Fue uno de los símbolos de la lucha contra ETA. En su entrada figura un panel con los cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil que murieron por atentados de la banda en Gipuzkoa. Su lista de detenciones y comandos de la banda desarticulados es larga. Es el lado brillante de su historia. Pero el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián también esconde un lado oscuro: la ‘guerra sucia’ contra ETA. En algunas de sus estancias se practicaron torturas y se vivieron algunos de los episodios de vulneración de la ley más graves de los duros años 80 y 90 de violencia terrorista.
Ahora, el Gobierno vasco quiere que el emblemático cuartel que el general Enrique Rodríguez Galindo lideró durante muchos años con mano de hierro se convierta en símbolo de tortura y de vulneración de derechos. Pero no solo Intxaurrondo. La Comisión de Valoración de Víctimas de Motivación Política, vinculada a la Consejería de Justicia del Ejecutivo, quiere que un cuartel más de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional también engrosen esa lista de ‘memoria’ de la tortura.
Se trata del cuartel de La Salve de Bilbao y de las comisarías de Indautxu, en la capital vizcaína, y la comisaría de Amara, en San Sebastián. La comisión que evalúa denuncias de posibles torturas y excesos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza entre 1978 y 1999 quiere que los cuatro centros policiales se conviertan en símbolo de la lucha al margen de la ley que también se practicó durante años en la batalla contra el terrorismo. "Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad. Son torturas que responden en muchos casos a patrones que se repiten por cuerpo policial, momento histórico y lugar concreto de detención", señala el informe.
305 víctimas de tortura y abusos policiales reconocidas
La petición la lanzó la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, durante la presentación del último informe de este organismo que ya ha reconocido a 305 personas como víctimas de torturas y excesos policiales. En este último informe se incluye el reconocimiento de 60 casos más. A todas ellas se sumarán más, ya que aún restan 284 expedientes por resolver. Además, los responsables de la comisión recordaron que existen otras 416 peticiones para ser analizadas que no se han incluido por presentarse fuera de plazo al inicio de los trabajos de este organismo. La Comisión de Valoración estima que para el año 2028 concluirá de manera definitiva el análisis de los expedientes pendientes.
Un reconocimiento de víctimas que incluye en muchos casos el pago de una indemnización económica. Los 60 nuevos casos conllevan unos pagos indemnizatorios por un montante total de 993.000 euros. Las víctimas a las que se ha dado por acreditado que sufrieron malos tratos por parte de agentes o funcionarios públicos recibirán en su conjunto algo más de 618.000 euros. Una de las víctimas acreditadas percibirá casi 35.000 euros por haber recibido el impacto de una pelota de goma y los casos de heridos o fallecidos por arma de fuego supondrán un desembolso de las arcas públicas de casi 334.000 euros.
Abusos sexuales y maltratos mortales
En la lista de víctimas reconocidas por la Comisión figuran algunas personas relacionadas con ETA que fueron maltratadas, así como miembros vinculados a la izquierda abertzale o del entorno de las familias de presos de ETA, el Partido Comunista o el sindicato LAB.
El informe destaca los numerosos casos de mujeres que sufrieron amenazas y violencia de carácter sexual. Uno de los casos más relevantes es el del médico de Oiartzun, Esteban Murutagoiena, quien fue detenido el 16 de marzo de 1982 en San Sebastián. Posteriormente fue trasladado a la Dirección General de la Policía en Madrid, donde permaneció incomunicado nueve días. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, no le dieron de comer durante tres días ni le permitieron descansar, además de ser amenazado con la violación de su mujer y de su hija, entre otros malos tratos. Finalmente fue puesto en libertad, pero con claros signos de deterioro por el trato recibido; a los tres días falleció. Otro de los casos mortales está relacionado con un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que falleció por disparos de la Guardia Civil mientras su comando era perseguido por los agentes tras un atentado en Aretxabaleta (Gipuzkoa).
Los jueces han vuelto a darle la razón a Xabi Alonso, actual entrenador del Chelsea inglés. El técnico guipuzcoano, exjugador de la Real Sociedad y del Real Madrid, ha recibido un espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para continuar adelante con las obras de construcción de un lujoso chalé en el barrio de Igeldo de San Sebastián. Los vecinos y grupos de ecologistas lograron a comienzos de 2024 que un juzgado donostiarra declarase “ilegal” la mansión que se estaba preparando en este privilegiado paraje costero de la capital guipuzcoana, pero el Superior vasco entiende ahora que la construcción cumple íntegramente con los parámetros y estándares constructivos y paisajísticos exigidos por el marco normativo vigente.
Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.
Giro en el litigio sobre el chalet de Xabi Alonso en Donostia/San Sebastián. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado la legalidad de la vivienda que el exfutbolista y entrenador Xabi Alonso construyó en el monte Igeldo, en San Sebastián. La resolución, notificada este miércoles, estima los recursos presentados por la sociedad promotora de la vivienda, Tavaro XXI, y por el Ayuntamiento donostiarra. En consecuencia, revoca la sentencia de 2024 que había anulado la licencia de obras al considerar que la construcción no se ajustaba a la normativa urbanística.
El Gobierno vasco ha alcanzado un principio de acuerdo con Testa Residencial, sociedad vinculada al fondo de inversión estadounidense Blackstone, para adquirir por 100 millones de euros el derecho de superficie sobre 510 viviendas protegidas del barrio donostiarra de Benta Berri.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.
Imagen del acto organizado el pasado 27 de setiembre por Jardun en el frontón de Ciboure (Francia) con motivo del 'Gudari Eguna', en una imagen difundida por esta organización.
Los dos detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa), investigados por un presunto delito de terrorismo y vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, pasan este martes a disposición de la Audiencia Nacional, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, que permanecían desde el pasado sábado en dependencias de la Policía autonómica vasca en Irun, están siendo trasladados en estos momentos a Madrid.
Los dos detenidos cuentan con antecedentes relevantes, según indicó el Departamento de Seguridad en un comunicado en el que no especificó a qué tipo de antecedentes se refiere.
La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que portaban material muy sensible sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.
La Policía autonómica vasca abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo. En los últimos días las pesquisas, coordinadas en todo momento, avanzaron de manera muy relevante, según indicó la Ertzaintza.
En la jornada del sábado, dos de las personas investigadas se personaron voluntariamente en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, y fueron detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo. Tras tomarles declaración y cumplimentar las diligencias policiales pertinentes, los dos arrestados están siendo trasladados a Madrid.
Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que hoy, martes, se cumplen 15 años.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que se va a personar en la causa abierta tras la detención de dos personas en Irun (Gipuzkoa) por parte de la Ertzaintza investigadas por un presunto delito de terrorismo y ha pedido que se refuerce la vigilancia de los acuartelamientos.
Los dos detenidos, vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, pasan este martes a disposición de la Audiencia Nacional, según informa Efe.
La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".
En un comunicado, la AUGC ha considerado que el Departamento vasco de Seguridad "ha evitado precisar" cuántos agentes y cuántas instalaciones aparecen en la documentación intervenida, así como el formato en el que estaba recogida.
"Una lista de guardias civiles y cuarteles en manos de personas investigadas por terrorismo no es un papel más entre otros indicios de una causa judicial, es la radiografía de una amenaza directa sobre la vida de hombres y mujeres que prestan servicio al Estado, y sobre sus familias", ha advertido.
En este sentido, ha apuntado que la aparición de este tipo de documentación "no puede tratarse como una anécdota policial, sino como una señal de alarma que exige respuesta inmediata".
Asimismo, ha reclamado al Ministerio del Interior que actúe de manera inmediata al asegurar que "la Ertzaintza no ha compartido esta información con la Guardia Civil". "En la lucha contra el terrorismo no caben compartimentos estancos ni cálculos competenciales", ha defendido.
Por ello, ha reclamado el "traspaso urgente" de toda la documentación a la Dirección General de la Guardia Civil, el "refuerzo inmediato" de la vigilancia en los acuartelamientos y entornos que pudieran verse afectados, y la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para proteger a los agentes señalados.
"Este episodio demuestra que el riesgo terrorista contra la Guardia Civil no ha desaparecido, cambia de forma, cambia de origen, pero no desaparece", ha afirmado esta asociación, que ha subrayado que "bajar la guardia o restar importancia a hallazgos como este sería un error".
