Una frase con fecha incluida: “Recuerda, 2035”. Así arrancó José Luis Cava su respuesta a la pregunta de si Europa será más fuerte o más débil, en una conversación en el podcast La Fórmula del Éxito, de Uri Sabat. Su visión del futuro es poco complaciente con el continente y propone un giro que tiene pocos defensores en la política europea: acercarse a Rusia.

Cava plantea un mundo dividido en dos grandes bloques: “Yo ahora mismo veo dos bloques, uno que es China y otro que es Estados Unidos. Yo creo que China y Estados Unidos van a dominar el mundo”. Europa, en su opinión, solo sobrevive si avanza en su propia integración: “Quitemos la fronterita ya, establezcamos leyes normales que podamos votar”.

“Hay que unirse a Rusia”

A partir de ahí, su propuesta cambia de dirección: “Luego nosotros tenemos que unirnos a Rusia para tener acceso a energía barata”. Según su versión, el obstáculo no estaría en Moscú: “Cuando hablas con los rusos, no te creas que los rusos tienen vocación hacia Europa. Lo que pasa es que se ha metido Estados Unidos para que no nos unamos a Rusia”.

Esa lectura le lleva a cuestionar la política de sanciones: “A mí me duele mucho cuando ahora empiezan a hablar de Rusia y borrar, y otro paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones. Bueno, señores, vamos a ser serios”. Su crítica se centra en lo que considera una incoherencia: “Lo que no tiene sentido es que me establezcan paquetes de sanciones y estés comprando todavía energía a Rusia. Si la estás comprando, déjate ya de tonterías, compra más y baja los precios”.

Trump, la guerra de Ucrania y el factor chino

El invitado también dio su interpretación de los movimientos de Washington: “Donald Trump quiere que acabe la guerra de Ucrania para hacerse socio de Rusia por los recursos naturales, porque necesita energía”.

Sobre la relación entre Moscú y Pekín, sostuvo que no habrá ruptura: “Rusia no se va a separar de China porque tiene la frontera tan amplia en Mongolia. Y ya ha habido conflicto militar”. De ahí extrae su conclusión final: Rusia buscará “llevarse bien con China, llevarse bien con Estados Unidos y que se lleve mejor con nosotros, con Europa”.

El economista Daniel Lacalle ha cuestionado el discurso del Gobierno sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha advertido de que, aunque el Ejecutivo presuma de que este sueldo "no tributa", su incremento también tiene consecuencias sobre las cotizaciones sociales. Según sostiene, el aumento del salario mínimo eleva las bases mínimas de cotización y, con ellas, los costes que soportan millones de trabajadores.

Lacalle ha puesto el foco en una diferencia que considera fundamental: que un salario no pague IRPF no significa que esté libre de impuestos. En su publicación en redes sociales, el economista sostiene que el Gobierno omite el efecto que tienen las cotizaciones sociales sobre las nóminas y sobre el coste que supone contratar a un trabajador.

"No pagar IRPF no significa que no soporte más cotizaciones sociales", afirma. De esta manera, cuestiona que la ausencia de tributación final por el impuesto sobre la renta pueda presentarse como una ventaja fiscal completa para quienes cobran el salario mínimo.

Lacalle critica el efecto de las cotizaciones sociales sobre el SMI

El economista considera que el debate público se centra demasiado en el IRPF y deja en segundo plano las cotizaciones que se aplican al trabajo. En este sentido, critica que determinados discursos políticos no tengan en cuenta el impacto de estos pagos sobre los salarios y los costes laborales.

"La izquierda caviar siempre se 'olvida' de los impuestos al trabajo", escribe Lacalle en su mensaje.

El economista también explica que el SMI actual queda sin cuota de IRPF gracias a una deducción que el Gobierno ha ampliado. Por tanto, sostiene que la ausencia de una cuota final en este impuesto no implica que el trabajador deje de soportar otras cargas asociadas a su salario.

"El SMI actual solo queda sin cuota de IRPF mediante una deducción que el Gobierno ha ampliado", señala.

Su crítica se dirige, por tanto, a la forma en que se presenta la fiscalidad del salario mínimo. Lacalle sostiene que la subida puede traducirse en mayores cotizaciones sociales, tanto para los trabajadores como para las empresas, y que este efecto debe tenerse en cuenta al valorar el impacto real de la medida.

