La visita de Pedro Sánchez al programa La Revuelta de David Broncano no se ha emitido todavía, pero ya ha generado una nueva batalla política en redes sociales. La entrevista del presidente del Gobierno en el espacio de RTVE ha servido de excusa para que PSOE y PP protagonicen un intercambio de mensajes cargados de ironía y ataques políticos.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial del PSOE decidió bromear con la presencia de Sánchez en el programa presentado por Broncano. Los socialistas publicaron un mensaje dirigido al presentador en el que advertían, en tono humorístico, de la importancia de la entrevista.

“A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista”, escribió el PSOE en la red social X antes de la emisión del programa.

 

La publicación no tardó en hacerse viral y rápidamente obtuvo respuesta desde la sede nacional del Partido Popular.

El PP aprovecha la ocasión para lanzar un dardo a Sánchez

Los populares entraron en la conversación utilizando el mismo tono irónico, pero aprovechando la oportunidad para atacar directamente al presidente del Gobierno.

“David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos”, respondió la cuenta oficial del PP.

 

La referencia no pasó desapercibida. El mensaje hacía alusión a la polémica que durante las últimas semanas ha rodeado al PSOE a raíz de diferentes informaciones relacionadas con el denominado clan de Los Rochos, un asunto que ha sido utilizado por la oposición para intentar desgastar al Gobierno.

El comentario fue interpretado por numerosos usuarios como una forma de vincular la entrevista televisiva con las controversias políticas que rodean al Ejecutivo en plena precampaña electoral.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios en apenas unas horas, convirtiéndose en uno de los mensajes políticos más compartidos de la jornada.

La entrevista de Sánchez se convierte en un nuevo frente político

La presencia de Sánchez en La Revuelta se produce en un momento especialmente sensible, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La estrategia del presidente pasa por reforzar su presencia mediática y acercarse a públicos más jóvenes a través de formatos televisivos alejados de la entrevista política tradicional.

Mientras el PSOE intenta convertir la entrevista en un escaparate para su líder, el PP ha optado por utilizar el acontecimiento para mantener la presión sobre Sánchez y recordar algunas de las polémicas que han marcado la legislatura.

El intercambio de mensajes evidencia hasta qué punto la precampaña electoral se está librando también en redes sociales, donde una simple broma puede transformarse en una nueva herramienta de confrontación política.

Por el momento, la entrevista todavía no se ha emitido, pero el cruce entre populares y socialistas ya ha conseguido convertirla en uno de los acontecimientos políticos más comentados del día.

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El Partido Socialista ha confirmado este jueves que participará en un cara a cara con el principal líder de la oposición el próximo 16 de noviembre, primer lunes de campaña electoral. De esta forma, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a encontrar en un debate organizado por una cadena privada, tal y como ocurrió el 11 de julio de 2023 antes de las elecciones generales en Antena 3 (Atresmedia). Desde principios de octubre, el Partido Popular ya había confirmado su disposición para celebrar el cara a cara con el líder socialista en esta fecha. El PP quiere que tenga lugar en Mediaset, aunque el PSOE no lo ha confirmado.

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Desde que formaron Gobierno de coalición con el PP tras las elecciones andaluzas, los diputados de Vox se sienten más fuertes y envalentonados. Y entre esos parlamentarios hay uno que es además vicepresidente segundo, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Se llama Manuel Gavira, fue candidato a la presidencia de la Junta por Vox, es abogado, es de Cádiz y tiene 57 años. En el primer pleno ordinario de la XIII Legislatura llamó “puteros” a los socialistas en el debate de una iniciativa presentada por el PSOE sobre la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo hizo desde el banco verde del Ejecutivo.

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El PSOE ha pedido al juez a cargo del caso Leire Díez que le dé más tiempo para poder entregar a la Audiencia Nacional la documentación que le reclamó sobre la contratación de abogados y consultores del partido entre 2021 y 2025. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la formación ha explicado que se encuentra a la espera de que el Consejo General de la Abogacía Española le conteste si la información requerida afecta al secreto profesional, una petición que, según ha incidido, “no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” por el instructor. Además, ha incidido en que los datos reclamados no están centralizados y que ahora, como está “concentrada” en el “desarrollo de la campaña” electoral, su capacidad de “respuesta inmediata” se ve “obviamente mermada”.

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En los próximos días se realizará el sorteo para determinar a los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, los ayuntamientos designarán mediante sorteo a quienes serán presidentes y vocales de las mesas y deberán comunicarles su designación en un plazo máximo de tres días.

