El gigante textil Inditex ha recuperado este martes el trono como la empresa del Ibex 35 con una mayor capitalización o valor en bolsa. Lo ha hecho tras superar a Banco Santander, casi cuatro meses después de que la entidad cántabra le arrebatase el liderazgo del selectivo español el pasado 22 de junio.

En concreto, los títulos del gigante textil gallego han cerrado la sesión de este martes en los 56,56 euros por acción, tras subir un 2,06% con respecto a la jornada previa. Con ello, su valoración bursátil supera los 176.277 millones de euros.

Por su parte, las acciones de Banco Santander han marcado un precio de cierre de 11,728 euros por título (-0,37%), por lo que su capitalización se sitúa en los 170.718,63 millones de euros.

De este modo, Inditex aventaja en algo más de 5.559 millones de euros a la entidad presidida por Ana Botín y vuelve a situarse en la cima de la cotización nacional.

Cambio de tendencia desde junio

El pasado 22 de junio, Banco Santander se encumbró como la firma más valiosa de la plaza española al registrar una valoración bursátil de 176.242 millones, sustentada en una cotización de 11,998 euros por título sobre una base accionarial que entonces contaba con 15.018,5 millones de títulos en el mercado. En aquella misma fecha, la compañía con sede en Arteixo quedaba relegada a la segunda posición del Ibex 35 con una capitalización de 171.915 millones de euros y sus títulos cotizando a 55,16 euros.

Desde entonces, la evolución en los parqués ha permitido a Inditex elevar su valoración en más de 4.363 millones de euros, resultado del incremento de 1,40 euros en el precio de cada una de sus acciones (pasando de 55,16 a 56,56 euros) aplicado sobre su volumen de 3.116,7 millones de títulos.

Por su parte, el cambio en la valoración de mercado de Banco Santander refleja el impacto conjunto del comportamiento de su cotización y de sus operaciones sobre el capital social. Por un lado, afecta el hecho del descenso de 0,27 euros por título (al pasar de 11,998 a 11,728 euros).

A este ajuste en el precio se suma la reducción del volumen de títulos emitidos tras concluir el pasado 24 de agosto un programa de recompra de acciones por 5.030 millones de euros. La posterior amortización y retirada del mercado de más de 462 millones de títulos redujo la base accionarial del banco desde los 15.018,5 millones iniciales hasta los 14.556,5 millones actuales, que a 11,728 euros por título recorta en cerca de 5.500 millones de euros su capitalización global respecto a junio.

El Gobierno ha confirmado a los sindicatos que aprobará la subida salarial comprometida para los empleados públicos, del 4,5% para 2027, explican en CCOO, UGT y CSIF tras una reunión mantenida esta tarde con el Ministerio de Función Pública. Fuentes del departamento de Óscar López recuerdan que el incremento salarial “ya estaba acordado” y que el ministro había afirmado que el Gobierno cumpliría con el pacto.

Las centrales sindicales sostienen que el Ejecutivo no se ha comprometido con una fecha concreta sobre su aprobación. Es decir, sobre si será antes de las elecciones del 29 de noviembre o después de estas, estando ya en funciones, pero indican que el Ministerio de Óscar López les ha garantizado que esta medida saldrá adelante.

A comienzos de mes, López afirmó en un acto que “este Gobierno ha cumplido y va a cumplir con sus compromisos”. “Hicimos un acuerdo con las principales centrales sindicales de este país para mejorar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas y cumpliremos con ello. Ya daremos más detalle concreto de fechas y procedimientos, pero cumpliremos con ese compromiso”, apuntó.

Los sindicatos piden su aprobación antes de las elecciones

Los tres sindicatos explican que han pedido a Función Pública que el Gobierno apruebe el aumento salarial de los trabajadores públicos antes de entrar en funciones. Es decir, antes de los comicios generales del 29N.

Los representantes del personal público argumentan que, dado que la subida salarial ya está pactada, la aprobación daría más seguridad a los trabajadores, sostienen en CCOO y UGT. Mientras, en CSIF también se decantan por esta opción “para evitar retrasos”, sostienen.

Además, CCOO, UGT y CSIF exigen al Ejecutivo que apruebe otros compromisos del Acuerdo Marco de 2025 que están pendientes. Entre ellas, “avanzar en la eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público”, cita CCOO.

No hay que obviar que el compromiso de aumento salarial se ha adquirido con el actual Gobierno de coalición y que, aunque está suscrito con los tres principales sindicatos del personal público del país, hay quien teme que un eventual cambio de signo en La Moncloa pudiera dar al traste con el pacto.

En las reuniones mantenidas esta tarde, también se ha abordado la negociación que mantiene el Gobierno con las Comunidades Autónomas para reducir la excesiva temporalidad de las administraciones públicas, concentrada sobre todo en las administraciones locales y regionales. El Ejecutivo estudia varios cambios legales ante el procedimiento sancionador abierto por Bruselas a España, que puede acarrear una multa para el país.

Una subida salarial pactada el año pasado

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio. En este caso, los sindicatos explican que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre.

Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

El Gobierno garantiza a los sindicatos que subirá el sueldo de los empleados públicos de España prevista para 2027, pero sigue sin concretar cuándo, para disgusto de las organizaciones sindicales. El departamento de Función Pública que encabeza Óscar López se ha reunido esta tarde con UGT, CCOO y CSIF a quienes ha garantizado que la mejora del 4,5% pactada en diciembre del año pasado se llevará a término, pero sin concretar en qué momento.

