En España parece que hemos desarrollado una habilidad extraordinaria para aprobar leyes, presumir de democracia y después descubrir que, cuando llega la hora de aplicarlas, todo son explicaciones, matices y excusas.

Hoy toca volver a hacer una pregunta incómoda: ¿para qué sirve la Ley de Partidos si nadie quiere explicar hasta dónde llega y si se están utilizando todos los mecanismos que contempla?

Conviene recordar la historia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que contó con un amplio respaldo parlamentario, incluido el del PSOE. No fue una ley cualquiera. Nació en una España que todavía sufría el terror de ETA, con asesinatos, amenazas, extorsiones y familias obligadas a vivir con miedo por defender la libertad.

Aquella ley estableció instrumentos para defender nuestra democracia frente a quienes pretendieran utilizarla para destruirla desde dentro. Y su artículo 9 no deja lugar a dudas sobre la preocupación que la inspiró: contempla, entre otras conductas, el apoyo o la legitimación de la violencia terrorista y la inclusión reiterada en listas electorales de condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente sus fines y métodos.

La memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda

¿Y qué ocurre ahora? Que volvemos a encontrarnos con la presencia de antiguos condenados por su relación con ETA en candidaturas de EH Bildu. La actualidad nos lleva directamente a Navarra, donde Floren Aoiz encabeza la candidatura de esta formación al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

Y aquí es donde quiero detenerme. Porque no basta con encogerse de hombros y responder que han cumplido sus condenas y que, por tanto, asunto cerrado. El cumplimiento de una pena es una cuestión de justicia; la memoria de las víctimas y la responsabilidad de los partidos son cuestiones que no podemos despachar con una frase hecha.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar. Pero tampoco debemos confundir las cosas: haber sido condenado por pertenencia a ETA no supone, por sí solo, una prohibición automática de presentarse a unas elecciones. Precisamente por eso hay que leer la ley, examinar las circunstancias concretas y exigir que las autoridades competentes actúen conforme a derecho. La Ley de Partidos no permite ilegalizar una formación por una simple sospecha, pero tampoco debería convertirse en papel mojado cuando existen hechos que merecen ser examinados.

Por eso pregunto al Gobierno: ¿se han revisado las circunstancias de estas candidaturas? ¿Se ha comprobado si concurren los requisitos legales previstos? ¿Qué explicación se ofrece a los ciudadanos que recuerdan perfectamente lo que ETA hizo en este país?

Y pregunto también a la oposición: ¿a qué esperan para exigir explicaciones, reclamar una revisión jurídica rigurosa y pedir que se utilicen todos los instrumentos legales disponibles?

No estoy pidiendo que se vulnere la ley para satisfacer a nadie. Estoy pidiendo exactamente lo contrario: que se aplique con rigor, sin mirar quién puede salir beneficiado o perjudicado políticamente. Porque aquí hay algo que no deberíamos perder jamás de vista: las víctimas de ETA no pueden convertirse en una nota a pie de página de nuestra historia. Sus familiares no tienen por qué aceptar que su dolor se trate como una molestia del pasado. Y quienes defendemos una España democrática tenemos derecho a exigir que la memoria, la justicia y la dignidad no dependan de los intereses de cada partido.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar

Yo recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Recuerdo a Ortega Lara y el sufrimiento que padeció durante su secuestro. Recuerdo a tantos guardias civiles, policías, militares, concejales y ciudadanos asesinados por defender aquello que otros querían destruir. Y me niego a aceptar que, con el paso del tiempo, acabemos acostumbrándonos a todo. No se trata de venganza. Se trata de principios. Se trata de explicar a las nuevas generaciones que en España hubo una organización terrorista que asesinó para imponer sus ideas y que ninguna aspiración política puede justificar aquel terror.

Por eso, cuando hablamos de la Ley de Partidos, no hablamos de un simple artículo del BOE. Hablamos de los límites que una democracia debe defender, de la responsabilidad de quienes aspiran a representarnos y de la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.