Son cientos. La mayoría hace tiempo que peina canas. Su aspecto poco se parece al que mostraron años atrás en las fichas policiales. Se pasean por los municipios vascos. Se les puede ver comprando o tomando vinos. La mayoría se ha alejado del foco social y apuesta sumergirse en el anonimato. Unos pocos, en cambio, han optado por seguir 'luchando' formando parte de listas electorales o integrándose en la política activa. A casi todos, sólo les queda el apoyo discreto de los más afines, de los que les aplaudían cuando sembraron el rastro de dolor que partió a la sociedad vasca en dos. La mayoría se enteró en la cárcel del final de la tragedia que habían alimentado. El 20 de octubre de 2011, hace hoy 15 años, ETA anunció el “cese definitivo” de sus acciones criminales. Desde entonces, alrededor de 600 miembros de la banda terrorista han salido en libertad.
Cuando los tres encapuchados de ETA proclamaron el inicio de “un nuevo ciclo” y la apuesta por las vías exclusivamente políticas, en las prisiones españolas cumplían condena cerca de 700 terroristas de la organización. Tres lustros después, son algo menos de un centenar: 93 presos de ETA, según el colectivo de familiares Etxerat. En esa contabilidad no se incluye al puñado de presos críticos con el colectivo ‘oficial’ de presos, el EPPK, afín a la izquierda abertzale que lidera Arnaldo Otegi.
Ese cupo se reduce aún más si se analiza la situación penitenciaria de ese escaso centenar de presos. Son apenas 36 los que cumplen condena sin salir de prisión, en régimen ordinario. El resto lo hace saliendo de la cárcel y regresando a prisión solo a dormir gracias a progresiones a tercer grado o a la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta fórmula, previa al tercer grado, permite flexibilizar la situación del interno y le permite salir para trabajar o cooperar en una ONG.
Cuando los tres encapuchados -David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka- difundieron el vídeo del final de ETA la tarde del 20 de octubre de 2011, la banda aún tenía una última baza con la que negociar: su disolución y desarme. La demoraría aún ocho años. En ese periodo, ETA siguió existiendo como organización, presionando con la posibilidad de revertir la situación si no se le concedía una salida para sus cientos de presos en las cárceles españolas. Incluso se intentó negociar con el Gobierno francés el acercamiento de los 140 presos de ETA que entonces cumplían condena en cárceles francesas.
El fracaso de la 'última baza' de ETA: desarme y disolución
Entre 2011 y 2018 los intentos para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy fueron reiterados. Incluso el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu intentó mediar un acuerdo que acelerara la desaparición definitiva de la estructura de ETA. Ni con Rajoy ni con Urkullu, que llegaría a reprochar a ETA su falta de voluntad real de buscar una salida para disolverse, hubo acuerdos ni cesiones.
Finalmente, y ante el convencimiento de que no podrían obtener beneficios en su final, ETA optó por recurrir a una disolución y desarme unilateral. Lo hizo apoyándose en un hasta entonces desconocido grupo de intermediarios: los ‘artesanos de la paz’, procedentes de colectivos afines a la izquierda abertzale. El 8 de abril de 2017, en Bayona, la banda escenificó el desarme entregando la localización de ocho depósitos o ‘zulos’ con armas y ante la mirada de ‘invitados’ como algunos de sus militantes más sanguinarios como Josu Zabarte, el ‘carnicero de Mondragón’.
En los años transcurridos desde el cese de sus acciones terroristas, cerca de medio centenar de presos siguieron saliendo en libertad cada año. Cuando el 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, ETA escenificó y oficializó su disolución con la lectura a cargo de ‘Josu Ternera’ y ‘Anboto’ del último comunicado de ETA, la banda aún tenía en las cárceles a casi 300 militantes. Ese mismo mes, todo empezaría a cambiar… tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.
Política penitenciaria, Bildu y PNV
El relevo gubernamental no hubiera sido posible sin el apoyo de los dos partidos nacionalistas vascos: el PNV y EH Bildu. La coalición de Otegi siempre ha puesto la ‘cuestión de los presos’ encima de la mesa para seguir apoyando al Ejecutivo socialista. Las condiciones del acuerdo nunca han trascendido oficialmente, pero los hechos han evidenciado que el cambio de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA figuraba en la lista.
Habían transcurrido solo tres meses desde la moción de censura cuando Pedro Sánchez optó por revertir una política que el PSOE había aprobado y aplicado desde 1989: la dispersión de los presos en cárceles alejadas de Euskadi y Navarra. En septiembre de 2018 comenzaron los primeros acercamientos de presos de la banda a prisiones próximas a Euskadi. Poco después, a carceles vascas. El goteo de acercamientos no paró, hasta que en marzo de 2023 se dio por concluida la operación. Para entonces, todos los presos de ETA cumplían condena en cárceles vascas o navarras. En este periodo también se facilitó el traslado de los presos que cumplían condena en prisiones galas para que lo hicieran en cárceles españolas.
