Fue uno de los símbolos de la lucha contra ETA. En su entrada figura un panel con los cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil que murieron por atentados de la banda en Gipuzkoa. Su lista de detenciones y comandos de la banda desarticulados es larga. Es el lado brillante de su historia. Pero el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián también esconde un lado oscuro: la ‘guerra sucia’ contra ETA. En algunas de sus estancias se practicaron torturas y se vivieron algunos de los episodios de vulneración de la ley más graves de los duros años 80 y 90 de violencia terrorista.

Ahora, el Gobierno vasco quiere que el emblemático cuartel que el general Enrique Rodríguez Galindo lideró durante muchos años con mano de hierro se convierta en símbolo de tortura y de vulneración de derechos. Pero no solo Intxaurrondo. La Comisión de Valoración de Víctimas de Motivación Política, vinculada a la Consejería de Justicia del Ejecutivo, quiere que un cuartel más de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional también engrosen esa lista de ‘memoria’ de la tortura.

Se trata del cuartel de La Salve de Bilbao y de las comisarías de Indautxu, en la capital vizcaína, y la comisaría de Amara, en San Sebastián. La comisión que evalúa denuncias de posibles torturas y excesos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza entre 1978 y 1999 quiere que los cuatro centros policiales se conviertan en símbolo de la lucha al margen de la ley que también se practicó durante años en la batalla contra el terrorismo. "Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad. Son torturas que responden en muchos casos a patrones que se repiten por cuerpo policial, momento histórico y lugar concreto de detención", señala el informe.

305 víctimas de tortura y abusos policiales reconocidas

La petición la lanzó la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, durante la presentación del último informe de este organismo que ya ha reconocido a 305 personas como víctimas de torturas y excesos policiales. En este último informe se incluye el reconocimiento de 60 casos más. A todas ellas se sumarán más, ya que aún restan 284 expedientes por resolver. Además, los responsables de la comisión recordaron que existen otras 416 peticiones para ser analizadas que no se han incluido por presentarse fuera de plazo al inicio de los trabajos de este organismo. La Comisión de Valoración estima que para el año 2028 concluirá de manera definitiva el análisis de los expedientes pendientes.

Un reconocimiento de víctimas que incluye en muchos casos el pago de una indemnización económica. Los 60 nuevos casos conllevan unos pagos indemnizatorios por un montante total de 993.000 euros. Las víctimas a las que se ha dado por acreditado que sufrieron malos tratos por parte de agentes o funcionarios públicos recibirán en su conjunto algo más de 618.000 euros. Una de las víctimas acreditadas percibirá casi 35.000 euros por haber recibido el impacto de una pelota de goma y los casos de heridos o fallecidos por arma de fuego supondrán un desembolso de las arcas públicas de casi 334.000 euros.

Abusos sexuales y maltratos mortales

En la lista de víctimas reconocidas por la Comisión figuran algunas personas relacionadas con ETA que fueron maltratadas, así como miembros vinculados a la izquierda abertzale o del entorno de las familias de presos de ETA, el Partido Comunista o el sindicato LAB.

El informe destaca los numerosos casos de mujeres que sufrieron amenazas y violencia de carácter sexual. Uno de los casos más relevantes es el del médico de Oiartzun, Esteban Murutagoiena, quien fue detenido el 16 de marzo de 1982 en San Sebastián. Posteriormente fue trasladado a la Dirección General de la Policía en Madrid, donde permaneció incomunicado nueve días. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, no le dieron de comer durante tres días ni le permitieron descansar, además de ser amenazado con la violación de su mujer y de su hija, entre otros malos tratos. Finalmente fue puesto en libertad, pero con claros signos de deterioro por el trato recibido; a los tres días falleció. Otro de los casos mortales está relacionado con un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que falleció por disparos de la Guardia Civil mientras su comando era perseguido por los agentes tras un atentado en Aretxabaleta (Gipuzkoa).

Daniel González, el físico e investigador sobre el que pesaba una orden judicial de desahucio, ya ha dejado su piso de Burjassot, a ocho kilómetros de Valencia. Sobre las seis de la madrugada de este jueves se ha despertado en la vivienda en la que residía de alquiler desde 2009 por los numerosos ruidos en la calle. Al asomarse a la ventana, ha visto un amplio despliegue de furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que estaban “cortando la calle”, según relata.

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La Policía Nacional ha detenido en total a seis varones, dos de ellos menores de edad, por robar y provocar la muerte de una anciana en Burgos el pasado 13 de octubre, en cuya casa entraron dos de ellos, los dos menores. La mujer, de 83 años, fue hallada maniatada y amordazada y falleció porque necesitaba un aparato de oxígeno que no le dieron. Los supuestos autores han sido arrestados en los últimos días. Según el subdelegado del Gobierno en la provincia, Pedro de la Fuente, no se trata de un “grupo criminal organizado”, sino que en ciertas ocasiones se coordinan para cometer distintos delitos.

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© POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

Reclaman que se atienda la crisis estructural en el sector público y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abra una negociación sobre sus demandas

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.

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© Jardun Koordinadora

Un Kalashnikov y un lanzagranadas ocultos en una bolsa de basura. Ocho fusiles de asalto abandonados en un coche tras una persecución a más de 150 kilómetros por hora. Dos hallazgos en apenas siete días que hablan del tamaño del agujero: los fusiles de asalto circulan por España sin control.