El economista cuestiona que la subida sea neutral para contratar

Lacalle insiste en que el hecho de que el salario mínimo no tenga una cuota final de IRPF no significa que su incremento sea neutral para el coste de contratación.

"Que el salario mínimo quede sin cuota final de IRPF no significa que no soporte impuestos por cotizaciones sociales crecientes ni que su subida sea neutral para el coste de contratación", afirma.

El economista concluye su argumento con una cifra sobre el impacto que atribuye al aumento del coste laboral: "Sí. El estado se queda con el 30% del aumento de coste laboral, que es salario".

De esta forma, Lacalle plantea que el debate sobre el SMI no debería limitarse al dinero que llega al trabajador después del IRPF, sino que también debería contemplar el conjunto de cotizaciones y el coste total que supone el empleo.

Sus declaraciones constituyen una crítica al enfoque fiscal del Gobierno y a la presentación de la subida del salario mínimo como una mejora que no implica una mayor carga tributaria para quienes lo perciben.

El Gobierno del Reino Unido establecerá límites de ingresos salariales para los hogares que deseen beneficiarse de su nuevo programa estatal de préstamos para compradores de primera vivienda, según adelanta una información firmada por el periodista Paul Seddon para la cadena pública BBC a partir de datos publicados por The Times.

De acuerdo con los detalles del proyecto, las familias que opten a estas ayudas deberán registrar unos ingresos anuales inferiores a las 110.000 libras en la mayor parte del territorio, mientras que el umbral máximo se elevará hasta las 140.000 libras para aquellas propiedades adquiridas en la región de Londres. La medida busca canalizar los recursos públicos hacia las rentas medias que afrontan mayores dificultades para acceder al mercado residencial.

El programa, bautizado bajo el nombre de Your First Home (Tu Primera Casa), concederá préstamos de capital respaldados por la administración pública por un valor equivalente al 20 % del precio de inmuebles de obra nueva comercializados por promotoras participantes en Inglaterra.

Condiciones de financiación y diferencias con programas anteriores

La principal novedad operativa de la iniciativa radica en que permitirá a los compradores adquirir un inmueble aportando entradas iniciales reducidas de tan solo el 2,5 % del valor total de la propiedad. Asimismo, los créditos concedidos por el Estado contarán con un periodo inicial exento del pago de intereses para facilitar la amortización a las familias beneficiarias.

A diferencia de los programas estatales desplegados en décadas anteriores, los cuales carecían de restricciones por nivel de renta y recibieron duras críticas por encarecer los precios de la vivienda al incrementar la capacidad crediticia de los compradores más acomodados, la nueva regulación acota expresamente el perfil del solicitante. Las autoridades británicas sostienen que el plan permitirá además reactivar la actividad constructora en el país tras admitir dificultades para alcanzar el objetivo gubernamental de edificar 1,5 millones de viviendas.

Financiación presupuestaria y críticas de la oposición

Respecto al impacto en las arcas públicas, la administración laborista ha precisado que el programa se financiará con cargo a las partidas presupuestarias ya existentes, si bien las empresas desarrolladoras que se adhieran al sistema deberán aportar contribuciones directas para sufragar los costes operativos de gestión.

Por su parte, la oposición conservadora ha calificado la medida como una admisión de fracaso de las políticas de construcción del Ejecutivo y ha advertido de que la tasa impuesta a los promotores podría terminar encareciendo el precio final de los inmuebles de obra nueva. El sistema guarda similitudes con el antiguo plan Help to Buy, utilizando préstamos participativos vinculados a la evolución del valor de mercado de las propiedades.

El economista Santiago Niño Becerra ha recuperado en Twitter un episodio de la historia de Francia que combina inflación, descontento popular, una crisis política y un intento de restaurar la monarquía. La escena se remonta al otoño de 1795, cuando el Gobierno francés atravesaba una situación especialmente delicada y tuvo que hacer frente a una insurrección armada.

En su publicación, el economista establece un paralelismo entre las dificultades económicas y la inestabilidad política que se vivían entonces. Según explica, el Ejecutivo se encontraba en una posición "muy precaria" debido al fortísimo aumento de la inflación, que había provocado un "palpable descontento popular".

La crisis económica coincidía, además, con una reorganización de los partidarios de la monarquía. Seis años después del inicio de la Revolución francesa, los sectores monárquicos habían recuperado fuerza y buscaban volver al poder mediante actuaciones dentro de la Convención Nacional, el Parlamento de la época.

