Poco antes de las 15.30, a la hora en que arrancaba la sesión, el exconsejero Lluís Puig Gordi ha entrado en el hemiciclo del Parlament de Catalunya y se ha dirigido a su escaño donde descansaba desde hace nueve años un lazo amarillo y que solo había visto por televisión. Justo detrás del asiento del diputado Albert Batet, de Junts, Puig ha alzado el lazo de cartón en señal de victoria en medio de una atronadora ovación de los diputados independentistas de su grupo, de ERC y de la CUP y el silencio de los del PSC y de los pocos que había del PP. Los de Vox expresamente se han ausentado del Pleno para evitar estar en el homenaje. También se ha ausentado el president Salvador Illa -estaba en su despacho de la cámara- y solo han estaban en la bancada del Govern Miquel Sàmper, Eva Menor y Esther Niubó. Tras ser amnistiado, Puig llegó de Francia este miércoles e Illa ha mantenido una reunión con él, aunque no se sabe ni cuando no dónde. La ausencia del president ha desencadenado una queja de Junts que la ha remitido una carta señalando que esa reunión no reemplaza su “deber institucional” de haber estar en el Pleno.

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El exconsejero catalán Toni Comín, fugado de la justicia española hace nueve años como consecuencia de su papel en el proceso independentista, se ha presentado finalmente este jueves en Madrid para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado. A la salida, Comín ha querido restar trascendencia a ese gesto formal y lo ha catalogado como “una pataleta de mal perdedor” y “un derecho al pataleo” del Estado español: “Es una prueba más de que saben que hemos ganado. Confirma nuestra victoria”.

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Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.

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