¿Dónde está la Ley de Partidos?

Porque si existe un instrumento legal para impedir que un partido incurra en determinadas conductas de apoyo o legitimación del terrorismo, lo mínimo exigible es que se examinen los hechos cuando surgen dudas fundadas. Que se explique qué se ha revisado, qué requisitos se cumplen y qué actuaciones corresponden. Ni impunidad ni atajos: ley y responsabilidad.

Por respeto a quienes ya no están, por respeto a sus familias y por dignidad democrática, España no puede permitirse olvidar de dónde venimos. Las leyes se escriben para defender la democracia, no para decorar el BOE. Y la memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda.

Las tres capuchas blancas auguraban que esa vez sería diferente, que los rumores que sobrevolaban desde hacía semanas la sociedad vasca podrían ser ciertos. Tras un sinfín de anuncios frustrados y esperanzas hechas añicos, el sueño de que ETA lo dejaba estaba cerca. La izquierda abertzale había preparado a la banda una 'pista de aterrizaje' en forma de una suerte de 'conferencia internacional de paz'. El entorno de Otegi había logrado atraer hasta el Palacio de Aiete de San Sebastián a destacados nombres relacionados con la resolución internacional de conflictos: Kofi Annan, Jonathan Powell y al siempre próximo al independentismo radical vasco, Gerry Adams. En aquella escenificación también participaron partidos como el PSE o el PNV.

El objetivo que se buscaba era la aprobación de un manifiesto para «pedir a ETA» el cese definitivo de toda acción armada y solicitar públicamente a los gobiernos de España y Francia que dialogaran con la banda para acordar los términos de su disolución, la gestión del futuro de sus presos y las condiciones del 'escenario' para un final de la violencia que los terroristas habían iniciado 52 años atrás.

Sólo habían transcurrido tres días desde aquel encuentro cuando llegó la respuesta. El jueves 20 de octubre, en torno a las 19:00 horas, el vídeo que ETA había hecho llegar a Gara/Naiz y medios como la BBC o The New York Times, recorría ya las redacciones de medio mundo. La banda terrorista que había asesinado a más de 850 personas y había dejado un rastro de miles de heridos y amenazados anunciaba el «cese definitivo» de sus acciones criminales y anunciaba que buscaría la soberanía vasca sólo por vías políticas e institucionales.

Una banda debilitada, 350 asesinatos sin resolver y un "cambio de ciclo"

Tras las capuchas, David Pla -quien luego, tras cumplir varios años de prisión, pasaría a integrarse en la dirección de Sortu-, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. De algún modo se habían erigido en la última y diezmada cúpula de ETA. La banda terrorista esgrimió entonces razones de «cambio de ciclo político». En su comunicado puño en alto no hubo ni petición de perdón, ni arrepentimiento.

«Aún existe profesorado y familias que les incomoda hablar de este tema, temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos"

La realidad era bien distinta. Hacía años que ETA agonizaba. La presión policial y judicial y la colaboración internacional habían reducido la estructura terrorista de modo extremo hasta hacerla casi inoperativa. Pese a todo, la organización criminal había seguido matando, amenazando y asfixiando a la sociedad vasca. Su último asesinato lo cometió el 16 de marzo de 2010. Un tiroteo mortal que acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin en la localidad de Villiers-en-Bière.

Han transcurrido 15 años desde aquel cese definitivo que fue recibido con alivio, algarabía y desconfianza por la sociedad vasca. Tres lustros en los que muchas cosas han cambiado. Otras apenas se han movido. Apenas una veintena de los cerca de 350 asesinatos sin resolver ha sido juzgada desde entonces. Tampoco la condena de la violencia y de la historia de ETA ha estado en boca de sus militantes ni de quienes le aplaudieron y apoyaron.

