Hoy jueves 23 de septiembre entra en vigor una nueva reforma de la ley de dependencia y discapacidad que resulta de gran relevancia para la personas que viven a diario esta realidad. El cambio más esperado es la reducción de los plazos administrativos. A partir de ahora, el tiempo máximo para resolver la solicitud de dependencia baja de 6 a 3 meses.

La teleasistencia se convierte en un derecho garantizado para todos los grados de dependencia. Además, pasa a ser un servicio complementario que no impide recibir otras prestaciones de forma simultánea.

Reconocer un Grado I de dependencia supone una equivalencia automática del 33% de discapacidad. Para los Grados II y III, la equivalencia que prevé la norma pasa a ser del 65% de discapacidad.

Nuevos apoyos para cuidar en casa

La prestación para cuidados familiares se amplía para reconocer a personas del entorno relacional, como amigos o vecinos. Se elimina el periodo de espera de hasta 2 años para empezar a cobrar esta ayuda.

La ley garantiza por escrito que el Estado pagará la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras. También se amplía la asistencia personal para favorecer la inclusión en la comunidad y las competencias digitales.

Viviendas con apoyo y sus ventajas

Se crea el nuevo servicio de cuidados y apoyos en viviendas para fomentar la vida independiente. Puede prestarse con alojamiento y manutención en pequeños grupos que gestionan la convivencia de forma participativa.

También se ofrece la modalidad sin alojamiento en casas propias o alquiladas, permitiendo convivir con familiares o allegados. Todas las prestaciones económicas vinculadas a este servicio quedan totalmente exentas del IRPF.

Atención digna y sin ataduras

La nueva ley reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir una atención totalmente libre de ataduras y restricciones. Esto cambia el modelo de cuidados para poner en el centro la dignidad, la libertad de movimiento y las preferencias de cada persona.

La norma distingue dos tipos principales de sujeción:

• Las sujeciones físicas o mecánicas son cualquier objeto o método, como cinturones o arneses, que impide a la persona moverse libremente o zafarse por sí misma
• Las sujeciones farmacológicas o químicas implican usar medicamentos para controlar la conducta o sedar a la persona sin que exista un trastorno médico o psiquiátrico diagnosticado que lo justifique.

Para eliminar estas prácticas, los centros y residencias tienen la obligación de implantar planes de sujeciones cero. Estos planes buscan transformar la forma de trabajar para que el uso de cualquier atadura deje de ser una rutina o un hábito.

Poner una sujeción solo se autoriza en casos totalmente excepcionales de urgencia vital, cuando la vida de la persona o la de quienes la rodean esté en peligro grave e inminente. Incluso en esa situación límite, solo se podrá actuar así si antes se han agotado todas las alternativas posibles.

Cuando sea imprescindible aplicarla, debe hacerse con la mínima intensidad y durante el tiempo estrictamente necesario. Además, exige siempre un examen individualizado de la persona, una prescripción médica específica y un consentimiento informado otorgado para ese caso concreto, quedando prohibidos los permisos genéricos o firmados con anterioridad.

Por último, la ley prohíbe tajantemente usar sujeciones como castigo, para mantener la disciplina o para compensar la falta de personal y la falta de organización en los centros.

Lo que la ley no cambia por ahora

La equivalencia entre dependencia y discapacidad no sirve para aplicar deducciones en la declaración de la Renta. Para disfrutar de los beneficios fiscales de Hacienda, sigue siendo necesario el certificado formal de discapacidad. tener una discapacidad reconocida no convierte automáticamente a una persona en dependiente, requiriéndose la tramitación formal de la dependencia.

Tampoco sirve este reconocimiento para pedir la pensión no contributiva ni la asignación por hijo a cargo. Ambas ayudas siguen exigiendo un certificado de discapacidad específico de al menos el 65%.

Las autonomías mantendrán sus reglas de incompatibilidad entre ayudas hasta que las adapten, con fecha límite en 2030. Asimismo, el nuevo baremo de valoración tardará hasta 12 meses en aprobarse y no se crea un Grado III+ ni un IVA del 4%.

La letra pequeña: limitaciones, debates y margen de mejora

Aunque la ley supone un avance significativo, no es una norma perfecta ni de aplicación inmediata. La coexistencia de distintas reglas autonómicas abre un periodo de transición hasta 2030 para lograr la compatibilidad real de las prestaciones domiciliarias.

Existe el riesgo de generar falsas expectativas entre las familias, ya que la equivalencia de discapacidad no surte efectos tributarios ni abre la puerta a pensiones no contributivas. Esto mantendrá la necesidad de realizar dobles trámites administrativos.

En el aspecto económico, aunque el Estado asumirá el 50% del gasto certificado, la ley remite a un grupo de trabajo estatal para precisar la financiación real. El cálculo final del copago seguirá variando según los mínimos exentos que fije cada autonomía.

Finalmente, la implantación de las sujeciones cero exige una reestructuración profunda en las residencias. La norma contempla evaluaciones de género cada dos años para medir si realmente se avanza en la corresponsabilidad.

"Durante 2026 ha continuado acentuándose el desequilibrio entre la suficiencia actual del sistema público de pensiones y su sostenibilidad", ha alertado Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña durante la presentación del II Observatorio de Pensiones del grupo. Esto se debe a varios factores, entre ellas, la conjunción de la necesidad de financiación del actual sistema y las reformas más recientes que no estaban alcanzando sus objetivos de mejora.

Así, el presidente ha catalogado como "decepcionante" el resultado de 2026 debido a la ausencia de avances materiales en el desarrollo del segundo pilar, integrado por los planes de pensiones de empleo". Además, ha cifrado en 60.000 millones las transferencias que el Estado tendrá que realizar para atender el gasto en pensiones, equivalentes a alrededor del 3,5% de nuestro PIB.

Durante su intervención, Garralda señaló que el autoenrolment, es decir, la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo que promueven las empresas, es un punto de partida para lograr un sistema de previsión social empresarial más sólido y desarrollado.

Sobre la segunda edición del observatorio, presentado este jueves en Madrid, ha asegurado que su balance "ofrece motivos de preocupación, pues demuestra la persistencia de las debilidades registradas". El resultado, ha afirmado, "no debería sorprendernos" ya que, durante 2026, "el sistema público ha soportado casi por completo la presión de las pensiones".

El informe se hace eco de la publicación de las recomendaciones de la Comisión Europea, que, pese a que saca los colores al sistema español, considera que es el segundo país con más potencial para desarrollar este segundo pilar. Sin embargo, el pilar II mantiene un escaso desarrollo en España a pesar del foco creciente. Apenas el 2,4% del PIB viene de las participaciones en estos productos.

Por ello, desde Europa llaman a incorporar las tres herramientas ya mencionadas hace un año, pero que siguen pendientes: 'autoenrolment', 'pension tracking system' (sistema para consultar los derechos a futuras pensiones) y 'pension dashboard' (panel que aglutina en un único lugar la información sobre futuras pensiones).

En este contexto, el primer mecanismo, la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo que promueven las empresas, gana peso como sistema eficaz para aumentar el ahorro complementario con vistas a la jubilación.

"La implantación de este sistema en nuestro país debe formar parte de un modelo integral que combine aportaciones de trabajadores y empresas, mecanismos efectivos de salida voluntaria, incentivos adaptados a rentas bajas y una implantación gradual que tenga en cuenta la elevada presencia de pymes, autónomos y trabajadores con carreras laborales discontinuas", ha explicado Manuel de Orte, director del Servicio de Estudios de Mutua.

