El cabeza de lista de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, debe sentarse en julio del año próximo en el banquillo para ser juzgado por el asalto al centro de menores de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019, que se saldó con cuatro heridos. El fiscal imputa al candidato de Vox y secretario general del sindicato ultra Solidaridad un delito de “incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional” y le pide dos años y dos meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo (presentarse a cargos de elección popular), cinco años de inhabilitación especial para oficios relacionados con menores, nueve meses de multa y prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue. De haber sido condenado a esta pena, De la Fuente no podría presentarse a las elecciones del 29 de noviembre, pero la disputa sobre el órgano competente para juzgar el caso ha hecho que, siete años después de sucedidos los hechos, aún esté pendiente de juicio.

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Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano ha aprobado este martes, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría de 12 a 24 horas —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos y se crea el delito de “participación violenta en una manifestación”, penado con hasta cinco años de cárcel.

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El 5 de octubre, varios centros de día para personas sin hogar de las provincias de Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba que gestiona la ONG Inserta Andalucía se quedaron sin luz por impago de las facturas del suministro eléctrico. Un corte que también afectó a algunas oficinas de la entidad, según confirmaron al personal los coordinadores territoriales de la entidad. Ese día, los usuarios tuvieron que acudir a otras instituciones para poder comer y asearse. Al impago de la luz, se suman las reclamaciones de varios caseros por no abonar el alquiler de los pisos en los que desarrollan otros programas de acogida y atención, como ha podido constatar este diario. Son algunos de los problemas de gestión y organización que atraviesa esta entidad y que afectan a sus trabajadores ―parte de la plantilla que se acogió a un ERE en junio no ha cobrado aún y los empleados arrastran retrasos en el abono de sus salarios― y a los beneficiarios de los programas sociales que prestan, la mayoría subvencionados por la Junta de Andalucía. Además, todos estos usuarios se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, tampoco reciben las prestaciones a las que tienen derecho.

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