A partir de ese momento, los elegidos tendrán siete días para presentar alegaciones si no están en condiciones de participar en la jornada electoral. Uno de los motivos para quedar eximido de esta responsabilidad, recogido en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, es encontrarse en situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.

Por tanto, si estás de baja laboral puedes solicitar quedar eximido de formar parte de una mesa electoral durante el 29N, siempre que acredites debidamente esta situación.

Si el impedimento aparece posteriormente, también puede comunicarse. Cuando falten al menos 72 horas para las elecciones, el ciudadano deberá informar a la Junta Electoral de Zona y presentar la documentación que justifique la imposibilidad de acudir. En situaciones sobrevenidas y de última hora, cuando ya no sea posible cumplir ese plazo, será necesario comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa.

Eso sí, la Junta Electoral dispone de un plazo de cinco días para resolver las alegaciones presentadas. Solo la Junta Electoral de Zona tiene la potestad de aceptar o rechazar las excusas para no formar parte de la mesa electoral.

Otros motivos que permiten quedar eximido de una mesa electoral

• Ser mayor de 65 años y menor de 70.
• Estar en situación de discapacidad.
• Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
• Estar embarazada de seis meses o más o encontrarse en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.
• Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.
• Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.
• Ser víctima de un delito cuando exista una resolución judicial en vigor que imponga al condenado o investigado una prohibición de aproximación y este figure inscrito en alguna de las mesas del mismo colegio electoral.

También debes recordar que no presentarse sin una causa justificada o abandonar las funciones asignadas puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para presidentes, vocales y suplentes que incumplan determinadas obligaciones relacionadas con el desempeño de estos cargos.

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El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de retirar las placas de matrícula reservadas que, con fines de seguridad personal y de sus familias, tenían los miembros de la Guardia Civil de las comandancias del País Vasco y Navarra, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se mantienen las que usan los grupos operativos, lo que no resta gravedad a la resolución adoptada. Esta nueva situación coincide con la entrada en la cárcel de dos miembros del movimiento disidente proetarra Jardun, que tenían en su poder información relevante sobre agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los fines por los que habían acumulado los datos sólo los conocen los ahora encarcelados, ya que se negaron a declarar ante el juez, pero resulta preocupante que estuvieran en manos de unos individuos, uno de los cuales fue el encargado de leer el manifiesto del «Gudari Eguna» (Día del Soldado Vasco), que se celebró en una localidad fronteriza francesa al día siguiente de que fueran interceptados por una patrulla de Tráfico de la Ertzaintza que, inexplicablemente, no procedió a su detención para que se pusieran en marcha los protocolos habituales en estos casos, entre ellos el registro de sus domicilios. Además, lo ocurrido el 26 de septiembre se mantuvo oculto a la opinión pública hasta que el Gobierno del PNV-PSE decidió darlos a conocer días pasados.

El manejo de la información que se incautó, fuera por razones políticas u otras, no resta gravedad al asunto, por lo que no se entiende la medida adoptada por el Ministerio del Interior que afecta a la seguridad de los agentes y sus familias.

Las placas reservadas de matrícula es una medida de seguridad destinada a que los individuos, por las razones que sean, quieran controlar los movimientos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco y Navarra. Se trata de algo absolutamente necesario cuando ETA estaba operativa. Es verdad que la banda terrorista ha dejado de matar lo que no significa que su siniestra presencia no se mantenga en las provincias del norte, bien sea con pintadas, homenajes y una omnipresencia de determinados elementos que estuvieron vinculados a su entorno y que ejercen una presión sobre los sectores considerados como españolistas.

Las fuentes que ha consultado este periódico no se explican por qué se ha adoptado esta medida y qué necesidad había de hacerlo ahora. En las dos últimas legislaturas, la opinión pública ha asistido, singularmente las víctimas del terrorismo, al blanqueamiento de ETA y sus crímenes, como si la banda no hubiera existido, tal vez para justificar unos pactos políticos necesarios para el mantenimiento del poder.

Es responsabilidad de quien lo ha hecho que deberá someterse al veredicto de las urnas el 29N, pero retirar una medida de seguridad necesaria no va a contribuir a cambiar una historia que está ahí, para dolor de tantos españoles.

Las placas reservadas de matrícula es una de tantas medidas para evitar que determinados individuos, como al parecer ocurría con los encarcelados de Jardun, pudieran identificar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Al retirar la medida a los vehículos particulares se expone no sólo a los agentes sino también a sus familias, que pueden viajar con ellos para cualquier desplazamiento, como ir al colegio, compras, vacaciones, etcétera.