Sin embargo, los trabajadores parecen no reaccionar ante esta situación. Pese a que la preocupación es notable, pues ha recibido una puntuación de 4,4 sobre 5 en la encuesta realizada, no tiene efectos prácticos en la realidad. Uno de cada dos ocupados asegura no estar ahorrando para la jubilación y un 65% de ellos no planea empezar a hacerlo de cara al futuro.

La incertidumbre es especialmente notable entre las personas que se encuentran más cercanas a la edad de jubilación, pues dos de cada tres creen que la retribución pública se quedará por debajo de lo necesario.

"El modelo de contribuciones debería ser compartido entre trabajador y empresa, con apoyo del Estado, especialmente en situaciones de rentas más bajas", aseguró el director de Servicios de Estudios. Por ello, considera que "los planes de empleo pueden tener un papel decisivo", pero el objetivo debe ser que el ahorro recurrente se vuelva extensible entre la masa salarial.

Reino Unido e Irlanda, modelos a seguir

Como modelos a seguir, el observatorio ha puesto la mira en países cercanos, como Reino Unido e Irlanda, que muestran que medidas como la adscripción automática a planes de empleo pueden contribuir de forma efectiva a impulsar la previsión social complementaria.

Tampoco hace falta irse tan lejos para encontrar ejemplos que funcionen. Orte ha destacado el caso del País Vasco, donde existen las entidades de previsión social complementaria. "El marco fiscal vasco y la experiencia de sus sistemas de previsión social ponen de relieve la importancia de combinar una cultura de ahorro consolidada, la participación de los agentes sociales y un tratamiento fiscal estable”, mencionó también Garralda.

Aportaciones de menos de 5.000 euros al año

Este jueves también se han presentado los resultados de la I Encuesta para la Jubilación del Grupo Mutua Madrileña. Como se comentaba en el estudio, la preocupación ante la sostenibilidad del sistema no se ha traducido necesariamente en un incremento del ahorro privado.

Sin embargo, entre quienes sí ahorran para la jubilación, el esfuerzo anual suele ser moderado: el 74% de los ahorradores aporta menos de 5.000 euros al año. En cuanto a los productos de ahorro, el plan de pensiones individual sigue siendo la herramienta más utilizada, presente en seis de cada diez ahorradores.

A la hora de elegir un producto, la seguridad se sitúa como el atributo más valorado, por delante de la rentabilidad y de las ventajas fiscales. Estas últimas no aparecen como un factor decisivo en las decisiones actuales, aunque casi la mitad de los encuestados afirma que incrementaría su ahorro si mejoraran los incentivos fiscales.

La penetración de los planes de empleo es reducida: menos de un cuarto de los encuestados cuenta con este producto. Entre los que sí lo tienen, únicamente un 35% realiza aportaciones adicionales a las efectuadas por la empresa. El 60% de los encuestados valoraría positivamente que su empresa ofreciera productos de ahorro para la jubilación.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre afrontan una nueva jornada de precampaña con los partidos políticos inmersos en la presentación de sus candidaturas al Congreso y al Senado. El plazo para registrar las listas permanecerá abierto hasta el 26 de octubre, mientras continúan los anuncios de candidatos y las negociaciones entre las principales formaciones.

Uno de los asuntos que marca la actualidad electoral es la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo contra las medidas cautelares que afectan al voto de los nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado nuevas propuestas en materia de vivienda, mientras PSOE, Vox y Frente Amplio avanzan en la configuración de sus candidaturas para el 29N.

Elecciones generales 29N, en directo: última hora de las candidaturas del PSOE, PP y Vox tras la decisión del Constitucional sobre el voto de los nietos

La figura del jefe ha ido mutando a lo largo de los años y es algo a lo que los trabajadores cada vez dan más importancia. Esto se debe a que, para los profesionales, contar con un buen entorno es un valor al alza en un momento en que, como señalaba el último informe sobre Intención de cambio de empleo de InfoJobs, el bienestar y la satisfacción son motivaciones que pueden decantar la balanza entre permanecer en el puesto o dejarlo.

Por ello, las nuevas generaciones buscan otro tipo de líderes que se ajusten más a sus objetivos. El jefe autoritario empieza a desdibujarse, especialmente entre las nuevas generaciones con solo un 9% de aceptación, para dar paso a uno más motivador, preferido por casi la mitad de los jóvenes. Sin embargo, los perfiles más duros siguen siendo los más comunes en las empresas españolas.

La edad es un factor determinante a la hora de determinar estas preferencias. El estilo formativo destaca entre los jóvenes de 16 a 24 años, que lo prefieren en un 19% de los casos, frente al 9% de los de más de 55. Para quienes inician su trayectoria laboral, que apoyen su desarrollo individual y les proporcionen una dirección clara adquiere especial importancia.

En cambio, el grupo de más edad valora que se les consulte antes de tomar decisiones, de ahí que entre los mayores de 55 gane peso el liderazgo democrático, preferido por un 20%, cifra que baja hasta el 13% en la franja de 16 a 24 años.

De acuerdo con la clasificación de Daniel Goleman, existen en realidad seis estilos de líderes, los más comunes en los entornos laborales. El de tipo afiliativo, que se enfoca en el bienestar y genera confianza, es el que los encuestados identifican en mayor medida en sus responsables directos, con un 14%, y el formativo o de mentoría, el que menos, con un 8%.

Entre medio se sitúan el coercitivo (da instrucciones que no se cuestionan), el democrático (fomenta la colaboración y el consenso), el orientativo (inspirador y motivador), los tres con un 12%, y el marcapasos (lidera dando ejemplo), con un 10%. El resto se reparte entre un 2% de trabajadores sin responsable directo (son autónomos) y un destacado 30% que no identifica a su superior en ningún modelo.

Compañeros jóvenes

El ambiente de trabajo también pasa por los compañeros y hay que tener en cuenta que el mercado laboral actual se caracteriza por la coexistencia del talento júnior y el sénior. El 56% de la población activa cree que compartir empresa con profesionales de distintas edades es una ventaja (vs. el 12% que lo no ve así), un dato que llega al 60% en la franja de más de 55 años.

Además, muchos trabajadores con experiencia creen que los más jóvenes traen consigo un soplo de aire fresco a las compañías. Un 48% cree que las nuevas generaciones están obligando a las empresas a replantear sus modelos de trabajo y liderazgo (frente al 14% que opina lo contrario), un proceso de transformación que perciben sobre todo los jóvenes de 16 a 24 años (53%).

Por otro lado, un 42% considera que las compañías no se están adaptando lo suficientemente rápido a los nuevos valores y formas de trabajar, También los jóvenes opinan en mayor medida que las nuevas generaciones están redefiniendo qué significa el éxito profesional y los que intuyen más problemas en la convivencia: para un 41% el choque de expectativas entre generaciones provoca tensiones difíciles de gestionar en las empresas, frente al 33% global y el 26% de los mayores de 55 años.

No es ninguna sorpresa que con la regulación que suponen los decretos de vivienda se iba a reducir la oferta, puesto que esta regulación castiga de manera evidente a los pequeños propietarios.

Desde la plataforma de afectados por la ocupación han difundido un vídeo en el que se critica que las leyes vigentes obligan a pequeños arrendadores a asumir situaciones de vulnerabilidad o impagos sin suficientes garantías, a costa de su propio esfuerzo y ahorro abocándolos al endeudamiento o a malvender sus viviendas.

Afectados como Gabriel Rodríguez denuncian la asunción de cargas que corresponderían a la administración pública: "El único que siempre gana es el Estado. Primero, cuando convierte a pequeños propietarios vulnerables en escudo social durante años. Y después, cuando las deudas nos obligan a vender y Hacienda vuelve a recaudar".

