La consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de alianza entre PP y Vox, ha incluido una cláusula en las subvenciones a la creación cinematográfica por la cual no se financiarán “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El departamento, dirigido por Vox, ha publicado este criterio en las “subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión” para el año 2026, si bien no aclara cómo analizará si las obras incluyen esos elementos. De momento, la Consejería no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cómo se realizará esa evaluación.

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El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.

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