Ha habido pocos músicos tan legendarios e históricos en España como Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943). El cantautor de Mediterráneo llevaba dos años retirado cuando, en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado reconoció una trayectoria que, según destacó en su fallo, había conseguido trascender la música hasta convertirlo en un “referente cívico”, además de su defensa de la tolerancia, la diversidad y el diálogo. “En el trabajo de Serrat, de honda raíz mediterránea, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”, dictó el jurado, añadiendo que el autor de Hoy puede ser un gran día “es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”.
Serrat tenía 80 años cuando subió al escenario del Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el galardón. Él mismo se presentó con bastante menos solemnidad: “Como ven, soy un señor mayor tirando a viejo”. Después recordó que venía de “una larga posguerra” y de una familia humilde, habló de su oficio —“cantar y escribir canciones”— y terminó haciendo algo parecido a una declaración de principios sobre cómo entiende la vida y la convivencia.
“Soy un hombre partidario de la vida. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad”, afirmó. Serrat defendió después la tolerancia, “el respeto al derecho ajeno” y el diálogo como forma de resolver los conflictos. Fue entonces cuando pronunció una de las frases centrales de su intervención: “Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no van”.
Una trayectoria marcada también por sus posiciones políticas
La declaración encajaba con una trayectoria en la que Serrat no siempre ha separado las canciones de sus convicciones. En 1968, el catalán iba a representar a España el mismo año que Massiel ganaba La, la, la. Sin embargo, ante la negativa de RTVE de que cantara la canción en catalán, fue sustituido por la cantante madrileña de 21 años.
Años después, en 1975, sus críticas a las últimas ejecuciones de la dictadura franquista durante una estancia en México le obligaron a permanecer en el exilio, algo que le afectó a nivel creativo: “Era muy difícil escribir, todo lo que tengo escrito de aquella época es francamente malo, como si con todo lo que ocurría me hubiera quedado vacío. Tuve que inventar una gira por México de varios meses para alargar el proceso de la muerte de Franco, que parecía que no acababa nunca, hasta la transición que llevaba a la desaparición de los mecanismos represivos”, dijo en una entrevista a El País en 2014
En Oviedo, Serrat llevó aquellas convicciones hasta la antigua actualidad. Aseguró que no le gustaba un mundo que consideraba “hostil, contaminado e insolidario”, lamentó ser testigo de “atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas” y rechazó conformarse con ver “los sueños varados en la otra orilla del río”.
Retirado de las giras desde 2022, Serrat continúa participando en actos culturales. Este mismo octubre de 2026 regresó a un escenario universitario en La Laguna para conversar con estudiantes y terminó cantando Cantares acompañado por la Coral Universitaria. Y el próximo 21 de octubre recibirá en León el Premio Leteo 2026, antes de participar al día siguiente en un coloquio sobre su obra.
Spain’s Left has now missed its last chance to unite ahead of the country’s snap election on 29 November — a historic failure, not so much because the numbers don’t add up, but because it fails to offer an alternative.
The elections are seen as pivotal, with a real chance that the far-right Vox will enter the government for the first time since Spain’s return to democracy in 1978, in a coalition with the centre-right People’s Party (PP), which itself is expected to fall short of an absolute majority.
With that possibility on the horizon, the Spanish parties to the left of the PSOE (Spanish Socialist Workers’ Party), led by PM Pedro Sánchez, tried to agree on a nationwide joint list for the 29 November snap election.
But they failed because of a “war of egos”, as one political leader described it, and old grudges dating back to 2023. This has left many disillusioned and the left even more divided.
“These past few days have been very difficult … some people will be disappointed today, and for that I am sorry,” Ada Colau, former Barcelona mayor and leader of the Broad Front, said last week, as her alliance failed to reach an agreement on a joint electoral platform ahead of the election.
Spain’s electoral system disadvantages smaller parties, especially in less populated provinces. That means their votes are less likely to translate into seats.
In Spain, a country where a two-party system was the norm until 2015, it is puzzling that the “new” left, born precisely to break that duopoly, has ended up too divided to even compete with the mainstream.
So what’s the picture? On one side, the right is more aligned than ever: the PP and Vox are running separately, but the conservative party openly says it is willing to strike a deal with the far-right if needed. Liberalism is almost non-existent, even though Democracia 21 will run for the first time, but only in Madrid and Barcelona. And the left is divided.
War of egos
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado la decisión del Ejército de Tierra de “no renovar”el compromiso militar de un soldado por no reunir las condiciones necesarias para desempeñar la profesión. Entre las condiciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha citado sus continuas faltas al trabajo, su falta de aseo personal, el abandono de sus obligaciones cuando no había un superior presente y el incumplimiento de las tareas que le encomendaban sus mandos.
Así lo establece una sentencia del pasado 10 de septiembre, a la que ha tenido acceso Infobae, en la que la sala desestima el recurso presentado por el militar contra la resolución del Ejército de Tierra que rechazó prolongar su compromiso inicial. El soldado, que ingresó en las Fuerzas Armadas el 24 de agosto de 2020, solicitó su renovación en febrero de 2022 y posteriormente reclamó judicialmente su reincorporación, así como el abono de los salarios atrasados.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia andaluz no le ha dado la razón. Los magistrados José Santos Gómez, Ángel Salas Gallego y Pedro Marcelino Rodríguez Rosales, ponente de la sentencia, sostienen su decisión en los informes personales de calificación del soldado (IPEC), el documento oficial que valora de forma periódica las cualidades, méritos, aptitudes, competencias y el desempeño profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. En 2021, este militar obtuvo la peor nota posible, una E —letra equivalente a un deficiente, un 4 en número—, en seis apartados: carácter, relación personal, actitud ante el servicio, trabajo en equipo, actitud con los superiores y prestigio. También recibió una D, la segunda peor calificación —un “normal”; 6,5 en numérico—, en otros aspectos relacionados con sus capacidades y desempeño profesional.
Según recoge la sentencia, los tres militares que integraban la Junta de Calificación advirtieron de que el militar “no avisa a su superior de sus continuas faltas al trabajo, descuida su aseo personal, abandona sus obligaciones si no hay un mando presente, no colabora en las tareas colectivas, sino que deja el trabajo a sus compañeros, y no realiza las tareas que le encomiendan sus superiores o lo hace tarde”. Los informes también reflejaron seis infracciones leves cometidas entre junio de 2021 y febrero de 2022, relacionadas con el incumplimiento de órdenes, el aseo y la uniformidad, la impuntualidad o el abandono temporal del servicio. No obstante, la instructora redujo a cuatro las faltas que podían tenerse en cuenta.
Obtuvo la peor nota posible en los informes personales de calificación del soldado (IPEC)
A esto hay que añadirle un episodio ocurrido en otoño de 2021. Según el testimonio del teniente coronel jefe de grupo, el militar manifestó que no se encontraba en condiciones de participar en una misión de seis meses en Líbano, por lo que prefirió permanecer en Córdoba y rechazó su participación. Por todo ello, sus superiores le exigían un cambio radical en actitud y colaboración con el resto de sus compañeros, alegando incluso que podría llegar a ser un buen soldado si cambiaba.