El año pasado, los tres sindicatos de la Función Pública acordaron una senda de subidas acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 distribuida en un 2,5% en 2025; un 1,5% este año (con un 0,5% adicional si la inflación se comía esa mejora); un 4,5% en 2027 un 2% final en 2028. Aunque el acuerdo está rubricado, es necesario darle cobertura legal a cada incremento salarial, de ahí la urgencia de los sindicatos.

Desde UGT Servicios Públicos han emplazado al ministerio a que apruebe la mejor retributiva antes del 24 de noviembre, cuando está previsto el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, que se celebrarán el domingo de esa semana. La secretaria general del sindicato, Isabel Araque, ha destacado que la mejora retributiva del 4,5% se pactó el año pasado y ha señalado que el Congreso de los Diputados convalidó "sin dificultades" la subida del año 2025 incluso siendo retroactiva.

Además, ha añadido que la mejora está respaldada legalmente aunque se tenga que convalidar en la Diputación Permanente o con el Ejecutivo en funciones. Y ha recordado que también está pendiente una subida adicional del 0,5% vinculada a la inflación que se suma al 1,5% que ya se decretó para 2026.

Por su parte, desde Comisiones Obreras han reclamado al Ejecutivo "el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos". El propio Óscar López prometió hacer "todo lo posible" para ejecutar el incremento salarial antes de las elecciones, pero todavía no lo materializa.

El sindicato ha señalado que hay otras reformas acordadas que todavía no se han desarrollado, como la eliminación de las tasas de reposición -que limitan el número de plazas que la administración puede sacar para reponer las salidas de funcionarios-, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio o la mejora del personal del Servicio Exterior.

Del lado de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), han reclamado también que la subida se apruebe antes de las elecciones "para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones". Algo que consideran de gran importancia porque el texto que recoja la subida "debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones puedan presupuestar y preparar nóminas".

La subida salarial afectará a los 3,5 millones de empleados públicos (funcionarios o no) que trabajan en las distintas administraciones. El impacto de la subida del 4,5% para un salario medio del sector público -que rondaba los 3.232 euros brutos al mes en 2024- sería de unos 151 euros adicionales (aplicadas ya las revalorizaciones de 2025 y de 2026). Lo que situaría esta renta en los 42.380 euros brutos.

Otras cuentas pendientes

Más allá de la cuestión salarial, los sindicatos han reclamado al Gobierno que cierre otros asuntos todavía pendientes de desarrollar del acuerdo salarial de 2021. Entre ellos, la implantación de la jubilación anticipada parcial para los funcionarios -la del personal laboral se desbloqueó recientemente en el Congreso- o que se tomen medidas para atajar la temporalidad abusiva que aqueja a la administración pública y que ha colocado a España al borde de una multa de la Comisión Europea.

Después de conocerse que el juzgado de Ceuta ha admitido a trámite varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones por parte de militares, el Gobierno, a través de su delegado en Ceuta, ha publicado un vídeo para apoyar a los soldados desplegados en la ciudad autónoma. El representante ceutí del Ejecutivo, David de la Encina, ha visitado este martes la sede de la Comandancia General para transmitir “el reconocimiento del valor, entrega y dedicación” de los efectivos de las Fuerzas Armadas de la guarnición ceutí. “Gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional”, ha recalcado.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha mantenido un encuentro con el Comandante General en Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrer Frente, en el que afirma haber transmitido “el apoyo del Gobierno” a las Fuerzas Armadas. Tras su visita, David de la Encina ha difundido un vídeo para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los militares con base en la ciudad. “En este lugar tan emblemático de Ceuta y para mí tan importante, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío humano hacia las Fuerzas Armadas”, ha expresado.

“Gracias por los siglos de dedicación a la seguridad de España y gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional nuestras fuerzas armadas”, ha indicado. “Estamos muy tranquilos y muy seguros por contar con unos profesionales de la vocación, de la profesionalidad y de la entrega de los miembros de la guarnición de la Comandancia General de Ceuta”, ha añadido de la Encina, tras las múltiples denuncias registradas en los juzgados por migrantes que aseguran ser víctimas de palizas por parte de militares en la ciudad autónoma. https://www.eldiario.es/desalambre/juzgados-ceuta-investigan-denuncias-agresiones-militares_1_13598445.html

Su mensaje de apoyo también llega días después de la publicación en elDiario.es de varios audios en los que militares comentan entre risas supuestas agresiones y posibles torturas a las personas que permanecen en las calles ceutíes tras la entrada masiva de finales de julio. En el vídeo, el delegado no ha realizado mención alguna a las denuncias, únicamente se limita a mostrar su apoyo a los uniformados con base en el enclave español.

Varias denuncias en los juzgados

La Justicia de Ceuta está investigando casos de palizas de militares a migrantes a través de distintas vías. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según ha confimado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a elDiario.es. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

“Sin guantes mola más”

En los audios, al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas comentan algunas de sus actuaciones en Ceuta, describiendo supuestas agresiones propinadas a los migrantes: “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo.