Reagrupados, con beneficios y legalizados

El entorno de ETA ha logrado en estos años que se acabara con su dispersión penitenciaria. Hoy todos cumplen condena en cárceles vascas o navarras. En 2017 el colectivo de presos de ETA, el EPPK, acordó dejar atrás su negativa a acogerse a beneficios penitenciarios de la legislación carcelaria 'del enemigo'. Lo hizo con el respaldo del 73% de los presos. Desde entonces, las progresiones de grado y las salidas de prisión se han acelerado. De los 700 presos de 2011 se ha pasado a poco más de un centenar en la actualidad, la mayor parte en régimen de semilibertad.

En la izquierda abertzale por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro no han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Tres lustros en los que la izquierda abertzale también ha llevado a cabo su proceso. El recorrido le ha llevado desde la ilegalidad hasta convertirse en aliado fiel de un gobierno del PSOE, la formación contra la que ETA atentó durante décadas. Batasuna fue ilegalizada en 2003. Sus sucesivas marcas también. En febrero de 2011, ocho meses antes del «cese definitivo» de la actividad de ETA, nació Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. En sus estatutos proclamaba la condena de la violencia y la apuesta por las vías políticas. No fue hasta el 20 de junio de 2012 cuando el Tribunal Constitucional autorizó su registro como partido legalizado. Poco después, se integró y controló la coalición Bildu que EA y Alternatiba habían constituido.

En estos años, la izquierda abertzale ha visto cómo su apoyo social crecía. En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños en el Parlamento Vasco y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos.

Desde el comunicado de las capuchas blancas hasta la disolución de ETA aún tuvieron que pasar seis años y medio. ETA fracasó en su intento de negociar una solución y excarcelación de sus presos a cambio de disolverse. El 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo, Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', oficializaron el comunicado oficial de disolución.

El tabú de ETA en las aulas y las familias

En estos años tampoco la sociedad vasca es la misma. En gran medida, se apresuró a pasar página, a iniciar un nuevo tiempo sin apenas mirar atrás. En la escuela y en muchas familias, ETA sigue siendo un tema tabú del que mejor no hablar. En el entorno de la izquierda abertzale la cuestión sigue esquivándose. El pasado pesa e incomoda y la urgencia para el entorno de Otegi pasa por liquidar «la cuestión de los presos» y desprenderse de esa «mochila».

«Nunca imaginé que gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido socio del Gobierno»

«Este periodo de tránsito está siendo duro e incómodo para mucha gente. No podemos olvidar que hubo un porcentaje nada desdeñable de la sociedad que justificó que esto ocurriera. Hay una parte recalcitrante que sigue pensando que estuvo bien, que era justificable, son minoría», asegura Alberto Alonso, director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.

Asegura que esa incomodidad puede ser la razón por la que aún cuesta trasladar contenidos de memoria y convivencia relacionados con los años de violencia a la escuela vasca: «No puedo negar que existe profesorado al que le incomoda este tema, o incluso padres y madres, no sólo porque estuvieron en la esfera de la izquierda abertzale, sino porque temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos. Quizá tienen miedo a esa pregunta», asegura Alonso.

Considera que a la generación que ha crecido sin la losa de ETA hay que contarles qué ocurrió y las consecuencias de tanto dolor. «Los jóvenes tienen interés. Por eso debemos saber darles las herramientas para que hagan esa revisión crítica del pasado. No les podemos contar una milonga. A ellos no les da miedo hablar de ello, es a nuestra generación a la que quizá sí nos da».

"No han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Gaizka Fernández de Soldevilla es historiador, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y experto en ETA. Reconoce que su sensación es «agridulce» al analizar lo sucedido desde el cese de actividad que anunció ETA. Considera que en estos 15 años ha habido «cierta prisa por pasar página»: «El trabajo de memoria no ha sido lo demasiado profundo que hubiera sido deseable. El desconocimiento entre los jóvenes está ahí. También el abandono que han sentido las víctimas. Les ha faltado el amparo institucional y el de la sociedad, que ha vuelto a mirar hacia otro lado».

