habían constituido.

En estos años, la izquierda abertzale ha visto cómo su apoyo social crecía. En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños en el Parlamento Vasco y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos.

Desde el comunicado de las capuchas blancas hasta la disolución de ETA aún tuvieron que pasar seis años y medio. ETA fracasó en su intento de negociar una solución y excarcelación de sus presos a cambio de disolverse. El 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo, Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', oficializaron el comunicado oficial de disolución.

El tabú de ETA en las aulas y las familias

En estos años tampoco la sociedad vasca es la misma. En gran medida, se apresuró a pasar página, a iniciar un nuevo tiempo sin apenas mirar atrás. En la escuela y en muchas familias, ETA sigue siendo un tema tabú del que mejor no hablar. En el entorno de la izquierda abertzale la cuestión sigue esquivándose. El pasado pesa e incomoda y la urgencia para el entorno de Otegi pasa por liquidar «la cuestión de los presos» y desprenderse de esa «mochila».

«Nunca imaginé que gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido socio del Gobierno»

«Este periodo de tránsito está siendo duro e incómodo para mucha gente. No podemos olvidar que hubo un porcentaje nada desdeñable de la sociedad que justificó que esto ocurriera. Hay una parte recalcitrante que sigue pensando que estuvo bien, que era justificable, son minoría», asegura Alberto Alonso, director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.

Asegura que esa incomodidad puede ser la razón por la que aún cuesta trasladar contenidos de memoria y convivencia relacionados con los años de violencia a la escuela vasca: «No puedo negar que existe profesorado al que le incomoda este tema, o incluso padres y madres, no sólo porque estuvieron en la esfera de la izquierda abertzale, sino porque temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos. Quizá tienen miedo a esa pregunta», asegura Alonso.

Considera que a la generación que ha crecido sin la losa de ETA hay que contarles qué ocurrió y las consecuencias de tanto dolor. «Los jóvenes tienen interés. Por eso debemos saber darles las herramientas para que hagan esa revisión crítica del pasado. No les podemos contar una milonga. A ellos no les da miedo hablar de ello, es a nuestra generación a la que quizá sí nos da».

"No han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Gaizka Fernández de Soldevilla es historiador, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y experto en ETA. Reconoce que su sensación es «agridulce» al analizar lo sucedido desde el cese de actividad que anunció ETA. Considera que en estos 15 años ha habido «cierta prisa por pasar página»: «El trabajo de memoria no ha sido lo demasiado profundo que hubiera sido deseable. El desconocimiento entre los jóvenes está ahí. También el abandono que han sentido las víctimas. Les ha faltado el amparo institucional y el de la sociedad, que ha vuelto a mirar hacia otro lado».

En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos"

Recuerda que el interés en ETA y sus consecuencias ha caído en la sociedad y en los medios de comunicación, «se ve como algo lejano, cuando la última víctima es de 2010, no hace tantos años». Fernández de Soldevilla alerta de que la pedagogía por hacer sigue pendiente en las nuevas generaciones y destaca que es especialmente importante en un contexto como el actual en el que en muchos sectores juveniles «vemos que ha regresado cierto clima bronco, de enfrentamiento que creíamos superado. Están volviendo ciertos brotes de violencia y fanatismo».

Fernández de Soldevilla señala la evolución de la izquierda abertzale como uno de los factores que han marcado el devenir de estos años. Apela al proceso que siguió ETA-PM tras el abandono de las armas y su integración en Euskadiko Ezkerra primero y en el PSE después: «En el caso de la izquierda abertzale, la diferencia es que no ha cortado el cordón umbilical que le une a ETA, ni renuncia o hace autocrítica de la violencia. Por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro siguen enfangados en ese pasado. No sé si tienen voluntad de acabar con eso, pero no lo parece».

"No imagine ver condenados en listas electorales"

Carmen Ladrón de Guevara conoce como pocas personas cómo actuó ETA. Ha vivido muy de cerca el rastro de víctimas y dolor que dejó. Como abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recuerda con satisfacción aquel anuncio: «El final de la violencia fue una buena noticia, es innegable, pero la gestión del periodo posterior tiene muchas carencias». Aquel temor que entonces sintió lo ha confirmado el paso del tiempo. «Nunca imaginé que Bildu o gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido que ha sido socio preferente del Gobierno».