Los soldados admiten en las grabaciones haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla.  “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

Decenas de migrantes llevan meses denunciando agresiones, palizas y tratos vejatorios por parte de uniformados en Ceuta. Además de sus testimonios, varios vídeos confirman parte de estos abusos. Este domingo, elDiario.es publicó una reconstrucción de una de las grabaciones difundidas en redes sociales, a través de entrevistas con los migrantes que aseguran haber resultado heridos en la intervención militar.

La Comandancia de Ceuta a la que el Gobierno ha expresado su apoyo está formada por el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, el Tercio Duque de Alba º de La Legión, el Regimiento de Caballería Montesa número 3, el Regimiento Mixto de Artillería número 30, el Regimiento de Ingenieros número 7, la Unidad Logística número 23 y el Batallón de Cuartel General General.

Además de la guarnición de Ceuta, varios regimientos con base en otros puntos del país han sido movilizados a la ciudad autónoma tras la situación de interés de seguridad nacional declarada tras la llegada irregular de cerca de 80.000 personas por la frontera del Tarajal.

Renfe ha dado a conocer este martes su nuevo plan estratégico para los próximos años en el que, entre otros elementos, pide a sus empleados "elevar su compromiso" y "reforzar la excelencia del servicio" ante clientes "más exigentes".

El presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, ha dado a conocer internamente la que será la "hoja de ruta" de la compañía hasta 2028, con planes y acciones destinadas a adaptarla a un entorno determinado por elementos como la liberalización del sector ferroviario, la revolución tecnológica, exigencias de descarbonización o nuevas formas de movilidad, pero que también contempla aspectos mucho más directamente dirigidos a los empleados de Renfe y a sus clientes, de los que el documento al que ha tenido acceso este periódico dice que son "más exigentes", porque tienen "nuevas expectativas de movilidad, calidad e información".

La Estrategia consta de cuatro ejes estratégicos y diez planes directores y el primero de los ejes tiene que ver con "el cliente", con el objetivo de "reforzar la orientación" hacia él y también la "excelencia en el servicio". Esto se debe traducir, indica el documento, en "más puntualidad, más información", una "mayor calidad" y "una experiencia de viaje diferencial".

Esto entronca con el primer plan director, de "experiencia de Cliente y Calidad del Servicio", para "impulsar una visión 360º de la atención al cliente en todos los negocios, mejorar los estándares de calidad operativa y reforzar la experiencia de viaje en todos los modos y canales". La estrategia pide "asegurar niveles homogéneos de servicio, anticipar necesidades del cliente y consolidar un modelo centrado en la calidad, la información y la satisfacción" del pasajero.

"Elevar el compromiso" de los trabajadores de Renfe

En buena medida, de eso deberán encargarse los empleados de Renfe, a los que apela directamente el cuarto eje estratégico. Bajo el epígrafe "Personas y cultura", lo que pretende la dirección de la operadora es "impulsar la transformación cultural, el compromiso del empleado y la excelencia organizativa".

Para ello, es necesario "talento y formación, liderazgo, colaboración y compromiso", según una Estrategia que fuentes de la compañía critican que llega con un año de retraso y que Renfe dará a conocer y abrirá a debate entre sus trabajadores por medio de un diálogo más directo con ellos. El primero, mediante un webinar "abierto a toda la plantilla" que tendrá lugar el lunes que viene. Después, la Dirección de Estrategia de Renfe se embarcará en una gira por distintas ciudades para informar de los objetivos del plan, escuchar ideas, recoger propuestas y conocer de primera mano la visión de las personas que formamos Renfe", según ha informado este martes en una primera comunicación interna el equipo de Fernández Heredia.

Los trabajadores de Renfe tienen también su propio plan director "de personas" dentro de la Estrategia, que busca "consolidar una cultura común y un modelo organizativo más ágil, reforzando el liderazgo, talento y experiencia del empleado mediante procesos de co-creación y acciones de impacto rápido, con el fin de elevar el compromiso interno".

"Eficiencia y seguridad"

Otro de los aspectos en lo que también enfatiza la nuestra Estrategia de Renfe tiene que ver con combinar la "eficiencia" y la "seguridad", para "amentar" la primera "en un marco de seguridad integral" mediante "procesos más ágiles", una "mayor productividad", un "mantenimiento inteligente" y teniendo "la seguridad como base".

En concreto, lo que la dirección de Renfe busca aquí es "maximizar el rendimiento de los recursos disponibles sin comprometer la calidad, la seguridad ni la sostenibilidad del servicio ferroviario". Esto, añade, tiene que ver con desde la planificación y las rotaciones hasta la digitalización y la modernización del mantenimiento.

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El mes de octubre marca de manera no oficial el inicio de la temporada de frío en España, ya que las temperaturas empiezan a descender en buena parte de la geografía nacional y los viajeros se ven obligados a decir adiós definitivamente a los eternos días soleados, a los termómetros señalando bastantes grados centígrados y a las calurosas jornadas de playa a orillas del mar hasta el próximo año.

Eso sí, en Europa aún quedan algunos bastiones en los que el frío se retrasa todavía más y en los que los turistas todavía pueden disfrutar de unos días de calor antes de afrontar el gélido invierno. Para ello, la compañía Solmar Villas ha analizado más de un centenar de destinos con buen tiempo en el décimo mes del año, así como el precio de los vuelos, para ver cuáles son los mejores de Europa a los que viajar en octubre para huir del frío, algo que cada vez buscan más personas alrededor de todo el continente.

