Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantienen líneas de comunicación y una relación que en Génova califican de civilizada y cordial. No siempre fue así, no al menos de forma pública cuando el PP acusaba a los ultras de hacerle el juego a Pedro Sánchez y los de Vox aseguraban que las siglas populares en nada se diferenciaban del PSOE. Los pactos en las Comunidades autónomas, la mala convivencia interna, la espantada de los voxistas en julio de 2024 son algunos de los hitos que contribuyeron a enturbiar una relación que no fue nunca fácil.

Antes del desembarco de Feijóo en la presidencia nacional del PP, le tocó a Pablo Casado, su antecesor, lidiar con Abascal. Aún se recuerda el discurso demoledor que pronunció el líder popular en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados durante el debate de la moción de censura que Vox presentó en octubre de 2020, en plena pandemia. Su "hasta aquí hemos llegado", resonó en las paredes del viejo edificio de la carrera de San Jerónimo. "Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias", le espetó a Abascal. Incluso bajó al terreno de lo personal cuando le acusó de que "esta moción no la dispara contra el Gobierno sino contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba y hasta aquí hemos llegado".

Si de algo presumió Feijóo siendo presidente de la Xunta fue de su capacidad para desactivar a Vox

Se puede especular respecto a cuál hubiera sido la posición de Casado si la aritmética electoral le hubiera puesto en el brete de pactar con Vox o despedirse de cuotas de poder. De qué diría ahora cuando todas las encuestas -mejor obviar al CIS de Tezanos- hablan de un sólido bloque de centro-derecha para desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa. Ojo, tampoco Feijóo era un entusiasta de los pactos con Vox. De hecho, si de algo presumió siendo presidente de la Xunta gallega fue de su capacidad para servir de contención a los de Vox, sin un solo diputado autonómico y con una concejala en la localidad orensana de Avión (Lilian Cerdeira) que acabó dejando el partido.

Vox era para Feijóo una especie de "cuerpo extraño" con el que nunca había tenido que lidiar. Hasta que llegó a Madrid y encontró a un partido que había convertido al PP en el objeto a abatir. La hemeroteca está llena de recriminaciones directas e indirectas a Vox por hacerle el juego a los socialistas, hasta el punto de acusar a los ultras de ser "aliados del sanchismo". Y Vox, por su parte, ha culpabilizado no pocas veces a Génova de mover los hilos en medios de comunicación amigos para perjudicarles.

"Complejos" y "miserias" de Vox

Ocurrió, por ejemplo, este mismo año durante la campaña aragonesa, cuando ABC publicó unos audios de dirigentes voxistas de Aragón criticando a Bambú. "El PP se lanza a la guerra sucia contra Vox para que no se hable de su estafa y de su corrupción reciente en Almería y en Alicante", dijo Vox.  "Que no focalice ni sus complejos ni las miserias de su partido en el PP", le replicaron los populares.

Este ha sido hasta no hace mucho el clima entre ambos partidos. Incluso cuando se sentaron a negociar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pero la interlocución ha dado un giro más que llamativo. Hay tregua, acaso producto de esos contactos entre ambos líderes tras años de desencuentros. Una tregua que, como reveló El Independiente, se ha trasladado incluso a esos ejecutivos autonómicos. Los vicepresidentes y consejeros de Vox han optado por un perfil bajo, sin ir a la confrontación con sus socios "siguiendo instrucciones de Bambú", afirman algunos barones autonómicos.

Abascal asegura que Feijóo y él tienen "diagnóstico similar de lo que está pasando", pero "recetas distintas"

A lo más lejos que llegó Feijóo el pasado 12 de octubre durante la recepción en el Palacio Real fue a decir que con Vox "no habrá cordón sanitario, pero tampoco cordón umbilical", según comentó a los periodistas. Ahora todos se preguntan si esa contención se mantendrá a lo largo de la campaña electoral del 29 de noviembre. En una reciente entrevista de Abascal en el ABC dio "garantías" sobre su voluntad de entendimiento con Feijóo con el objetivo de desalojar a Sánchez del poder.

Interrogado sobre el estado de sus relaciones con Feijóo, la calificó de "cordial y hablamos todo lo que es necesario. Mantenemos esas conversaciones discretas, pero hablamos y tenemos un diagnóstico similar de lo que está pasando con este Gobierno. También recetas distintas. Eso es lo que tienen que elegir los españoles que quieren un cambio. Y tendrán que decir cuál es la mezcla, o si no hay mezcla y le dan todo el poder a uno u otro". En todo caso "sí puedo dar la garantía de que nosotros tenemos una voluntad de entendimiento". Nada de 'derechita cobarde' ni de 'PPSOE'.

El PP asume que Vox es "la respuesta emocional de un país que está hasta los cojones (sic)".

Dicha tregua no significa que cada uno no juegue sus cartas electorales, pero sin necesidad de saltarse el 'pacto de no agresión'. El presidente del PP ha escogido para su equipo electoral a Miguel Tellado, Alma Ezcurra y Ester Muñoz. También se baraja el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo de dos de la lista por Madrid. No se puede decir de ninguno de ellos que tengan un perfil poco batallador. Tellado es uno de los interlocutores habituales con el partido ultra. Además, las fundaciones de ambas formaciones políticas, eso es, Reformismo21 y Disenso, sirven también de escenario "neutral" de comunicación.

En cuanto al crecimiento exponencial que parece estar viviendo la formación de Abascal sin apenas intervenir en el debate político, los sentimientos del PP son contradictorios. Por un lado entienden que ese crecimiento es "la respuesta emocional de un país que está hasta los cojones (sic)". Significa que, en ese contexto, "es complicado votar con la cabeza". Pero el PP "es un partido de Estado y no puede cometer según qué excesos", por lo que entienden que no pueden competir en ese terreno a pesar del endurecimiento del discurso popular en materias como la inmigración.