En su recurso, el soldado defendió que el informe de un único mando no justificaba la decisión. Sin embargo, los magistrados rechazan este argumento porque las valoraciones negativas procedían de distintos superiores y organismos militares. “No es precisa una actitud constante contraria a los valores militares, sino que basta con los que aun aisladamente revelen su inhabilidad”, sostiene la sentencia. De la misma manera, recuerdan lo dictado en el artículo 9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas, que menciona que superar las pruebas físicas, pasar el reconocimiento médico, no consumir drogas y carecer de antecedentes penales no garantiza la continuidad en el Ejército.
Por todo ello, el TSJA desestima la demanda y condena al soldado a pagar las costas procesales, limitadas a 300 euros más IVA. La sentencia contempla la posibilidad de interponer recurso de casación si concurren los requisitos legales.
El Ejecutivo regional presenta sus alegaciones al órgano fiscalizador y reclama el archivo de las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid
La jueza pregunta a la Fiscalía si es competente para investigar el ático de lujo que compró el Gobierno de Ayuso
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid y no abra una investigación para indagar en la adquisición por parte del Gobierno regional de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que la actuación “se ajusta plenamente a la legalidad” y a los “estatutos y competencias” de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda. También subrayan que esa operación “no supone un deterioro económico” para las arcas públicas.
El Tribunal de Cuentas solicitó a la Fiscalía, a la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid que se pronunciara sobre la conveniencia de nombrar a un instructor para que estudie si hubo desvío de fondos públicos en la adquisición de ese ático que seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa.
De acuerdo a las fuentes de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid “adquirió el inmueble dentro del objeto social de la empresa pública, cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional”. En sus alegaciones, los servicios jurídicos afirman también que el inmueble, que costó 6,3 millones de euros, “se adquirió por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra”.
El escrito presentado se acoge a la última versión ofrecida por el Ejecutivo de Ayuso, consistente en que el ático se compró para “alojar a las propias autoridades de la Comunidad”. Así, dicen que el inmueble “se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición”. Y subrayan que “en ningún caso, el inmueble se adquirió como vivienda oficial para la presidenta”.
El documento también afirma que el consejero delegado de Planifica Madrid “es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa”. Y resalta que “la operación tenía como finalidad incorporar un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales de la Comunidad de Madrid”.
Un exdirectivo de la empresa de aguas atribuye la idea de crear un campo de golf en el centro de Madrid a la expresidenta regional, quien finalmente declarará este jueves como testigo en el juicio del caso Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional
Ignacio González se sienta en el banquillo por el amaño del campo de golf que el PP construyó en el centro de Madrid
El juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de Madrid ha acogido este lunes la declaración como testigos de más de una decena de testigos, la mayoría de ellos vinculados al Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas sobre la que se levantó esa infraestructura deportiva ya demolida.
Entre ellos, ha comparecido el que fuera consejero de Medioambiente durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Mariano Zabía, quien ha negado la existencia de “intereses ocultos” en los contratos del Canal adjudicados a familiares de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Zabía, quien era vicepresidente de Canal de Isabel II, ha dicho que no percibió de ninguna manera que hubiera interés en beneficiar a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos, quienes también se sientan en el banquillo.
Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.
Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello.
Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.
Ante el tribunal, Zabía, al igual que otros testigos, ha dicho en reiteradas ocasiones que no podía recordar determinadas cuestiones planteadas por las acusaciones. “¿Usted recuerda que en ese Consejo de Administración se dijo algo de que esas empresas estaban vinculadas a Ignacio González? ¿Ese dato lo recuerda? ¿Le podía pasar desapercibido?”, le ha preguntado la fiscal. “Vamos a ver, ese dato no lo recuerdo. Es posible que me pasase desapercibido, digamos, pero no creo que me pasase desapercibido un dato en principio relevante. Pero insisto, no le puedo contestar taxativamente porque no lo recuerdo”, ha respondido el testigo.
En la sesión de este lunes también ha comparecido Adrián Martín López de las Huertas, quien en la época de los hechos investigados era director de Ingeniería del Canal de Isabel II. Ante el tribunal, el testigo ha dicho que la idea de modificar el proyecto del Tercer Depósito para realizar un campo de golf “partió de Esperanza Aguirre”, quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid. El testigo, que fue quien dio el visto bueno a ese proyecto, ha reiterado que “nunca” recibió presiones para firmar ese documento.
“¿Alguien de Dragados le comentó que don Ignacio González estaba influyendo en el proyecto, estaba interviniendo, estaba inmiscuyéndose de alguna manera?”, le ha llegado a preguntar la fiscal. “No”, ha respondido el testigo, quien llegó a estar en prisión provisional por este caso aunque finalmente el caso fue archivado para él.
El tribunal ha comunicado que aplaza al jueves la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, prevista inicialmente para este miércoles, debido a que este día finalmente no habrá jornada de juicio.
Puede prepararse asada en el horno, en guisos o en postres. No solo eso, cada pieza cunde mucho, por lo que es ideal para preparar comida para varios días, o alimentar a varios comensales a la vez
En ensalada, fritos o a la sartén: tres maneras de combinar garbanzos con huevos y verduras para resolver una comida rápida
Octubre es uno de los mejores meses para la calabaza, uno de los alimentos más emblemáticos y deliciosos que trae el otoño. Pese a que en el imaginario colectivo ha trascendido la imagen de una calabaza pepona, achatada, con un color naranja muy vivo, lo cierto es que se presenta en multitud de formas y tonalidades. Y con estas variedades, la calabaza ha adoptado múltiples nombres, como butternut, delicata o kabocha. No solo varían en su aspecto, también en su sabor y textura, lo que influye a la hora de cocinarlas.
El otoño no solo cambia la gama cromática de todo lo que nos rodea, también trae consigo nuevas oportunidades gastronómicas en forma de deliciosos ingredientes, como las castañas, los caquis y los cítricos. A estos frutos populares les está ganando terreno la calabaza, que está siendo rescatada de nuestro recetario gracias a su delicioso sabor, pero especialmente por su versatilidad. Puede prepararse asada en el horno, en guisos o en postres. No solo eso, cada pieza cunde mucho, por lo que es ideal para preparar comida para varios días, o alimentar a varios comensales a la vez.
Este pariente del melón, el calabacín o el pepino pertenece a la familia de las cucurbitáceas, unas plantas trepadoras rastreras de las que existen más de 800 variedades. En el caso de las calabaceras, estas crecen directamente en el suelo, en una forma que recuerda a la vid, creando estructuras complejas y entrelazadas. Su hoja es grande, ancha y aterciopelada; mientras que su flor -que también se puede comer- es extensa y amarilla, con forma de trompeta.