La inflación y el descontento popular, en el origen de la crisis

Niño Becerra señala que el Gobierno decidió modificar la composición de la Convención Nacional, una medida que terminó dejando a los monárquicos en minoría. Esta situación frustró sus aspiraciones políticas y contribuyó a que optaran por una vía mucho más radical.

"Pero el Gobierno modificó la composición de la cámara y los monárquicos quedaron en minoría", relata el economista en su hilo. Según su explicación, ese cambio fue el detonante de un alzamiento armado destinado a derrocar al Ejecutivo y reinstaurar el régimen monárquico.

La insurrección se produjo en un contexto de tensión política y económica. La inflación había alimentado el malestar de la población, mientras que los partidarios de la monarquía trataban de recuperar la influencia que habían perdido tras la Revolución.

El episodio, tal y como lo describe Niño Becerra, refleja cómo las dificultades económicas y las disputas por el poder coincidieron en un momento especialmente convulso para Francia.

Napoleón Bonaparte, el militar que frenó la insurgencia

Ante el levantamiento, el Gobierno encargó la operación para neutralizar a los insurgentes a Napoleón Bonaparte, que entonces era general de brigada de artillería.

El economista destaca que las fuerzas monárquicas superaban ampliamente en número a las gubernamentales. En concreto, los insurgentes contaban con una proporción de cinco a uno, una diferencia que hacía especialmente complicado frenar la rebelión.

Pese a esa inferioridad numérica, Bonaparte consiguió neutralizar el alzamiento gracias al uso de la artillería. Niño Becerra subraya así el papel decisivo que desempeñó el militar en la defensa del Gobierno revolucionario.

La conclusión del economista es contundente: "Napoleón salvó la Revolución". Con esta frase termina el hilo publicado en Twitter, en el que recuerda cómo un episodio marcado por la inflación, el descontento popular y la lucha por el poder terminó convirtiéndose en un momento clave para la trayectoria del futuro emperador francés.

La Justicia ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de supermercado que acumuló varios episodios de desobediencia, faltas de respeto y comportamientos contrarios a las normas laborales. Entre los hechos que llevaron a su salida figuran negarse a realizar determinadas tareas, llamar "chihuahua" a una compañera durante una discusión y pedir a otra trabajadora que fichara por él utilizando una expresión insultante.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Las Palmas, ha desestimado el recurso presentado por el empleado contra la resolución judicial de instancia. La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026, confirma íntegramente la procedencia del despido y descarta que tenga derecho a indemnización o salarios de tramitación.

El trabajador prestaba servicios como dependiente desde julio de 2023. La empresa justificó la medida disciplinaria en una serie de incidentes ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025, que los tribunales consideran suficientemente graves para poner fin a la relación laboral.

Se negó a varias tareas y habló de un sueño con cuchillos

Entre los incumplimientos acreditados figura la negativa a realizar diferentes encargos de sus superiores, como retirar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano o trabajar en la sección de carnicería.

Precisamente, este último episodio llamó especialmente la atención. El empleado manifestó que no podía utilizar cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, después de ser despedido, mataba con ellos a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro. Ante esta situación, la compañía decidió trasladarlo a otra sección.

La Sala considera que la referencia a los cuchillos "pudiera considerarse como una amenaza velada" y, en cualquier caso, la califica de "impropia e inadecuada".

El trabajador también protagonizó una discusión con una compañera por la limpieza de las neveras. Durante el enfrentamiento, le silbó y la llamó "chihuahua".

El tribunal rechaza que este comportamiento pueda considerarse admisible en el ámbito laboral. "Silbar a una compañera, llamándola chihuahua no es admisible en ningún contexto", recoge la resolución, que lo considera "una ofensa grave, injuriosa y que afecta a la dignidad de cualquier persona, hombre o mujer".

El intento de fichaje y el error de 100 euros en una compra

La sentencia también recoge un error en el cobro de una compra de 113,21 euros, de la que el empleado únicamente cobró 13,21 euros. La empresa localizó posteriormente al cliente, que abonó la cantidad pendiente.

Otro de los episodios acreditados se produjo cuando el trabajador pidió a una compañera que fichara por él. Para ello, le ofreció su DNI y le solicitó que introdujera la palabra "puta" en el registro. La empleada se negó y el dependiente terminó realizando el fichaje de manera ordinaria.

La Sala considera que esta actuación fue "absolutamente impropia y contraria al principio de corrección y buena fe que domina la relación laboral".

