La subasta del polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí ha quedado desierta por segunda vez este viernes, impidiendo así que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso dé carpetazo a una controversia que lo persigue desde que EL PAÍS desveló este verano la operación. La empresa pública Planifica Madrid adquirió el inmueble por 6,3 millones de euros en abril y lo puso a la venta por un mínimo de 6.694.201,00 euros tras destaparse su adquisición con un propósito poco claro que fue virando de oficina para la presidenta durante las obras en la Real Casa de Correos a sede polivalente con capacidad para servir de residencia. Como resultado del segundo fiasco en su intento de venta, el ático quedará ahora a la venta de manera “permanente”, según información publicada por la Administración en el portal de contratación autonómico. Así, la segunda subasta ha quedado “desierta”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró en mayo “muy intensos” el “sufrimiento psíquico, la zozobra, la incertidumbre y el temor” causados por la actuación de la administración madrileña en una familia de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) que perdió su vivienda por culpa de la línea 7B de Metro. La mejora de 15.000 euros en la indemnización recibida por esos conceptos por los demandantes es ahora un precedente para el resto de afectados, pues el razonamiento del tribunal viene siendo citado en los dictámenes de la Comisión jurídica asesora que proponen las indemnizaciones a nivel administrativo. Aun así, esas propuestas están siendo revisadas por la justicia al alza a favor de los vecinos: Madrid ha perdido ya nueve pleitos de este tipo, según una fuente conocedora del caso, tiene otros 19 pendientes de sentencia, y 27 en tramitación. Todo ello amenaza con elevar aún más una factura cuyo origen está en la llegada de la línea 7B de Metro a San Fernando, que alteró el subsuelo de la localidad y ha acabado obligando a derribar 73 viviendas, afectando a más de 200 personas.

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La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 206.000 euros a la mujer e hijas de un paciente fallecido con cáncer de próstata, según confirma un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ya ha gestionado el pago. Un dictamen de la comisión jurídica asesora regional, consultado por EL PAÍS, considera que el retraso en valorar la situación del afectado provocó que tuviera menos opciones de mitigar o evitar la progresión de la enfermedad, una conclusión a la que se llega tras dos informes. Uno, de la Inspección Sanitaria, que determina que haber omitido una “prueba [de sangre] básica, accesible y de bajo coste” fue una oportunidad perdida. Otro, categórico, de una técnico de apoyo del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Ámbito Sanitario, licenciada en Medicina y especialista en valoración del daño corporal, que el 4 de febrero de 2026 dejó por escrito una ristra demoledora de preguntas y respuestas sobre el caso.

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La emisión de tarjetas de transporte del Consorcio Regional de Madrid (CRTM) se derrumbó un 23,5% en 2026 con respecto a la media de los veranos de 2023, 2024 y 2025 tras endurecerse el criterio de residencia para su obtención. Así lo reflejan los datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, ceñidos al periodo 15 de junio-1 de septiembre para cada año. Aunque la Administración autonómica niega a ese balance capacidad para “establecer una relación causal” entre el descenso y la decisión de condicionar la obtención del título de transporte a la acreditación de la residencia en la región, el cambio, en vigor desde el 15 de junio, ha generado críticas de la oposición por su impacto potencial sobre estudiantes y trabajadores de otras regiones y migrantes no empadronados. La Administración, según un portavoz, calcula que los usuarios no residentes son unos 200.000 (3,4% del total).

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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