Con independencia de la variedad que elijas, debes saber que la calabaza es un fruto con un gran atractivo nutricional. De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN), contiene un gran aporte de vitamina C: solo con una ración es capaz de cubrir hasta el 31% de las ingestas diarias recomendadas. Además, es rica en carotenoides, que favorecen la transformación de la vitamina A en nuestro organismo. Por si fuera poco, aporta cantidades atractivas de fibra.
Cómo cocinar la calabaza butternut
La calabaza butternut es fácil de identificar por su forma de pera
Posiblemente esta es la variedad de calabaza que más veas en el mercado o en comercios generalistas. También conocida como calabaza cacahuete o violín, estas denominaciones son extremadamente descriptivas, ya que se deben a su característica forma de pera. Su piel es de un tono anaranjado pálido y mate, con una textura fina y lisa, fácil de pelar si la comparamos con otras calabazas.
Puesto que su temporada puede llegar a extenderse hasta diciembre, es conocida como una calabaza de invierno. Se trata de una de las calabazadas más populares gracias a su versatilidad y su pulpa firme y sabrosa, que no llega a ser demasiado dulce, por lo que puede servir para preparar platos principales y postres por igual. En boca, tiene un ligero sabor a nuez, lo que le dará un toque único a platos al horno, fritos o asados.
La puedes rellenar y gratinar con quesos como el feta y el parmesano, miel y unos frutos secos para potenciar todo su sabor. Otra opción es aprovechar su textura firme, laminarla y prepararla a baja temperatura en el horno: el resultado será una calabaza melosa que podrás depositar sobre una cama de puré de patata o una cucharada generosa de queso ricotta, un entrante perfecto para sorprender a tus invitados.
Cómo cocinar la calabaza delicata
Se trata de un calabaza con la pulpa muy dulce
Una calabaza con un perfil gustativo lleno de carácter es la delicata, gracias a su característico sabor dulce, con notas de maíz y frutos secos. Su aspecto exterior recuerda más a un melón amarillo que a un fruto de la calabacera, gracias a su forma cilíndrica y a su color pálido, con rayas verdes. También presenta un tamaño reducido, con un peso que no suele superar el medio kilo. La temporada de esta calabaza es más tardía que la de otras variedades autóctonas, ya que la siembra y cosecha comienzan en diciembre y se extienden hasta abril.
Al igual que la calabaza butternut, su piel es fina, pero ello no impide que se pueda rellenar. De hecho, es perfecta para este fin, gracias a su pequeño tamaño, ideal para una ración. Por su sabor dulce y su pulpa cremosa, es perfecta para prepararla asada. Gracias a su alto contenido en azúcar, asumirá un aspecto glaseado, con un tostado dorado y acaramelado.
Calabaza kabocha
Se trata de una calabaza con un sabor suave e intenso que recuerda al boniato
No todas las calabazas son anaranjadas, prueba de ello es la kabocha, un manjar con una piel de tonalidad verde intenso. También conocida como calabaza japonesa, se trata de un ingrediente habitual en el recetario del país nipón, gracias a su sabor dulce, suave e intenso, que recuerda al boniato.
Gracias a su potente sabor, puede ser el protagonista de cualquier plato. De hecho, debido a la consistencia de su pulpa y la dureza de su piel, puede prepararse hervida, aderezándola después con un chorrito generoso de salsa de soja. También hace una pareja perfecta con los cortes más grasos de la carne, como puede ser el tocino, dando como resultado un plato meloso, con un perfil gustativo lleno de contrastes. Por último, puede ser el ingrediente perfecto para preparar una tarta, debido a que su sabor a nuez combina a la perfección con el de la mantequilla, la galleta y otros elementos habituales de la repostería.
Dutch MEP says government is trying to avoid EU environmental rules as protests over luxury development turn violent
MEPs have accused Albania of deploying “sneaky” practices to fast-track a proposed Trump-linked luxury resort in the country amid protests that have turned increasingly violent.
As the prime minister, Edi Rama, pledged to “listen to the voices of young people” taking to the streets, there was mounting criticism of his failure to address demonstrators who had long opposed the controversial project peacefully.
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En ocasiones la ficción supera a la realidad y en otras se dan la mano. Francia vive desde hace unas semanas una oleada de disturbios, manifestaciones y protestas que se ha convertido en una de las crisis sociales más graves a las que se ha enfrentado Emmanuel Macron. Lo que el pasado 17 de septiembre comenzó como una movilización estudiantil para denunciar la falta de recursos en el sistema educativo ha terminado convirtiéndose en un estallido de descontento social con disturbios por todo el país, a la que se han sumado sindicatos, trabajadores y miembros de los chalecos amarillos. Solo este sábado se dejaron las cifras más graves: 2.000 detenidos, 600 policías heridos y más de 1.500 comercios vandalizados. El Gobierno francés responsabiliza a la “ultraizquierda”.
Sin embargo, la actuación de las fuerzas de seguridad tampoco ha estado exenta de polémica. El pasado 5 de octubre en Lens, al norte del país, un estudiante de 15 años perdió una mano después de que le explotara una granada lanzada por los antidisturbios. Para entonces, el Ministerio de Educación ya había contabilizado 215 estudiantes heridos desde el inicio de las movilizaciones.
Y por esto se habla del regreso de los chalecos amarillos, el movimiento vivido en el país en 2018 para protestar contra las políticas económicas del Gobierno de Macron. Precisamente en aquellas movilizaciones se ambienta Caso 137; el thriller policial dirigido por el franco-alemán Dominik Moll convierte una investigación sobre un manifestante herido en una reflexión sobre la violencia policial y las dificultades de depurar responsabilidades dentro de las propias fuerzas de seguridad. La película optó a conseguir la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.
Disponible en Filmin
La película, protagonizada por Léa Drucker, gira en torno al disparo con una bala de goma que recibe un joven en su cabeza durante una protesta en París. Drucker interpreta a Stéphanie, una agente de la Inspección General de la Policía Nacional francesa (IGPN), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades cometidas por los agentes. Pese a que en un principio no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, descubrir que la víctima era de su ciudad natal servirá de aliciente para transformar el “caso 137” en algo más que un simple número.
El largometraje, disponible en Filmin desde el pasado 11 de septiembre, fue nominado a ocho premios César en la edición de 2026, entre ellos los de mejor película, dirección y guion original. Finalmente, Drucker se alzó con el galardón a la mejor actriz por su interpretación de Stéphanie, mientras que la cinta también obtuvo el César de los Estudiantes de Bachillerato, concedido por alumnos de centros educativos franceses.
De esta forma, el director franco-alemán vuelve a abordar el universo policial tras su anterior película, La noche del 12, estrenada en 2022 y ganadora de seis premios César, entre ellos el de mejor película y dirección. En aquella ocasión, Moll seguía a un joven inspector de la Policía Judicial obsesionado con resolver el feminicidio de una mujer, quemada viva tras ser rociada con gasolina.