El vaticinio de Iván Redondo sobre Yolanda Díaz

De otro, la evidencia de que un Vox fuerte le permitirá  a Feijóo tener los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno. Pero el riesgo reside en que ese crecimiento llegue a impedir al PP ser la primera fuerza política, por delante del PSOE. Lo auguran spin doctor como Iván Redondo, viejo conocido de los populares. Pero ahí Génova tira de ironía: "También vaticinó que Yolanda Díaz iba a ser la primera mujer presidenta del Gobierno".

Pedro Sánchez has turned a parliamentary defeat over housing into a general election on 29th November.

The calculation is clear: force Spain’s political argument onto territory more favourable to the left before migration, corruption allegations and parliamentary paralysis return to the foreground. But the polls suggest that the gamble could still deliver power to the centre-right People’s Party and Vox.

Pedro Sánchez’s decision to dissolve Spain’s parliament nine months ahead of schedule is more than an admission that his minority government had reached the limits of what it could achieve in the Congress of Deputies. It is an attempt to choose the terms on which his government will be judged.

The immediate trigger was the defeat of two emergency housing decrees after the conservative People’s Party (PP), Vox and Catalan separatist Junts voted against them. Housing had already moved rapidly to the centre of Spanish politics following the eviction of 87-year-old Maricarmen Abascal from the Madrid flat where she had lived for 71 years, followed by large demonstrations across the country. EU Today has previously reported on both the housing protests across Spain and Sánchez’s subsequent decision to call the election.

The prime minister is now attempting to convert legislative weakness into electoral advantage.

In his announcement on 5 October, Sánchez presented the election as a choice between a broader progressive majority capable of advancing social legislation and an opposition that had obstructed measures on housing and other domestic priorities. The government reinforced that strategy a day later by approving revised versions of the two housing decrees, containing 21 measures including tax incentives, assistance for first-time buyers and measures intended to increase supply. They will require validation by the Diputación Permanente, the standing parliamentary body that remains after dissolution.

The political calculation is straightforward. Housing offers Sánchez an issue on which anger is directed not only at government but at landlords, property investors, regional authorities and political parties opposing stronger regulation. The eviction of Abascal gave that argument a human symbol and transformed a long-running affordability problem into an immediate political confrontation.

That does not mean the strategy will work.

Most polling continues to place the PSOE behind the PP. Surveys put the Socialists at roughly 28 per cent, while Vox has risen to around 18 per cent. A PP-Vox combination is currently the only bloc consistently projected to command an outright parliamentary majority. One Sigma Dos survey published after the election announcement projected the two parties winning 203 of the Congress’s 350 seats.

Sánchez therefore appears to be playing less for immediate dominance than for mobilisation.

His problem before the housing protests was not simply the strength of the right. The broader left had become fragmented, while the government was being damaged by disputes over migration, particularly following the crisis in Ceuta, as well as corruption investigations involving figures associated with the PSOE. At the same time, Junts had become an increasingly unreliable parliamentary partner, leaving the government unable to guarantee major legislation or a new budget.

Housing changes the subject.

It allows Sánchez to argue that the central question is not whether his coalition has governed smoothly, but whether voters want a parliament prepared to intervene more aggressively in the housing market. The PP, however, is contesting precisely that framing. Alberto Núñez Feijóo argues that the housing shortage is itself a product of Sánchez’s eight years in government and has promised to raise annual construction towards 200,000 homes while reducing taxes.

The election may therefore develop into a dispute over responsibility rather than diagnosis. Both sides accept that housing has become a major national problem; they differ sharply over whether regulation or additional supply should dominate the response.

There is also a wider European dimension. Housing affordability is increasingly politically disruptive across the EU, including in major cities where construction has failed to keep pace with household formation, migration and demand for short-term accommodation. EU Today has examined similar pressures in Berlin’s housing market. Spain could now provide a test of whether housing can become powerful enough as an electoral issue to reverse the wider European movement towards the right.

For Ukraine, however, the consequences are likely to be less dramatic than Spain’s domestic political contest might suggest.

Sánchez committed €1 billion in bilateral military support to Ukraine for 2026, with Spain putting its cumulative bilateral military assistance since Russia’s full-scale invasion at almost €4 billion. Madrid has also trained more than 9,000 Ukrainian military personnel.

Spain is also home to a considerably larger Ukrainian community than the roughly 300,000 figure frequently cited. Government data showed 353,009 Ukrainian nationals holding valid residence documentation at the end of June, including 262,782 under temporary protection.

A PP-led government would alter Madrid’s domestic priorities and potentially its approach to defence spending and migration, particularly if Vox were required to sustain a parliamentary majority. Yet there is little basis at present for assuming that a change of government would produce a reversal of Spain’s fundamental position on Russia’s invasion or membership of the European and Atlantic security structures supporting Ukraine.

The more immediate question is whether Sánchez can make housing important enough to overcome the electoral arithmetic confronting him.

Calling the election has allowed him to escape a parliament in which his legislative coalition was steadily disintegrating and to enter a campaign around an issue capable of mobilising his electorate. It has not changed the fact that the PP and Vox begin that campaign with the stronger numbers.

Sánchez has chosen the battlefield. On 29th November, Spain will decide whether that was enough.

There are moments in the life of democracies when parliament, because of its divisions and deadlocks, is unable to respond to the urgent needs of a country — and when that happens, it means it is time to give citizens a voice. Spain is living through one of those moments.

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Spanish Prime Minister Pedro Sánchez delivered an institutional address from La Moncloa, the seat of government in Spain, to announce that a snap general election will be held on November 29.

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