Se dirá que ya no hay peligro, los últimos acontecimientos parecen indicar lo contrario; en cualquier caso, como medida preventiva no costaba tanto mantenerla porque a ningún agente que trabaje en el País Vasco y a sus familiares les gusta ser identificados por los señalamientos existen con fines claramente intimidatorios.

“Normalización” es una palabra que durante décadas utilizó el entorno de la banda terrorista dentro de su estrategia de poner en el mismo fiel de la balanza a víctimas y verdugos.

Las referidas fuentes señalaron que los agentes no entran en asuntos políticos sino a los que pueden afectar a su seguridad personal y familiar y, sobre todo, al derecho que tiene todo español a disfrutar de una vida tranquila sin tener que poner en marcha medidas suplementarias en lo que afecta a sus vehículos.

Se supone que, al igual que en los vehículos operativos, las placas reservadas se mantienen para su uso en los vehículos oficiales camuflados de instituciones oficiales dado la amenaza terrorista de carácter global que sufre Occidente.

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Uno de los programas más ambiciosos de modernización de las Fuerzas Armadas españolas ha quedado temporalmente bloqueado.

Se trata del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un proyecto valorado en cerca de 2.000 millones de euros que debía renovar una parte importante de los medios acorazados del Ejército de Tierra y sustituir a los veteranos TOA que llevan décadas en servicio.

Según informa El País, el Ministerio de Defensa ha decidido paralizar el inicio del programa después de las diferencias surgidas con el consorcio adjudicatario, Tess Defence, liderado por Indra. La propuesta económica planteada por las empresas habría superado ampliamente las previsiones iniciales del departamento.

El proyecto estaba considerado estratégico por el Ejército de Tierra debido a la antigüedad de muchos de los vehículos que actualmente siguen operativos y que fueron diseñados hace varias décadas.

El blindado llamado a sustituir a los históricos TOA

El objetivo principal del programa VAC era sustituir a los conocidos TOA M-113, vehículos blindados de transporte de tropas que comenzaron a incorporarse hace más de medio siglo y que todavía continúan prestando servicio en numerosas unidades.

Aunque estos vehículos han sido actualizados en varias ocasiones, sus capacidades se encuentran muy alejadas de las exigencias operativas actuales. Por ello, Defensa apostó por una nueva plataforma capaz de ofrecer mayor protección, más movilidad, mejores comunicaciones y una integración completa en los sistemas digitales de combate.

El programa contemplaba distintas versiones especializadas destinadas al transporte de tropas, evacuación sanitaria, apoyo logístico, mando y control o recuperación de vehículos dañados.

No se trataba de una compra menor. Con casi 2.000 millones de euros de presupuesto, el VAC se había convertido en uno de los mayores contratos para la industria militar terrestre española.

Defensa mantiene abiertas las negociaciones

Pese a la paralización, el proyecto no se considera cancelado. Según explica El País, las conversaciones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio industrial continúan abiertas y ambas partes siguen trabajando sobre una nueva propuesta presentada durante el pasado mes de septiembre.

Fuentes gubernamentales citadas por el diario aseguran que el objetivo es desbloquear una iniciativa considerada esencial para el futuro de las capacidades terrestres españolas.

El interés de Defensa es evidente. La sustitución de los TOA forma parte de un proceso mucho más amplio que incluye programas como el 8x8 Dragón, nuevos sistemas de defensa aérea y diversos proyectos de digitalización y modernización militar.

Mientras continúan las negociaciones, el futuro del VAC permanece en suspenso. Sin embargo, una cosa parece clara: el Ejército de Tierra necesitará reemplazar tarde o temprano unos vehículos que, pese a su fiabilidad y trayectoria, se acercan al final de su vida operativa.

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Pese a que se vaticinaba lo contrario, el Tribunal Constitucional ha inadmitido, por una amplia mayoría, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Si la credibilidad de Ángel Gabilondo estaba deteriorada, la decisión del Constitucional le ha dado la estocada final.

En las distintas e importantes responsabilidades que ha ostentado, nunca ha sido una característica de Gabilondo un nivel elevado de actividad. Ha sido su sello personal en su etapa como rector, en la de portavoz en la Asamblea y en la actual como defensor del pueblo.

Según las memorias del Tribunal Constitucional, Gabilondo solo ha interpuesto un recurso de amparo en los casi cinco años que lleva al frente de la institución, precisamente contra la decisión del Tribunal Supremo en relación con la denominada Ley de Nietos.