En la misma línea, otras denuncian que el marco legal vigente desprotege a los caseros frente a okupas e "inquiokupas" morosos, lo que genera una alta inseguridad jurídica y desincentiva poner viviendas en el mercado de arrendamiento tradicional; "Esto demuestra, una vez más, que el riesgo regulatorio hace que haya menos pisos en alquiler y que estos se destinen solo a los inquilinos más solventes y menos susceptibles de considerarse vulnerables, porque el casero que se quede en el mercado buscará la seguridad que la ley no le da", aseguran desde la organización.

5.758 pisos afectados por los decretos

La semana pasada FAI (Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias) ya dio los datos a corto plazo a causa de estos decretos. Según una encuesta realizada a más de 600 agencias de todo el país, el 88,9% de las inmobiliarias constata incidencias directas tras los vaivenes normativos marcados por el rechazo en el Congreso el 2 de octubre y la posterior reaprobación en el Consejo de Ministros el 6 de octubre.

En apenas diez días, el estudio contabiliza 5.758 operaciones afectadas y 4.235 pisos retirados o desviados del circuito residencial tradicional. De ellos, 2.067 viviendas han salido por completo del arrendamiento habitual, 1.224 se han trasladado a la compraventa y 944 se han reorientado hacia el alquiler de temporada o por habitaciones.

El "Programa Tu Casa": un préstamo del 20% con servidumbre de por vida

Otra de las alertas está en en el denominado "Programa Tu Casa" (artículo 19), una iniciativa presentada como un préstamo sin intereses que esconde contrapartidas permanentes para los compradores.

A primera vista, la medida estrella del Gobierno promete movilizar 10.000 millones de euros a través del ICO para financiar hasta el 20% del valor de la vivienda habitual (con un tope de 50.000 euros) al 0% de interés y a devolver tras finalizar la hipoteca. Sin embargo, el apartado 1.3 del artículo 19 fija una condición crucial: toda vivienda adquirida con esta financiación quedará sujeta de forma permanente a un precio máximo de venta y alquiler.

El precio máximo de venta futuro queda limitado al valor de compra más la variación del IPC, quedando inscrito en el Registro de la Propiedad sin posibilidad de cancelación, aunque se devuelva la totalidad del préstamo o la vivienda sea heredada.

En caso de arrendar el inmueble, la renta deberá ajustarse obligatoriamente a los índices del Ministerio de Vivienda. A diferencia de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) tradicional —donde la administración promueve suelo y edifica inmuebles nuevos—, el Estado convierte viviendas libres en protegidas a costa del ahorro y la hipoteca del particular, sin añadir una sola unidad al parque público.

Lejos de corregir el problema de fondo —marcado por un déficit de edificación donde se crean unos 240.000 hogares anuales frente a solo 92.000 viviendas terminadas—, la inyección de 10.000 millones de euros equivale a financiar hasta 200.000 préstamos que estimulan la demanda sobre el mismo volumen de inmuebles. Experiencias similares como el programa Help to Buy en el Reino Unido demostraron que este tipo de transferencias en zonas tensionadas (como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Palma) se traducen en subidas directas de precios sin aumentar la construcción.

Hasta 176.000 euros de pérdida de valor

Si bien el objetivo oficial de inflación ronda el 2% anual, el valor tasado de la vivienda en España ha crecido a un promedio cercano al 4% anual desde 2014, alcanzando incrementos superiores al 12% en el contexto reciente.

Es decir, en cifras reales, en una vivienda de 250.000 euros financiada con 50.000 euros del programa, el tope legal de venta tras 20 años se situaría en unos 371.000 euros. Frente a la revalorización real del mercado, el propietario podría dejar de ingresar más de 176.000 euros de patrimonio en caso de necesitar vender por movilidad laboral, divorcio o cambio de necesidades familiares.

Asimismo, existe el riesgo de un efecto secundario como la reaparición del dinero en 'B' o pagos bajo cuerda al existir un desfase abismal entre el precio oficial fijado en escritura y el valor real que la demanda está dispuesta a pagar.

Las ciudades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, se encuentran entre los diez territorios de la UE con más riesgo de pobreza y exclusión social, según datos de Eurostat, con tasas del 40,8% y del 43,7% , respectivamente.

En concreto, Melilla ocupa la quinta posición del ranking, solo superada por la Guayana Francesa, en Francia, con un 54,8%; Veri, en Albania, con un 46%; Calabria, en Italia, con un 45,3%; y Sicilia, también en Italia, con un 44%. Ceuta, por su parte, se encuentra en la novena posición. Esta lista se encuentra colmada de territorios del sur y el este de Europa y regiones periféricas de ultramar.

Así, en el quinto, sexto y séptimo puesto se encuentran La Reunión, las Zonas Ultraperiféricas de Francia y Campania, en Italia, con un 42,3%, 41,3% y 41,2%, respectivamente. Por detrás de Ceuta, se encuentran las islas italianas, con un 40,5%.

Con estos datos, España se coloca como uno de los países de la UE con más zonas en riesgo de pobreza y exclusión social. En concreto, cinco regiones españolas se encuentran entre las 24 de la UE donde al menos el 31,5% de la población está en esta situación. Bulgaria, Grecia e Italia cuentan con cuatro regiones cada una, mientras que Francia suma tres territorios ultraperiféricos y Rumanía, dos.

En España, además de las ciudades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha registran los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con tasas del 34,7% y del 34%, respectivamente. También se sitúan por encima del 30% la Región de Murcia, con un 32,5%, Canarias, con un 31,2%, la Comunidad Valenciana, 30,7%, y Extremadura, 30,4%.

En el extremo opuesto, País Vasco registra la menor tasa, con un 14,7%, seguido de Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%). Por debajo del 20% también se encuentran Aragón (19,1%), Cantabria (19,2%) y la Comunidad de Madrid (19,4%).

En el conjunto de la UE, 92,7 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, el 20,9% de la población. En total, 24 de las 243 regiones europeas con datos disponibles registraron tasas de al menos el 31,5%.

Icónicos objetos de la amplia saga cinematográfica de James Bond ha salido a subasta. Se trata de "James Bond Online Aucion", una venta organizada por Propstore y que cuenta con 400 lotes que abarcan todas las películas de la saga dedicada a 007. Ropa, libros, carteles y otros objetos forman parte de una venta que recorre las más de seis décadas de filmes protagonizados por diferentes actores en el papel del famoso espía. La puja ya está disponible online a nivel internacional, y estará abierta hasta el próximo 27 de octubre.

Entre los objetos más destacados figura el traje, la camisa y los gemelos de Tom Ford que Daniel Craig vistió en "Skyfall" (2012), esperando que se alcance un precio de unos 47.300 euros. Asimismo, sale a subasta el vestido y las sandalias que Ana de Armas vistió para "Sin tiempo para morir" (2021), conjunto que se espera vender por el mismo precio del anterior lote mencionado.

La subasta también cuenta con un interesante lote compuesto por 14 libros de primera edición de Ian Fleming, el creador de Bond, y se espera que el precio alcanzado ronde los 45.000 euros. Por su parte, se ha puesto en venta un póster de gran formato con respaldo de lino de "Agente 007 contra el Dr. No" (1962), valorado en hasta 19.600 euros, así como una claqueta de "Octopussy" (1983) podría venderse superando los 8.900 euros.

Según asegura Alastair McCrea, director de consignaciones de Propstore, a "The Hollywood Reporter", esta subasta es de gran interés a nivel general, pues "James Bond ocupa un lugar único en la cultura popular, y el interés sigue siendo fuerte hasta el día de hoy. Ha formado parte del cine durante más de 60 años, y cada generación tiene su propio Bond, su película favorit ay sus momentos más memorables. Algunos crecieron con Sean Connery, otros con Pierce Brosnan, otros con Daniel Craig, así que todavía se pueden ver a tres generaciones de la misma familia debatiendo sobre quién es el mejor 007. Eso es lo que hace que coleccionar a Bond sea tan atractivo".

