El exconsejero catalán Toni Comín, fugado de la justicia española hace nueve años como consecuencia de su papel en el proceso independentista, se ha presentado finalmente este jueves en Madrid para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado. A la salida, Comín ha querido restar trascendencia a ese gesto formal y lo ha catalogado como “una pataleta de mal perdedor” y “un derecho al pataleo” del Estado español: “Es una prueba más de que saben que hemos ganado. Confirma nuestra victoria”.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Diez magistrados imponen el rechazo de plano al recurso presentado por el Defensor del Pueblo Leer