El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para "impulsar" las residencias universitarias en España y facilitar la movilidad de los jóvenes que tengan que desplazarse para estudiar. Según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que se aprobará es un paquete con siete proyectos concretos que se pondrán en marcha "en un muy breve espacio de tiempo" con el objetivo de que, en una primera fase, se puedan crear cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.
"La universidad, evidentemente, no es inmune a uno de los principales problemas de nuestro país: el acceso a la vivienda. Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que la universidad deja de ser el motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades que todos queremos que sea", ha subrayado el jefe del Ejecutivo tras presidir en el Placio de la Moncloa la firma de la declaración sobre el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, al que también se dará luz verde mañana para reformar el actual, de 2010.
La norma, anunciada a principios de año, se aprobará in extremis, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29-N, con novedades como la atención a la salud mental, la conciliación de los estudios con el trabajo y los cuidados, y una mayor protección para estudiantes con discapacidad. Se actualizará, así, el estatuto aprobado hace ya 16 años, el primero que tenía el estudiantado universitario de la democracia. "Hoy el mundo no es el del año 2010 y la universidad tampoco, ni debe serlo. Han cambiado las formas de aprender, de enseñar y de relacionarse", ha señalado Sánchez, antes de mencionar también el impacto que han tenido las nuevas tecnologías y, sobre todo, la inteligencia artificial (IA) en las aulas.
De igual modo que ha cambiado "la realidad" de los propios estudiantes, cada vez más diversa: ya no todos llegan a la universidad por los mismos recorridos académicos y muchos van a trabajar al salir de clase o tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de los hijos o de los padres, o bien sufren algún tipo de discriminación o violencia.
"Todos merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que les proteja. Porque el talento está repartido por toda la sociedad, lo que no se reparte de la misma manera son las oportunidades entre las personas que componen el sistema universitario y nuestra obligación es conseguir que ninguna circunstancia personal, familiar o económica haga que se imponga un obstáculo a que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan", ha defendido, tras celebrar la importancia deesta norma que afectará a casi dos millones de jóvenes "y no tan jóvenes" que estudian en unviersidades de todo el país.
Planes de conciliación y derecho a paro académico
Ese, según Sánchez, es precisamente el "espíritu" del nuevo Estatuto que tienen previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros, para potenciar la participación y la representación del alumnado, promover la movilidad, incidir en el apoyo psicológico y en la salud mental, garantizar la conciliación y proteger los datos y la "desconexión digital". "Ahonda también en la defensa de la integridad académica", ha apuntado.
Según el proyecto de real decreto que se sacó a consulta pública el pasado mes de abril, la norma integra varias medidas clave. Reconoce el derecho a compatibilizar estudios y trabajo y la obligación de que se facilite esa conciliación, para lo cual las universidades deberán elaborar planes generales de conciliación. En esa línea, establece que tiene que haber, por lo menos, dos convocatorias de exámenes por asignatura (una ordinaria y otra extraordinaria) y que se podrá cambiar la fecha de la prueba por motivos de salud, cuidados de dependientes, fallecimiento o enfermedad grave de familiares, representación estudiantil o coincidencia con otras pruebas académicas.
Además, aparece por primera vez la IA y se prohíbe expresamente su uso fraudulento o inapropiado en evaluaciones, trabajos y documentos universitarios. Se refuerzan también las adaptaciones curriculares para el alumnado con discapacidad y necesidades educativas.
El texto establece también que las becas deberán garantizar que ningún estudiante abandone la carrera por motivos económicos y plantea tener en cuenta el coste del alojamiento cuando un alumno haya cambiado de residencia.
Otra de las novedades de la norma es que refuerza la representación estudiantil y se reconoce expresamente el derecho al paro académico, una medida que también estaba incluida en el Estatuto del Becario, que lleva pendiente desde la anterior legislatura.
Desde mediados de los años noventa, en España existen servicios especializados que intervienen en casos conflictivos de separación familiar para garantizar el contacto entre menores y progenitores. Son los llamados Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios a los que derivan los juzgados en situaciones delicadas y que ofrecen un lugar supuestamente neutro y supervisado por profesionales para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de menores. Se trata, no obstante, de un recurso cada vez más saturado y cuestionado por sus empleadas, que denuncian que, a menudo, detrás de esa situación "conflictiva" que el juez ha decidido pasar por alto apelando al interés superior del menor hay un caso de violencia de género o vicaria.
En su última memoria, la Fiscalía aseguró que la "saturación" de estos servicios es "uno de los problemas civiles más extendidos" de 2025, y que ha empeorado respecto al año anterior. Según recoge el documento, las fiscalías de ciudades como Burgos, Córdoba o Madrid reportaron el año pasado listas de espera "que impiden iniciar las visitas supervisadas durante meses" una vez acordadas judicialmente. El Ministerio Público considera que son recursos "muy útiles e incluso imprescindibles" en rupturas de elevada conflictividad, aunque advierte de que siguen siendo insuficientes. En algunos territorios existe un único centro para toda la provincia, mientras que otros presentan horarios limitados, instalaciones insuficientes o están alejados del domicilio del menor.
El problema, sin embargo, no es únicamente de recursos. Profesionales especializadas en la infancia y la violencia de género que tienen contacto con estos puntos de encuentro familiar ponen el foco en otra carencia: "Nuestra mayor problemática ya no es el número de centros o de horas, sino la falta de perspectiva de género en los puntos de encuentro familiares", señala a 20minutosEva Atance, trabajadora social especializada en violencia de género. "No se puede trabajar familiar con violencia. No se puede", subraya.
Coincide con Lupa Pérez, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género en menores, que insiste en que a veces "hay casos de violencia machista o vicaria detrás", pues los agresores utilizan a los niños para castigar o manipular a la madre a través de estos espacios. "No se cuida ni la protección de la mujer y, sobre todo, no se cuida la vulnerabilidad del menor", sostiene.
Obviar la violencia para mantener el vínculo con el padre
Estos servicios especializados intervienen en situaciones de separación familiar y pueden utilizarse simplemente para las entregas y recogidas de los menores (en el caso de Juana Rivas, por ejemplo, se utilizó un punto de encuentro familiar para la entrega de su hijo menor al padre) o para facilitar visitas supervisadas cuando existe sospecha de riesgo, trato inadecuado o una relación que debe recuperarse progresivamente. Pero lo normal es que se use como un espacio en el que el progenitor —habitualmente el padre— mantenga el contacto con sus hijos en situaciones de separación, divorcio o incluso situaciones de violencia de género.
Y es precisamente ahí donde las profesionales consultadas sitúan uno de los principales problemas: aseguran que en muchas ocasiones se utilizan estos puntos cuando ha habido maltrato porque los casos de violencia machista y las custodias se llevan por procedimientos judiciales separados, lo que propicia que, aunque exista una denuncia, una orden de protección o antecedentes de violencia, el conflicto pueda terminar abordándose en el punto de encuentro como una cuestión de relaciones paterno-filiales. "Ponemos parches a la violencia, pero luego realmente en un punto de encuentro, como estamos hablando de familia, ya obviamos la violencia", señala Atance.