En lo único que se ha mostrado siempre raudo es en atender las peticiones que se le han realizado desde la calle Ferraz. Así fue cuando se le sondeó sobre la disponibilidad para ser candidato a la alcaldía de Madrid en el año 2010, aunque finalmente la decisión de la dirección socialista fue otra.

De igual manera, aceptó, en menos de 24 horas, ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 y fue líder de la oposición hasta que Pedro Sánchez decidió que había que relevarlo y exigió alguna contrapartida. Se consideró que sería útil como defensor del pueblo.

La ironía es que quien invoca la Constitución ha recibido una respuesta basada precisamente en el respeto al procedimiento constitucional. La inadmisión de su recurso lleva a preguntarse si el Defensor del Pueblo está ejerciendo toda su función constitucional o si está concentrando su actuación en una sola dimensión del problema.

La Instrucción de octubre de 2022 estableció una presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa interpretación administrativa es una de las cuestiones controvertidas del caso. La segunda pregunta incómoda es ¿qué investigaciones administrativas ha promovido el Defensor para comprobar la aplicación de esa instrucción y las garantías del censo?

No es una cuestión ajena al Defensor del Pueblo, el 12 de diciembre de 2024, Gabilondo dirigió un recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de Gijón por un error administrativo que había impedido votar a un ciudadano en las elecciones europeas.

Si el Defensor consideró necesario exigir rigor administrativo para proteger el voto de una persona en Gijón, ¿qué grado de supervisión administrativa corresponde cuando están afectados más de 163.000 electores residentes en el extranjero?

Nadie debería olvidar que la memoria de los exiliados merece respeto, pero el censo electoral, además, exige garantías y seguridad jurídica.

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La batalla judicial por el derecho al voto de miles de españoles nacionalizados a través de la conocida como ‘ley de nietos’ continúa creciendo. Tres de los afectados por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo han decidido presentar alegaciones ante el alto tribunal con el respaldo del despacho ILOCAD, liderado por el exjuez Baltasar Garzón.

Según ha informado Europa Press, la defensa considera que la medida adoptada por el Supremo no solo perjudica a los tres recurrentes, sino también a miles de ciudadanos españoles que podrían quedarse sin ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

El despacho ha presentado un escrito en el que solicita acceder de forma completa al procedimiento judicial y que los afectados sean reconocidos formalmente como parte del mismo.

Los abogados sostienen que el tribunal ha acordado una limitación que carece de respaldo legal suficiente y que afecta a un derecho considerado fundamental dentro del sistema democrático español.

La controversia gira en torno a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, una norma que permitió acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles residentes en el extranjero.

La defensa denuncia la vulneración de tres derechos fundamentales

El despacho de Garzón sostiene que la medida cautelar acordada por el Supremo vulnera en primer lugar el derecho de sufragio activo, es decir, el derecho a participar en unas elecciones mediante el voto.

A juicio de los abogados, el sistema jurídico español no contempla actualmente la suspensión de este derecho mediante una decisión cautelar de la naturaleza adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Además, las alegaciones presentadas denuncian una vulneración del principio de igualdad.

Según la defensa, la medida afecta exclusivamente a parte de los ciudadanos inscritos en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mientras que no se aplica a otros nacionalizados que adquirieron la ciudadanía española exactamente por la misma vía.

Los abogados explican que tampoco se ha impedido votar a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática y están inscritos como residentes en España, una diferencia de trato que consideran injustificada.

El tercer derecho supuestamente vulnerado sería el de la tutela judicial efectiva.

El despacho argumenta que la decisión judicial provoca una situación de indefensión porque sus efectos son prácticamente irreversibles.

La celebración de las elecciones convierte la medida en un perjuicio difícilmente reparable, ya que, una vez celebrados los comicios, los afectados no podrán recuperar la posibilidad de participar en esa convocatoria concreta.

Reclaman la nulidad de la medida y una posible indemnización

Las alegaciones también cuestionan los motivos que justificaron la adopción de las medidas cautelares. Según la defensa, la resolución no cumple requisitos esenciales como la proporcionalidad, la existencia de un riesgo derivado de la demora procesal o la apariencia de buen derecho.

Por ese motivo, el despacho solicita al Tribunal Supremo la nulidad de las medidas cautelares y plantea incluso la posibilidad de reclamar una compensación por los daños sufridos por quienes han visto restringido su derecho al voto.

El abogado Pedro J. Díaz, integrante de ILOCAD, considera que la situación se ha agravado después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo.

