En las campañas electorales que entran dentro de la normalidad se ventilan las diferencias entre los partidos. Cada partido presenta sus propuestas y defiende su capacidad para llevarlas a cabo, a la vez que critica a sus rivales. Hay ocasiones, sin embargo, en que lo que se juega en la campaña es algo más que el programa político que se va a poner en marcha. Así ocurre cuando los partidos encarnan no sólo propuestas distintas, sino también valores y prácticas que van más allá de los programas electorales y tocan de llena las bases de la democracia. La campaña del 29-N se mueve en este terreno excepcional.

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Uno de los grandes retos de las democracias del primer tercio del siglo XX fue la transformación de su modelo de orden público. Nos lo han contado muy bien especialistas como Diego Palacios, Sergio Vaquero o Rafael Cruz. Si en el paradigma predemocrático el objetivo prioritario era defender el Estado y mantener el orden, en el modelo democrático, lo nuclear es servir a la comunidad y respetar los derechos cívicos. Ya no se trata de blindar al Estado o al Rey, sino de proteger los derechos y libertades de las personas. La ciudadanía deja de ser amenaza potencial u objeto pasivo de control y se convierte en sujeto de derechos y agente activo. Los conflictos no se abordan desde la fuerza para reprimir o disuadir. Se busca la mediación y la gestión pacífica. El ejército y las fuerzas de seguridad quedan bajo control civil y sometidos a mecanismos de rendición de cuentas. La conversión civil del Estado, que diría Charles Tilly, es un ingrediente fundamental de la democracia. Ante una huelga, los poderes políticos dialogan. Si es necesario intervenir, acude la policía, pero sin sables ni máuseres. Las muertes ya no son el precio inevitable de cualquier protesta.

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