Esta venta llega, además, en aparentemente plena cuenta atrás para conocer el nuevo nombre que estará tras James Bond. El anuncio de qué actor se encargará de suceder a Craig se espera que se haga público a finales de este año, según han declarado responsables de la franquicia. Asimismo, se ha adelantado que el rodaje de la próxima cinta se producirá a lo largo de 2027, llegando en principio a ojos del espectador durante 2028.

El sector inmobiliario prevé movilizar más de 77.500 millones destinados a la construcción, pese a la presión que el aumento de costes ha supuesto para la actividad. Así lo estima el análisis elaborado por el equipo de Real Estate de EY-Parthenon. Esto demuestra la fortaleza que mantiene la actividad promotora en España a pesar de la incertidumbre que acarrea actuar en el contexto actual.

El desembolso responde principalmente al aumento de costes de la construcción y no tanto a la necesidad de un aumento de la oferta de vivienda disponible, pues mientras la inversión aumenta un 7,2%, el territorio abarcado por los proyectos no supera lo previsto para el periodo de 2025 a 2030. Por ello, el frenazo en el parque disponible sigue recayendo principalmente sobre el precio de la energía, los materiales, el transporte y la cadena de suministro.

La mayor parte de la fuerza constructiva de los próximos años irá a parar al segmento conocido como "Living y Hoteles". El residencial clásico alcanzará los 36.096 millones de euros de inversión prevista, mientras que la vivienda asequible representará otros 17.639 millones y el segmento hotelero más de 11.300 millones. En conjunto, estas tres categorías concentran cerca del 84% de toda la inversión identificada en el estudio.

La parte concreta del "Living" sigue enfrentándose a la brecha existente entre la creciente demanda y una oferta estancada. Esta situación sigue despertando tanto el interés de inversores institucionales como el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda libre, alquiler profesionalizado y vivienda asequible con participación público-privada.

El atractivo turístico español, por su parte, es lo que mantiene el fuerte crecimiento en la construcción hotelera y el interés por activos de calidad, especialmente en destinos urbanos y vacacionales consolidados.

La cadena de procesos institucionales se mantiene prácticamente estable, con tan solo un retroceso del 0,1% Este ligero descenso, según el equipo de EY-Parthenon, responde en buena medida a la incertidumbre política y regulatoria que rodea al mercado de la vivienda en España. El último hito de esta paralización ha sido el aplazamiento hasta septiembre de la aprobación de del decreto de vivienda que preveía, entre otras medidas, una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler, ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes para su convalidación.

Esto lleva a muchos inversores a tomar las decisiones con cautela y a estructurar de forma más pausada los calendarios para los próximos años. De todas formas, no se llega a alterar de forma sustancial el volumen de superficie proyectada a medio plazo, que se mantiene en torno a los 53 millones de metros cuadrados, lo que demuestra que el mercado continúa identificando oportunidades de desarrollo relevantes pese al contexto de incertidumbre regulatoria y financiera.

Uno de lo principales retos del sector no es construir más, sino intentar hacerlo mejor. Por ello la rentabilidad entre en el juego y su evolución dependerá cada vez más de la capacidad para optimizar procesos constructivos, reducir ineficiencias y adaptar los proyectos a un entorno más exigente desde el punto de vista financiero y operativo.

"La industrialización, la construcción off-site, la utilización de herramientas BIM, la digitalización de procesos y la mejora de la planificación cobran una importancia creciente. Estas soluciones permiten reducir desperdicios, optimizar plazos de ejecución y mejorar la predictibilidad de costes, factores especialmente relevantes en un escenario de elevada volatilidad", reza el informe de EY.

De la mano con esto entra la sostenibilidad, uno de los factores más vigilados a día de hoy. Los desarrollos previstos para el periodo hasta 2031 generarían aproximadamente 23,9 millones de toneladas de CO2, siempre que se mantengan unos escenarios convencionales de construcción. No obstante, la incorporación de soluciones bajas en carbono permitiría evitar hasta 7,2 millones de toneladas de emisiones, reduciendo cerca de un 30% la huella asociada a los proyectos analizados.

Los expertos de EY aseguran que "el mayor potencial de reducción se concentra en los segmentos residenciales debido a su peso dentro del ámbito nacional". Sin embargo, todas las tipologías presentan oportunidades relevantes mediante la incorporación de materiales de menor impacto ambiental, energías renovables, soluciones industrializadas y estándares de alta eficiencia energética.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entran en una nueva fase con el inicio del plazo para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado. Los partidos políticos disponen hasta el 26 de octubre para registrar sus listas, en una jornada marcada por los anuncios de candidatos, las negociaciones electorales y las propuestas de los principales dirigentes.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la vivienda entre sus prioridades electorales y ha anunciado que, si llega a La Moncloa, impulsará una nueva Ley del Suelo y medidas para agilizar los desalojos por ocupación. Mientras tanto, el PP y Vox mantienen abiertas las conversaciones sobre posibles acuerdos para el Senado.

Por su parte, Frente Amplio continúa cerrando sus candidaturas y ha descartado que las conversaciones con el PSOE para las elecciones al Senado se extiendan a las listas del Congreso. La coalición también ha confirmado nuevos nombres para su candidatura por Madrid, mientras el PSOE de Pedro Sánchez afronta la recta final de la configuración de sus listas electorales.

Elecciones generales 29N, en directo: última hora de las listas del PSOE, los pactos entre PP y Vox y las candidaturas

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, JUPOL, ha reiterado su exigencia de dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que acusa de poner en riesgo la seguridad de los agentes y de los cargos públicos por una grave falta de previsión e instrucciones operativas. Ante el bloqueo institucional, la organización ha confirmado que sus servicios jurídicos están estudiando la vía legal para actuar contra la Delegación si no se produce la renuncia de su máximo responsable.

Según denuncia el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, la plantilla policial se encuentra trabajando "a ciegas" ante movilizaciones y disturbios en la capital. "Con la excusa de las elecciones han dicho que están en funciones y que no lo hacen. Los compañeros más veteranos y altos mandos de la UIP y la Policía Nacional no lo han visto jamás, porque periodos electorales ha habido muchos y jamás han dejado de informar", denuncia el portavoz.

La investigación por la Complutense, "sin avances" ni declaraciones

Uno de los puntos de mayor fricción entre la representación policial y el Gobierno se sitúa en la actuación llevada a cabo el pasado 14 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) durante la huelga educativa. Tras los enfrentamientos entre la Policía y los piquetes informativos, que se saldaron con cinco detenidos y varios heridos, el delegado del Gobierno tildó la intervención de "inaceptable" y desproporcionada, anunciando una investigación interna previa para depurar responsabilidades disciplinarias.

Ibón Domínguez aporta el contexto previo a la intervención policial: "Sucedieron tras un tiempo sin que atendieran a las indicaciones de liberar la calle y dejar pasar", explica el portavoz de JUPOL, señalando que la actuación fue "al final lo inevitable" ante el incumplimiento reiterado de las órdenes de los agentes sobre el terreno.

Sin embargo, desde JUPOL señalan que esa investigación reservada no registra avance alguno. Fuentes de la organización confirman que, a día de hoy, ningún agente de la UIP involucrado en el dispositivo ha sido citado a declarar ni ha recibido notificación alguna sobre el proceso. Desde el sindicato acusan a Francisco Martín de "desautorizar públicamente" a los efectivos y de utilizarlos como "escudo" para eludir responsabilidades políticas por la ausencia de planificación.