Esa decisión fue adoptada este miércoles al considerar prematuro el recurso de amparo presentado por la institución. A dicho recurso se había sumado además el despacho de Garzón en representación de un ciudadano español de origen argentino.

Los recurrentes sostienen que la consecuencia práctica de esta cadena de resoluciones es que miles de ciudadanos españoles podrían quedarse sin votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre pese a contar con la nacionalidad española plenamente reconocida.

A medida que avanza el calendario electoral, el conflicto jurídico adquiere una mayor relevancia política y social. La resolución que adopte el Supremo podría afectar directamente a un colectivo que reclama participar en las urnas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles.

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Rahal El Makkaoui, jefe del grupo parlamentario del Istiqlal, partido que forma parte de la coalición de Gobierno de Al Mansouri, ha manifestado que las relaciones con España están supeditadas al "expediente de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari (islas ypeñones de soberançia) se basa en la adhesión a la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial del Reino".

Subrayó que el respeto a los principios de coexistencia y cooperación que unen a ambos países, en virtud de la proximidad geográfica y los lazos históricos, no puede ir en detrimento de la soberanía territorial de Marruecos, que consideró vinculada a la recuperación de las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari.

Al-Makawi criticó lo que describió como la explotación política y mediática del tema por parte de algunos partidos españoles, considerando que tales posturas van más allá de los límites de la convivencia positiva que debería enmarcar las relaciones entre los dos países, y no son compatibles con los requisitos para construir una asociación basada en el respeto y la confianza mutuos.

El portavoz afirmó que Marruecos, basándose en su compromiso con la justicia de sus causas nacionales, no aceptará que su asociación con España se convierta en un medio de presión, chantaje o amenazas, e hizo hincapié en que las relaciones bilaterales no pueden mantenerse ignorando los asuntos pendientes, sino que requieren abordarlos con espíritu de responsabilidad y claridad

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España perdió capacidad operativa de artillería de cohetes en 2011, cuando retiró los lanzacohetes Teruel tras más de tres décadas en servicio. Quince años después, el relevo sigue pendiente. El programa Silam (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), puesto en marcha para cubrir esa carencia, atraviesa una etapa de incertidumbre tras la cancelación de los contratos iniciales.

"Una situación incierta". Así definió Antonio Mongío Bergua, jefe del Mando de Artillería de Campaña, el estado en que se encuentra el futuro sistema del Ejército de Tierra. Según publicó Infodefensa el 7 de octubre de 2026, todavía continúa la búsqueda de un socio tecnológico que dé a España la autoridad de diseño.

Marruecos refuerza su artillería

La comparativa entre ambos países queda reflejada en el ranking Global Firepower 2026 y recogida por Euronews. Según sus estimaciones, Marruecos dispone de 185 lanzacohetes múltiples móviles, frente a ninguno de España desde la retirada de los Teruel.

Las Fuerzas Armadas marroquíes poseen, entre otros, sistemas chinos y el sistema israelí PULS, que ya está en servicio, según informa bladi.net. Un equipamiento que les permite lanzar salvas de cohetes contra objetivos terrestres a diferentes distancias, dependiendo de la munición utilizada.

Además, Estados Unidos autorizó en abril de 2023 la posible venta a Marruecos de 18 lanzadores HIMARS, junto con misiles ATACMS y cohetes guiados, por un importe estimado de 524,2 millones de dólares. Así consta en el comunicado oficial de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense.

El calendario de 2028 ya no está asegurado

Según explicó el departamento que dirige Margarita Robles en abril de 2023, "la previsión es alcanzar la plena operatividad del Silam en el año 2028". Tal y como destacó el Ejército por aquel entonces, los lanzacohetes tendrán un papel clave en los escenarios futuros: "Gracias a ellos, se mantendrá una gran capacidad de respuesta con elevada profundidad y precisión para apoyar a cualquiera de sus unidades subordinadas".

Sin embargo, la cancelación de los contratos en septiembre de 2025 obligó a replantear el proyecto. La búsqueda de un socio tecnológico que permita a España asumir la autoridad de diseño sigue siendo uno de los obstáculos. Por eso, el plazo que se estimó hace cinco años no debe presentarse, ni por asomo, como una fecha confirmada.

Con todo, el Ejército de Tierra continúa pendiente de recuperar una capacidad que se perdió tras la retirada del Teruel, y que responde a una de las grandes carencias actuales de la artillería española.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en la precampaña, pero no para apoyar al PSOE, el partido del que fue secretario general durante 23 años. Preguntado durante un acto en el Círculo Empresarial de Málaga sobre cuál va a ser su preferencia electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha justificado por qué va a votar en blanco: “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación”.

