Antes, la pregunta recurrente era si iba a hacer mal tiempo. Ahora, la angustia es si va a venir una dana, convertida en un efecto lobo feroz al que todos temen tras una concatenación de episodios catastróficos que han dejado cicatrices en el subconsciente colectivo. Como ya ocurrió con la gota fría en los ochenta, el término, ideado precisamente para evitar esta falsa relación, se ha instalado en el imaginario como sinónimo de lluvias torrenciales. Pero “no siempre que diluvia la causa es una dana ni siempre que hay una dana la consecuencia es un diluvio, como se ha demostrado a primeros de mes en las inundaciones de Cataluña”, subraya Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense han evaluado y analizado vídeos, partes de lesiones y material fotográfico para elaborar un detallado informe jurídico muy crítico con las cargas policiales del pasado 14 de octubre ―primera jornada de la huelga educativa― que se saldaron con varios heridos (cuatro diagnosticados) y cinco detenidos en la plaza de Ciencias del campus madrileño. Los autores del documento de 35 páginas, al que EL PAÍS ha tenido acceso, observan “irregularidades” en toda la actuación policial: desde su entrada al recinto de la UCM, a la ausencia de advertencias antes de cargar o los golpes en zonas del cuerpo “antirreglamentarias”. La Delegación del Gobierno asegura que sigue investigando el incidente.

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Salomé Pradas, que fue consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana pilotada por Carlos Mazón (2023-2025) y hoy es la principal investigada en la causa que indaga la responsabilidad penal de la dana que dejó 233 muertos en 2024 en Valencia, cree que no debería estar bajo el foco de las pesquisas que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra. “No tendría que haber nadie imputado. Fue una tragedia de una dimensión imposible de prever, que lastró la gestión por no tener información de la magnitud de lo que iba a pasar”, aseguran a EL PAÍS fuentes próximas a la exdirigente. Desde marzo del pasado año, Pradas figura como imputada por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes junto a quien fuera su número dos, el exdirector de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso.

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Carlos Mazón no ha eludido su responsabilidad en la gestión de la dana de 2024 y se sienta en el banquillo por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes. No es verdad, pero tampoco es mentira, porque el expresidente de la Generalitat será juzgado en la ficción esta tarde en la Sala l’Horta, ubicada en la pedanía de Castellar-l’Oliveral, en Valencia, también inundado por aquella barrancada que se cobró la vida de 233 personas en la provincia. Allí se estrena la obra teatral El judici a Carlos Mazón que mai voràs (El juicio a Carlos Mazón que nunca verás).

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