Fallas de seguridad en el escrache a Ayuso y los cortes de tráfico

La falta de coordinación denunciada tuvo su último episodio en los incidentes registrados durante las protestas docentes. En el Palacio de Santoña, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, permaneció más de media hora esperando refuerzos de la UIP ante la presencia de manifestantes en las inmediaciones. En un primer momento, el dispositivo recayó sobre la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se vio sobrepasada hasta que pudieron desplazarse efectivos de la UIP procedentes de otro corte de tráfico no autorizado en la A-3.

Esa misma mañana, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se vio obligada a suspender su asistencia a un centro en Puente de Vallecas al no poder garantizarse las condiciones mínimas de seguridad. JUPOL remarca que la obligación de reorganizar unidades a última hora incrementa la presión sobre los policías y pone en riesgo tanto la integridad física de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la de las autoridades institucionales.

Un "patrón de abandono" en la capital

Desde JUPOL sostienen que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático de desprotección institucional. "Llueve sobre mojado, porque es el mismo caso que el de la Puerta del Sol, que autoriza la acampada sin haber sido solicitada en ningún momento, o el mismo del final de la Vuelta a España, que tuvo que ser cancelada por otro interés político", concluye el portavoz.

Zoom da un paso más en la incorporación de la IA en sus aplicaciones. Para la compañía, lo realmente difícil de sumar nuevas funcionalidades es conseguir que los usuarios usen realmente esas herramientas. Así, estiman que menos del 50% de la población usa la IA de forma regular, por lo que la mayoría prefiere "seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora".

Por ello, Zoom apuesta por incluir la Inteligencia Artificial en sus catálogos de conversación, contexto y competición. Las reuniones a través de la plataforma ya no volverán a ser iguales, pues a partir de ahora incorporarán nuevas especificaciones que permitirán elevar la experiencia de usuario.

La principal novedad es el Unified Context Layer, que monitoriza las conversaciones mantenidas en reuniones a distancia para poder captar no solo el contenido discutido en ellas, sino también el contexto en el que se desarrollan.

Con el control del flujo de hablantes, la IA puede nutrirse de las conclusiones a las que se llegue en las llamadas y no servirse simplemente de documentación. Además, permite que las respuestas sean mucho más rápidas sin la necesidad de revisar infinidad de textos.

Esta nueva funcionalidad puede ayudar a las empresas a reducir sus costes entre un 45% y 65%, las nuevas herramientas tendrán un modelo híbrido, es decir, mientras algunas serán de uso libre para todos los usuario, otras solo se quedarán como algo exclusivo para los clientes con suscripción de pago.

Una de las nuevas funciones de accesibilidad es la mejora de su sistema de Voice Translator, que permitirá hacer traducciones simultáneas a medida que el ponente va hablando, con idiomas que se pueden modificar individualmente en función del oyente. Además, la inserción de la IA en esta herramienta permitirá modular la voz y ajustarla para que suene igual que la real.

Además, la herramienta Pose Correction ayuda a que la apariencia del interlocutor sea mucho más correcta, pues modifica automáticamente la postura de la persona en caso de que esté encorvada, ladeada o algo similar, todo a través de la Inteligencia Artificial.

Otras funcionalidades para ayudar a que las reuniones tengan un ritmo más fluido y con un mejor flujo es la mejora en la calidad de los streamings de pantalla. Para el ponente, la IA le puede permitir hacer un discurso mucho mejor y más fluido con un asistente en tiempo real que le puede dar consejos sobre la velocidad o la cadencia de su intervención.

Ahora, podrás seguir incluso reuniones en las que no estás presente gracias al Follow the Meeting, que sintetiza los puntos clave tratados en la reunión a través de notas o grabaciones. Además, también será más fácil compartir los contenidos a través de otros soportes como textos, pequeños clips o incluso audios.

Zoom también permitirá a partir de ahora la revisión de los conocidos como Deep Fakes, es decir, archivos manipulados con Inteligencia Artificial. Gracias a esto, se podrá identificar cuando una imagen mostrada en llamada ha sido retocada en programas ajenos a la plataforma. Esta será una de la funciones que se deberán pagar aparte.

Según explica la compañía, el trabajo no termina cuando lo hace la conversación, sino que simplemente se mueve entre docenas de aplicaciones diferentes, hilos, listas de tareas que van conectadas entre ellas que no deberían basarse únicamente en un seguimiento manual. Esta es una de las nuevas capacidades que Zoom ha sacado al mercado, pues gracias a la IA se podrán automatizar muchos de estos procesos.

El coste de la vivienda condiciona la vida de muchos españoles y su incremento ha hecho que sea insostenible para muchos incorporarlo a su capacidad de gasto. Tanto es así, que este gasto empuja a 770.000 personas trabajadoras adicionales por debajo del umbral de la pobreza en España y eleva el total hasta cerca de tres millones, según el informe de Oxfam Intermón 'Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral'.

Los datos reflejan que la tasa de pobreza entre las personas con empleo pasa del 11,5%, equivalente a unos 2,2 millones de trabajadores, al 15,5% una vez descontados los gastos residenciales que deben asumir mes a mes, lo que supone un incremento de 4 puntos porcentuales.

Normalmente, relacionamos esta situación a casos muy graves, pero no necesariamente tiene que ser así. "Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna", explica el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil.

Especialmente, es el mercado del alquiler el que empuja a muchos españoles a la pobreza, pues entre los que viven con esta clase de contratos, la tasa de pobreza pasa del 19,35% antes de afrontar los gastos residenciales al 34,08% después de pagarlos. En términos relativos, esta brecha ha crecido en un 76%.

En cuanto a los que acceden a un alquiler por debajo del precio de mercado, la tasa también sube, concretamente del 23,57% al 31,28%. Aunque este colectivo parte de una situación de mayor vulnerabilidad económica, su pobreza tras pagar la vivienda queda por debajo de la registrada entre los inquilinos que abonan rentas de mercado.

Esta situación contrasta con la de quienes residen en una vivienda en propiedad. Entre los trabajadores con hipoteca, la tasa aumenta del 7,77% al 10,22% tras descontar los gastos, mientras que entre quienes tienen la casa completamente pagada pasa del 8,19% al 7,95%, en un cálculo que también modifica el umbral de pobreza.

La pobreza laboral apenas desciende

El informe también constata que la pobreza laboral apenas se ha reducido entre 2022 y 2024, al pasar del 11,64% al 11,48%, un descenso de 0,16 puntos porcentuales en un periodo en el que el PIB español creció más de un 6%.

A juicio de Oxfam Intermón, esta evolución evidencia que el crecimiento económico no está trasladándose de forma suficiente ni equitativa al conjunto de los hogares trabajadores y que parte del empleo no proporciona los ingresos necesarios para salir de la pobreza.

Las brechas son especialmente acusadas según la nacionalidad. La tasa alcanza el 31,42% entre las personas trabajadoras con nacionalidad de países de fuera de la Unión Europea, frente al 16,17% entre las de otros Estados miembros y el 8,71% entre quienes tienen nacionalidad española. Además, mientras que el indicador mejora para españoles y comunitarios respecto a 2022, empeora entre los extracomunitarios.

También influye el tipo de empleo y el sector al que pertenezcan. La pobreza afecta al 20,62% de quienes trabajan a tiempo parcial, prácticamente el doble que entre los ocupados a jornada completa, con un 10,38%. Entre los autónomos se sitúa en el 21,69%, frente al 10,26% de los asalariados.

Por actividades, las tasas más elevadas corresponden al empleo doméstico, con un 27,48%; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 26,24%; y la hostelería, con un 21,17%. La construcción también supera la media, con un 18,55%.