En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos"

Recuerda que el interés en ETA y sus consecuencias ha caído en la sociedad y en los medios de comunicación, «se ve como algo lejano, cuando la última víctima es de 2010, no hace tantos años». Fernández de Soldevilla alerta de que la pedagogía por hacer sigue pendiente en las nuevas generaciones y destaca que es especialmente importante en un contexto como el actual en el que en muchos sectores juveniles «vemos que ha regresado cierto clima bronco, de enfrentamiento que creíamos superado. Están volviendo ciertos brotes de violencia y fanatismo».

Fernández de Soldevilla señala la evolución de la izquierda abertzale como uno de los factores que han marcado el devenir de estos años. Apela al proceso que siguió ETA-PM tras el abandono de las armas y su integración en Euskadiko Ezkerra primero y en el PSE después: «En el caso de la izquierda abertzale, la diferencia es que no ha cortado el cordón umbilical que le une a ETA, ni renuncia o hace autocrítica de la violencia. Por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro siguen enfangados en ese pasado. No sé si tienen voluntad de acabar con eso, pero no lo parece».

"No imagine ver condenados en listas electorales"

Carmen Ladrón de Guevara conoce como pocas personas cómo actuó ETA. Ha vivido muy de cerca el rastro de víctimas y dolor que dejó. Como abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recuerda con satisfacción aquel anuncio: «El final de la violencia fue una buena noticia, es innegable, pero la gestión del periodo posterior tiene muchas carencias». Aquel temor que entonces sintió lo ha confirmado el paso del tiempo. «Nunca imaginé que Bildu o gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido que ha sido socio preferente del Gobierno».

Reconoce que tampoco hubiese predicho entonces que apenas 15 años más tarde, de los 700 presos de ETA que entonces cumplían pena en la cárcel, apenas 36 lo hagan hoy en régimen ordinario, «el resto, unos 70, entran y salen o ya ni siquiera acuden a prisión»: «Yo pensaba que ese final sin presos en prisión lo vería cuando me jubilase, pero en apenas cinco años ocurrirá».

En este tiempo asegura que al menos 18 de los 350 casos han podido ser resueltos: «Llegar a juicio con un caso es una victoria. Confío en que aún se pueda lograr con algún caso más». Ladrón de Guevara considera que el verdadero problema en este tiempo ha sido la política penitenciaria que se ha aplicado a los presos de ETA. En especial desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la gestión de las prisiones vascas: «La nueva política está destinada a solucionar el problema de los presos y a vaciar las cárceles». Añade que la dignidad y la humillación hacia las víctimas tampoco han desaparecido en todos estos años: «A los etarras en muchos municipios y ámbitos se les sigue recibiendo como héroes, cuando no son más que asesinos. Queda mucho por hacer».

Desde el punto de vista social no oculta que percibe un deseo generalizado de pasar página, en muchos casos por dejar el dolor atrás y en otros, por mero «blanqueamiento» político: «Hay gente que lo ha hecho por dejar esto atrás, pero desde el punto de vista político, ha habido un claro blanqueamiento». La abogada de la AVT lamenta también que en los centros educativos y en las familias la transmisión de lo ocurrido no esté muy presente: «Si no está en la calle ni en los medios, es difícil que esté en las familias. Debe ser una responsabilidad compartida».

• Meta is building its largest-ever data center in northeast Louisiana.
• A local community college is training data center technicians to work there.
• Data center jobs are in high demand and can pay handsomely.

Thousands of construction workers are arriving in a small Louisiana community to build Meta's largest-ever data center.

Less than an hour away, at the Louisiana Delta Community College's West Monroe campus, the next generation of data center professionals is hoping to join their ranks.

"I see AI is really the future. We're going to need data centers to house all the data," Eric Crowe Jr., 27, told Business Insider. "I feel like it will become a very lucrative job to have, and we're going to need more of them. Why not get in now before it gets oversaturated?"