Reconoce que tampoco hubiese predicho entonces que apenas 15 años más tarde, de los 700 presos de ETA que entonces cumplían pena en la cárcel, apenas 36 lo hagan hoy en régimen ordinario, «el resto, unos 70, entran y salen o ya ni siquiera acuden a prisión»: «Yo pensaba que ese final sin presos en prisión lo vería cuando me jubilase, pero en apenas cinco años ocurrirá».

En este tiempo asegura que al menos 18 de los 350 casos han podido ser resueltos: «Llegar a juicio con un caso es una victoria. Confío en que aún se pueda lograr con algún caso más». Ladrón de Guevara considera que el verdadero problema en este tiempo ha sido la política penitenciaria que se ha aplicado a los presos de ETA. En especial desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la gestión de las prisiones vascas: «La nueva política está destinada a solucionar el problema de los presos y a vaciar las cárceles». Añade que la dignidad y la humillación hacia las víctimas tampoco han desaparecido en todos estos años: «A los etarras en muchos municipios y ámbitos se les sigue recibiendo como héroes, cuando no son más que asesinos. Queda mucho por hacer».

Desde el punto de vista social no oculta que percibe un deseo generalizado de pasar página, en muchos casos por dejar el dolor atrás y en otros, por mero «blanqueamiento» político: «Hay gente que lo ha hecho por dejar esto atrás, pero desde el punto de vista político, ha habido un claro blanqueamiento». La abogada de la AVT lamenta también que en los centros educativos y en las familias la transmisión de lo ocurrido no esté muy presente: «Si no está en la calle ni en los medios, es difícil que esté en las familias. Debe ser una responsabilidad compartida».

Es una revolución industrial. También lo es tecnológica, medioambiental, geopolítica y social. Todas ellas confluyen en una suerte de ‘tormenta perfecta’ que hace años que descarga sobre uno de los pilares de la economía española y del que dependen casi uno de cada diez empleos en nuestro país: la industria de la automoción. Los 'vientos huracanados' proceden fundamentalmente de China, pero no solo. Por ahora la producción de coches en España aguanta, pero lo hace sintiendo fatiga y desgaste, y lo que es peor, percibiéndose débil para ser competitiva a medio plazo.

La voz de alarma la dio esta semana el CEO de Renault, François Provost, en la planta de la compañía en Valladolid. El futuro a medio plazo no está asegurado; más allá de 2030 es difícil augurar la viabilidad de la fábrica. Provost subrayó que la productividad ha caído un 20%. También que se debe abordar de otro modo la competencia asiática. No se pueden subvencionar en Europa vehículos híbridos fabricados en China y ‘rematados’ en suelo europeo. Apeló a perfilar normativas que reduzcan esa rivalidad a la que por ahora la industria automovilística europea a duras penas puede plantar cara.

Bruselas lo intenta. En 2024 elevó del 10% al 35% los aranceles a los coches eléctricos puros que llegaban de China. Solo provocó que las exportaciones se redirigieran hacia el segmento de los coches híbridos e híbridos enchufables. En solo un año pasaron de representar el 2% de las ventas al 14%. Ahora, la nueva barrera de la Comisión Europea pasa por limitar a 350.000 unidades las autorizaciones para importar híbridos chinos cada año.

De fabricar 5.000 coches en los 80 a liderar el mercado eléctrico: el gigante chino amenaza a Europa.

Sin embargo, el problema es estructural, de fondo. Los parapetos normativos pueden dar tiempo a Europa para adaptarse al cambio de paradigma que ya está aquí, pero la transformación debe abordarse... y acelerarse. Y es muy profunda. Nuestro país es la segunda potencia de la automoción en Europa. Durante décadas ese liderazgo le ha situado como un referente capaz de representar el 11% del PIB nacional y generar una actividad anual que ronda los 120.000 millones de euros. Sin embargo, la batalla contra el mercado asiático se libra cada vez con menos armas.

De coches para viajar a 'plataformas' tecnológicas andantes

Ahora la amenaza no es solo de ventas, sino de adaptación, de reinvención y de redefinir toda una cadena de valor que en el contexto tecnológico actual comienza a quedarse obsoleta. El vehículo hace tiempo que ha dejado de ser un medio de ingenieria mecánica que buscaba una solución eficiente para movernos. Hoy, los vehículos son plataformas de alta tecnológicas andantes, soportes de conexión, de servicios digitales y de regeneración energética. Un cambio de paradigma en la industria que avanza a ritmo trepidante en paises como China y que está obligando al resto del mundo, y entre ellas a la tradicional industria de automociñón europea, a forzar su capacidad de flexibilidad y adaptación.