De hecho, la propia Fiscalía habla en su memoria del modelo "pionero" que desplegó la Región de Murcia en 2015, bautizado como PEFVIOGEN, "exclusivo para supuestos de violencia de género", que permite supervisar de forma especializada los regímenes de visitas con rendición de cuentas periódica al juzgado y al Ministerio Fiscal. Según datos del Gobierno autonómico, en los seis primeros meses de 2026 estos puntos habían atendido a 143 menores y a 104 familias.
Sobre esta contradicción hace hincapié Gema Cornejo, abogada experta en derecho de familia y violencia de género: "Yo llevé un caso en el que había una condena al padre por darle una patada a su hija menor y el juez le prohibió las visitas a ella, pero no a su hermana mayor, alegando que ella sí tenía vínculo con el padre y necesitaba verle", cuenta a este periódico. A su juicio, estos recursos se emplean como solución intermedia en casos en los que lo que realmente debería existir es una suspensión del régimen de visitas.
"Normalmente son muy reacios a suspender las visitas porque entienden que es más perjudicial para el menor cortar el vínculo con el progenitor y usan esos puntos de encuentro, que al final no siempre funcionan porque es un suplicio para esos niños que muchas veces van obligados porque tienen miedo al padre y se quedan en un rincón", relata Cornejo, que muchos niños acaban somatizando ese miedo con dolores de estómago o incontinencia fecal. Además, en los casos en los que ha habido violencia de género acaba produciéndose una revictimización de la madre obligada a llevar a sus hijos a estos puntos y a coincidir de forma indirecta con sus agresores.
"Yo he discutido con compañeras que proponían devolver la tutela a un señor con una orden de protección en vigor"
Habitualmente los equipos están formados por una psicóloga, una trabajadora social y, en algunos casos, una educadora social. Estas profesionales deben desarrollar las visitas, elaborar informes y trasladarlos a la Fiscalía. Pero, para Atance, todo esto pierde el sentido sin una debida formación con perspectiva de género. La trabajadora social considera especialmente problemático que profesionales de los PEF puedan elaborar informes en los que se plantee retirar la supervisión de las visitas sin tener en cuenta el contexto de violencia.
En esa línea, cuenta que se ha encontrado con situaciones en las que los profesionales "creen más al agresor que a la víctima". "Yo he tenido muchas discusiones con compañeras mías por proponer la recuperación de la tutela a un señor que tiene una orden de protección en vigor y lo que me responden es que su trabajo no es la violencia de género, sino ver cómo está el menor... pero hay que tener un poco de perspectiva", defiende.
La tarea pendiente: escuchar al menor y ver el contexto
La Fiscalía sí defiende este tipo de recursos como necesarios en situaciones delicadas. Su utilidad, dice en la memoria, es "indiscutible" en aquellas situaciones "sin duda complejas en que es necesario restablecer una relación paternofilial muy dañada o rota, o con gran conflictividad entre los progenitores". Pero para las tres profesionales consultadas por este periódico, la utilidad de estos puntos pierde fuerza o incluso genera el efecto contrario si se usa al margen del contexto en el que se produce la ruptura familiar, especialmente en casos en los que ha habido violencia.
Había un par de leyes en tramitación que buscaban atajar este tipo de situaciones fortaleciendo la escucha a los menores de 12 años (que es el límite establecido actualmente por ley para tener en cuenta su opinión), pero ambas han caído por el sumidero de la legislatura al convocarse elecciones anticipadas. El tener en cuenta la voluntad del niño es algo que llevan reivindicando desde hace años las entidades de infancia. "Hay que escucharles y, en función de la edad, si no saben expresarse aún porque son pequeños, te dan muchas pistas. Un niño que se esconde debajo de la mesa del colegio cuando va a venir el padre a buscarle te dice muchas cosas y no te lo ha contado con palabras", subraya la abogada Gema Cornejo.
Según concluye Eva Atance, no ayuda tampoco que las trabajadoras sociales tengan contratos precarios de 16 horas semanales: "Lo que hay es un cúmulo de problemáticas que siguen fomentando que este sistema no funcione".
As fortes altas dos mercados financeiros desencadeadas por eleições em toda a América Latina começam a exibir suas fragilidades -despertando dúvidas entre investidores sobre se devem continuar impulsionando ações e moedas ou vender os papéis para realizar lucros, à medida que as promessas de campanha passam a esbarrar nas dificuldades de governar.
Leia mais (10/18/2026 - 23h00)
ONS data for England and Wales shows 26% of heterosexual divorces in 2025 followed 20 years or more of marriage
Most couples are aware of the dreaded “seven-year itch”, when the honeymoon period wears off and real life starts to bite.
Now official data has shown that couples in England and Wales are more likely to split after 20 years. According to Office for National Statistics figures, more than a quarter of all divorces between opposite-sex couples happened after 20 years or longer of marriage.
Pim Cuijpers, psicólogo clínico e um dos principais investigadores da psicoterapia para a depressão, admite que, apesar de décadas de investigação, continuamos sem saber exatamente o que é a depressão. Em entrevista ao Expresso, fala dos limites da psicoterapia, questiona o entusiasmo em torno dos tratamentos com psicadélicos e aponta os riscos e o potencial dos chatbots na saúde mental
Uno de los nombres más gloriosos de la comedia española tiene apellido de santo. Quizá por eso no es casualidad que buena parte de los proyectos que llevan su nombre sean una bendición para la taquilla: trabajo que firma, trabajo que se vuelve multimillonario. El guionista Diego San José (Irún, 1978) firmó junto a Borja Cobeaga el guion de la que es la película más taquillera de la historia de España, Ocho apellidos vascos (2014); también su secuela, Ocho apellidos catalanes (2015). En los últimos años ha destacado en series: es el creador de los éxitos Celeste, Yakartao Su majestad. En conclusión: San José tiene buenas ideas.
Esta, sin embargo, llevaba años guardada en un cajón. Laura, una veinteañera amante del rock, histriónica y atrevida, en un vuelo Londres-Madrid se enamora de su compañero de asiento: Nacho, un médico mexicano todo lo contrario a ella, al que le encanta tenerlo todo bajo control. Las chispas saltan tanto que ella le propone que, si en el control de equipaje sale primero su maleta, continúan la noche en su casa. Para salirse con la suya, coge la primera maleta que ve... que, para desgracia (o gracia) de ambos, en realidad pertenece a unos terroristas.
Esta es la premisa de La maleta, la obra que más de siete años después ha llevado a la gran pantalla Carlos Therón (Salamanca, 1978), que primero se ideó como una serie y ahora es una película. No fue hasta la incorporación de los guionistas Carlos de Pando y Sara Antuña (Aída o Los Hombres de Paco) cuando el proyecto terminó de tomar forma. “La naturaleza de la película desde el primer momento venía de decir: cogemos personajes de comedia y los metemos en una Jungla de cristal o una película de acción”, señala su director, que ha dirigido éxitos como Fuga de cerebros 2, cuyo estreno en 2011 aglutinó a casi un millón de espectadores en los cines; Es por tu bien, 1,5 millonesen 2017, y Lo dejo cuando quiera, que en 2019 cosechó 1,8 millones.