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El cabeza de lista de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, debe sentarse en julio del año próximo en el banquillo para ser juzgado por el asalto al centro de menores de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019, que se saldó con cuatro heridos. El fiscal imputa al candidato de Vox y secretario general del sindicato ultra Solidaridad un delito de “incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional” y le pide dos años y dos meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo (presentarse a cargos de elección popular), cinco años de inhabilitación especial para oficios relacionados con menores, nueve meses de multa y prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue. De haber sido condenado a esta pena, De la Fuente no podría presentarse a las elecciones del 29 de noviembre, pero la disputa sobre el órgano competente para juzgar el caso ha hecho que, siete años después de sucedidos los hechos, aún esté pendiente de juicio.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha reafirmado que votará en blanco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre; "no oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, al tiempo que se ha referido a la visita del...

El PSOE ha aceptado la propuesta del Partido Popular de celebrar un debate sectorial sobre vivienda como parte de la campaña electoral del 29-N. Más allá de las palabras, el presidente del comité de campaña de Génova, Miguel Tellado, le propuso por carta a su 'homóloga' de Ferraz, María Jesús Montero, dicho debate. Pero no ha sido esta mañana, durante una entrevista en la Ser con la nueva portavoz socialista, Rebeca Torró, cuando el PSOE ha recogido ese guante con la condición de que se celebre en esta cadena de radio. "Aceptamos, quedamos a la espera de la concreción de los detalles", han respondido fuentes de Génova.

La estrategia socialista pasaba por querer convertir el problema de la vivienda en uno de los ejes de su estrategia tras ocho años de gobierno de coalición en los que este asunto ha empeorado exponencialmente. Pero el polémico y mediático desahucio de Maricarmen Abascal, la acampada posrterior en la Puerta del Sol y la convocatoria de una huelga general, a la que se han sumado CC.OO. y UGT, animó a Moncloa a intentar rentabilizar electoralmente ese malestar social. En la sede nacional de Génova están convencidos de que, como dice el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, "este asunto es el que se va a llevar por delante a los socialistas".

Ferraz no ha respondido aún a las propuestas de debates electorales

Además, recuerdan los populares que Moncloa no ha respondido a su propuesta de debates electorales, esto es, el "cara a cara" entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en Mediaset el primer lunes de campaña, 16 de noviembre; otro a cuatro en Atresmedia, el jueves 26, y un tercero entre los portavoces parlamentarios con grupo propio en el Congreso, el lunes 23 en RTVE.

Se queja el PP de que "transcurridas casi dos semanas, no consta aceptación por parte del candidato socialista. Instamos al equipo de campaña del PSOE a que confirme la asistencia de Pedro Sánchez para poder entablar ya las pertinentes conversaciones con los grupos de comunicación y empezar a trabajar en la organización de los espacios".

La diputada y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y referente de Catalunya en Común en la Cámara, Aina Vidal, no repetirá en la lista por Barcelona en las próximas generales del 29 de noviembre. Es una de las últimas novedades electorales de la nueva marca heredera de Sumar, Frente Amplio, que integra a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns. Este miércoles, el Consejo Nacional del partido catalán determinó las listas –66% a favor, 34% en contra y 20 papeletas en blanco– de las cuatro provincias en las que se presentan, con la decisión de no incluir a Vidal, de larga trayectoria política, en las mismas. No sería por voluntad de la diputada –desde 2016–, sino de la formación, que se ha enfrentado a tensiones –se refleja en el resultado– en la confección en los últimos días. La política, en todo caso, seguirá ejerciendo de portavoz del partido y "participará activamente" en la campaña electoral, indican en un comunicado los Comuns.

La formación consiguió cinco escaños catalanes en 2023. Tres de ellos fueron en Barcelona, y uno respectivamente en Tarragona y Girona. En Barcelona no repiten ni Vidal ni Gerardo Pisarello, que será candidato a la alcaldía de Barcelona en mayo. En su lugar, entran Ada Colau como candidata a la presidencia del Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que no concurrió y fue un fichaje posterior, y la politóloga y miembro de los Comuns, Júlia Miralles. Le siguen el actual diputado regional Andrés García Berrio, y la exdiputada y concejal en Barcelona, Lucía Martín. La decisión respecto a Vidal no es nueva, ya generó controversia su elección en 2023 para Sumar, entre las dos almas del partido catalán, especialmente Esquerra Verda, su partido. Se quiso entonces promocionar a Jaume Asens, ahora eurodiputado. De esa lista solo repite Viviane Ogou, de número siete.