Chipre y Grecia dominan la lista

El análisis ha concluido que muchos de los mejores destinos para escapar del frío en octubre están en dos países, los cuales además están relacionados entre sí: Chipre y Grecia. En el territorio chipriota, de hecho, se encuentran los cuatro primeros clasificados de la lista, ya que las lluvias apenas hacen acto de presencia.

La posición de honor se la lleva la apasionante localidad de Ayia Napa, una de las más turísticas de todo el país insular, gracias a sus playas, seguida de la ciudad de Limassol por motivos similares, mientras que la urbe de Larnaca, también a orillas del mar, cierra el podio por delante de la de Pafos, que ocupa la cuarta plaza.

El top-5 lo completa el primer enclave heleno del listado, la Riviera de Atenas, una idílica franja costera ubicada en el golfo Sarónico que está a un paso de la majestuosa capital de Grecia, y justo detrás de ella, en la sexta y séptima plaza respectivamente, se encuentran los dos destinos de España que aparecen en el ránking: Lanzarote y Fuerteventura. Las dos islas más orientales de las Canarias son sin duda un paraíso en cualquier época del año, pero en octubre pueden presumir de tener un clima mucho mejor que buena parte de Europa.

Tras los dos edenes canarios se sitúan dos de las islas griegas más especiales, la de Rodas y la de Kos, en octava y novena posición respectivamente, lo que no hace más que consolidar a Grecia, con tres entradas a la lista, como un destino ideal al que viajar en octubre si se busca algo de calor. La clasificación la cierra Malta, el único destino fuera de Chipre, Grecia y España en colarse dentro de las diez primeras posiciones del informe.

PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 1988, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas para preservar la mayoría absoluta del bloque conservador en esta institución.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, fulmina un solo párrafo de un solo artículo (el 24), que establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”.

Ese punto, que PP y Vox han acordado borrar de la ley, obligaba a reestructurar el reparto actual de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía elegidos por los partidos en función de su representación, para adaptarlo a la nueva composición del Parlamento, surgida de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo.

En la pasada legislatura, Adelante Andalucía solo contaba con dos diputados -formaba parte del Grupo Mixto- y, por tanto, no tenía consejero en el órgano de extracción parlamentaria, donde hay tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía. El 17M cuadruplicó los escaños de Adelante, pasando de dos a ocho, lo cual le ha permitido estrenar grupo propio y, con ello, tenía derecho a un consejero en el órgano de fiscalización externa.

La reforma pactada por PP y Vox, a espaldas del resto de formaciones de izquierdas, se carga ese derecho. Los socios del Ejecutivo de Moreno han acordado cercenar el artículo 24.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, eliminando el “segundo párrafo”, que abría la puerta al grupo soberanista fundado por Teresa Rodríguez, obligando al PP a cederle uno de sus tres asientos. Como consecuencia, el bloque conservador perdería la mayoría absoluta y el control de un órgano responsable de fiscalizar las cuentas del Gobierno andaluz.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero -a propuesta de un nuevo grupo parlamentario- “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”. En aplicación de este criterio, explican fuentes parlamentarias, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros.

“Es preciso hacerlo con celeridad”

La proposición de ley se registró el pasado 16 de octubre y, PP y Vox han solicitado tramitarla por el “procedimiento de urgencia” y que “desde su inicio se reduzcan a la mitad los plazos reglamentarios”, para que la reforma legal entre en vigor antes de que expire el plazo previsto para la renovación de cuatro de los siete consejeros actuales de la Cámara de Cuentas, en marzo de 2027.

“Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones”, sostiene el texto. Tres de esos consejeros salientes están elegidos por el PP, de modo que el relevo previsto, junto a la obligación legal de dar entrada a un miembro elegido por Adelante Andalucía, amenaza con arrebatar a los conservadores la mayoría absoluta, para dársela al bloque progresista (PSOE, Adelante y Por Andalucía).

La exposición de motivos de la proposición de ley, firmada por los portavoces de PP y Vox en el Parlamento andaluz, Toni Martín y Javier Cortés, argumenta que el derecho de todos los grupos a contar con representación en la Cámara de Cuentas, recogido en la ley, es “una condición limitativa de la capacidad del Parlamento de designar a los miembros de dicho órgano” y “sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una rara avis en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento”.

Los socios del Gobierno de Moreno justifican una reforma legal ad hoc que les garantiza el control del órgano de fiscalización y arguyen que el punto que van a extirpar de la ley “no encuentra en la actualidad comparación en ningún otro órgano de control externo autonómico ni en ningún órgano constitucional ni estatutario”.

PP y Vox cuestionan la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que rige desde hace 38 años y 13 legislaturas, porque “antepone el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados a la voluntad del resto de la Cámara legislativa”. “Se está primando la opinión de unos pocos diputados frente a la opinión de la mayoría”, advierten.

Un órgano “independiente” presidido por un exconsejero de Moreno

La Cámara de Cuentas es un órgano blindado en el Estatuto de Autonomía que ejerce un control externo de la actividad económica y presupuestaria de las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía. Sus miembros son elegidos por los partidos y, de entre los siete, Moreno propone a la persona que presidirá el organismo. Actualmente, ese cargo lo ocupa Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Moreno en la primera legislatura, durante el binomio PP-Ciudadanos, con apoyo externo de Vox.