Según el observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se trasladaron a 202 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, la mitad de ellos con delitos de sangre y acumulando 303 víctimas.
Acercamiento a Euskadi y gestión de prisiones
Por el camino, Sánchez y Bildu siguieron apoyándose. El 20 de octubre de 2021, cuando se cumplían diez años del cese de la actividad de ETA, fue el propio Otegi quien reconoció en un encuentro con simpatizantes de Bildu que apoyaría los presupuestos de Sánchez para favorecer la salida de prisión de los etarras: “Tenemos 200 dentro y hay que sacarlos; si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. Sin problema, muy tranquilos. Lo tenemos en nuestro frontispicio. Ahora es el momento”, dijo.
En este vaciado de presos de ETA de las cárceles, también el PNV ha jugado su papel. Desde que el PSOE comenzó a gobernar España, la formación nacionalista ha presionado para que se acelerara la transferencia de la gestión de las prisiones vascas. El 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco logró su objetivo y comenzó a gestionar las tres cárceles vascas. En ese momento, eran cerca de 200 los internos de la banda cumpliendo condena.
Desde 2018 y hasta que cedió la gestión al Ejecutivo vasco, Instituciones Penitenciarias había concedido 27 terceros grados a presos de la banda. Desde que Euskadi está al frente, han sido cerca de un centenar los presos que han progresado hasta el tercer grado, el que les concede un régimen de semilibertad. En los últimos años, la aplicación de la vía previa, el artículo 100.2, concebido como un proceso preparatorio para la semilibertad, se ha concedido a cerca de una treintena de internos. Concesiones que en muchos casos han sido revocadas por la Justicia, obligando al reingreso en prisión de los internos.
Agentes de las Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado sábado a un varón, de 38 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de que sustrajera varios productos alimenticios de un establecimiento comercial y lanzara un carro de la compra a un vigilante cuando fue interceptado.
La Guardia Urbana ha trasladado que el suceso ocurrió en un establecimiento comercial de la calle Los Herrán. El presunto ladrón fue interceptado por el vigilante de seguridad, que lo reintrodujo al local mientras el varón lanzaba los productos que había escondido entre sus pertenencias.
Hasta la llegada de los agentes, el hombre trató de huir de nuevo y le lanzó un carro de compra al vigilante de seguridad. Una vez en el lugar, los agentes escucharon las manifestaciones de la víctima y visionaron las imágenes de video vigilancia, donde pudieron corroborar lo relatado por esta y procedieron a su detención.
Las tres capuchas blancas auguraban que esa vez sería diferente, que los rumores que sobrevolaban desde hacía semanas la sociedad vasca podrían ser ciertos. Tras un sinfín de anuncios frustrados y esperanzas hechas añicos, el sueño de queETA lo dejaba estaba cerca. La izquierda abertzale había preparado a la banda una 'pista de aterrizaje' en forma de una suerte de 'conferencia internacional de paz'. El entorno de Otegi había logrado atraer hasta el Palacio de Aiete de San Sebastián a destacados nombres relacionados con la resolución internacional de conflictos: Kofi Annan, Jonathan Powell y al siempre próximo al independentismo radical vasco, Gerry Adams. En aquella escenificación también participaron partidos como el PSE o el PNV.
El objetivo que se buscaba era la aprobación de un manifiesto para «pedir a ETA» el cese definitivo de toda acción armada y solicitar públicamente a los gobiernos de España y Francia que dialogaran con la banda para acordar los términos de su disolución, la gestión del futuro de sus presos y las condiciones del 'escenario' para un final de la violencia que los terroristas habían iniciado 52 años atrás.
Sólo habían transcurrido tres días desde aquel encuentro cuando llegó la respuesta. El jueves 20 de octubre, en torno a las 19:00 horas, el vídeo que ETA había hecho llegar a Gara/Naiz y medios como la BBC o The New York Times, recorría ya las redacciones de medio mundo. La banda terrorista que había asesinado a más de 850 personas y había dejado un rastro de miles de heridos y amenazados anunciaba el «cese definitivo» de sus acciones criminales y anunciaba que buscaría la soberanía vasca sólo por vías políticas e institucionales.
