El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a referirse a la crisis migratoria sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de inmigrantes marroquíes cruzaron la frontera de forma irregular. Durante un acto electoralista en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha manifestado: “Ya viste lo que pasó en España, donde (los inmigrantes) irrumpieron en masa en España. Llegaron por decenas de miles, simplemente se abalanzaron directamente sobre España, y España no hace nada al respecto”, dijo en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre los disturbios en Francia. “Los mandan, entran, llegan de todas partes del mundo, de países que tienen muchos, muchos problemas. Europa tiene que cambiar su forma de ser. Tiene que cambiar sus costumbres, o no quedará Europa”, apostilló.

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Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano ha aprobado este martes, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría de 12 a 24 horas —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos y se crea el delito de “participación violenta en una manifestación”, penado con hasta cinco años de cárcel.

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Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer el control migratorio y centrar las deportaciones en quienes consideraba una amenaza para la seguridad. Sin embargo, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las detenciones de personas sin antecedentes penales y las deportaciones a terceros países han intensificado el debate sobre el alcance y las consecuencias de su política migratoria. A mitad de su mandato y a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término, ¿cómo evalúan los estadounidenses estas medidas? Lo analizamos en Migrantes de France 24.

La tensión entre el Gobierno de Ceuta y La Moncloa a cuenta de la entrada masiva continúa en aumento. La afrenta mantenida por el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, desde mitad de agosto contra la Administración central ha sumado este martes un nuevo capítulo. El Ejecutivo ceutí envió hace un mes un requerimiento formal solicitando más información sobre los miles de migrantes internados en los recursos de acogida. Y censuran que no se están poniendo los medios suficientes para tramitar los expedientes de devolución. Enfrente, el mando único defiende que los dichos “expedientes se pueden resolver en el plazo de un mes”, que “se deben respetar los procedimientos legales” y que se han movilizado los recursos necesarios. Tras la contestación remitida, el equipo de Vivas amenaza con elevar la cuestión al Tribunal Supremo.

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© Chema Moya (EFE)

El 5 de octubre, varios centros de día para personas sin hogar de las provincias de Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba que gestiona la ONG Inserta Andalucía se quedaron sin luz por impago de las facturas del suministro eléctrico. Un corte que también afectó a algunas oficinas de la entidad, según confirmaron al personal los coordinadores territoriales de la entidad. Ese día, los usuarios tuvieron que acudir a otras instituciones para poder comer y asearse. Al impago de la luz, se suman las reclamaciones de varios caseros por no abonar el alquiler de los pisos en los que desarrollan otros programas de acogida y atención, como ha podido constatar este diario. Son algunos de los problemas de gestión y organización que atraviesa esta entidad y que afectan a sus trabajadores ―parte de la plantilla que se acogió a un ERE en junio no ha cobrado aún y los empleados arrastran retrasos en el abono de sus salarios― y a los beneficiarios de los programas sociales que prestan, la mayoría subvencionados por la Junta de Andalucía. Además, todos estos usuarios se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, tampoco reciben las prestaciones a las que tienen derecho.

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Cerca de 200 trabalhadores mobilizados para limpar zonas onde viviam 500 migrantes desde finais de julho, após entrada massiva de mais de 80.000 pessoas.

© RAFAEL PENA/EPA