Además de Barcelona, la diputada Júlia Boada vuelve a encabezar la lista por Girona. No será así en Tarragona, con Ester Roca, funcionaria de carrera del ayuntamiento de la capital. Es descendiente de fundadores del PSUC. En Lleida, también entra como novedad Montse Cortassa, química que ejerce como concejal de los Comuns en Almacelles. Las encuestas acotan las opciones de representación solo a Barcelona en estos comicios.

Madrid, cuatro nuevos puestos de salida

La decisión de Barcelona se da tras la confirmarse en las últimas horas la composición de la lista madrileña, que ha pasado de contemplarse como un fortín de representación exclusivo a Más Madrid, a dar espacio a los otros dos socios estatales clave tras las renuncias de figuras como la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. Emilio Delgado, el diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunto, será cabeza de lista. Tesh Sidi, de las siglas madrileñas, escala del tercer al segundo puesto. Su vacante la ocupa por primera vez el candidato electo en las primarias de IU, Toni Valero, que es coordinador de IU Andalucía. En cuarto lugar, la colíder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero entra dejando libre la cabeza de lista por Pontevedra que lideró el 23-J.

El próximo lunes concluye el registro de listas electorales y se conocerán todos los nombres elegidos por la coalición de izquierdas. Además de las bajas por Barcelona, a la de García en Madrid se unen la mayoría de cargos elegidos por Yolanda Díaz para las últimas generales. Desde ella misma a Íñigo Errejón, que dejó paso tras un escándalo de acoso sexual en 2024, el diplomático Agustín Santos Maraver o el economista vinculado a CC.OO. Carlos Martín. También Ione Belarra. Podemos concurre al margen de Frente Amplio, con una lista por Madrid liderada por Irene Montero, seguida de Tito Morano y Dina Bousselham en los puestos de salida.

Un mensaje que parece proceder de tu banco, una llamada de un supuesto empleado de seguridad o una web clonada pueden bastar para que un estafador acceda a tu cuenta y vacíe tus ahorros en cuestión de minutos. Los ciberengaños son cada vez más sofisticados. Los delincuentes imitan el diseño de las entidades, utilizan enlaces convincentes y, en algunos casos, consiguen que sus SMS aparezcan en el mismo hilo que los mensajes legítimos del banco.

Hasta ahora, muchas víctimas se encontraban con una segunda frustración. Tras descubrir el robo, la entidad se negaba a devolver el dinero alegando que el cliente había facilitado sus claves o confirmado la operación. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de octubre de 2026, en el asunto C-70/25, ha reforzado la protección del consumidor y ha cambiado el orden de las cosas.

Cuándo debe devolverte el dinero

La normativa española de servicios de pago, contenida en el Real Decreto-ley 19/2018, obliga a la entidad a reembolsar de inmediato una operación no autorizada y, como máximo, al final del día hábil siguiente a aquel en que conoció la operación o se le comunicó. Esta regla traspone el artículo 73 de la directiva europea PSD2.

El TJUE ha precisado que una posible negligencia grave del cliente no es motivo suficiente para suspender ese reembolso. Si el banco cree que hubo fraude o culpa del usuario, deberá devolver el importe y reclamar después por las vías legales, aportando pruebas de esa negligencia.

La única excepción prevista es que la entidad tenga motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio cliente. En ese caso, puede retrasar la devolución, pero debe comunicar formalmente esos motivos por escrito a la autoridad competente; una simple "investigación interna" no basta.

Qué cuenta como operación no autorizada

Que hayas introducido tu contraseña en una web falsa o hayas facilitado un código recibido por SMS no significa, por sí solo, que autorizaras la operación. La ley considera autorizada una operación cuando existe consentimiento real del titular; si ese consentimiento se obtiene mediante engaño, el pago puede considerarse no autorizado.

Además, el registro de que se utilizaron las credenciales correctas no libera al banco. La normativa establece que la entidad debe demostrar que el mensaje y la operación fue autenticada, registrada correctamente y que no estuvo afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio.

Qué hacer en las primeras horas

La rapidez es decisiva. En cuanto detectes cargos, transferencias o compras que no reconoces, llama de inmediato al teléfono de emergencias de tu banco y solicita el bloqueo de tarjetas, accesos digitales y operaciones. Cambia también las contraseñas comprometidas y, si sospechas un duplicado de SIM, contacta con tu operadora.