El primer caso ocurrió en plena calle del barrio sevillano del Tiro de Línea, cuando un vecino alertó de lo que escondía un plástico negro tirado en la acera. Apenas unos días después, la autovía entre Alicante y Elche fue escenario de una fuga que acabó con un vehículo estrellado en unos cultivos de Murcia. El conductor logró huir a pie, pero dejó atrás una carga que eleva el nivel de alerta policial: ocho fusiles automáticos AK-47 en su interior. Ver un fusil tirado en la calle o interceptarlo en una persecución es solo el escaparate: hallazgos aparte, la incógnita necesita saber cuál es la ruta logística de las mafias y cuál es la cotización de estas armas en un circuito tan opaco.

Fusiles de asalto desde 1.000 euros

Conseguir un fusil de asalto a través de los circuitos ilegales puede costar entre 1.000 y 4.000 euros por unidad, según las estimaciones sobre el mercado negro europeo, un precio que varía en función del modelo, su estado de conservación y las circunstancias de cada transacción. En América Central, la presencia de este tipo de armas en países como Costa Rica se ha relacionado con envíos procedentes de Nicaragua y con rutas vinculadas al narcotráfico desde Colombia. En esta región, la horquilla sitúa el precio de los fusiles en torno 1.500 y 2.000 dólares, aunque algunas armas pueden acabar llegando posteriormente a España a través de redes de tráfico ilícito y su precio aumenta.

Frente a los circuitos ilegales, la imagen del AK-47 también tiene presencia en el mercado legal, aunque bajo condiciones muy distintas; en España, la venta de armas de fuego está sujeta a una normativa específica y los establecimientos autorizados comercializan rifles destinados a la caza, el tiro deportivo y el coleccionismo. Es el caso una armería situada en Viladecans (Barcelona), cuyo catálogo en línea incluye modelos civiles de fabricantes como Kalashnikov USA.

Si bien estas armas pueden compartir la estética del conocido fusil, su funcionamiento y su régimen legal difieren de los de las versiones automáticas, sometidas a restricciones específicas. A esta oferta, además, se suman las réplicas recreativas y los modelos de airsoft, que reproducen su apariencia sin ser armas de fuego funcionales o que utilizan balines, mucho más accesibles para el gran público y sin necesidad de navegar demasiado por la denominada 'dark web'. Así, el AK-47 trasciende el mercado negro y su imagen está presente también en ámbitos como la venta legal de armas, el coleccionismo y el ocio.

"Creemos que llegan desde Marsella"

El foco vuelve a Cataluña cuando se trata de analizar las posibles vías de abastecimiento de las organizaciones criminales: su conexión con Francia y la actividad de grupos delictivos asentados en la región forman parte del contexto que construye esta realidad. Albert Palacio, portavoz del sindicato policial USPAC, sostiene que la competencia entre organizaciones criminales contribuye a que estas busquen disponer de armamento para proteger sus actividades y enfrentarse a grupos rivales: ''El crimen organizado tiene que armarse'', afirma. Y añade: ''Se siguen armando con armas de guerra''.

Palacio también apunta a la posible influencia de los conflictos internacionales en el movimiento de armas por Europa: ''Estando la guerra de Ucrania tan cerca, hay muchas armas que pasan por aquí'', asegura. Sobre las posibles vías de entrada en España, señala: ''Creemos que la entrada es por desde Marsella''. Según su explicación, Barcelona como ubicación, desempeñaría un papel relevante en la distribución posterior: ''Tienen sus contactos, sobre todo en Barcelona, que es donde las consiguen y desde aquí se distribuyen'', explica. Su testimonio apunta a la existencia de intermediarios y contactos entre redes internacionales y grupos delictivos locales.

El riesgo para los agentes

La presencia de armas automáticas introduce un factor adicional de riesgo en las intervenciones policiales: una persecución que comienza por una conducción peligrosa puede complicarse si los ocupantes transportan armamento de guerra, como ocurrió en el caso de Alicante. Allí, los agentes tuvieron que hacer frente a una huida en la que el conductor embistió repetidamente a los vehículos policiales y puso en peligro a sus ocupantes.

Palacio advierte de la diferencia entre las armas cortas habituales en otros delitos y los fusiles de mayor calibre –algo sobre lo que ya informó El Independiente–. Su preocupación se centra en la protección de los agentes ante un posible enfrentamiento con este tipo de armamento: "Nuestros chalecos no pueden contra un disparo de armas de guerra".

Una vez incautado un fusil, el trabajo continúa en el laboratorio. Su análisis puede ayudar a identificar el modelo, determinar algunas de sus características y buscar indicios que permitan esclarecer su procedencia o relacionarlo con otros hechos. Palacio describe así parte del procedimiento: ''Recogerlas y llevarlas al laboratorio, a la unidad de armas y que las analicen. En el caso de que sean reales, conocer más o menos el modelo, año de origen y buscar huellas''.

Dos hallazgos y muchas preguntas abiertas

En Sevilla, la Policía Nacional intenta identificar a quien dejó el fusil y el lanzagranadas en la vía pública. En el caso de Alicante, las pesquisas posteriores a la persecución permitieron detener a cuatro hombres, que deberán responder ante la Justicia por los presuntos delitos que se les atribuyen. En ambos episodios, el origen y el destino del armamento siguen siendo cuestiones centrales para esclarecer lo ocurrido.

Los dos casos muestran cómo las armas de guerra pueden aparecer en circunstancias muy diferentes: abandonadas en una calle o transportadas en un vehículo que trata de escapar de la Policía. Pero el hallazgo de un fusil no basta, por sí solo, para determinar de dónde procede, a quién iba destinado o si forma parte de una red criminal más amplia.

Esas son las preguntas que deberán resolver las investigaciones. Mientras tanto, las armas intervenidas quedan fuera de circulación y a disposición de los análisis policiales, que pueden aportar nuevas pistas sobre su procedencia y sobre las personas que las tuvieron en su poder.