El carisma también es cosa de mujeres
Protagonizada por Lucía Caraballo (Animal) junto al mexicano Alejandro Speitzer (Disco, Ibiza, Locomía), La maleta es una comedia de enredos que recuerda al slapstick más clásico a la par que aglutina romance y mucha, mucha acción. “En cada comedia siempre intento mantener dos o tres secuencias de slapstick en homenaje a [Buster] Keaton. Hay una forma de narrar que creo que se está perdiendo”, dice, sobre el humor visual y físico del que el cineasta de El maquinista de la General (1927) es uno de sus máximos exponentes.
“Las plataformas y la forma de consumo han cambiado. Muchas veces ni siquiera se está mirando la pantalla”, apunta. Pero la cinta también responde a otra de sus inquietudes: la sensación de que el cine contemporáneo ha perdido parte de su ligereza. “Puede ser que haya ciertas tendencias a hacerlo todo más solemne últimamente. Todo tiene como un poso y un peso y es menos ligero. Pero todo es cíclico y las comedias vuelven”, reflexiona. “La propuesta a lo mejor llega tarde, pronto, mal o bien y acertamos. No lo sé, pero lo que hay que ser es fiel y al tono y a la idea que estás trabajando”.
Para defender la propuesta, era importante el casting. Por eso Caraballo (Madrid, 1999), es “la piedra angular” del reparto qucompletanta Speitzer y la pareja policial formada por los veteranos Leonor Watling y David Lorente. “Para mí era importante que esta peli estuviera capitaneada por gente más joven, incluso gente que no sea tan conocida”, añade el director. Así es como consiguió la actriz su primer papel protagonista, pese a que ha participado en ficciones como El secreto de Puenteviejo, Estoy vivo o No me gusta conducir y debutó en 2009 en Águila Roja. “Carlos me dijo: “Es que te vi y lo tuve claro’”, recuerda la actriz.
Así, Lucía se pone en la piel de una veinteañera que no le teme a coger el toro por los cuernos. “Creo que puede sumar mucho a la comedia un personaje femenino, protagonista, errática e histriónica, que se siente con el derecho a ocupar espacio, coger lo que quiere y disfrutar”, reivindica. Una apreciación que comparte Watling: “Estamos superacostumbrados a ver a hombres haciendo cosas sin pedir perdón y siguiéndoles porque tienen carisma”, afirma.
La complicidad entre los intérpretes fue otro de los ingredientes fundamentales del rodaje. “Siento que nos hemos juntado gente que nos lo pasamos muy bien remangándonos y trabajando. Y la diversión estaba puesta ahí, en el set y en la historia”, explica Caraballo, que define a Speitzer como un compañero “superrespetuoso” y “sin un ego negativo”. “Te manda la pelota para que tú remates, hablando en cuestión de chistes y de gags. Te deja brillar cuando la secuencia lo pide, te deja llevar la acción. Es un muy buen compañero, además de un muy buen actor”, asegura.
Una comedia llena de desdichas
En la ficción, los caminos de los binomios formados por Caraballo-Speitzer y Watling-Lorente terminan cruzándose cuando los terroristas secuestran a los padres de Laura para que les devuelva dicho equipaje con el mencionado artefacto, pero no sin antes atravesar una enrevesada gymkana llena de desdichas que pasan porque el personaje de Speitzer reciba una bala en el culo o que ambos se queden atrapados en el maletero de un autocar.
“Es una peli muy técnica, de mucha coreografía y de mucha coordinación”, reconoce Caraballo, mientras Lorente recuerda una secuencia en la que ambos protagonistas están esposados dentro de un coche patrulla y que termina con su personaje recibiendo una descarga eléctrica. “Hacer todo esto creíble, verosímil y cómico, con gracia y articulado es muy complicado”, explica el actor, que este año también ha estrenado Tres de más y Nuda propiedad. “La película es un escándalo surrealista, pero, ¿por qué no va a pasar?”, añade. “Lo bueno de las pelis así es que tú te entregas. Es como una montaña rusa. Estás subido en el carrito”, señala Watling, que añade que “no te paras a pensar: ‘¿El CNI haría eso?’. Si estás pensando eso, es que tienes un mal día”.
Pero para que la comedia funcione, no solo hubo que acumular situaciones disparatadas, sino saber medirlas. La tarea de encontrar el equilibrio entre acción, romance y humor se prolongó hasta la sala de montaje. “Es algo que puede ser obsesivo absolutamente, pero que por otro lado también nos gusta mucho”, explica. Y aunque las persecuciones y las escenas de acción apenas dejan margen para salirse del guion, el director sí procura dar cierta libertad a sus intérpretes: “Si a la comedia le metes demasiada partitura, probablemente te la cargas”.
Para Lorente, La maleta también es una oportunidad de reivindicar las posibilidades de la comedia española. “Sabemos hacer buenas comedias de aventuras, de acción. Sin miedo y con buenos actores y actrices podemos hacer películas españolas muy buenas”, defiende. Therón, por su parte, cuestiona que el cine se juzgue por cuestiones ajenas a sus cualidades cinematográficas. “Vivimos un momento en el que muchas veces las películas funcionan por motivos extracinematográficos. Hay cosas que se juzgan por las intenciones y no por la película en sí misma”, dice. “Casi me interesa más cómo se cuentan las cosas que el hecho en sí. Las películas y las historias son siempre las mismas. Lo que cambia es el cómo”, finaliza.
Os nossos governos legislam a trouxe mouche para apaziguar uma rua estridente que anuncia o apocalipse. Quando a luta de classes como via para o socialismo falhou, a emergência afirmou-se como atalho
Lo que nació como una promesa de unidad entre las fuerzas a la izquierda del PSOE ha terminado convirtiéndose en un nuevo capítulo de su división. Frente Ampliose presenta este sábado sin Podemos y Gabriel Rufián, después de meses de conversaciones que han llevado a la misma casilla de salida. A medianoche de este viernes expiró el plazo para presentar las coaliciones electorales y, con ello, la posibilidad de formalizar una lista estatal conjunta entre izquierdas para el 29 de noviembre, donde solo han llegado al entendimiento en Comunidad Valenciana y Canarias. “Estamos dando un espectáculo dantesco. Pido disculpas a la ciudadanía, creo que hemos fracasado o estamos muy cerca de fracasar”, reconoció el portavoz de ERC horas antes de dar por concluido el cierre de las coaliciones.