Una banda debilitada, 350 asesinatos sin resolver y un "cambio de ciclo"
Tras las capuchas, David Pla -quien luego, tras cumplir varios años de prisión, pasaría a integrarse en la dirección de Sortu-, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. De algún modo se habían erigido en la última y diezmada cúpula de ETA. La banda terrorista esgrimió entonces razones de «cambio de ciclo político». En su comunicado puño en alto no hubo ni petición de perdón, ni arrepentimiento.
«Aún existe profesorado y familias que les incomoda hablar de este tema, temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos"
La realidad era bien distinta. Hacía años que ETA agonizaba. La presión policial y judicial y la colaboración internacional habían reducido la estructura terrorista de modo extremo hasta hacerla casi inoperativa. Pese a todo, la organización criminal había seguido matando, amenazando y asfixiando a la sociedad vasca. Su último asesinato lo cometió el 16 de marzo de 2010. Un tiroteo mortal que acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin en la localidad de Villiers-en-Bière.
Han transcurrido 15 años desde aquel cese definitivo que fue recibido con alivio, algarabía y desconfianza por la sociedad vasca. Tres lustros en los que muchas cosas han cambiado. Otras apenas se han movido. Apenas una veintena de los cerca de 350 asesinatos sin resolver ha sido juzgada desde entonces. Tampoco la condena de la violencia y de la historia de ETA ha estado en boca de sus militantes ni de quienes le aplaudieron y apoyaron.
Reagrupados, con beneficios y legalizados
El entorno de ETA ha logrado en estos años que se acabara con su dispersión penitenciaria. Hoy todos cumplen condena en cárceles vascas o navarras. En 2017 el colectivo de presos de ETA, el EPPK, acordó dejar atrás su negativa a acogerse a beneficios penitenciarios de la legislación carcelaria 'del enemigo'. Lo hizo con el respaldo del 73% de los presos. Desde entonces, las progresiones de grado y las salidas de prisión se han acelerado. De los 700 presos de 2011 se ha pasado a poco más de un centenar en la actualidad, la mayor parte en régimen de semilibertad.
En la izquierda abertzale por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro no han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"
Tres lustros en los que la izquierda abertzale también ha llevado a cabo su proceso. El recorrido le ha llevado desde la ilegalidad hasta convertirse en aliado fiel de un gobierno del PSOE, la formación contra la que ETA atentó durante décadas. Batasuna fue ilegalizada en 2003. Sus sucesivas marcas también. En febrero de 2011, ocho meses antes del «cese definitivo» de la actividad de ETA, nació Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. En sus estatutos proclamaba la condena de la violencia y la apuesta por las vías políticas. No fue hasta el 20 de junio de 2012 cuando el Tribunal Constitucional autorizó su registro como partido legalizado. Poco después, se integró y controló la coalición Bildu que EA y Alternatiba habían constituido.
En estos años, la izquierda abertzale ha visto cómo su apoyo social crecía. En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños en el Parlamento Vasco y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos.
Desde el comunicado de las capuchas blancas hasta la disolución de ETA aún tuvieron que pasar seis años y medio. ETA fracasó en su intento de negociar una solución y excarcelación de sus presos a cambio de disolverse. El 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo, Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', oficializaron el comunicado oficial de disolución.
El tabú de ETA en las aulas y las familias
En estos años tampoco la sociedad vasca es la misma. En gran medida, se apresuró a pasar página, a iniciar un nuevo tiempo sin apenas mirar atrás. En la escuela y en muchas familias, ETA sigue siendo un tema tabú del que mejor no hablar. En el entorno de la izquierda abertzale la cuestión sigue esquivándose. El pasado pesa e incomoda y la urgencia para el entorno de Otegi pasa por liquidar «la cuestión de los presos» y desprenderse de esa «mochila».
«Nunca imaginé que gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido socio del Gobierno»
«Este periodo de tránsito está siendo duro e incómodo para mucha gente. No podemos olvidar que hubo un porcentaje nada desdeñable de la sociedad que justificó que esto ocurriera. Hay una parte recalcitrante que sigue pensando que estuvo bien, que era justificable, son minoría», asegura Alberto Alonso, director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.
Asegura que esa incomodidad puede ser la razón por la que aún cuesta trasladar contenidos de memoria y convivencia relacionados con los años de violencia a la escuela vasca: «No puedo negar que existe profesorado al que le incomoda este tema, o incluso padres y madres, no sólo porque estuvieron en la esfera de la izquierda abertzale, sino porque temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos. Quizá tienen miedo a esa pregunta», asegura Alonso.