Diferencias entre comunidades autónomas

Por territorios, Madrid registra el mayor aumento del indicador tras incorporar el coste de la vivienda, al pasar del 7,29% al 12,73%, una diferencia de 5,44 puntos porcentuales. A continuación, se sitúan Cataluña, donde sube del 7,90% al 12,86%, y Murcia, donde pasa del 15,37% al 20,23%.

Sin embargo, en términos de pobreza real, Andalucía presenta la mayor tasa entre los trabajadores antes de descontar los gastos residenciales, con un 17,65%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 16,95%, y Extremadura, con un 16,54%.

La Administración Pública apuesta por la IA. Tanto es así que ha disparado su inversión con más de 208 millones de euros gastados en la herramienta desde 2024 y hasta agosto de este mismo año. Los fondos han ido directamente destinados a contratos relacionados con la tecnología y a un ritmo tan rápido que se ha llegado a alcanzar la firma de un expediente cada día laborable.

Durante todo 2025, el número mensual de licitaciones fue progresando, empezando con 16 en enero y finalizando con 42 en diciembre, lo que supone un incremento del 163% en doce meses. Así lo refleja el último estudio de licitaciones.io, tecnológica especializada en el análisis y monitorización de la contratación pública.

Así, en 2026 se mantiene una media cercana a las 31 licitaciones al mes, un ritmo que permitiría cerrar el ejercicio por encima de las 370 licitaciones relacionadas con inteligencia artificial. En total, desde enero de 2025 hasta finales de verano se han publicado 541 licitaciones vinculadas a inteligencia artificial, con un presupuesto base de más de 208 millones de euros, lo que confirma el fuerte impulso de la inversión pública en este ámbito.

La naturaleza de los contratos también ha ido cambiando en el último año y medio. En 2025, gran parte se orientaban a construir la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de inteligencia artificial, mientras que en 2026 las administraciones han comenzado a centrar sus inversiones en aplicaciones concretas.

Las licitaciones vinculadas a software y plataformas de inteligencia artificial representan ya el 29% del total de proyectos publicados este año, mientras que ganan peso las relacionadas con inteligencia artificial generativa, procesamiento del lenguaje natural, automatización documental, consultoría especializada y ciberseguridad.

Mientras esto ocurre, las inversiones destinadas exclusivamente a la infraestructura tecnológica se han ido frenando, lo que demuestra que el sector público ya no necesita tanto soporte, sino que está comenzando a dar aplicaciones reales a estas herramientas.

Más de la mitad de la inversión total se concentra en 28 documentos de importe superior a los dos millones de euros, que concentran por sí solos 110 millones. Sin embargo, la la mayor parte de las licitaciones corresponden a contratos de importe reducido o medio con un importe medio por expediente de 390.442 euros, reflejando un mercado cada vez más orientado a proyectos de transformación digital de gran alcance.

La mayor parte de los fondos llegan a los servicios TI, concretamente un 47%, mientras que en el software y los sistemas se destinan un 25% de las inversiones, de manera que se demuestra que tres de cada cuatro contratos están relacionados con darle una aplicación real a las soluciones digitales basadas en IA. Además, cada vez ganan más terreno ámbitos como la formación, la investigación o los servicios profesionales especializados.

El análisis revela también una fuerte concentración territorial.

Madrid, con 176 licitaciones, y Cataluña, con 121, reúnen el 55% de toda la contratación pública española relacionada con inteligencia artificial, impulsadas tanto por el peso de la Administración General del Estado como por la concentración de organismos públicos y del ecosistema tecnológico, mientras que les siguen Andalucía (50 licitaciones), Comunidad Valenciana (31) y País Vasco.

Tras las cargas policiales que se produjeron ayer en Madrid durante las protestas de los docentes y el escrache a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el sindicato policial JUPOL ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "una gestión deficiente y negligente de la seguridad ciudadana y del orden público".

A través de un comunicado, aseguran que la Policía Nacional "no puede verse obligada a improvisar ante situaciones previsibles por la falta de información, de planificación y de instrucciones operativas claras", ya que esta falta de coordinación y previsión "impide dimensionar adecuadamente los recursos humanos necesarios y obliga a los agentes a reaccionar cuando la situación ya se ha deteriorado", alterando así el orden público.

En concreto, los agentes hacen referencia a cómo afecta la falta de información a su capacidad de respuesta policial, ya que "pone en riesgo tanto su integridad física como la seguridad de las personas a las que deben proteger".

Los hechos de ayer

Los hechos que se produjeron ayer, la cancelación de un acto oficial en el que estaba prevista la intervención de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, por un lado, y los altercados y las consignas del profesorado con motivo de la llegada de Isabel Díaz Ayuso a otro evento celebrado en el centro de la ciudad. Una manifestación que, al no haber sido puesta en conocimiento, es ilegal.

La presidenta ha responsabilizado al Ejecutivo de esta "persecución" y "acoso" que sufren dentro del gabinete de la comunidad. Díaz Ayuso sostuvo que la advertencia de que "no habrá paz en las calles de Madrid", proclamada hace diez días por los grupos de la izquierda en el Pleno de la Asamblea de Madrid, "se parece bastante a lo que está ocurriendo".

Y todo ello, apenas una semana después de las cargas policiales en la universidad Complutense en las que el delegado del Gobierno cuestionó públicamente la intervención de los agentes, a los que acuso de desproporcionalidad. JUPOL ya reclamó entonces su dimisión por lo que considera "una actitud de desautorización de la Policía Nacional y una gestión política inaceptable de situaciones complejas de orden público".

“La seguridad no puede depender de decisiones políticas”

“Francisco Martín no puede cuestionar públicamente a los policías cuando intervienen y, al mismo tiempo, privarles de la información y de las instrucciones necesarias para trabajar con garantías. La seguridad no puede depender de decisiones políticas ni de improvisaciones de última hora”, señala el sindicato.

En definitiva, concluye pidiendo de nuevo la dimisión de Francisco Martín y pidiendo a las delegaciones del Gobierno que informen y den las instrucciones operativas sobre cualquier tipo de manifestación comunicada o evento que afecte al orden público. "La Policía Nacional necesita planificación, recursos e instrucciones claras, no decisiones que la obliguen a trabajar a ciegas y a intervenir cuando el riesgo ya es evidente", sentencia.

España solo consigue un aprobado en pensiones. El Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026 otorga una puntuación de 63,3 sobre 100 al país y ocupa el puesto 30 de las 55 economías estudiadas. Así, su puntuación global ha retrocedido medio punto respecto al año pasado, cuando registró 63,8.

La calificación global que obtiene España en esta materia es de C+, con diferencias entre las tres dimensiones que componen el índice. En primer lugar se encuentra el requisito de adecuación, que analiza si las pensiones proporcionan ingresos suficientes durante la jubilación, alcanza 83 puntos y una calificación A. En cambio, al hablar de sostenibilidad solo se registran 33 puntos y una E, mientras que en integridad, que evalúa aspectos como la regulación y la gobernanza, vuelve a subir y suma 74,3 puntos y una B, situándose en el puesto 38.

Aunque el estudio destaca que el sistema español ofrece una sólida protección mínima a las personas mayores con menos recursos y mantiene elevadas tasas de sustitución netas y valora su regulación y gobernanza, así como la protección y la información que proporciona a sus miembros, también le saca los colores al Gobierno. Señala la baja cobertura de los planes de pensiones individuales y de empleo de carácter voluntario, y recuerda que en 2022 él mismo aprobó legislación para impulsar la previsión social empresarial.

"El sistema español ofrece una buena protección a las personas mayores con menos recursos y mantiene tasas de sustitución elevadas", señala el director de Investments y Retirement de Marsh España, Miguel Ángel Menendez, quien ha situado el reto en avanzar hacia un modelo más sostenible, capaz de responder al envejecimiento de la población y garantizar las pensiones a largo plazo.