Crowe Jr. is among the students who signed up for the community college's Data Center Technician program. The four-week, nearly $3,700 training course prepares students to enter the data center industry, which is rapidly expanding to support the age of AI.

Construction for Meta's nearly 10-million-square-foot data center, Hyperion, is underway in rural Richland Parish, where business is now thriving as workers flood the region.

Meta says the project will include over 7,500 trade workers on-site at peak construction and support 1,000 operational jobs once completed. For residents living in the region, where there's no state minimum wage law and agriculture is a major industry, the new opportunity to make good money in a growing sector is too enticing to ignore.

"This is a stepping stone into the real world," Dan McCarty, director of Workforce Trades at Louisiana Delta Community College, said. "We prepare you with a résumé. We work on every aspect of employability, safety, and technical skills."

The inaugural class graduated in March, and all 11 students received job offers from IES Communications, which employs people working on Meta's project. McCarty said the program, which is available at the Winnsboro campus, now produces about 24 graduates a month.

In the past, a lot of people, including myself, had to leave here to find the good jobs," McCarty said. "Now they're 30 minutes down the road."

'It's a no-brainer'

The Data Center Technician program teaches students everything from operating equipment to workplace safety. They'll also have the opportunity to earn several certificates. During a class this September, nine students huddled around Fletch Batchelor, an instructor specializing in broadband, as he explained how to splice fiber optic cables.

"Do you know why squirrels chew through cable? They like a high fiber diet," Batchelor said, earning some chuckles.

The program encourages students to take a hands-on approach, which Trey Wadley, 30, said he appreciates. During the class, he participated in a live cable splicing demonstration. Wadley, who's interested in cybersecurity and has a background in the automotive industry, learned about the program while scrolling on Facebook, which, incidentally, is owned by Meta.

"As I learned more about Meta and data centers, they piqued my interest," he said. "I said, 'Okay, this might be something that fits me and that I'm into. I decided to give it a try."

Wadley, who recently welcomed a baby girl, wants to find work with Meta's project so he can work locally. Without Meta's project, Wadley said he'd likely have gone looking for job opportunities in Texas.

The push from tech companies and the US government to build out the nation's AI infrastructure has made data center jobs a valuable new path to lucrative employment. Business Insider reported in August that the median pay for data-center facility managers was $134,000, which is 64% higher than that of other facilities managers. The median pay for project managers at data center facilities was $115,000, a 12% increase over similar roles at other facilities.

Wadley said he's hoping to secure a position paying between $25 and $30 an hour. So is Crowe Jr., who previously handled packages and drove for FedEx, where he was averaging $14 an hour.

"Here, I could make about $25 to $30 per hour. It's a no-brainer for lots of people to pivot," Crowe Jr., who has an interest in cybersecurity, said.

McCarty said entry-level positions could earn as much as $24 an hour, but students who've graduated told him they reached $27 to $28 an hour within six months.

Booked and busy

Residents in Richland Parish, like other communities in the United States, have mixed feelings about the data center. While some say it will bring new jobs and boost the local economy, others are concerned about environmental impacts and disruptions to their daily lives.

It's a reality not lost on Crowe Jr. and Wadley, but they said it's unlikely that AI will simply go away.

"I think we should focus more on solutions to how we can coexist with it," Wadley said.

Students attending the technician class in September also spent time in a mock data center on campus, where they could apply skills they'd learned in class in a real-world setting.

While they tinkered with the equipment, John Bradley, a broadband workforce development instructor, said having access to a similar program as a teen would have been invaluable.

"I chose an alternative route, which was in construction and oil fields, but if I'd have had something like this that would've guaranteed me a good job, good money from the get go, and I could travel if I wanted to, I would've loved that," he said.

Bradley said the program prepares its graduates to be hired by contractors specifically working with Meta.

"We have a special email that we give to different contractors we spoke with that are waiting for them to graduate our class," Bradley said.

However, working at Meta isn't a requirement of participating in the program. Bradley said the skills students learn during the course are transferable, especially as data centers and similar construction jobs become more popular.