Otro de los argumentos que ofrece la proposición de ley para eliminar el derecho de todos los grupos a tener representación en la Cámara de Cuentas es que “esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, los partidos que sostienen el Gobierno de Moreno auguran que el precepto legal que van a eliminar “puede llegar a bloquear la necesidad de renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo el correcto control de los fondos públicos”.

“Por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios”, concluye la proposición de ley, tras considerar que la “pluralidad política” está garantizada en el propio Parlamento, y no es necesaria en “un órgano técnico que debe ejercer sus funciones con total independencia, objetividad e imparcialidad”.

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© Angelina Katsanis (REUTERS)

Tras El campeón (2024), Carlos Therón regresa a su terreno predilecto: la comedia de enredos en clave policíaca. La maleta sigue a Laura y Nacho, dos jóvenes que se conocen en un vuelo. Tras coquetear, Laura acaba proponiendo un juego: si, al llegar al aeropuerto, su equipaje sale primero, pasarán la noche juntos; si no, cada uno continuará por su lado. Ella, tramposa, echa mano de la primera maleta que ve para asegurarse la victoria, sin imaginar que está robando a un grupo terrorista.

Con guion de Sara Antuña y Carlos Pando, la película sitúa en el centro un improbable romance entre dos personajes de temperamentos antagónicos abocados a vivir, en una única noche, una delirante y vertiginosa aventura contrarreloj que trae a la memoria títulos como Cuando llega la noche o Mentiras arriesgadas.

Therón da la vuelta, eso sí, a los roles: aquí es Laura quien lleva las riendas mientras Nacho, asustadizo, permanece a merced de las circunstancias. Pese a su puesta en escena algo funcional y su factura algo televisiva, la película encadena las suficientes situaciones rocambolescas para que la peripecia nunca pierda fuelle; su ritmo endiablado y la vis cómica de Lucía Caraballo hacen el resto.

El Tribunal Supremo ha rechazado que la Agencia Tributaria pueda tasar un inmueble atendiendo exclusivamente al catastro, imágenes de Google Maps o fotografías aéreas, y establece que es preciso visitarlo y examinarlo también por dentro, lo que implica una inspección física del perito. Las identificaciones sin visita al inmueble deben ser excepcionales, solo en casos muy concretos y de manera justificada.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estima un recurso presentado contra un fallo de julio de 2024 del Tribunal superior de Justicia de Extremadura, que anula. Lo que ha aclarado el Supremo, en relación con el trabajo de los peritos de la Agencia Tributaria, es si la exigencia de visita al inmueble por parte del perito impone que se visite tanto el exterior como el interior de inmueble, o, por el contrario, es suficiente con la mera contemplación del exterior de éste o la toma de fotografías.

El caso es el de un inmueble cuya tasación fue revisada por Hacienda y en la que el perito aseguró que pudo examinar las características del bien inmueble al acceder, a través de la sede electrónica del Catastro, a las ortofotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y de Google Maps España.

En su informe, el técnico aportó el plano de cartografía catastral, la ortofotografía catastral y la fotografía de Google Maps España, con lo que "se hizo innecesaria la visita personal al inmueble". El Supremo rechaza este sistema y entiende que la valoración de un inmueble debe ser individualizada y, como regla general, requiere que el perito realice una inspección personal, directa y presencial, tanto del exterior como del interior del inmueble.

Esta visita permite comprobar circunstancias relevantes para determinar su valor real, entre ellas la superficie y distribución; el estado de conservación y de construcción; la calidad de los materiales, las características concretas del inmueble y la existencia de servidumbres visibles u otras circunstancias relevantes. La finalidad es garantizar que la valoración se ajuste a las características efectivas del bien y esté suficientemente motivada, explica la sentencia.

Los magistrados admiten que, en circunstancias muy concretas, pueda prescindirse de la inspección presencial, pero Hacienda debe justificar expresamente en el propio informe pericial por qué resulta innecesaria la visita y la justificación debe ser individualizada, racional y suficiente, apoyada en datos objetivos, contrastados y debidamente documentados en el expediente.

Por ello, no basta con mencionar de forma genérica fuentes de información fiable y debe explicarse por qué permiten conocer las características relevantes del inmueble concreto que se está valorando. La Sala reitera que los datos catastrales y las fotografías no son suficientes por sí solos, ya que pueden aportar información útil, pero no garantizan necesariamente una valoración individualizada y, sobre todo, no permiten conocer de forma suficiente el estado interior de una vivienda.

Es Hacienda, añade la Sala, la que debe fundamentar adecuadamente el valor que utiliza para liquidar el impuesto y no corresponde al contribuyente aportar una tasación alternativa para paliar las deficiencias del informe de Hacienda.

El Parlamento Europeo se empeña en que la UE controle sus propios recursos y ha aprobado una resolución en la que pide que se creen reservas estratégicas de tierras raras, con gestión común, y que además se limite la exportación de estos materiales, decisivos para, entre otras cosas, el desarrollo tecnológico y por tanto la autonomía en el escenario global. La Eurocámara, de hecho, ha aprobado esa resolución con 470 votos a favor, 83 en contra y 108 abstenciones en el pleno de esta semana en Estrasburgo. El documento plantea reforzar las normas europeas sobre materias primas críticas para aumentar su extracción, transformación y reciclaje dentro de la UE.