Por ello, el índice propone algunas medida para que la valoración de España pueda subir. Entre ellas se encuentra la ampliación de la cobertura de los planes de pensiones de empleo mediante mecanismos de afiliación o inscripción automática, con el objetivo de elevar las aportaciones y los activos acumulados.

También plantea seguir aumentando la participación laboral a edades avanzadas conforme crece la esperanza de vida, introducir la exigencia de que parte de las prestaciones de jubilación se perciban como una renta periódica en la mayoría de los casos y reforzar la protección de los partícipes de planes privados frente al fraude.

Países Bajos, en cabeza

Entre los estados analizados para la elaboración de esta lista se ve representada el 66% de la población mundial tras la incorporación de República Dominicana, Kenia y Catar. Países Bajos alcanza el primer puesto con una puntuación de 85,8, seguido de Dinamarca, con 84,1, e Islandia, con 84. Estos tres sistemas, junto con Singapur y Australia, obtienen una calificación A.

Por dimensiones, Kuwait lidera el subíndice de adecuación, Dinamarca el de sostenibilidad y Finlandia el de integridad. El valor medio del índice global ha aumentado 1,1 puntos respecto a 2025, mientras que Australia, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Panamá y China han mejorado su calificación.

El descenso de la natalidad es una tendencia identificada en todo el mundo, que se suma además al aumento de la esperanza de vida de la población global, algo que presiona enormemente a los sistemas de pensiones. Por ello, Marsh llama a priorizar la financiación de las obligaciones futuras de jubilación y flexibilizar tanto el diseño de los productos como las estructuras de edad de retiro.

"Los datos muestran que incluso los sistemas mejor valorados deben seguir evolucionando; ningún sistema puede permitirse quedarse inmóvil ante estos cambios demográficos", ha afirmado el autor principal del informe y socio de Marsh Investments and Retirement, Tim Jenkins, quien ha defendido una mayor flexibilidad en el acceso a las rentas y en la relación entre trabajo y jubilación.

El alquiler permanente de desvanece en los mercados tensionados donde se están aplicando controles de precio. En el último año, ya ha descendido un 10%. Así, la oferta cae en todos estos territorios en el tercer trimestre del año, a excepción de Gerona, según demuestra un estudio publicado por la plataforma Idealista. Por el contrario, las rentas de temporada han experimentado un avance en este mismo periodo de tiempo, suponiendo ya un tercio del mercado nacional.

La mayor caída entre estos mercados se ha producido en San Sebastián, donde se han perdido más de la mitad, un 52%, seguida por La Coruña y Bilbao, ambos con un 41%, Pamplona, con un 33%, Vitoria, ambos con un 32%, Tarragona, con un 31%, Lleida, con un 29%, y Barcelona, con un 22%. La única excepción dentro de estos territorios es la de Gerona, donde se han incrementado un 4%.

Las ciudades no tensionadas también han sufrido retrocesos en su oferta, algunas incluso mayores, como lo que ha ocurrido en Ceuta, con un 54% menos. Le siguen Huesca, con una bajada del 44%, Palencia, con un 32% y Logroño y Huelva, con un 27%. Con caídas por debajo del 25% se encuentran otros grandes mercados como Alicante, que ha registrado la más profunda con un 22%, seguida de Valencia, con un 12% menos, y Málaga, con un 11% menos. En la ciudad de Madrid la oferta cae un 6% y en Palma un 2%.

En total han sido 6 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año. La mayor subida del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 11%, seguida de Gerona y Badajoz, con un 4% en ambas, Las Palmas de Gran Canaria, con un 2% más, Granada y Cádiz, con un 1% en ambas.

Avance del alquiler de temporada

El retroceso de la oferta de rentas permanentes en los mercados españoles ha dejado paso a un avance en los alquileres de temporada. Al cierre del tercer trimestre de 2026 el peso de este tipo de contratos, que son distintos a los turísticos, llegó hasta el 34% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 7%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 10% en el mismo periodo.

Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en La Coruña, que cuenta con un 44% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Vitoria, con un 37%, Bilbao, con un 36%, y Pamplona, con un 14%, mientras que San Sebastián ha registrado un aumento del 4%.

El caso de Cataluña es algo distinto, pues su legislación autonómica ha provocado que las cuatro capitales donde ha desaparecido más oferta de temporada sean catalanas: Gerona la ha reducido un 63%, Tarragona un 58%, Barcelona un 37% y Lérida un 21%.

Tras los cambios en la oferta de temporada, San Sebastián se convierte en la ciudad con mayor peso de esta clase de rentas, con un 62% de su oferta en esta modalidad, seguida de Cádiz, con un 61%, Bilbao, con un 59%, y Barcelona, con 57%, que vuelve a ganar peso desde el 51% del trimestre anterior.

Le siguen Santander, con un 52%, Almería, con un 44%, Pamplona y La Coruña, con un 42% en ambos casos. Entre el resto de grandes mercados, Málaga, con un 37% y Madrid y Valencia, con un 35% en ambos casos, son donde tienen mayor peso, seguidas de Sevilla, con un 33%, Alicante, con un 31%, y Palma, con un 25%.

Por el contrario, en las zonas menos dinámicas esta modalidad temporal tiene un peso notablemente menor. Se trata de las ciudades de Guadalajara, con un 8%, Valladolid, con un 11% y Zaragoza, Cáceres y Palencia, con un 12% en todos los casos.

En un vídeo viral vía TikTok una cubana residente en España ha advertido de las similitudes que está adoptando nuestro país con las dictaduras de Cuba y Venezuela. En el vídeo, que cuenta con casi medio millón de visualizaciones señala la situación actual como una gran amenaza de conversión hacia la pobreza y fin del Estado de derecho.

Las advertencias de la 'cubanización' o 'venezolanización'

Explica que mientras en Cuba se llamaba "gusanos" a las personas que no apoyaban al régimen castrista, en España se utiliza el término "facha" contra cualquiera que exprese una opinión distinta.

En cuanto a la crisis de la vivienda, señala que en Cuba se produjo una ocupación masiva de casas y pérdida de propiedades. En España observa un deterioro similar facilitado por leyes de vivienda que, según su punto de vista, "acotan la oferta y perjudican a los propietarios e inquilinos".

Los empresarios están en la diana del régimen cubano, se ponen toda serie de trabas e impuestos que dificultan que se creen empresas y un progreso económico debido a estas barreras y a las constantes inspecciones. Asimismo en este país de índole comunista se llegan a nacionalizar las empresas privadas. En España ve reflejado este fenómeno, puesto que el empresario es tratado como el enemigo.

En Cuba y Venezuela se atribuye la escasez y los problemas económicos al "bloqueo" o al "imperialismo yanqui", mientras que en España el gobierno responsabiliza a la derecha de la situación actual.

Menciona la aplicación de la máxima "divide y vencerás" como estrategia de polarización y división, comparando la tensión y la confrontación social actual en España con el espionaje entre ciudadanos y los "actos de repudio" ocurridos en Cuba.

La cubana sostiene que estas políticas buscan atraer a las clases humildes promoviendo ayudas e igualdad, pero cuyo resultado real es el estancamiento económico, la dependencia estatal y la pérdida de libertades.

Escenario 1: Victoria de la izquierda

En un contexto de precampaña electoral, la ratificación de un gobierno de coalición de izquierdas implicaría profundizar las políticas de intervención estatal y redistribución de rentas. Entre los ejes clave destacan la regulación estricta del mercado inmobiliario y un marco laboral enfocado en la ampliación de los derechos de los trabajadores.

