El cabeza de lista de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, debe sentarse en julio del año próximo en el banquillo para ser juzgado por el asalto al centro de menores de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019, que se saldó con cuatro heridos. El fiscal imputa al candidato de Vox y secretario general del sindicato ultra Solidaridad un delito de “incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional” y le pide dos años y dos meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo (presentarse a cargos de elección popular), cinco años de inhabilitación especial para oficios relacionados con menores, nueve meses de multa y prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue. De haber sido condenado a esta pena, De la Fuente no podría presentarse a las elecciones del 29 de noviembre, pero la disputa sobre el órgano competente para juzgar el caso ha hecho que, siete años después de sucedidos los hechos, aún esté pendiente de juicio.

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La Guardia Civil ha registrado este jueves un edificio y una nave industrial utilizados por organizaciones de ayuda a migrantes en Ceuta en el marco de una investigación que indaga sobre un supuesto reparto de aerosoles de gas pimienta y armas blancas. Las pesquisas estudian si se incitó a migrantes a atacar a miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según indican fuentes policiales. Hay ocho personas investigadas, según el auto judicial que ha autorizado las actuaciones, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fuentes de No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, organizaciones que utilizan como sede los inmuebles registrados y a las que pertenecen las personas implicadas, rechazan las acusaciones y aseguran que su actividad se limita a la asistencia humanitaria y a la documentación de posibles vulneraciones de derechos. El operativo, durante el que se ha localizado a tres inmigrantes, sigue abierto.

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Una jueza federal de California bloqueó parcialmente una ofensiva con la que la unidad principal de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ido en busca de supuestos electores no ciudadanos en varios Estados del país, de cara a las elecciones de mitad de período en las que se pelea el control del Congreso.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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En torno a un centenar de migrantes que entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio ya tienen la protección internacional que les permite permanecer legalmente en España y les reconoce el derecho a residir y trabajar en el país. Así lo han confirmado a este periódico diversas fuentes internas, que constatan que las resoluciones de asilo concedidas desde el 31 de julio ascienden a 180 expedientes. No obstante, no todas son de migrantes que llegaron a Ceuta en el cruce masivo, sino que algunos de ellos corresponden a personas que ya estaban previamente en la ciudad. Los relativos a las personas que llegaron a finales de julio se cifran en algo más de un centenar.

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