El proyecto integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns celebra este sábado su puesta de largo en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, en Madrid. Lo hará con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata propuesta a la Presidencia del Gobierno y con distintas alianzas territoriales ya cerradas, pero sin haber conseguido su principal objetivo: integrar a Podemos. El partido de Ione Belarra ha apostado por Irene Montero como candidata y por una alianza electoral con ERC en Cataluña, donde Gabriel Rufián encabezará la lista de los republicanos. Ni siquiera la disposición de Colau a renunciar a su candidatura y cambiar el nombre de Frente Amplio para facilitar un acuerdo sirvió para desbloquear las negociaciones. Tampoco horas antes de cerrarlo: “Le pido que no baje los brazos, que no hemos venido a rendirnos”, respondió la líder de los Comunes a la afirmación del portavoz de ERC de que “había fracasado”.
En las últimas horas, Frente Amplio ofreció a Podemos puestos de salida en Madrid y Cataluña, una de las portavocías del futuro grupo parlamentario y su integración en el resto de candidaturas. La formación morada rechazó la propuesta porque mantenía su negativa a pactar y a romper su acuerdo con ERC.
In extremis, Frente Amplio anunció ayer la incorporación a su coalición de cinco nuevos partidos políticos: Batzarre (Navarra), Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero, Partido Humanista. Además, sí ha conseguido cerrar una candidatura conjunta en la Comunidad Valenciana. Bajo la marca Compromís-Front Valencià, Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià han alcanzado un acuerdo para concurrir a las elecciones del 29-N, con los primeros encabezando las listas de Valencia y Castellón y los morados, la de Alicante. Tampoco ha sido la única excepción. En Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Nueva Canarias concurrirán bajo las siglas de Unidad del Pueblo Canario, mientras que en Aragón y Baleares Frente Amplio ha alcanzado pactos con Chunta Aragonesista y Ara MÉS, respectivamente. Sin embargo, los acuerdos territoriales no han conseguido trasladarse a las dos principales plazas electorales: Madrid y Barcelona. En la capital, Más Madrid ha apostado por Emilio Delgado como cabeza de lista de Frente Amplio, mientras que Podemos ha hecho lo mismo con Irene Montero en unas elecciones primarias celebradas la tarde del viernes.
El acuerdo entre las izquierdas sí ha alcanzado al Senado. PSOE y Frente Amplio registraron una coalición conjunta bajo la denominación Senado de Progreso, que agrupa también a Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre y Més. La alianza se aplicará en más de 40 provincias, con Cataluña y Canarias fuera de este acuerdo, y no incluye a Podemos.
Entre tanto, a comienzos de mes, Montero propuso a los partidos que hoy integran Frente Amplio celebrar unas primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre para elegir al candidato de una posible coalición unitaria. Ante la falta de acuerdo, la formación morada celebró el proceso por su cuenta, con la exministra como única aspirante y el 90,7% de los votos.
Frente Amplio inicia su carrera hacia el 29-N
Pese a los desencuentros, Frente Amplio tratará de escenificar este sábado el inicio de una nueva etapa política. La coalición, que recoge el testigo de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata, ha estrenado esta semana su identidad visual, una página web y el lema “Es la hora”.
Con las alianzas electorales definidas, el siguiente paso será concretar las candidaturas. Los partidos tendrán del 21 al 26 de octubre para presentar sus listas, que se publicarán inicialmente en el Boletín Oficial del Estado el día 28. La proclamación oficial de los candidatos llegará el 2 de noviembre y su publicación, un día después. Ya el 13 de noviembre comenzará la campaña electoral, que se prolongará hasta el viernes 27. Tras la jornada de reflexión del sábado 28, los españoles acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre.
"Se ha perdido tiempo, pero bienvenido sea", dice el catedrático de Derecho Penal Juan Antonio Lascuraín respecto al cambio de idea de la Fiscalía, que ahora opina que España sí tiene jurisdicción para investigar la querella de Rebeca y Laura contra el cantante
Julio Iglesias está hoy más cerca de ser juzgado en España
En un principio, eran solo dos mujeres que venían de países y pasados muy distintos, y que habían coincidido encerradas durante la pandemia en la lujosa villa de Julio Iglesias en Punta Cana, trabajando en condiciones muy duras. Dos entre muchas. Ahora las conocemos como Rebeca y Laura, dos nombres ficticios para proteger a las extrabajadoras que se han querellado contra el cantante por delitos de violencia sexual y abuso laboral.
El relato de lo que vivieron en ese tiempo lo hemos dado a conocer en elDiario.es: acoso, abuso, agresiones sexuales y humillaciones, así lo han contado ellas. “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos”, dijeron.
Esos hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia ya dos veces. La primera, en forma de denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sucedió en los primeros días de enero. Los propios fiscales cerraron la vía, decidieron no querellarse. Ni siquiera valoraron los hechos, se quedaron en el paso previo: ¿puede España tener conocimiento de unos hechos ocurridos en el extranjero?
Había “cuatro puertas independientes” para acceder a la jurisdicción española, como las representa el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín. “Si ya entras por una, no necesitas ni llamar ni que te abran otra. Ya estás dentro”. Y cada una tiene sus requisitos. Los portales son, en su orden legal: la territorialidad, la personalidad activa —que el autor del delito sea español—, la protección —intereses básicos españoles— y justicia universal (delitos considerados internacionalmente como graves).
Para decir que no, la Fiscalía aplicó el principio de territorialidad: como no hay los suficientes “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley, los hechos deben ser perseguidos por los Estados donde ocurrieron los hechos. Se plantó en la primera puerta e intentó abrir la segunda, el de la personalidad activa.
Para esa vía, había tres requisitos: ¿es español la persona señalada? Sí. ¿Los hechos también son delitos en el país en el que fueron cometidos? Sí. ¿Sería España el primer país que juzgue estos hechos? Sí. Triple positivo. Y, a pesar de eso, la Fiscalía dijo no y el caso fue archivado.
Catedráticos especializados en derecho penal y justicia universal criticaron abiertamente la interpretación del Ministerio Público. “Esta decisión era clara y sorprendentemente errónea”, explica Juan Antonio Lascuraín, señalando que el caso cumple los tres requisitos citados. Incluso “doblemente errónea” pues a su juicio se podía haber abierto también la puerta de la justicia universal, la cual “no exige la doble incriminación” en los dos países y “lo que se denuncia son delitos de trata de seres humanos y de agresión sexual”, crímenes reconocidos en los tratados internacionales.
A pesar de las grandes restricciones que tiene la justicia universal desde el año 2014, que la hacen “ya casi irreconocible” para la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de València Lucía Martínez Garay este caso también cumple los requisitos. “Puede ser fuente de conflictos políticos y diplomáticos internacionales, y por ello los Estados tienden a recortarla a veces aunque se pague el precio de dejar impunes algunos delitos graves”, señala. La jueza Victoria Rosell, quien también explicó de manera rotunda por qué hay competencia, analizó que los tratados internacionales firmados por España incluyen las delitos de trata y violencia contra las mujeres entre aquellos perseguibles fuera del territorio.