"It doesn't have to be a Meta data center. You may decide, 'Hey, I don't want to work in data centers anymore.' You still got banks, you still got IT departments," Bradley said. "You can literally go to work anywhere you want and use the same trades you learned here."

McCarty said the program has a backlog of students trying to get into the course, so they're hoping to expand their offerings.

"We've got some that are fresh outta high school, but we've had students up to 60 years old," he said. "It doesn't really matter what age you decide to get into this trade. Anyone is welcome to come in and learn it."

Nuove emergenze si profilano all’orizzonte, come quella del cambiamento climatico, che, secondo quanto riportato da Luca Bianchi, di Svimez, potrà costarci, entro il 2050, fino a 6 punti di Pil. E sarà proprio il Mezzogiorno l’area più esposta del Paese. Siccità e ondate di calore prolungate stanno già danneggiando l’agroalimentare meridionale e il relativo export. Il cambiamento climatico porterà a fenomeni di desertificazione dei territori più esposti alle crisi idriche: riguarderà il 70% del territorio siciliano, ad esempio, e il 57% della Puglia.

Nel frattempo, quella delle aree interne è ritenuta ormai una delle principali emergenze nazionali, strettamente connessa al tema della desertificazione umana di ampie aree del Paese, all’emigrazione dei giovani, alla contrazione dei servizi offerti sul territorio, all’isolamento di chi vi resta, per obbligo o per scelta. Sono molte le idee e le proposte che animano il dibattito sui paesi e sulle aree interne, e in certi casi al fioccare di proposte non si affiancano idee sul reperimento delle risorse e sulle direttrici di sviluppo che dovrebbero dare alimento e continuità alla rinascita di queste aree.

Un recente progetto di ricerca di interesse nazionale, intitolato Geography and social inequality in Italy, coordinato dal prof. Nazareno Panichella, dell’Università degli Studi di Milano, ha studiato la mobilità interna dalle campagne e dai piccoli comuni verso le città o verso il Nord. Che si sia trattato di fuga o di una strategia di promozione sociale, migrando verso territori con più opportunità, nelle aree di partenza si è andato tracciando il profilo di una popolazione “residuale”: più anziana, meno mobile, con minori titoli di studio e reti professionali più deboli.

Come viene riportato nello studio, con riferimento alle aree interne, “considerando le professioni dall’impiegato di concetto in su (impiegati, professionisti, quadri, dirigenti, imprenditori), la quota di occupati qualificati nelle aree interne si ferma al 34% nel Nord, al 35% nel Centro e scende sotto il 30% nel Mezzogiorno, contro valori compresi fra il 40 e il 46% nei centri urbani. Questa frattura occupazionale si accompagna a un divario educativo altrettanto netto. Nelle aree interne, quasi il 40% della popolazione si ferma alla licenza media inferiore, a fronte del 30% nei centri”.

Secondo gli autori del Progetto, il problema principale non è soltanto quello di fermare la fuga, ma anche quello di ricostruire il tessuto sociale e professionale che può incentivare la permanenza, valorizzando soprattutto le competenze dei giovani. Spesso si tratta di competenze specialistiche e focalizzate su settori avanzati. Dalle analisi effettuate emerge che i territori definiti come aree interne soffrono di isolamento geografico, ma anche di “immobilità sociale”: reti sociali spesso endogamiche impediscono a merito e istruzione di fare svolte significative di destino.

Molti giovani, per questo, non intendono abbandonare i propri paesi, ma vanno via per sottrarsi a un ordine sociale bloccato. Gli autori del progetto parlano di “disuguaglianza cumulativa”. A questo quadro, si aggiunge la necessità di rafforzare l’offerta scolastica tecnico-professionale, che può alimentare la formazione di competenze che si possano spendere sul posto. Al contrario, l’istruzione universitaria, invece di consolidare la permanenza, può diventare un canale di uscita.

