El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación penal por imprudencia en el caso de los trasteros incendiados el pasado junio en el distrito madrileño de Villaverde. “No he visto una cosa igual en 20 años de profesión de abogado”, confiesa a este diario Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, director del bufete especializado en herencias y divorcios Vacelar Abogados, que fue quien el pasado martes 13 presentó una denuncia penal al detectar posibles indicios de delito en un suceso del que fue, dolorosamente, víctima. Rodríguez perdió todo el legado de tres generaciones de su familia, por el que reclama a la empresa 49.000 euros, 30.000 de ellos en concepto de daños morales. Es una de las 800 personas que vieron cómo las llamas consumían todo lo que tenían guardado en la nave y que quieren saber qué fue lo que ocurrió.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestiona que uno de los vehículos del comisionista Víctor de Aldama sufriese un tiroteo como amenaza, según consta en uno de sus informes enviados a la Audiencia Nacional. Los agentes han interceptado varias comunicaciones donde el empresario informa a la aseguradora de que le “han intentado robar” en su Audi A8 y que han tratado de “romper el cristal” con un “punzón”, pero no lo “han conseguido”. “No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, añadió Víctor de Aldama.

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El empresario Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, describió en julio en la Audiencia Nacional cómo ejercía de intermediario entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la cúpula de la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros tras la pandemia de coronavirus. “Cuando empezamos en el tema de la solicitud de esa financiación y de ese préstamo, las cosas que se me iban diciendo y las que eran importantes, yo siempre las trasladaba al presidente Zapatero”, afirmó ante el magistrado instructor José Luis Calama. “Voy informando al presidente Zapatero de las necesidades o no en el caso de Plus Ultra”, remachó, según consta en la transcripción de su comparecencia, facilitada ahora a las partes personadas en el sumario abierto contra el antiguo secretario general del PSOE.

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Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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