En definitiva, el Parlamento pretende reducir la dependencia de proveedores extranjeros y evitar que posibles conflictos comerciales o problemas internacionales dificulten el acceso a recursos esenciales para la economía europea, sobre todo ante el impulso de China o de Estados Unidos.

Los eurodiputados, en su resolución, plantean introducir una cláusula que permita a la Comisión Europea restringir, en determinadas circunstancias, la exportación de residuos y restos de, por ejemplo, imanes permanentes, que se usan en la elaboración de motores. El objetivo es recuperar los materiales que todavía puedan utilizarse y destinarlos a nuevas aplicaciones industriales, en lugar de perderlos a través de su salida del mercado comunitario.

Otra de las principales medidas es la creación de una agencia europea dedicada a las materias primas críticas, que contaría con financiación propia y capacidad para analizar la evolución de los mercados, añade la resolución. Este organismo tendría la función de detectar posibles riesgos de desabastecimiento, organizar compras conjuntas y coordinar las reservas estratégicas de los países de la Unión. Los eurodiputados consideran que una mayor cooperación permitiría anticiparse a las dificultades de suministro y mejorar la respuesta europea ante posibles restricciones comerciales o interrupciones en las cadenas de producción.

Para poner en marcha esta iniciativa, el informe plantea que la agencia disponga de recursos suficientes, entre ellos un fondo de 2.000 millones de euros incluido en la propuesta del próximo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Estos recursos estarían destinados a respaldar proyectos que contribuyan a mejorar la disponibilidad de materias primas esenciales. Además, el Parlamento propone ampliar los sistemas de compra conjunta para que los gobiernos y las empresas puedan adquirir y almacenar estos materiales de forma coordinada, reduciendo los riesgos derivados de la dependencia de mercados internacionales.

El documento también introduce cambios en la supervisión de las grandes compañías que utilizan materias primas críticas. En concreto, los eurodiputados proponen que sea la Comisión Europea, y no cada Gobierno nacional por separado, la encargada de identificar a las empresas que operan en sectores estratégicos. Entre ellos figuran la fabricación de baterías, aeronaves, drones, satélites, equipos relacionados con el hidrógeno y microchips avanzados, actividades que necesitan materiales específicos para mantener su producción y desarrollo tecnológico.

Las compañías que entren dentro de esta clasificación tendrían que cumplir determinadas obligaciones para conocer mejor el origen de sus suministros y evaluar los riesgos relacionados con su dependencia de proveedores. También deberían adoptar medidas para reducir su exposición a posibles interrupciones en el acceso a estos recursos. La intención, insiste la Eurocámara, es que tanto las instituciones europeas como las empresas puedan anticiparse a los problemas de abastecimiento y diversificar sus fuentes de suministro cuando sea necesario.

Además, la Eurocámara pide a Bruselas que abra al menos dos convocatorias al año para seleccionar proyectos estratégicos relacionados con la extracción, el procesamiento y el reciclaje de materias primas críticas. Los eurodiputados también proponen mecanismos para dar mayor estabilidad económica a estas inversiones, mediante contratos que compensen determinadas diferencias entre los precios del mercado y unos valores de referencia acordados previamente.

El realidad, el informe relaciona esta estrategia con las necesidades de seguridad y defensa de la Unión Europea. Los eurodiputados proponen utilizar el futuro programa europeo para la industria de defensa para financiar proyectos vinculados a materias primas necesarias en la fabricación de equipamiento militar y otras capacidades estratégicas.

"Las materias primas críticas se han convertido en la moneda del poder geopolítico. Quienes las controlan, controlan nuestro futuro industrial, nuestra transición energética y nuestra seguridad. Europa no puede permitirse quedarse al margen mientras otros refuerzan su control sobre las materias primas críticas", sostuvo el ponente del informe, el eurodiputado socialdemócrata neerlandés Mohammed Chahim. "Necesitamos un centro europeo de materias primas críticas que cuente con los recursos financieros y el mandato necesarios para actuar con rapidez, con el fin de anticiparse a las interrupciones en el suministro y garantizar que nuestras necesidades no puedan convertirse en instrumentos de presión geopolítica", sentenció.

Tras varias semanas sin verla, Kate Middleton ha reaparecido por todo lo alto para recibir al sultán de Omán, que estará unos días en Reino Unido de viaje de Estado. Esto significa que volveremos a ver a la princesa de Gales vestida de gala y con tiara. Pero antes nos ha dado un aperitivo con un exclusivo y a la vez discreto look, que ha completado con joyas valoradas en 8.000 euros y un histórico bolso Chanel.

Kate Middleton brilla de McQueen en la recepción al sultán de Omán

El verde botella ha sido el color que ha escogido Kate Middleton para hacer frente al día frío y lluvioso que hacía en Londres. La princesa ya ha sacado su ropa de invierno y para este importante acto ha lucido uno de sus habituales y protocolarios abrigos/vestido.

En concreto, ha recuperado un abrigo que le hemos visto en más de una ocasión para celebrar el Día de San Patricio, un diseño de cuello solapa y ceñido en la cintura que firma Alexander McQueen.

Este ocultaba estratégicamente el inusual vestido que la princesa había escogido para la velada, un diseño de cuello alto y semitransparente adornado con detalles de encaje. Completó el look con unos altísimos salones de terciopelo verde de Manolo Blahnik.