La radiografía que muestra el informe ‘La transformación de la industria del automóvil en España’, elaborado por Deloitte, es inquietante. Advierte de que nuestra fortaleza no puede basarse en la capacidad de ensamblar y producir. El mercado global ha virado. La electrificación de la movilidad ha supuesto un cambio muy profundo de las estructuras y prioridades.

Elementos como el software para vehículos, la conectividad, la arquitectura digital, los datos, el servicio o el control de la cadena de suministro de baterías se han convertido en “la nueva lógica competitiva”. Hoy en el mercado compiten compañías que hasta ahora se dedicaban a la telefonía móvil o tecnológicas que ven en los coches un soporte de desarrollo: “Por eso una fortaleza construida bajo las reglas de la era anterior debe redefinirse. En otras palabras, la pregunta ya no es si el país dispone de una industria automotriz sólida sino si esa industria está posicionada en los tramos donde se concentrará la futura creación de valor”, señala el informe.

El cliente tiene actualmente más opciones que nunca y sus criterios de compra no se rigen únicamente por precio e ingeniería mecánica. La electrónica, la tecnología, los datos y el servicio postventa juegan un papel determinante. Además, una industria como esta que mueve economías de medio mundo se está convirtiendo en un tablero de control geopolítico por dominar las transformaciones energéticas, las redes de recarga y las batallas regulatorias.

Cuatro 'fuerzas' transformadoras

El estudio elaborado por Vicente Segura, Laura Delgado y Juan Antonio Santos concluye que España debe acelerar su redefinición estructural. Su competitividad no dependerá únicamente de la escala de fabricación, sino de su capacidad para integrarse en ecosistemas de colaboración global. Debe avanzar muchos más rápido en la transición hacia la movilidad eléctrica si no quiere quedar rezagada. El reto será transformar su modelo hacia servicios recurrentes donde el software, los datos y la experiencia de usuario aporten el valor determinante.

El informe plantea cuatro fuerzas transformaciones clave: crear un nuevo modelo de alianzas para acceder a tecnología crítica, reinventar el concepto de vehículo situando el negocio en los datos y el software, transformar los concesionarios en plataformas de movilidad y energía, y acertar en el timing de las inversiones: “Ni sobrereaccionar ni llegar tarde. Ejecutar cuando el mercado, la regulación y la tecnología converjan”.

Los expertos de Deloitte España plantean que cinco fuerzas obligan a esta reinvención. La regulación del automóvil ha dejado de ser un trámite para convertirse en “una variable estratégica más”: “Ya no basta con ensamblar bien, vender bien o cumplir bien. Ahora también hay que decidir dónde producir, con qué tecnología competir, cómo relacionarse con los nuevos actores…”.

La primera fuerza es el entorno geopolítico, que exige la reconfiguración global de la industria. La producción europea cayó un 16,6% entre 2019 y 2023 frente a China y los EEUU, mientras que el capital chino dispara su inversión en Europa y cierra alianzas estratégicas con marcas locales.

Sostenibilidad y digitalización

Entender bien la sostenibilidad es otra de las fuerzas del cambio. Sin embargo, a diferencia de la velocidad a la que avanza en otros países europeos, la adopción del coche eléctrico en España sigue siendo lenta e insuficiente, lastrada por las demoras en las ayudas públicas y una infraestructura de recarga que no despega al ritmo necesario. Esta lentitud en el mercado doméstico contrasta con la urgencia de jubilar el parque de combustión y genera una brecha peligrosa frente a nuestros vecinos comunitarios.

La digitalización es la tercera fuerza. El coche dejó atrás la mecánica para convertirse en un producto de alta tecnología y plataforma de servicios, energía y conectividad.

La última fuerza es el marco normativo, que condiciona la competitividad elevando costes y determinando decisiones de producto: “Por eso fabricantes y proveedores deben integrar la regulación en su estrategia, combinando cumplimientos, flexibilidad tecnológica y capacidad de adaptación”.

Es un pilar básico de la electrificación de nuestra economía. La movilidad 'fósil' de nuestro parque móvil, impulsado por combustibles contaminantes y motores de combustión, continúa siendo dominante en nuestro país. Pese a que las opciones eléctricas empiezan a incrementarse, lo hacen por ahora a un ritmo moderado. En parte, por la aún insuficiente red de recarga pública en la red vial española. A ella se suma la red de puntos de recarga particulares, privados, en hogares y empresas, que representan cerca del 90% de los puntos de recarga operativos en nuestro país.