En materia de política exterior, la continuidad de la coalición de izquierdas tras las próximas elecciones generales mantendría a España como la principal aliada del diálogo diplomático e interlocución fluida con los gobiernos de La Habana y Caracas. Se consolidaría la política de alivio financiero con una estrategia que incluye programas de conversión de deuda —como los 375 millones de euros destinados a financiar proyectos estatales de agua y energía en Cuba— y la aprobación de quitas sucesivas de la deuda acumulada por la isla. Mientras el Estado perdonó cerca del 90% de la deuda histórica cubana, más de 150 empresas españolas continúan sufriendo impagos y bloqueos de dividendos en la isla por un valor superior a los 300 millones de euros, trasladando el riesgo económico al tejido productivo español.

Asimismo, se mantendrían los flujos de ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la FIIAPP y los marcos presupuestarios de la UE. Estos fondos subvencionan iniciativas de digitalización administrativa, transición energética y envío directo de suministros alimentarios y sanitarios.

Esta política representaría un "blanqueo diplomático" que prolonga la estabilidad de regímenes autoritarios a costa del contribuyente español, por otro lado estas concesiones económicas y gestos bilaterales no van destinadas de manera firme a la liberación de los presos políticos ni a reformas democratizadoras verificables.

Escenario 2: Victoria de la derecha

Una victoria de las coalición de derechas (PP y VOX) el próximo 29 de noviembre supondría una enmienda a la totalidad del modelo económico actual, sustituyendo la intervención estatal por postulados liberales dirigidos a dinamizar el sector privado.

Se plantearía un endurecimiento de la legislación contra la ocupación ilegal de viviendas y la derogación de los topes a los precios del alquiler. Los promotores de este giro sostienen que la seguridad jurídica es indispensable para reactivar la oferta inmobiliaria y atraer inversión.

Frente al discurso que señala al empresario como un problema, la derecha abandera la restitución del equilibrio entre empleadores y trabajadores. Sus programas electorales proponen rebajas impositivas y la simplificación regulatoria para frenar la fuga de talentos y evitar un tejido productivo dependiente del gasto asistencial.

El líder del PP aboga por auditar las subvenciones y ayudas públicas para evitar que se conviertan en mecanismos de perpetuación electoral, priorizando un sistema de mérito y crecimiento económico autónomo.

En la arena internacional, la llegada de un ejecutivo conservador rompería con la diplomacia complaciente de las últimas décadas para buscar una sintonía directa con la administración estadounidense en la gestión de los expedientes de La Habana y Caracas. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado su intención de trabajar de forma explícita junto a Estados Unidos —en interlocución directa con el Secretario de Estado Marco Rubio— para exigir la llegada de la libertad y la prosperidad a Cuba.

La derecha reclama que España lidere en Bruselas la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) mediante la activación de su cláusula democrática, debido al recrudecimiento de la represión y el encarcelamiento de opositores. Además se produciría el retiro inmediato de seguros de crédito a la exportación y avales estatales para proyectos vinculados al grupo militar cubano.

Las elecciones del 29N representan un plebiscito sobre el modelo de convivencia socioeconómica e inserción internacional de España. La elección del electorado definirá si el país profundiza un esquema de intervención estatal y puente diplomático con regímenes afines, o si emprende un viraje liberal alineado con la agenda atlántica de firmeza democrática y libre mercado.

José Fermosell ha conseguido convertir a Grupo Macarena en uno de los referentes de la gastronomía a nivel nacional. Ahora, cuenta además con la ayuda de su hijo Sergio, que, aunque se denomina a sí mismo como un entusiasta del atún, ha aprendido a hacer también suyo el mundo de la carne.

Ahora, sus restaurantes están de celebración. Las Jornadas del Retinto se celebrarán en sus locales durante el mes de octubre para llevar a la mesa el sabor de la ternera ecológica gaditana.

Bajo el paraguas del grupo conviven cinco conceptos con personalidad propia: Casa Julián, Macarena, Marimorena, Azahara y Jarana. Aunque cada uno tiene su propia identidad, desde la taberna informal hasta el asador clásico, a todos los une la obsesión por el producto y un arraigo a la cocina del sur.

Casa Julián es la matriz del grupo y abrió sus puertas en el barrio Salamanca en 1977. En sus inicios tenía otros propietarios, hasta la llegada de José, que tras trabajar allí toda una vida, terminó adquiriendo el local y convirtiéndolo en el negocio familiar que conocemos a día de hoy.

El restaurante ha mantenido sus raíces castizas casi 50 años después de su apertura, colocando en el centro su parrilla de carbón, combinada con toques de la cocina actual.

En su carta se rinde homenaje al producto de calidad y al asador de siempre; desde propuestas de lonja como el espeto de calamar con romescu o los boquerones a la bilbaína, hasta cortes de carne excepcionales como el T-Bone de Angus, el lomo Hereford o la chuleta de vaca charra, siempre acompañados por sus famosas e imprescindibles patatas fritas.

Jornadas del Retinto

El Grupo Macarena, al que pertenece Casa Julián, celebra sus Jornadas del Retinto durante todo el mes de octubre; los visitantes podrán degustar elaboraciones fuera de carta de esta ternera ecológica, que es un icono de la despensa gaditana.

En ellas el comensal podrá disfrutar de la ternera ecológica de la Sierra del Retín es uno de los productos que mejor explican la relación entre Cádiz, el territorio y la ganadería de proximidad. Criada en el entorno de Barbate, la raza retinta forma parte del paisaje gastronómico gaditano y cuenta cada vez con mayor presencia en la cocina por su sabor, su origen y el modelo de producción que la rodea.

Jarana, su local ubicado en el Paseo Marítimo de Barbate, será el gran protagonista incorporará durante este mes cuatro elaboraciones fuera de carta con la raza retinta como protagonista. De esta manera, los comensales podrán probar el brioche de steak tartar de Retinto, el tataki de Retinto con crema de queso Payoyo y cebolla roja encurtida, la carrillera de Retinto acompañada de parmentier de patata y la chuleta de lomo bajo de Retinto marcada a la brasa.

En la capital, Azahara y Casa Julián también se sumaron a estas jornadas. Ambos locales ofrecerán las mismas elaboraciones fuera de carta para acercar al comensal madrileño este producto tan representativo de la despensa gaditana

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre siguen provocando movimientos entre los principales partidos políticos, que afrontan los últimos días para cerrar sus candidaturas al Congreso y al Senado. Con el plazo de presentación de listas a punto de comenzar, las negociaciones electorales y las discrepancias internas han ganado protagonismo en las últimas horas.

Uno de los principales focos de atención está en las conversaciones entre el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, que estudian posibles fórmulas de entendimiento para las elecciones al Senado. El objetivo de estas negociaciones sería evitar la dispersión del voto entre ambas formaciones, después de que el PSOE haya alcanzado acuerdos con partidos de izquierda para concurrir conjuntamente en determinadas circunscripciones.

Por su parte, el PSOE afronta una crisis interna en Palencia, donde los integrantes de la candidatura inicialmente propuesta han renunciado a sus puestos después de que la dirección federal decidiera modificar el cabeza de lista. Ferraz ha defendido su capacidad para introducir cambios en las candidaturas, mientras los socialistas de Castilla y León han expresado sus discrepancias con la decisión.

También hay novedades en Frente Amplio, después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara que no formará parte de las listas para las elecciones generales. La decisión deja a Emilio Delgado al frente de la candidatura por Madrid, acompañado por Tesh Sidi como número dos.

Todo ello sucede cuando los partidos se preparan para presentar sus listas entre el 21 y el 26 de octubre, antes de que comience oficialmente la campaña electoral del 29N.

Elecciones generales 29N, en directo: Feijóo negocia con Vox un pacto para el Senado y el PSOE afronta una nueva crisis por sus listas