Los magistrados entienden que no se trató de incidentes aislados, sino de una conducta "contumaz, rebelde y tenaz" dirigida a incumplir las instrucciones de sus superiores.

La resolución recuerda que la desobediencia puede justificar el despido cuando concurren gravedad, culpabilidad, reiteración, trascendencia e injustificación. En este caso, concluye que los incumplimientos fueron "graves, culpables y reiterados", encajaban en la infracción muy grave prevista en el convenio colectivo y justificaban la máxima sanción disciplinaria.

Por ello, el TSJC confirma que el despido fue proporcionado y ajustado a derecho.

La ejecución de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, vuelve a poner en el punto de mira el protocolo de inyección letal del estado estadounidense. Después de dos ejecuciones fallidas, nuevos documentos judiciales describen las dificultades que habría encontrado el equipo encargado de administrar los fármacos y reabren el debate sobre la fiabilidad de este método.

Según informó Fox 17 News, los abogados de Pike han presentado una declaración en la que relatan lo ocurrido durante el intento de ejecución de la reclusa. El documento recoge que los integrantes del equipo tuvieron problemas para colocarle una vía intravenosa y que, antes de administrar los medicamentos, uno de ellos habría cuestionado si el procedimiento estaba siendo realizado correctamente.

La información fue difundida por la periodista Madeline Nolan, que explicó que los abogados pretenden incorporar estos nuevos detalles a una demanda que ya cuestiona el protocolo de inyección letal de Tennessee.

Los abogados denuncian dificultades para colocar la vía intravenosa

El abogado Randy Spivey asegura que un integrante del equipo de ejecución habría pronunciado una frase mientras intentaba colocar la vía a Pike: "Creo que está roto". La declaración presentada por el letrado describe repetidos intentos de colocar la vía intravenosa, con aproximadamente diez agujas.

Los abogados que cuestionan el procedimiento consideran que este episodio respalda las advertencias que habían formulado antes de que Tennessee utilizara el protocolo.

Kit Thomas, abogado de la Oficina Federal de Defensores Públicos, sostiene que los problemas denunciados coinciden con los riesgos que ya habían señalado durante el litigio.

"Que el equipo no pudiera colocar una vía intravenosa, que la colocara incorrectamente y que se produjera una extravasación", explicó Thomas al describir las preocupaciones que, según los abogados, se han materializado.

La extravasación se produce cuando un medicamento administrado por vía intravenosa se filtra fuera de la vena hacia los tejidos circundantes. Los letrados pretenden que el tribunal examine estos nuevos hechos dentro del procedimiento que mantienen contra el protocolo de ejecución.

Tennessee revisará los métodos de ejecución y la transparencia

La polémica también ha llegado al ámbito político. El senador republicano Mark Pody, partidario de la pena de muerte, considera que Tennessee necesita disponer de un sistema fiable antes de continuar con las ejecuciones.

"Creo que los estados, por lo que he hablado con mis compañeros, estamos en una posición en la que ya no estamos interesados en la inyección letal. No queremos que eso sea necesario aquí", señaló, según la transcripción de Fox 17 News.

Pody espera que los legisladores vuelvan a examinar los métodos de ejecución y la transparencia cuando regresen a la actividad parlamentaria en enero.

Mientras tanto, los abogados de Pike intentan que las nuevas alegaciones sean incorporadas a la demanda. La vista prevista para el 6 de noviembre ha sido cancelada por un juez de Nashville. En lugar de presentar argumentos orales, las partes podrán entregar documentos para exponer sus posiciones por escrito.

La información difundida por Fox 17 News también recoge que el 84% de los participantes en una encuesta de la cadena consideraba que Tennessee debía revisar sus protocolos de ejecución, frente al 16% que opinaba que podían mantenerse como estaban.

El caso continúa abierto y los nuevos documentos buscan que la Justicia examine las circunstancias denunciadas durante el intento de ejecución.

El centro de París se blinda ante una nueva manifestación prevista el sábado próximo, con comercios que protegen sus escaparates con tablones de madera y propietarios que compran armas defensivas por miedo a que se repitan los episodios de violencia y robo del pasado fin de semana.

El gobierno francés anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para evitar nuevos desórdenes ante los “numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos” y “saqueos”.

En la Armería de la Bolsa, en la zona de Les Halles, donde numerosos comercios fueron saqueados el pasado sábado, el propietario, Yves Gollety, asegura que las ventas de material defensivo se han disparado en la última semana.