Così, il giovane studente migra dall’area interna verso il capoluogo di provincia per gli studi superiori e, spesso, verso il Nord per gli studi universitari. Emerge il dato degli spostamenti degli anziani, per aiutare figli e nipoti già migrati, o per trovare strutture di cura. Va precisato che se nel Nord-Ovest un terzo dei comuni ricade nella definizione di area interna, al Sud si arriva a due comuni su tre, riguardando un terzo della popolazione meridionale.

Uno squilibrio geografico che interessa soprattutto il Mezzogiorno, in termini di distanza dai servizi, spopolamento, debolezza economica e istituzionale. Gli autori del progetto fanno notare che le aree interne del Sud presentano una doppia penalizzazione: nascere in un’area interna del Sud può comportare lo svantaggio della periferia e quello dei classici dualismi Nord-Sud.

Viene fatto notare come la scelta di restare sia talora anche esito di necessità, per mancanza di risorse economiche, reti di sostegno o competenze, che bloccano la persona interessata nel paese di origine, limitandone la mobilità. Chi parte, invece, può creare nuovi ponti per chi resta. Queste reti migratorie possono costituire una importante opportunità: “chi è emigrato e ha costruito esperienze professionali altrove può contribuire alla nascita di nuove attività nei luoghi d’origine (piccole imprese, iniziative culturali, progetti di turismo sostenibile o di agricoltura di qualità) condividendo conoscenze, contatti e capitali”. È un tessuto connettivo su cui si possono impostare percorsi di cambiamento; in molti casi è già attivo.

L'articolo Clima, spopolamento e isolamento sociale: i rischi del futuro per le aree interne del Mezzogiorno proviene da Il Fatto Quotidiano.

• Meta says its system detected intense bursts of activity by a Claude tool.
• That triggered an automatic shutdown and locked admins out of the account.
• It happened during a day of rallies promoting early voting in the midterms.

Meta said Sunday that its systems suspended the No Kings movement's Instagram account during its day of action because it detected "intense" activity by a Claude tool.

The account was locked and administrators were denied access for "several hours" during nationwide rallies on Saturday to mobilize early voting in the midterms, the group said.

Meta initially said that an automatic trigger was responsible for shutting down the account "in error," but offered a fuller explanation a day later.

"Our engineering team discovered that the spike that triggered the incorrect enforcement was primarily in the account's 'reading' behavior," spokesperson Andy Stone said in an X post.

"Specifically, our network security systems detected the use of a Claude tool reading profiles, posts, and hashtags, the rate of which sharply increased (~4x volume) in intense bursts on October 17. "

Stone said the activity resembled bot traffic, prompting the system to take the account offline.

"An automated re-review of the removal action an hour later recognized that shouldn't have happened and restored the account. It unfortunately took additional time for us to straighten out the situation with admin access to the IG account.

"We want to reiterate our sincere apology for the error," he wrote.

The No Kings network, which bills itself as nonpartisan but arose last year in response to President Donald Trump's actions, said it held nearly 3,000 rallies across the country to encourage voters to cast their ballots early as a hedge against any effort to undermine turnout.

"Restricting communications about voting in the middle of an election is unacceptable," it said.

"Meta must answer for this suspension and take immediate steps to ensure it never happens again — to any account, but especially those working to inform voters and encourage participation in our democracy."

Democratic Sen. Chris Murphy of Connecticut called for an investigation into the shutdown, saying on Sunday evening that even if it was made in error, the incident was a "total indictment of Meta's outsized influence on our culture and politics."

"If it wasn't malevolence, it was likely a natural consequence of a company that is desperate to get as close to Trump as possible (and thus has a disincentive to do the basic, proactive work to be ready to support users on No Kings Day)," he wrote in a post on X.

The senator, who has advocated for stricter regulation and anti-monopoly laws against Big Tech, said Meta's significant share of the political discourse market comes with a responsibility for it to be ready for "major moments of political action."

October 18, 2026: This story was updated with public comment from Sen. Chris Murphy.