El desconcierto de los juristas
“En contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de las acusaciones que van dirigidas contra el señor Iglesias”, escribió con rotundidad a los pocos días del archivo Martínez Garay en este periódico. “De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción”, fue igualmente tajante Lascuraín en El País. O Ramón Soria, el catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que escribió en Público que los argumentos para el carpetazo eran “extraordinariamente endebles”.
La Fiscalía archivó tan sumamente rápido el caso que le ardía entre las manos, en tan solo 18 días, que dejó a las abogadas que representan a Rebeca y Laura con tres preguntas clave sin responder. Y esa no fue su única consecuencia: a pesar del archivo, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, peleó para conseguir una copia de la denuncia y del expediente completo, incluidas las declaraciones de las denunciantes que se habían tomado otorgándoles la condición de testigos protegidas.
Vecinos caminan frente a un mural con los rostros de los artistas Julio Iglesias, Johnny Ventura y Juan Luis Guerra en Bávaro (República Dominicana).
Al negarse la Fiscalía a proporcionarle acceso, el cantante decidió denunciarla. Así, se inició un contencioso que ha estado abierto varios meses y que ganó Julio Iglesias. Pocos días después, todo el mundo pudo leer, ver y escuchar las declaraciones de las denunciantes, que fueron publicadas por la web Okdiario.
No ha sido el único frente judicial que el cantante ha abierto en España en el intervalo de tiempo entre la denuncia de enero y la querella de octubre. Mientras tanto, Iglesias ha puesto una querella por los supuestos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral a cinco periodistas de elDiario.es por la investigación periodística publicada en exclusiva por este medio y por el canal de noticias estadounidense Univision, pidiendo hasta penas de cárcel por los presuntos delitos de injurias y calumnias.
También arremetió contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus opiniones sobre los testimonios de Laura y Rebeca. La demandó pidiéndole una indemnización de 500.000 euros, pero el caso ha sido archivado por el Tribunal Supremo, que no se encontró competente. Si Iglesias quiere volver a demandar a Díaz, tendrá que recurrir a un juzgado ordinario.
Llega el otoño, segundo intento
En realidad, había un cuarto requisito para que España pudiera investigar a Julio Iglesias: interponer una querella. Era solo un formalismo, puesto que podría haberlo hecho la propia Fiscalía. La última condición se cumplió el 3 de septiembre: la querella contra Iglesias se selló en la Audiencia Nacional por las propias Rebeca y Laura.
Ahora es un juez, Antonio Piña, el que toma las decisiones. Lo primero que hace es consultar a la Fiscalía. Esta encarga a Vicente González Mota, un conocido fiscal experto en casos de terrorismo, que elabore un informe. A principios de octubre, ya se sabe que va a contradecir el que se emitió en enero.
La cúpula de la Fiscalía debe decidir después si respalda la opinión de González Mota. Si firma su informe, será como admitir que la primera vez se equivocó. Si no lo hace, se haría difícil justificar que lleva la contraria a uno de sus fiscales más respetados. Para no contaminar la decisión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, que habían participado del primer informe, deciden abstenerse.
La sorpresa llega el pasado miércoles 14 de octubre: la Fiscalía avala a González Mota y entiende que sí hay competencia. Es eso lo que le dice al juez.
Cómo se come el cambio de idea
El razonamiento legal por el que la Fiscalía cambia de idea, 224 días después de que archive la denuncia, es porque decide mirar el caso con otro principio. Es el de la personalidad activa, “sobre el que se había pasado de puntillas” la vez anterior —señala la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán— “diciendo que no era aplicable porque la víctima no es española”.
Pero, como dice esta jurista, acompañada de otros como José Antonio Lascuraín o Lucía Martínez Garay, el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que España puede perseguir delitos cometidos por españoles en el extranjero, sin importar la nacionalidad de la víctima. En este caso tenemos una víctima dominicana, otra venezolana y un querellado que tiene doble nacionalidad, la española y la dominicana.
“Creo que el criterio anterior, el de entender que los tribunales españoles no son competentes para conocer de este caso, era jurídicamente insostenible”, analiza Lucía Martínez Garay.
José Antonio Lascurían escribió que sentía “dolor y rubor” al pensar qué le diría a sus alumnos de Derecho sobre el escrito de la Fiscalía de enero. Ahora, tiene algo diferente que decirles. “Que rectificar es de sabios y que es sabia y correcta la aplicación que hace ahora la Fiscalía del ámbito de la jurisdicción española. Se ha perdido tiempo, pero bienvenido sea el nuevo informe”, dice. “'¿Suspendería usted entonces a la fiscal (del primer caso)?', me preguntaban. 'Por ese decreto, sí, y os suspenderé a vosotros si resolvéis así un caso similar'. Ahora tengo un ejemplo de lo que es un informe correcto, acorde a la legalidad. Y de cómo tienen que interpretar la ley y aplicarla si quieren aprobar”, añade el profesor.
¿Y ahora qué?
El juez Antonio Piña ha dado cinco días a las partes para que aleguen lo que consideren. Por tanto, a finales de la semana siguiente se sabrá si hay caso o no. El catedrático Lascuraín cree que no hay margen para que el juez vaya en contra del criterio de la Fiscalía. “Es que si no se hace no solo se vulnera la ley sino el derecho fundamental de las querellantes a la tutela judicial efectiva”. El profesor recuerda que el Tribunal Supremo había rechazado que la jurisdicción española fuera competente en el caso Rigoberta Menchú. Lo hizo invocando el incumplimiento de un requisito que no figuraba entonces en la ley —la conexión del delito con España—, y el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle.
“Podemos discutir si los criterios legales que delimitan la jurisdicción penal española deben cambiar. Pero ese es un debate político, de política criminal. Aquí se trata de aplicar la ley. Y es verdad que la interpretación de las leyes es discutible en muchos casos, entre otras cosas por la propia vaguedad del lenguaje. Pero aquí no. Aquí las reglas son claras: si se dan los requisitos, y se dan sin margen a la duda semántica o metodológica, la querella debe admitirse en cuanto a la competencia de los tribunales españoles para conocer de la causa”, añade.
Amnistía Internacional pidió una reconsideración
Desde Amnistía Internacional celebran el cambio de criterio. “Es muy buena noticia que la Fiscalía considere que los tribunales españoles son competentes, en línea con la carta que enviamos hace unas semanas”, asegura Virginia Álvarez, responsable de investigación en la organización. En la misiva, enviada después de que las dos extrabajadoras presentaran su querella, Amnistía se dirigía a la Fiscalía General del Estado para pedirle que reconsiderara su postura e hiciera posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”.
Coincidiendo con los juristas consultados, Amnistía Internacional siempre consideró que el Ministerio Público había hecho en enero una interpretación “muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul”. “Le pedíamos que había que garantizar la no impunidad y, por otro lado, un enfoque interseccional y de género con este tipo de delitos en los que, además, cuando las mujeres son migrantes y racializadas suelen tener muy difícil el acceso a los sistemas de justicia”, apunta Álvarez.
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