La princesa estrenó unos pendientes de 8.000 euros

Sin embargo, lo más destacado del look no estaba bajo el abrigo, sino perfectamente a la vista. Nos referimos a sus nuevos y exclusivos pendientes de la firma británica Cassandra Goad. Se trata del modelo Acai, nombre que reciben porque su forma se inspira de los racimos de las bayas de acai que la diseñadora encontró en uno de sus viajes a Brasil. Están elaborados en oro amarillo y diópsido de cromo y su particularidad está en que las piedras preciosas que presentan nunca son iguales, son únicas para cada modelo.

Los pendientes que lucía Kate Middleton contaban además con un aro de oro amarillo y diamantes para unirse a la oreja, un detalle que puedes personalizar y que eleva el precio de la joya de los 4.800, hasta los 8.000 euros.

Kate Middleton rindió homenaje a Lady Di con su broche

A juego con los pendientes, la princesa ha rescatado un histórico broche del joyero de la Casa Real. Se trata del broche de las plumas del Príncipe de Gales, una joya cuyo origen se remonta a 1863, cuando la princesa Alejandra de Dinamarca lo recibió como regalo por su boda con Alberto Eduardo, que entonces era príncipe de Gales.

El broche reproduce en oro, diamantes, rubíes y esmeraldas tres plumas de avestruz bajo una corona y el lema Ich Dien, Yo sirvo, un símbolo que representa el emblema heráldico del heredero al trono británico. Además, cuenta con una gran esmeralda que cuelga del broche y que puede llevarse o no.

Kate Middleton ha optado por lucir el broche completo y homenajear así a su marido, pero también como guiño a la princesa Diana. Y es que esta joya estuvo muy vinculada a ella, que la recibió como regalo de bodas por parte de la reina Madre.

Remató el look con un bolso de Chanel

La princesa de gales ha dado el remate al look con un exclusivo bolso de Chanel. Se tarta de modelo mini con solapa de la firma, un exclusivo bolso que reinterpreta los modelos más clásicos de Chanel y que se caracteriza por su cierre con el símbolo de las dos Cs en tamaño grande y color dorado.

Está confeccionado en piel de cordero, con el icónico acolchado de Chanel, y la cadena dorada típica de estos bolsos. Kate Middleton luce el tamaño mini de este bolso, cuyo precio asciende a 4.500 euros.

Bruselas quiere revitalizar el sector de la pesca, y para ello se da 15 años: por eso ha presentado su estrategia Visión 2040, centrada en el sector pesquero y en la acuicultura con dos retos clave: asegurar el relevo generacional que ahora falta y reducir las importaciones. Europa continúa dependiendo en un 70% de las importaciones de alimentos acuáticos, lo que la expone a tensiones geopolíticas, avisa la Comisión Europea. Además, la meta de aquí a 2040 es que también aumente una rentabilidad que se ha visto trastocada en los últimos años.

Según los datos que maneja el Ejecutivo comunitario, actualmente cerca de 124.500 personas trabajan en la pesca y casi 76.000 en la acuicultura dentro de la Unión Europea, sumadas a cientos de miles de empleos indirectos que se dan en todo el bloque comunitario.

Eso sí, la Visión 2040 establece que la competitividad del sector requiere un "entorno marino saludable". En este sentido, la Comisión reconoce que la obligación de desembarque de todas las capturas reguladas no ha dado los resultados esperados en el control de capturas no deseadas, por lo que promoverá innovaciones tecnológicas y un diálogo con el sector para solucionar este problema, tal como recoge en el documento presentado este martes en Estrasburgo.

En ese contexto, Bruselas se ha propuesto destinar una reserva mínima de 2.000 millones de euros en el presupuesto europeo de largo plazo 2028-2034, que ahora mismo se está negociando. "Estos fondos se enfocarán en la pesca sostenible, la restauración de ecosistemas marinos y la recolección de datos, complementándose con capital privado y apoyo del Banco Europeo de Inversiones", explica la Comisión en su plan.

Otro eje fundamental, insisten, es la transición energética del sector pesquero y acuícola para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Hasta el año 2030, la estrategia "priorizará la eficiencia energética, nuevas tecnologías y combustibles limpios; mientras que a partir de 2030 se impulsará la adopción a gran escala de tecnologías de cero emisiones y la modernización" de los buques. Así, al mismo tiempo, se actualizarán las directrices de 2014 para evaluar el equilibrio de la capacidad pesquera. De este modo, "se buscará diferenciar adecuadamente la capacidad de captura de aquella destinada a fines sociales o ambientales", sentencian.

En el ámbito de la acuicultura, la Comisión Europea presentará una iniciativa legislativa para crear "un marco regulatorio más claro, sencillo y coherente en todos los Estados miembros". Esta medida, recogen en el documento, pretende "brindar certidumbre a las empresas para impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible de la producción de alimentos marinos".

Por otro lado, Bruselas se compromete a reforzar las herramientas de las que dispone para perseguir y frenar la pesca ilegal y no controlada y, según la hoja de ruta, también pondrá en marcha la Ley del Océano y una Estrategia de Relevo Generacional Azul para atraer a las generaciones jóvenes al sector mediante formación continua y de este modo asegurar otra de las grandes preocupaciones tanto de la UE como del propio sector: la falta de relevo generacional.