Actualmente en España existen cerca de 550.000 puntos de recarga, según el último barómetro de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). La mayor parte de ellos, en torno a 450.000, son de acceso privado y apenas 58.000 son cargadores públicos. En esta red pública, es la compañía Iberdrola la que lidera la instalación de estos puntos. La compañía de Ignacio Sánchez Galán cuenta ya con 97.000 puntos de recarga, la mayor parte de ellos -85.000- de carácter privado y 12.000 públicos. De ellos, cerca de 2.000 cargadores son de alta potencia, por encima de los 50 kW. La previsión de la compañía es superar los 100.000 puntos de recarga antes de que finalice el año.

El ritmo de incremento de puntos de recarga de Iberdrola equivale a cerca de un centenar de nuevos puntos instalados cada día. Al mes son cerca de 2.000 nuevos enganches eléctricos para vehículos los que ha puesto en marcha Iberdrola. La compañía informa de que, pese a ser los cargadores de uso privado son los mayoritarios, cada vez adquieren más relevancia las electrolineras públicas, ya que la mejora en la autonomía de los nuevos vehículos, que permite realizar trayectos más largos, ha favorecido el uso de modelos eléctricos para este tipo de desplazamientos.

En el caso de Iberdrola, con una cuota que supera el 20% de los cargadores públicos en España, se llevan a cabo alrededor de 10.000 recargas cada día en alguno de sus puntos de recarga.

5.000 nuevos puntos de recarga en 2026

En esta red pública también aparecen comercializadoras como Endesa X Way, si bien con menor presencia, con cerca de 6.000 puntos de recarga. A ellos suma alrededor de 30.000 cargadores en hogares y empresas. Compañías como Repsol cuentan con 2.500 puntos de recarga de acceso público y otros 19.000 en el ámbito privado. Muy por detrás figuran compañías como Tesla o Zunder.

En el caso de los cargadores de acceso público, según el último barómetro de la movilidad de ANFAC, existen cerca de 18.000 que, pese a estar instalados, no están operativos. En la mayoría de los casos se trata de alguna demora en la concesión de la autorización administrativa, en muchos casos por falta de capacidad de la red eléctrica de su zona para absorber estas electrolineras. Junto a ello, durante los primeros nueve meses de 2026 se han instalado en nuestro país 5.003 nuevos puntos, lo que supone un descenso respecto al ritmo de 2025, cuando se instalaron 13.382 puntos de recarga en el mismo periodo.

El objetivo ahora pasa no solo por ampliar el número de puntos de recarga de la red vial española, sino por hacerlo con mayor potencia y capacidad de recarga. Así, de los algo más de 58.000 puntos públicos, solo el 11% son de alta potencia, es decir, de más de 150 kW. Es este tipo de cargadores los que ahora más se están instalando, ya que permiten reducir el periodo de recarga de un vehículo a 25 minutos.

Lejos de los objetivos del PNIEC

España ha cubierto el 70% del objetivo de potencia instalado previsto para 2026. Sin embargo, persiste una brecha territorial: mientras 22 provincias superan el objetivo, 6 provincias no alcanzan ni el 50% de la potencia recomendada. A nivel nacional, Navarra encabeza el ranking autonómico en electromovilidad (41,3 puntos), seguida de Castilla-La Mancha (32,5) y Castilla y León (31,9).

A pesar de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) proyecta la necesidad de contar con entre 300.000 y 340.000 puntos de recarga de acceso público en 2030 para dar soporte a un parque de 5,5 millones de vehículos electrificados, la realidad del mercado español muestra un avance sensiblemente más lento. Con solo 58.075 cargadores públicos operativos instalados, España apenas ha alcanzado el 18% de la meta fijada para el final de la década, acusando el impacto de un cuello de botella administrativo que mantiene casi 18.000 puntos adicionales instalados pero inoperativos.

Si bien la calidad de la red ha mejorado al cubrir el 70% de la potencia instalada prevista mediante el despliegue acelerado de cargadores rápidos -igual o mayor de 150 kW-, el ritmo global de incorporación de infraestructura pública necesitaría multiplicarse por cinco para alinearse con los compromisos de descarbonización marcados por la hoja de ruta nacional.

Es la consecuencia de la guerra en Irán y su impacto en los mercados energéticos: menor oferta de petróleo, precios del crudo más altos e inflación disparada en muchos países. Como resultado de esta crisis de suministro y precio, la demanda mundial de petróleo se ha resentido sensiblemente. Durante el cuarto trimestre de este año, el planeta consumirá 2,5 millones de barriles diarios menos que hace un año. Sin duda, el deterioro de las perspectivas económicas globales ha influido en este comportamiento del mercado, en el que el consumo de diésel representa el 25% de la caída.