“Los comerciantes compran material de defensa, aerosoles y cosas así, porque han sido agredidos y han tenido miedo -explica Gollety a EFE-. La gente se encontró bloqueada al fondo de sus tiendas por esas bandas de delincuentes. Muchos están traumatizados”, añade.

La armería, de hecho, está llena de clientes que compran aerosoles de gas pimienta y dispositivos que dispersan gases irritantes, para los que no es necesario ningún permiso. Las pistolas que disparan bolas de caucho, conocidas como ‘flash-ball’, también están en venta libre, aunque el dueño de la tienda confirma que están agotadas.

A horas de la nueva manifestación, el temor se palpa también en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde discurrirá la única marcha autorizada el sábado. Decenas de furgones policiales ocupaban ya la calle el miércoles, pese a que la plaza de la Bastilla permanecía abierta al tráfico y apenas se veían manifestantes.

El despliegue acompaña la imagen de los comercios cerrados y los escaparates cubiertos con tablones de madera en pleno centro de París. Las placas protegen establecimientos de las grandes cadenas.

Otros negocios siguen abiertos, pero también han blindado sus fachadas, una estampa inusual en una arteria comercial de la capital francesa, donde las tiendas parecen prepararse para resistir una amenaza inminente, tras la ola de violencia del 17 de octubre que causó daños en unos 3.000 comercios.

En una tienda especializada en productos de peluquería, Alice, una joven dependienta, confirma que cerrarán el sábado. “Sí, hay alguien que va a venir esta tarde a instalar las protecciones”, explica.

A pocos metros, unos operarios colocan tablones en la fachada de una farmacia. Tara, su responsable, resume la indignación de muchos comerciantes: “Desgraciadamente, nos estamos atrincherando. Nosotros no hemos sufrido daños, pero otros comerciantes sí”.

“Esto no es normal. Macron (el presidente francés) no hace nada. Es complicado, es triste, no es normal que haya otra manifestación prevista”, se indigna, subrayando el hecho de que en otras ciudades como Lyon o Marsella las autoridades las han prohibido.

La inquietud y la incertidumbre son los sentimientos más extendidos. Sarah, dependienta de una boutique, dice que todavía no sabe si van a cerrar.

Tony, dueño de una peluquería, muestra su asombro al descubrir que la marcha discurrirá el sábado posiblemente por delante de su comercio: “No van a hacer pasar la manifestación por el bulevar Saint-Antoine, ¿verdad?”, pregunta preocupado.

Muchos comerciantes prefieren no hablar con la prensa y preguntan primero de qué medio proceden los periodistas.

En una tienda de ropa tejana, un dependiente confirma que rompieron las protecciones de madera de los escaparates, aunque el interior parece estar en buen estado. Una empleada de una reconocida firma francesa, parada delante de las vitrinas cubiertas de su comercio, reconoce que han sufrido daños, pero no quiere dar más detalles: “Me han dicho que no haga declaraciones”.

En un pequeño kebab, cuyo cristal está fracturado, Amhed recibe a todo el mundo con una sonrisa. “Sí, nos lo rompieron durante la manifestación”, cuenta. Aun así, no piensa proteger la fachada: “Si quieren entrar, que entren y les damos de comer”.

“Nosotros somos todo: los dueños, los cocineros y los vigilantes. No vamos a hacer nada”, añade, señalando a sus compañeros sentados en el fondo de la estrecha sala.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.

Mientras las calles de Francia se llenan de protestas exigiendo mayor gasto público, los intereses que exige el mercado para comprar los bonos franceses a diez años rozan el 5% y su prima de riesgo supera los 100 puntos básicos, un nivel que no se veía desde la crisis del euro de 2012.

Francia se encuentra bajo la lupa de los mercados. Y no es para menos. Su deuda pública pasará del 115% sobre el PIB en 2025 al 120% al cierre de 2026 y el déficit sigue sin corregirse. Además, con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% y una factura anual por los intereses de la deuda que ronda los 90.000 millones de euros, el Ejecutivo francés tiene cada vez menos margen para cuadrar sus cuentas.

Pero no es solo un problema económico, la política incrementa la desconfianza de los inversores. A las puertas de las elecciones presidenciales de 2027, las propuestas económicas de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y del candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, añaden incertidumbre sobre la credibilidad financiera del país.

Y, mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de Francia para corregir sus desequilibrios, queda otra incógnita: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Banco Central Europeo realmente para frenar una eventual crisis de deuda francesa?