"Unos ingresos justos para los pescadores y los productores acuícolas y un medio ambiente marino saludable dependen mutuamente. Cuando asumí el cargo, me comprometí a lograr el equilibrio adecuado entre ambos mediante una visión a largo plazo para nuestro sector pesquero y acuícola", ha recordado el comisario de Pesca, Costas Kadis, que dice que este plan cumple "con un compromiso" de Bruselas para el sector, para que este sea "sostenible y resiliente" en el largo plazo.

La irrupción, fulgurante, del hijo del diestro de La Puebla es el último capítulo de una relación que ha tenido altos y bajos. Ambos mundos, ejes del ocio en la posguerra, han tenido mucho que ver durante años Leer

El Tribunal Supremo ha dictado una pionera sentencia que condena a una empresa por despido discriminatorio a una trabajadora víctima de violencia de género. El fallo, que revoca uno previo que no halló discriminación, considera que sí había indicios suficientes para ligar el cese de la trabajadora a su condición de víctima, que era conocida por la empresa, ha informado la cooperativa Colectivo Ronda, que ha defendido a la mujer.

La sentencia condena así a la empresa, NAGAMI DESIGN SL, por despido nulo de la trabajadora, “debiendo procederse a la inmediata readmisión” de la trabajadora con abono de los salarios de tramitación, “así como al abono de la cantidad de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales”, recoge la sentencia, que ha podido consultar elDiario.es.

La trabajadora, que llevaba casi un año trabajando en la empresa, desde marzo de 2023, denunció a su ex pareja por violencia de género ante la Policía en de febrero de 2024, lo que dio lugar a un procedimiento judicial. Ese mes estuvo varios días de baja médica, por “síntomas y signos que afectan al estado emocional” que le incapacitaban para realizan su trabajo habitual.

La empresa era conocedora del proceso abierto como víctima de violencia de género ya que el administrador mancomunado de la compañía “había sido citado como testigo de la causa penal el día 2 de abril de 2024”. Siete días después, el 9 de abril, NAGAMI DESIGN SL despidió a la afectada por la vía disciplinaria –sin derecho a indemnización– “por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado”, recoge la sentencia.

Había indicios suficientes de posible discriminación

Con estos hechos, los magistrados del Supremo revocan la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que consideró el despido como improcedente y no nulo. La empresa no demostró que fueran real esa supuesta disminución voluntaria del rendimiento, pero el TSJ consideró que las circunstancias del cese no suponían indicios de discriminación a la trabajadora por la condición de víctima de violencia de género.

El Supremo corrige este criterio. Los magistrados sostienen que la situación de la mujer trabajadora como víctima de violencia de género “no puede calificarse el despido como nulo de manera automática”, salvo que conste la existencia de reclamaciones internas o judiciales de la trabajadora frente a la empleadora relacionadas con su condición de víctima de violencia de género.

En el resto de casos, la sentencia recoge que la parte demandante “debe aportar indicios previos y suficientes, de una mínima entidad y significado” sobre esa posible discriminación vinculada a la condición de víctima de violencia de género.

En este segundo supuesto es donde se encuadra este caso analizado y los magistrados consideran que sí había indicios suficientes para concluir que existió este despido discriminatorio. Estos indicios son la baja médica de la afectada, el conocimiento de la empresa del procedimiento judicial como víctima de violencia de género y la inmediatez del cese con todo este proceso, además de la nula intención de la compañía de justificar las causas del despido disciplinario que había firmado.

Así, “se alza como un indicio razonable, con la solidez mínima requerida en el caso, que la sitúa en el ámbito ya no de la mera posibilidad sino en el de la probabilidad, de que el despido se ha producido al entender la empresa que podía asociarse a aquella condición de ser la trabajadora mujer víctima de violencia de género, una serie de circunstancias derivadas tanto de la presión, malestar, miedo e incertidumbre a los que se ve sometida la trabajadora, como de las posibles consecuencias judiciales de su denuncia penal, que podrían percibirse por la empresa como inconvenientes o complicaciones que no está dispuesta a asumir como empleadora”, argumentan los jueces.

Readmisión, pago de salarios e indemnización

Así, el despido se considera como nulo por discriminatorio, lo que supone la obligación de readmitir a la trabajadora, pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde su cese en 2024 y una indemnización por daños de 10.000 euros.

Colectivo Ronda, la cooperativa de abogados que ha defendido a la trabajadora, ha celebrado el fallo del Supremo y ha destacado que “no es necesario” que la mujer despedida “aporte una prueba directa de la motivación discriminatoria de la decisión empresarial”.

Es decir que, cuando existen indicios razonables de esta discriminación, “corresponde a la empresa demostrar que el despido responde a motivos reales, objetivos y completamente ajenos a la condición de víctima de la trabajadora”.

Esther Comas, abogada de Colectivo Ronda que ha dirigido la defensa jurídica de la trabajadora, enfatiza la trascendencia de una resolución “que puede contribuir decisivamente a reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista frente a actuaciones discriminatorias y despidos sin causa por parte de las empresas que les afectan, precisamente, cuando mayor es su vulnerabilidad”.

Para la letrada, “es vital que se imponga a las empresas un esfuerzo probatorio reforzado a la hora de justificar una extinción que afecta a una mujer en esta situación para disipar cualquier duda razonable que permita suponer, aunque sea indiciariamente, que la razón para despedirla es su condición de víctima”.

El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.

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© Joaquin Corchero

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