“Nosotros impugnaremos. Se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal, pero nosotros consideramos que no lo es”. Así se refirió este lunes Antonio Garamendi a la huelga general por la vivienda que tendrá lugar el 11 de noviembre. Sin embargo, según ha adelantado eldiario.es y ha confirmado CEOE a EL PAÍS, la patronal no impugnará finalmente el paro convocado por los sindicatos antes de su celebración.

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Los secretarios generales de las federaciones de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Lucho Palazzo, y de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Ricardo Casas, han presentado este jueves al Gobierno la propuesta sindical de servicios mínimos del transporte para la huelga general del próximo 11 de noviembre. Tras entregar esta petición, cuyo contenido concreto no han desvelado, Palazzo hizo un llamamiento a los trabajadores para que eviten recurrir al teletrabajo “como forma de esquirolaje”. Y ha añadido que los sindicatos estarán “vigilantes” para que esta estrategia no se generalice, aunque cree que “no va a ser fácil”. “Vamos a suponer que no va a haber mala fe y que no habrá esquirolaje tecnológico”, ha añadido el responsable de CC OO.

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Una oleada de protestas de transportistas por el aumento del precio del carburante sacude desde hace días el sur de Italia, donde los bloqueos en las carreteras están provocando problemas de abastecimiento en supermercados, gasolineras y aeropuertos. La huelga ha llevado al Gobierno de Giorgia Meloni a aprobar de urgencia este jueves, en un consejo de ministros extraordinario, ayudas por valor de 550 millones de euros para poner fin a los cortes de carreteras y la escasez de suministros.

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Los secretarios generales de los sindicatos CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez han rechazado este jueves que su intención con la huelga general del 11 de noviembre sea influir en el voto en las próximas elecciones del 29-N. Pero sí pretenden influir en el contenido de la la campaña electoral, marcando los temas de discusión, que a su juicio deben ser fundamentalmente la vivienda, los salarios y los derechos laborales. No obstante, han advertido que una victoria de los partidos de derechas traerá un recorte de los derechos laborales, y entre ellos han citado la aprobación del despido libre y gratuito o el recorte de la protección social.

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La marea verde de profesores y profesoras, en huelga indefinida desde el 14 de octubre, ha trasladado su malestar este jueves hasta las puertas de la Asamblea de Madrid. Desde las nueve de la mañana, miles de docentes —3.000 según la Delegación del Gobierno— se han acercado y cortado la avenida de Pablo Neruda. Frente a ellos, decenas de policías custodiaban el paso hacia la acera de enfrente, donde se encuentra el edificio en el que los diputados madrileños asistían al pleno de los jueves.

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En los últimos días, Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha cuestionado la legitimidad de las protestas de los docentes de la educación pública madrileña que hemos ejercido nuestro derecho a la huelga. Considera que hacemos política. Vengo, de algún modo, a darle la razón. Sí, nuestra huelga es política. Pero no, no es la política que ella practica e imagina: es mucho más.

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Una semana después de que comenzara la huelga educativa en Madrid, los planes de la Consejería de Educación no pasan por reunirse con los docentes. No importa que miles de profesores y profesoras de la educación pública no universitaria hayan secundado la movilización con elevados porcentajes de seguimiento según los sindicatos, ni que se hayan manifestado diariamente para insistir en que al otro lado del tablero —el que encabeza la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo— se dé un paso hacia el diálogo. Zarzalejo no quiere oír hablar de la huelga, ni de los huelguistas, menos aún de sentarse frente a frente con el Comité de Huelga, al que no reconoce como interlocutor legítimo. “Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid”, aseguró la consejera en unas declaraciones el lunes, sus últimas palabras sobre las protestas y a las que remiten desde la Comunidad cuando se les pregunta por la postura del Gobierno madrileño y si tienen previsto sentarse a negociar.

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El fuerte incremento de la inflación, que ha alcanzado casi el 5% en septiembre, impulsado por un encarecimiento de más del 20% en los productos energéticos, está abriendo una brecha cada vez más acusada con el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras el índice general de precios escala a su máximo nivel desde febrero de 2023, los asalariados se enfrentan a este embate con mucha incertidumbre. Los convenios colectivos firmados en lo que va de ejercicio recogen un incremento medio del 3,76%, pero la subida ponderada del conjunto de los acuerdos vigentes —sumando aquellos acordados en años anteriores con efectos para 2026— se queda estancada en el 3%, encadenando meses consecutivos de pérdida en la capacidad de compra. La merma en septiembre asciende ya a dos puntos porcentuales respecto al incremento salarial de los trabajadores que ya tienen sus condiciones cerradas para 2026, aunque el efecto se mitiga en el promedio del conjunto del año.

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Una gran marcha de docentes y estudiantes madrileños ha vuelto a salir este martes por las calles de la capital para protestar contra las cargas policiales en la protesta del lunes, como parte de las concentraciones diarias que tienen lugar durante la huelga indefinida del profesorado de la región. Lo han hecho vestidos de negro, en vez del verde habitual con el que defienden sus demandas, y en algunos momentos en silencio total, con velas, linternas y luces de móviles levantadas hacia el cielo.

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El comité de huelga de la educación pública madrileña ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue las “violentas y desproporcionadas” cargas policiales de este lunes. La reclamación llega después de que la policía cargara contra los profesores que se habían concentrado a las puertas de un acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el centro de Madrid. Desde Delegación han confirmado a EL PAÍS que se va a investigar el asunto.

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El presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, confirma que CEOE impugnará en los tribunales la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. El líder empresarial hace este anuncio horas después del registro administrativo del paro, que los sindicatos convocantes ya han formalizado en el Ministerio de Trabajo.

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CC OO, UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han registrado este lunes por la mañana en el Ministerio de Trabajo la huelga general del 11 de noviembre. Sin los habituales reproches que los sindicatos pequeños suelen dedicar a los grandes, estas centrales han llamado de la mano a la ciudadanía a no acudir a sus puestos de trabajo ese día.

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