La Fiscalía ha recurrido por “prematura” la reciente decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder por segunda vez el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El ministerio público alega para ello que solo han pasado tres meses desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocara en julio una medida similar al considerar ya entonces que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Es la cuarta vez en el último mes y medio que la Fiscalía se opone a aplicar una medida similar a presos de ETA. El juez Castro debe resolver aún los recursos por las semilibertades de Henri Parot, alias Unai; la exjefa etarra Soledad Iparragirre, Anboto; e Idoia Mendizábal, Iliargi.

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Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.

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Si se atiende a numerosos mensajes que salen del PP y Vox, ETA no solo no acabó derrotada, sino que sigue existiendo y aún dicta el guion político de España. Entre los valedores de esta tesis, lleva años sobresaliendo Isabel Díaz Ayuso. “ETA está viva y en el poder”, “ETA tiene más peligro que nunca”, “ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”, “Bildu-Txeroki-ETA ha vuelto a ser beneficiado por los acuerdos de Sánchez con sus socios”. Son cuatro declaraciones de la presidenta madrileña en 2023, 2024, 2025 y este mismo año, respectivamente, que muestran cómo la última legislatura ha estado recorrida por un discurso que habla en presente de la organización pese a que este martes se cumplen ya 15 años del fin del terrorismo etarra y hace ya casi ocho y medio de su disolución. Ayuso es la difusora más insistente de estos mensajes pero, en absoluto, no la única. La negación o el cuestionamiento de la derrota de ETA y la asignación a la banda terrorista de un papel prominente en la política española son frecuentes en la derecha española.

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