Después, conserva todas las pruebas. Entre ellos, mensajes, correos, capturas de pantalla, números de teléfono, extractos bancarios y justificantes de las operaciones. No borres nada del móvil y guarda el enlace fraudulento, si es posible.

Presenta una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y comunícalo al banco por escrito, pidiendo expresamente la devolución del importe como operación no autorizada. Este escrito debe identificar los movimientos fraudulentos, la fecha en que los detectaste y el hecho de que no diste tu consentimiento.

Si el banco se niega

Si la entidad rechaza la reclamación o no responde, puedes elevar el caso al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. La reclamación al banco debe resolverse, como norma general, en un plazo máximo de 15 días hábiles, ampliable a un mes si la entidad lo justifica.

Ten en cuenta que el informe del Banco de España no es vinculante. La entidad puede no aceptarlo. Por eso, si el importe es relevante o el banco mantiene su negativa, la vía judicial puede ser necesaria. La sentencia europea puede invocarse en la reclamación y en un eventual proceso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado este jueves a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' del PP en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre.

"Felicidades", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' después de que el PP haya confirmado en el segundo puesto de salida de la lista por Madrid a la Cámara Alta a actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso.

Gracias, @IdiazAyuso

Vamos a cerrar esta etapa de indecencia y división.

Vamos a devolver a los españoles el orgullo y la esperanza. https://t.co/KoXimnJywf

— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 22, 2026

De esta forma, ha indicado, acompañará al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "en esta apasionante aventura" que culminará en la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. Ha señalado que, pese a las diferencias con Alberto Núñez Feijóo -"No somos idénticos, nadie en este partido lo es", ha dicho textualmente-, es "el presidente que España necesita" frente a "una izquierda que no sabe gobernar y no acepta perder".

En declaraciones a 'esRadio', Álvarez de Toledo ha defendido al PP como "el instrumento más poderoso al servicio de lo más importante, que son España y la libertad", poniendo en valor a Feijóo como un "hombre solvente, valiente y bueno", pero "sobre todo decente". "Es antítesis de la egolatría corrupta que estamos sufriendo", ha añadido.

La diputada del PP ha defendido que España no quiere ser "la Venezuela de Maduro" pero tampoco "la Francia de Jean-Luc Mélenchon", en referencia a la violencia extrema de los últimos días en el país galo y a una izquierda "que utiliza siempre las mismas estrategias, el fraude, el miedo, el odio y la violencia".

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha confirmado también que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repetirá en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones de 2023.

Los gobiernos de España e Italia han acordado poner fin a los controles recíprocos en las fronteras interiores que estaban en vigor desde que el Ejecutivo de Georgia Meloni decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis en Ceuta por la entrada irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

La decisión de no prorrogar los controles fronterizos, "tomada tras un minucioso análisis de la situación", según ha informado el Ministerio del Interior, "irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen".

El acuerdo ha venido precedido de una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

Durante la última cumbre de líderes europeos en Bruselas, Sánchez y Meloni acercaron posturas para la supresión de los controles Schengen que Italia introdujo a principios de agosto, días después de la entrada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma.

Ambos jefes de Gobierno encargaron el pasado viernes, 16 de octubre, a sus ministros que materializaran este encargo durante los próximos siete días. Mientras esto ocurría, Italia decidió prorrogar por una semana más los controles en puertos y aeropuertos a los pasajeros procedentes de España, con la correspondiente contramedida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los pasajeros procedentes de Italia.

En respuesta a Italia, el Gobierno español venía de forma periódica prorrogando el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de la República Italiana.

Fuentes italianas consultadas por Europa Press explicaron que los ministros del Interior de los dos países iban a trabajar para "valorar juntos medidas de cooperación sustitutivas", mientras que por parte española se precisó que se trabajaría para "proceder a la eliminación" de los controles.

Aunque la reintroducción de controles fronterizos ente Estados miembro es una medida prevista por el Código Schengen, la Comisión Europea siempre ha defendido que debe ser una opción "de último recurso" e instado a los gobiernos a buscar medidas alternativas para reforzar la vigilancia sin suspender la libre circulación.

Entre las medidas sustitutivas que Bruselas ha planteado en el pasado a otros países que mantienen de manera sistemática controles que deberían ser puntuales, como Alemania, Austria o Francia, figuran el refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo con sistemas móviles de identificación biométrica o el seguimiento de vehículos.