Es el análisis que ha hecho hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual de octubre, donde augura que la oferta irá recuperándose a medida que el conflicto en Oriente Medio se pueda reconducir, aunque advierte de que por ahora el proceso será largo.

Se da la paradoja de que en España el comportamiento está siendo inverso. Actualmente consumimos un 7% más de gasolina y un 4,5% más de queroseno para aviación -según datos de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos)- y sólo hemos reducido en torno a un 1,9% el consumo de diésel. Y si miramos más atrás, consumimos actualmente un 8,5% más de petróleo y sus derivados que hace una década. El incremento de precio no está frenando la demanda de petróleo, y en los nueve primeros meses de este año ya hemos consumido 45,5 millones de toneladas, frente a los 41,9 millones del mismo periodo de hace una década, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

Recuperación frágil en el Golfo

En términos globales, según el diagnóstico hecho público hoy por la Agencia Internacional de la Energía, la recuperación en la producción de petroleo empezó a notarse en septiembre, cuando la oferta global de crudo aumentó en 2,5 millones de barriles diarios en comparación con los datos del mes anterior. Fueron los países del Golfo Pérsico los que comenzaron a remontar su producción, fundamentalmente con Arabia Saudí a la cabeza. La producción de petróleo en septiembre alcanzó los 102,3 millones de barriles diarios. Se trata de una recuperación que la AIE califica de "frágil". El año se cerrará con una reducción media anual de 5,8 mb/d y no será hasta el próximo año cuando se pueda alcanzar una oferta diaria de crudo en torno a los 107-108 millones de barriles.

Ante este panorama tan complejo, el pasado 2 de octubre, los líderes del G7 anunciaron su compromiso de acelerar la liberación de reservas estratégicas de petróleo, dando prioridad a la rápida inyección de suministros de diésel al mercado en las próximas semanas. Será la AIE la que en las próximas horas pueda anunciar la vía oficial para ejecutar esta nueva acción colectiva para aliviar la tensión energética mundial y asegurar el abastecimiento.

Sin duda, los nuevos ataques en el Golfo y la escalada bélica en la zona están complicando que el mercado del petróleo vuelva a niveles anteriores al inicio del conflicto el pasado febrero. Es el mercado del diésel el que mayor impacto está sufriendo. Su demanda es muy relevante para la actividad económica y, pese a que las exportaciones mundiales de diésel en septiembre fueron 700.000 barriles diarios inferiores a las del año pasado, el aumento de los precios ha complicado el abastecimiento de combustible y el margen de refinado a nivel global.

Impacto en las reservas mundiales

La demanda de gasóleo, relativamente inelástica al precio, se ha mantenido fuerte, según la AIE, al estar en muchos casos respaldada por medidas gubernamentales para mitigar la inflación. La producción mundial de gasóleo se redujo a 26,4 millones de barriles diarios en el segundo trimestre -1,5 millones menos cada día que el año pasado-, mientras que en el tercer trimestre la caída se profundizó hasta los 1,7 millones de barriles diarios.

De igual manera, esta reducción de la oferta ha provocado que las reservas mundiales de petróleo se resientan. En septiembre se redujeron en 10 millones de barriles. Pese a que los inventarios terrestres de crudo se hundieron en 113 millones de barriles, la caída fue compensada en gran medida por un incremento de las reservas en depósitos marinos. Hoy los inventarios globales de petróleo se sitúan 509 millones de barriles por debajo de los niveles previos a la guerra del Golfo (2,4 millones de barriles diarios menos). Se prevé que la reducción de inventarios de combustible se acelere en octubre a medida que la demanda aumente con la llegada del otoño e invierno.

La reciente escalada bélica en Oriente Medio ha frenado la recuperación del suministro energético que comenzaba a percibirse en la región y que, según la AIE, se acercaba a niveles previos a la guerra. Los ataques a infraestructuras energéticas, los daños en refinerías y las tarifas récord en los buques cisterna han elevado exponencialmente los costes de transporte y el precio de los futuros del crudo Brent.