Considera que a la generación que ha crecido sin la losa de ETA hay que contarles qué ocurrió y las consecuencias de tanto dolor. «Los jóvenes tienen interés. Por eso debemos saber darles las herramientas para que hagan esa revisión crítica del pasado. No les podemos contar una milonga. A ellos no les da miedo hablar de ello, es a nuestra generación a la que quizá sí nos da».
"No han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"
Gaizka Fernández de Soldevilla es historiador, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y experto en ETA. Reconoce que su sensación es «agridulce» al analizar lo sucedido desde el cese de actividad que anunció ETA. Considera que en estos 15 años ha habido «cierta prisa por pasar página»: «El trabajo de memoria no ha sido lo demasiado profundo que hubiera sido deseable. El desconocimiento entre los jóvenes está ahí. También el abandono que han sentido las víctimas. Les ha faltado el amparo institucional y el de la sociedad, que ha vuelto a mirar hacia otro lado».
En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos"
Recuerda que el interés en ETA y sus consecuencias ha caído en la sociedad y en los medios de comunicación, «se ve como algo lejano, cuando la última víctima es de 2010, no hace tantos años». Fernández de Soldevilla alerta de que la pedagogía por hacer sigue pendiente en las nuevas generaciones y destaca que es especialmente importante en un contexto como el actual en el que en muchos sectores juveniles «vemos que ha regresado cierto clima bronco, de enfrentamiento que creíamos superado. Están volviendo ciertos brotes de violencia y fanatismo».
Fernández de Soldevilla señala la evolución de la izquierda abertzale como uno de los factores que han marcado el devenir de estos años. Apela al proceso que siguió ETA-PM tras el abandono de las armas y su integración en Euskadiko Ezkerra primero y en el PSE después: «En el caso de la izquierda abertzale, la diferencia es que no ha cortado el cordón umbilical que le une a ETA, ni renuncia o hace autocrítica de la violencia. Por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro siguen enfangados en ese pasado. No sé si tienen voluntad de acabar con eso, pero no lo parece».
"No imagine ver condenados en listas electorales"
Carmen Ladrón de Guevara conoce como pocas personas cómo actuó ETA. Ha vivido muy de cerca el rastro de víctimas y dolor que dejó. Como abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recuerda con satisfacción aquel anuncio: «El final de la violencia fue una buena noticia, es innegable, pero la gestión del periodo posterior tiene muchas carencias». Aquel temor que entonces sintió lo ha confirmado el paso del tiempo. «Nunca imaginé que Bildu o gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido que ha sido socio preferente del Gobierno».
Reconoce que tampoco hubiese predicho entonces que apenas 15 años más tarde, de los 700 presos de ETA que entonces cumplían pena en la cárcel, apenas 36 lo hagan hoy en régimen ordinario, «el resto, unos 70, entran y salen o ya ni siquiera acuden a prisión»: «Yo pensaba que ese final sin presos en prisión lo vería cuando me jubilase, pero en apenas cinco años ocurrirá».
En este tiempo asegura que al menos 18 de los 350 casos han podido ser resueltos: «Llegar a juicio con un caso es una victoria. Confío en que aún se pueda lograr con algún caso más». Ladrón de Guevara considera que el verdadero problema en este tiempo ha sido la política penitenciaria que se ha aplicado a los presos de ETA. En especial desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la gestión de las prisiones vascas: «La nueva política está destinada a solucionar el problema de los presos y a vaciar las cárceles». Añade que la dignidad y la humillación hacia las víctimas tampoco han desaparecido en todos estos años: «A los etarras en muchos municipios y ámbitos se les sigue recibiendo como héroes, cuando no son más que asesinos. Queda mucho por hacer».
Desde el punto de vista social no oculta que percibe un deseo generalizado de pasar página, en muchos casos por dejar el dolor atrás y en otros, por mero «blanqueamiento» político: «Hay gente que lo ha hecho por dejar esto atrás, pero desde el punto de vista político, ha habido un claro blanqueamiento». La abogada de la AVT lamenta también que en los centros educativos y en las familias la transmisión de lo ocurrido no esté muy presente: «Si no está en la calle ni en los medios, es difícil que esté en las familias. Debe ser una responsabilidad compartida».
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