Es la energía que aún mueve el mundo y se paga cada vez más cara. El petróleo se encuentra a poco más de 6 dólares de rozar los máximos del pasado mes de marzo. El fracaso del acuerdo de paz en Irán que se produjo en junio no ha hecho más que recuperar niveles de precio disparado hasta rondar los 104 dólares por barril. Una circunstancia que podría llevar hoy mismo a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a evaluar y autorizar una nueva liberación de reservas estratégicas, tal y como hace una semana plantearon los países del G7.

En nuestro país el impacto que una subida de este tipo tiene sobre nuestra economía es cada vez mayor. Pese a estar inmersos en un proceso de descarbonización y de generación de cada vez un mayor volumen de energías limpias, combustibles fósiles como la gasolina, el diésel o el queroseno de aviación siguen moviendo nuestra economía y cada vez, en muchos casos, con un mayor consumo de este tipo de combustibles.

En España consumimos actualmente un 8,5% más de petróleo y sus derivados que hace una década. El incremento de precio no está frenando la demanda de petróleo, y en los nueve primeros meses de este año ya hemos consumido 45,5 millones de toneladas, frente a los 41,9 millones del mismo periodo de hace una década, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

Mientras la generación eléctrica renovable aumenta y la potencia de energía solar fotovoltaica se incrementa, en España la demanda de petróleo no deja de crecer. Una transición renovable de dos velocidades que parecen tirar en sentido opuesto en el nuevo modelo energético que se quiere instalar en nuestro país desde hace décadas.

El turismo disparado eleva el consumo de queroseno

La razón se esconde en elementos como el turismo y la lenta transición eléctrica que arrastra la movilidad. En el primer caso, en España el turismo internacional no ha hecho más que aumentar año a año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo entre enero y agosto de este año llegaron a nuestro país 70,4 millones de visitantes internacionales, un 5,4% más que en el mismo periodo que el año pasado. Si comparamos la evolución del turismo en la última década, las cifras reflejan bien la causa del incremento de consumo de derivados del petróleo en nuestro país. En comparación con 2016, España recibe ahora un 33% más de visitantes, y la mayor parte de ellos llegan por vía aérea.

Es ahí donde se explica el imparable aumento de demanda de queroseno en nuestro país. En los nueve primeros meses de este año España ha consumido 6,25 millones de toneladas, lo que supone una cantidad un 33% mayor de lo que se consumió en el mismo periodo de 2016. Las opciones de combustibles sostenibles para la aviación (SAF) tienen aún una presencia mínima en el sector.

Junto a la aviación, el otro factor que está determinando el incremento imparable de consumo de petróleo en España, pese a su encarecimiento, es el transporte por carretera. En este ámbito el proceso de electrificación avanza a un ritmo demasiado lento y lo hace además con una apuesta mayoritaria hacia opciones híbridas de gasolina. Esta circunstancia hace que la demanda de este combustible fósil esté incrementándose. Además, en el caso del diésel para camiones y el sector logístico, el consumo se ha mantenido prácticamente invariable, con un parque móvil con niveles ínfimos de electrificación y con el gasóleo como opción preferente para el 95% del transporte de mercancías.

Liberar reservas estratégicas

Lo hace en una suerte de 'transición' desde el diésel, cuya demanda se ha reducido levemente en los últimos años. Actualmente el gasóleo representa una demanda de 22,1 millones de toneladas entre enero y septiembre. Pese a su leve contención, el diésel sigue siendo el combustible más demandado, cuatro veces más que la gasolina. Hace una década el parque móvil situaba a los motores diésel como los más demandados, si bien ahora apenas representan entre el 3 y el 4% de las nuevas ventas. La 'migración' se está haciendo actualmente desde los vehículos diésel hacia opciones de gasolina e híbridos.

Este miércoles la Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado de petróleo, pero será mañana jueves cuando su junta de gobierno decidirá sobre posibles medidas de intervención activa para frenar el alza de precios. Su decisión llegará después de que los países del G7 hayan solicitado liberar 100 millones de barriles de petróleo y combustibles refinados de las reservas estratégicas de los países miembros de la AIE. Una liberación que se debería producir en un periodo de 4 meses.

Pese a que la AIE ya avanzó una autorización a dar ese paso, todo apunta a que podría tomar nuevas decisiones para aliviar la tensión de los mercados, en particular sobre el precio del diésel. La medida orientada de modo específico al gasóleo busca evitar un shock directo en la cadena logística, la agricultura y el transporte de mercancías, donde los problemas de suministro empiezan a detectarse. En las reuniones que la AIE celebra entre hoy y mañana, la junta fijará las cuotas exactas, el calendario de descarga y el volumen final que aportará cada país miembro.